Francisco Javier Baloy Mozo
Expediente 1117/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 19 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1117/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 11/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Francisco Javier Baloy Mozo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido al proveído dictado en el presente juicio; por tanto, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA el juicio de amparo, ha causado ejecutoria. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, toda vez que el presente juicio se encuentra definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la citada ley ARCHÍVESE el mismo.
- Principal
Visto el estado de los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el quejoso........, no dio cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de diecisiete de mayo del año en curso; esto es, no compareció a recoger los edictos para emplazar a juicio a los terceros interesados......., dentro del término que le fue concedido para ello. Ahora bien, no obstante que en el presente juicio de amparo, se llevó a cabo la investigación correspondiente con la finalidad de conocer el domicilio cierto de los referidos terceros interesados, a fin de emplazarlos legalmente a juicio, tal y como se acordó en proveído de dieciocho de enero de dos mil diecisiete; por lo que en auto de diecisiete de mayo de la presente anualidad, se ordenó el emplazamiento de mérito por medio de edictos a costa del quejoso, sin que éste haya dado cumplimiento a lo requerido en el mencionado; es decir no compareció ante este Juzgado de Distrito para recoger y para hacer de la publicación de los mimos. Aspectos que hacen patente, que el quejoso......, dada la postura que ha tomado en el presente juicio constitucional en que se actúa, carece de interés para que se siga con el trámite del mismo, situación que actualiza la causal de sobreseimiento establecida en el dispositivo 63, fracción II, en relación con lo establecido en el diverso 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, y 5º, fracción III, todos de la Ley Reglamentaria de los Preceptos 103 y 107 Constitucionales, así como lo estatuido en el segundo párrafo, del precepto 14 de la Constitución General de la República, que en su orden disponen: ........"Artículo 63.El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó;." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: III. El tercero o terceros interesado, pudiendo tener tal carácter." Y, el precepto 14 Constitucional expresa en su segundo párrafo: "Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." De la transcripción anterior, se concluye que no obstante haberse agotado la investigación a que alude el numeral 27 en términos de la fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y ordenado que fue el emplazamiento de los terceros interesados José Luís de la Cruz Flores y Aurora Cortez de la Cruz, por medio de edictos a costa del quejoso, el cual no compareció a recoger los mismos, pese a que fue debidamente notificado para ello, como se aprecia de la constancia de notificación agregada en autos, y por ende, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, en virtud de que se incumple con un presupuesto procesal, que se erige en una formalidad esencial del procedimiento, lo que hace que éste Juzgado de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de la cuestión planteada en el juicio; pues la no publicación de los edictos ordenados, paraliza el juicio de amparo al arbitrio del inconforme, con lo que se contraviene lo plasmado en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Corrobora lo anteriormente dicho, por identidad de razón, la tesis de Jurisprudencia número 2ª./J 64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es de la siguiente literalidad: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Sin que pase desapercibido que el criterio contenido en dicha jurisprudencia fue modificado a través de la jurisprudencia 108/2010, derivado de la solicitud de modificación de la jurisprudencia 16/2010, resuelta en sesión de siete de julio de dos mil diez, por la propia Segunda Sala del Alto Tribunal, del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo". (No. Registro: 164,074. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXXII, Agosto de 2010. Tesis: 2a./J. 108/2010. Página: 416.) La anterior modificación de criterio no es suficiente evitar el presente sobreseimiento, dado que de su contenido se advierte que sólo fue modificada la jurisprudencia en comento en cuanto a la exigencia de analizar las particularidades del caso, respecto de si el quejoso compareció manifestando no tener capacidad económica para solventar el costo que implica la publicación de los edictos relativos al emplazamiento del tercero interesado y analizar si en autos hay indicios suficientes para determinar que, por falta de capacidad económica, el costo de su publicación se haga con cargo al Consejo de la Judicatura Federal, lo que no aconteció en el presente caso a estudio. Además de que no se