Francisco Javier Barraza Gómez
Expediente 776/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 30 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 776/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 06/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Francisco Javier Barraza Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Incidental
Mazatlán, Sinaloa, seis de marzo de dos mil diecisiete. Orden de archivo. Vista la certificación que antecede, y atento al estado procesal de autos, se ordena archivar los cuadernos del incidente de suspensión en los que se actúa, tomando en consideración que mediante acuerdo dictado el día de hoy, se declaró concluido el expediente principal relativo. Acuerdo de depuración y destrucción. Cuaderno original. De conformidad a lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, aprobado el veintiocho de septiembre de dos mil nueve, por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, es decir, deberá conservarse la resolución relativa al otorgamiento de la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. b) Cuaderno duplicado. Atendiendo a lo establecido en el artículo vigésimo, fracción III, del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en el plazo de seis meses. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto, citado en el párrafo que antecede. Devolución de documentos. De conformidad con la fracción XVIII, del punto segundo, del multicitado acuerdo, se hace constar que ninguna de las partes allegó documentos probatorios originales a la incidencia en que se actúa. Autoridad responsable sustituta. Ahora bien, considerando que en proveído de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, se admitió la demanda de amparo, y se tuvieron como responsables a los Jueces Segundo y Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad; asimismo, este Juzgado de Distrito tiene conocimiento que en Sesión Plenaria celebrada por el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, el diez de febrero de dos mil diecisiete, conforme a los artículos 104, fracciones VII y X, de la Constitución Política de los Estados de Sinaloa, artículo 19, fracciones III, X, XXV, XXIX, y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Entidad Federativa, acordó la terminación de las funciones de los Juzgados Segundo y Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, a partir del trece de febrero de dos mil diecisiete, y se reasignó la competencia del conocimiento de las causas de los citados órganos, al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad. En ese sentido, se tiene como autoridad sustituta al Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, para efectos del presente juicio de amparo. Tienen aplicación al caso las tesis que a continuación se transcriben: "Séptima Época Registro: 252336 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 115-120, Sexta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 192 AUTORIDADES RESPONSABLES. LO SON LAS QUE SUSTITUYEN A LAS DESAPARECIDAS. Si conforme a la tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte visible con el número 101 en la página 197 de la Sexta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación publicado en 1965 (número 99, página 179, Octava Parte, del Apéndice de 1975), las ejecutorias de amparo deben ser cumplidas por toda autoridad que por razón de sus funciones deba intervenir en su ejecución, aunque no haya figurado como responsable en el juicio de garantías, de ello se sigue lógica y necesariamente que si el amparo es promovido o concedido contra un funcionario cuyo cargo ha desaparecido, en el juicio debe tenerse como autoridad responsable, para el efecto de rendir informe, probar, alegar, interponer recursos y ejecutar la sentencia que en su caso se dicte, al nuevo funcionario entre cuyas funciones se encuentren las que antes correspondían al funcionario desaparecido." "Octava Época Registro: 216865 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XI, Marzo de 1993 Materia(s): Común Tesis: Página: 226 AUTORIDAD RESPONSABLE, SUSTITUCION DE LA. Si la autoridad contra quien se pidió el amparo cesa de tener jurisdicción en el negocio, por impedimento, excusa o cualquier otra causa, tiene el carácter de responsable la que se avoca el conocimiento del asunto, por ser la única que está en condiciones de cumplir con todas las determinaciones dictadas en el amparo y de ejecutar la sentencia que se dicte en el juicio constitucional, independientemente de la responsabilidad que en el caso pueda corresponder, personalmente, a la autoridad que haya dictado la resolución materia de la demanda." Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, seis de marzo de dos mil diecisiete. Estado de autos. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra el auto dictado en autos, en el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo vigente, se declara que el mismo ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Orden de archivo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, y archívese el expediente, como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. Autoridad responsable sustituta. Ahora bien, considerando que en proveído de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, se admitió la demanda de amparo, y se tuvieron como responsables a los Jueces Segundo y Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad; asimismo, este Juzgado de Distrito tiene conocimiento que en Sesión Plenaria celebrada por el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, el diez de febrero de dos mil diecisiete, conforme a los artículos 104, fracciones VII y X, de la Constitución Política de los Estados de Sinaloa, artículo 19, fracciones III, X, XXV, XXIX, y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Entidad Federativa, acordó la terminación de las funciones de los Juzgados Segundo y Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, a partir del trece de febrero de dos mil diecisiete, y se reasignó la competencia del conocimiento de las causas de los citados órganos, al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad. En ese sentido, se tiene como autoridad sustituta al Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, para efectos del presente juicio de amparo. Tienen aplicación al caso las tesis que a continuación se transcriben: "Séptima Época Registro: 252336 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 115-120, Sexta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 192 AUTORIDADES RESPONSABLES. LO SON LAS QUE SUSTITUYEN A LAS DESAPARECIDAS. Si conforme a la tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte visible con el número 101 en la página 197 de la Sexta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación publicado en 1965 (número 99, página 179, Octava Parte, del Apéndice de 1975), las ejecutorias de amparo deben ser cumplidas por toda autoridad que por razón de sus funciones deba intervenir en su ejecución, aunque no haya figurado como responsable en el juicio de garantías, de ello se sigue lógica y necesariamente que si el amparo es promovido o concedido contra un funcionario cuyo cargo ha desaparecido, en el juicio debe tenerse como autoridad responsable, para el efecto de rendir informe, probar, alegar, interponer recursos y ejecutar la sentencia que en su caso se dicte, al nuevo funcionario entre cuyas funciones se encuentren las que antes correspondían al funcionario desaparecido." "Octava Época Registro: 216865 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XI, Marzo de 1993 Materia(s): Común Tesis: Página: 226 AUTORIDAD RESPONSABLE, SUSTITUCION DE LA. Si la autoridad contra quien se pidió el amparo cesa de tener jurisdicción en el negocio, por impedimento, excusa o cualquier otra causa, tiene el carácter de responsable la que se avoca el conocimiento del asunto, por ser la única que está en condiciones de cumplir con todas las determinaciones dictadas en el amparo y de ejecutar la sentencia que se dicte en el juicio constitucional, independientemente de la responsabilidad que en el caso pueda corresponder, personalmente, a la autoridad que haya dictado la resolución materia de la demanda." Devolución de constancias. Por resultar innecesaria la retención de las constancias allegadas al presente juicio de amparo, remítanse a su lugar de origen, es decir, al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal y Magistrado de la Sala de Circuito Zona Sur en el Estado, con sede en esta ciudad. Notifíquese.
