Francisco Javier Bello Quiroga
Expediente 1021/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1021/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 19/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Francisco Javier Bello Quiroga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Sin que sea el caso de requerir a la parte quejosa para que acuda por documentales originales, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no fueron exhibidas en el presente expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Único. Es infundado el incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión de plano
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Informes de suspensión de plano. Agréguense a sus autos para los efectos legales correspondientes, los informes firmados el primero, por el jefe de la Unidad Jurídica, y los dos últimos, por el encargado del despacho de la Subdirección de Servicios Administrativos, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, a través de los cuales informan respecto de la suspensión de plano concedida al quejoso y en relación con el acto reclamado; dese vista con su contenido a las partes para su conocimiento y efectos legales conducentes. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, del contenido de las documentales remitidas en copia certificada por las citadas responsables, concretamente, las enviadas por la segunda autoridad en mención, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto del acto por el cual se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada. De modo tal, que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia en trato, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.", Bajo ese contexto, con apoyo en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de acuerdo al contenido de la demanda, se precisa que el reclamo constitucional se hizo consistir en la omisión de las responsables de surtir el medicamento para el tratamiento de los padecimientos de trastorno mixto de ansiedad y depresión, insomnio no orgánico y alergia no especifica y, en específico, reclama la omisión de parte de las responsables de surtir la receta 9589597MF, por los siguientes medicamentos: ALPRAZOLAM tabletas de 2 miligramos con treinta tabletas la receta 9589594MF por PAROXETINA 20 miligramos con diez tabletas. Lo anterior, resultó cierto, pues conforme al contenido de los informes que obran en autos, así como las documentales remitidas por las autoridades responsables en comento, a las cuales se les otorgó plena validez probatoria, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se evidencia que hasta el día de la presentación de la demanda, ésto es, el seis de septiembre anterior, no le habían surtido el medicamento indicado en las recetas médicas descritas en la demanda, de modo que se tiene por cierto el reclamo del quejoso. No obstante lo anterior, de las propias documentales en mención se desprende que, durante la substanciación de este sumario constitucional, los días ocho y veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se le entregó al quejoso el medicamento cuya omisión en suministrarle fue objeto de este juicio, con lo que se evidencia que han cesado los actos reclamados. Es así, pues con el actuar de las autoridades responsables, se restituyó a la parte agraviada en sus derechos, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, ya que si bien, en el particular el perjuicio que el acto reclamado le ocasionaba a la parte impetrante fue en específico la omisión de surtir las recetas médicas señaladas con antelación y durante el sumario constitucional le fueron suministradas; por tanto, tal actuar de las responsables torna improcedente el estudio del reclamo opuesto en esta vía constitucional. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXI del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 63, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en foja 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Atento a lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Por otro lado, háganse las anotaciones respectivas en el libro uno de Registro de Juicios de Amparo, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, en su oportunidad, archívese el presente como asunto concluido. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Informe sobre suspensión de plano. Agréguese a los autos el informe rendido por el subdirector de Servicios Administrativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, quien rinde por sí y por el encargado del despacho de Medicamentos y Suministros, así como del encargado de la Farmacia CIAS NORTE, todos adscritos a dicho instituto, mediante el cual se pronuncia en relación con el requerimiento de cumplimiento de la suspensión de plano concedida en este sumario; dese vista a las partes con su contenido y anexos, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Requerimiento. En diverso aspecto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada como responsable subdirector de Servicios Administrativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, a fin de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta el medicamento que refiere consistente en PAROXETINA al derechohabiente -aquí quejoso- lo informe a este órgano jurisdiccional; asimismo, remita copia certificada de las constancias que corroboren el recibo efectivo del mismo. Lo anterior, en razón de que en el presente sumario podría actualizarse una causal de sobreseimiento, misma que resulta de interés público. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo señalado, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Asimismo, se ordena dar vista a la parte quejosa para que manifieste lo que en derecho corresponda. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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