advierte que la parte quejosa haya manifestado incapacidad económica para solventar ese costo, no hay indicios en autos que revelen que carezca de capacidad económica para ello, aunado a que ni siquiera se presentó algún escrito en ese sentido, por tanto, analizando las particularidades del caso, no se dan los elementos que establece el criterio modificado (1. manifestación del quejoso que no puede solventar el costo de los edictos y 2. la existencia de indicios que revelen que carece de capacidad económica para solventar ese costo), para determinar que sea el Consejo de la Judicatura Federal, el que a su costa publique los edictos del emplazamiento a los terceros interesados. Aunado a que en el caso en concreto, debe tomarse en consideración que las causales de sobreseimiento de la ley de amparo anterior, con las que se emitieron las jurisprudencias anteriormente transcritas, no contemplaban la hipótesis de no recoger los edictos para el emplazamiento de la parte tercero interesada, lo cual actualmente si se encuentra EXPRESAMENTE establecido en la fracción II, del artículo 63 de la Ley de Amparo actual. Máxime si se considera que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo actual, establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la vigente. Por ende, al actualizarse la hipótesis de sobreseimiento prevista en la fracción II, del artículo 63, en relación con los normativos 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo del artículo antes citado, y 5º, fracción III, todos de la Ley Reglamentaria de los Preceptos 103 y 107 Constitucionales, así como lo estatuido en el segundo párrafo, del precepto 14 de la Constitución General de la República, lo que procede es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente asunto. Es aplicable a lo vertido en párrafo que antecede, la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de catorce de febrero de dos mil tres, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el Legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos del sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional que tendría verificativo a las once horas del veinte de junio de dos mil diecisiete.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Mixto de Paz del Municipio de Leonardo Bravo, Guerrero, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho número 37/2017 número de orden 187/2017, el cual se le envió para efecto de poder emplazar a juicio a los terceros interesados José Luis de la Cruz Flores y Aurora Cortez de la Cruz. Por tanto, se ordena dar de baja la comunicación oficial de mérito y hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, del estado de autos se aprecia que no se ha logrado emplazar a los terceros interesados José Luis de la Cruz Flores y Aurora Cortez de la Cruz, esta última en representación de su esposo Emilio de la Cruz Flores, no obstante de haberse dictado las medidas de investigación como se aprecia del acuerdo dictado el dieciocho de enero de dos mil diecisiete, (foja 53); además de que el quejoso no hizo manifestación alguna al respecto , a lo que se agrega que de las constancias no se advierte la insolvencia económica de esté; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo primero, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°; se hace efectivo a la parte quejosa el apercibimiento decretado en auto de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, (foja 45), y emplácese a los terceros interesados José Luis de la Cruz Flores y Aurora Cortez de la Cruz, esta última en representación de su esposo Emilio de la Cruz Flores; por medio de edictos a costa del quejoso, el que deberá contener una relación suscinta de la demanda y se publicará por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de mayor circulación en la República Mexicana, haciéndole saber a dichos terceros interesados que deberán comparecer ante este Juzgado Séptimo de Distrito dentro un término de treinta días contados a partir del siguiente al de la última publicación. En la inteligencia que de no comparecer, las ulteriores notificaciones aún las de carácter personal le surtirán efectos por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional; asimismo, se comisiona al actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional para que fije una copia íntegra del edicto, por todo el tiempo que dure el emplazamiento, en los estrados de este juzgado federal. Por tanto, requiérase al quejoso Francisco Javier Baloy Mozo, para que dentro del término de veinte días siguientes al en que le surta efectos la notificación de este proveído realice los trámites necesarios para la publicación de los edictos, lo que implica que en ese plazo deberá recogerlos ante este Juzgado, entregarlos para su publicación y realizar su pago, por lo que una vez transcurrido dicho término, se le concede un término de tres días posteriores para que acredite ante este órgano que fueron entregados para su publicación; con el apercibimiento que de no cumplir con alguna de las dos cargas procesales en los plazos que se indica, se decretará el sobreseimiento