- Principal
TODA VEZ QUE TRANSCURRIÓ EL PLAZO DE DOS DÍAS QUE LE FUE CONCEDIDO EN AVISO DE TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO Y SE PUBLICA POR LISTA LA RESOLUCIÓN DE DOS DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. "Mazatlán, Sinaloa, dos de febrero de dos mil diecisiete. I. Se recibe oficio con resolución de auto de formal prisión. Ténganse por recibido el oficio 257/2017 con anexo, signados por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada el treinta de enero de dos mil diecisiete, en la causa penal 23/2016, de su índice, de la que se advierte que dictó auto de formal prisión en contra de FRANCISCO JAVIER BARRAZA GÓMEZ, por considerarlo probable responsable en la comisión del delito de privación de la libertad personal agravado en contra de la libertad del menor de edad Fernando Antonio Esperano Rivera. En atención a lo anterior, agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. II. Sobreseimiento por cambio de situación jurídica. Ahora bien, toda vez que del presente juicio de amparo 776/2016, se advierte que el quejoso FRANCISCO JAVIER BARRAZA GÓMEZ, reclamó la orden de aprehensión dictada en su contra por las autoridades señaladas como responsables en su escrito de demanda. Asimismo, la autoridad responsable a su oficio de cuenta, anexó copia certificada de la resolución dictada el treinta de enero de dos mil diecisiete, en la causa penal 23/2016, de la que se advierte que dictó auto de formal prisión en contra del aquí quejoso FRANCISCO JAVIER BARRAZA GÓMEZ, por considerarlo probable responsable en la comisión del delito de privación de la libertad personal agravado en contra del menor de edad Fernando Antonio Esperano Rivera. En esa virtud, este juzgador advierte que se configura la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual preceptúa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." El primer párrafo de la fracción en comento, establece la regla general respecto de la improcedencia del juicio de amparo llamada cambio de situación jurídica, la cual consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de conceder el amparo se afectara ésta y por ello se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por no poder afectar el nuevo estatus jurídico del quejoso. Por otra parte, en el segundo párrafo se precisa que cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, únicamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia establecida en este precepto, e impone a la autoridad judicial que conozca del proceso penal, el deber de suspender el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que le sea notificada la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. Esta disposición se refiere a la materia penal, en la cual, la situación jurídica del quejoso deviene de los supuestos que afectan o restringen su libertad personal, llámense aprehensión, detención, prisión preventiva o pena, la existencia de una de ellas excluye la aplicación de las restantes; actualizándose así un cambio de estatus legal, pues la nueva situación que se genera hace que las violaciones reclamadas se encuentren consumadas de manera irreparable, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica generada, en estas condiciones surge la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias, al surtirse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V del ordenamiento legal invocado. Tiene aplicación a lo expuesto, la Jurisprudencia 95/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 50, Tomo XXVI, Agosto de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." Asimismo, se invoca por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 17/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Junio de 2008, página 270, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: 'SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.'. Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: 'AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.', que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." De igual manera, resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia 10/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Marzo de 2003, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo anterior, se ordena dejar sin efecto la citación para la celebración de la audiencia constitucional (NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y SEIS MINUTOS DEL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE). III. Transparencia y acceso a la información pública. En otro aspecto, toda vez que en el presente juicio no existe oposición expresa por la parte quejosa en cuanto a la publicación de la presente resolución, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase a las partes, que esta resolución estará a disposición del público para su consulta en versión pública, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en los términos de dicha legislación. Notifíquese y personalmente a las partes."
- Principal
Notifíquese y personalmente a las partes.
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