en el presente juicio de amparo por falta de interés jurídico. Tiene aplicación la tesis VI.2o.C.13 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, página 1991, registro 2006570, siguiente: "EDICTOS PARA EMPLAZAR AL TERCERO INTERESADO. EL TÉRMINO DE VEINTE DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, ES PARA RECOGERLOS, ENTREGARLOS PARA SU PUBLICACIÓN Y HACER EL PAGO CORRESPONDIENTE, SIN QUE LA FALTA DE ACREDITAMIENTO DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS, DENTRO DEL MISMO PLAZO, CONDUZCA AL SOBRESEIMIENTO. De los artículos 27, fracción III y 63, fracción II, de la Ley de Amparo se desprende que el propósito de ordenar el emplazamiento por edictos del tercero interesado, cuando ello no ha sido posible personalmente, es integrar la relación jurídica procesal. La carga procesal del quejoso de coadyuvar a la publicación de los edictos implica diversos actos y estadios, como son recogerlos, entregarlos para su publicación -lo que implica pagar esta última-, y acreditar ante el órgano judicial que los edictos fueron entregados para su publicación. Ahora bien, la causal de sobreseimiento por incumplimiento a la carga procesal de emplazar al tercero interesado mediante la prensa, debe interpretarse en el sentido de que el quejoso debe presentar los edictos para su publicación dentro del lapso de veinte días siguientes al en que se pusieron a su disposición, es decir, este término se refiere al ejercicio de la carga procesal de presentar los edictos para que sean publicados, mas no al deber de justificarlo ante el órgano jurisdiccional, lo que válidamente puede hacerse después de ese plazo, ya sea que para ello se fije el término genérico de tres días posteriores a los veinte para presentar los edictos; que el órgano jurisdiccional requiera su presentación dando un término para ello; o bien, si se omite requerir al quejoso para que compruebe que entregó los edictos, entonces podrá hacerlo hasta la fecha señalada para la audiencia constitucional pues, en este último supuesto, no estará constreñido a un término preciso. Lo anterior, desde luego, en el entendido de que la publicación se lleve a cabo en los términos ordenados por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Esta interpretación es la que mejor se adecua a la carga procesal en análisis, pues establece la posibilidad de que el quejoso goce del término de veinte días en forma completa, sin la restricción que resultaría de considerar que ese plazo es tanto para entregar y pagar los edictos, como para comprobar ello ante el órgano judicial, pues en esta hipótesis el término podría verse disminuido debido a que la entrega y pago generalmente ocurrirían antes de que finalice el referido plazo de veinte días. Asimismo, la interpretación propuesta atiende a la materialidad del hecho constitutivo de la causa de sobreseimiento, esto es, a si los edictos fueron o no publicados, con lo que se hace compatible lo ordenado en la ley con lo que haya ocurrido en la realidad, puesto que el sobreseimiento no se hace depender solamente de un requisito formal de comprobación ante el órgano jurisdiccional, sino que tiende a corroborar si en la realidad los edictos fueron o no entregados para su publicación dentro del plazo legal, privilegiándose la procedencia de la acción constitucional sobre requisitos que resulten excesivos y obstaculizadores, acorde con los postulados contenidos en el artículo 1o. constitucional." Así como la Jurisprudencia 2ª./J.64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 16/2000-PL, consultable en la página 211, Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso".
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que en auto de tres de abril del año en curso, se ordenó girar el despacho 37/2017, número de orden 187/2017, al Juez Mixto de Paz, con sede en el Municipio de Leonardo Bravo, Guerrero, para que en auxilio a este Juzgado Federal, emplace a juicio a los terceros interesados José Luis de la Cruz Flores y Aurora Cortez Sánchez, sin que a la fecha se cuente con el mismo. Por tanto, y a fin de no retardar más el procedimiento en el que se actúa, con fundamento en la fracción II del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Juez Mixto de Paz, con sede en el Municipio de Leonardo Bravo, Guerrero, para que dentro del término de tres días siguientes en que reciba este oficio, informe el estado procesal del despacho 37/2017, numero de orden 187/2017, el cual se le envió en auto de tres abril del año en curso, a fin de emplazar a los terceros interesados en mención. Con el apercibimiento que de no acatar lo aquí indicado se hará acreedor a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, con arreglo en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, a fin de dar margen a que el referido juez pueda enviar la comunicación oficial requerida, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, se difiere, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS DEL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo.
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