Francisco Javier Avilés Ruíz
Expediente 1127/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1127/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Francisco Javier Avilés Ruíz
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte promovente, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, término que transcurrió del once al diecisiete de noviembre de dos mil veintidós; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que de no comparecer dentro del plazo de tres días a recoger las copias de demanda que exhibió, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. Notifíquese.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el escrito signado por el *******, en cuanto apoderado jurídico de *****, por medio del cual cumple con la prevención que le fue formulada el once de octubre de dos mil veintidós, para lo cual adjunta las constancias con las que acredita la personalidad que ostenta, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo; misma que se promueve contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. Se destaca que el promovente solicita que se tengan reproducidos los antecedentes que le fueron solicitados bajo protesta de decir verdad, con las copias del juicio de origen que acompaña. Ahora bien, del análisis de la citada demanda de amparo, se advierte que, respecto del primero de los actos reclamados que se hace consistir en el acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, emitido dentro del juicio sumario civil número 87/2020, resulta notoriamente improcedente, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del numeral 61, en relación los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que dicen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento" "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Así, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: ".ACTOS RECLAMADOS: a).- Auto de fecha 29, veintinueve de agosto del año 2022, dos mil veintidós, dictado por ese H. Juzgado....". Ahora bien, se tiene que el artículo 17 la Ley de Amparo dispone que el plazo genérico para promover juicio de amparo es de quince días, el cual se deberá computar conforme a lo establecido en el diverso numeral 18, descontando los días inhábiles que están señalados en el artículo 19 de la misma legislación, de lo que se sigue que la forma en que se computará el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, será la siguiente: a) Quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del acto, de conformidad con la ley que lo rige. b) Quince días contados a partir del día siguiente al en que se haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución y, c) Quince días contados a partir del siguiente al en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XXXIII, de enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar.". Como se ve, del contenido de los preceptos legales referidos se observa que el plazo genérico para promover el juicio de amparo es de quince días, siempre y cuando no se trate de los casos de excepción a que se contraen las fracciones I, II, III y IV; es decir, que se trate de amparo contra leyes, en su carácter de autoaplicativas, de sentencias definitivas condenatorias que impongan pena de prisión, que se trate de actos que causen perjuicio a los derechos de ejidatarios o comuneros y/o de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, o la incorporación forzosa al servicio del Ejército o Armada Nacionales. Conforme a lo anterior, si no se promueve el juicio de amparo dentro del plazo que establece la Ley de Amparo para ello, conforme a los criterios establecidos, los actos reclamados se entenderán consentidos tácitamente. Sentadas tales premisas, se tiene el acto reclamado le fue notificado a la parte quejosa el seis de septiembre de dos mil veintidós, en tal virtud, el cómputo correspondiente debe hacerse conforme al inciso b) precisado, esto es, el plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo deberá: No pasa por alto que en cumplimiento a la prevención formulada, refiere bajo protesta de decir verdad que le fue notificado el catorce de septiembre de dos mil veintidós; sin embargo, se trata del diverso acuerdo que combate en el presente asunto. En ese sentido, el plazo de quince días para promover el juicio de amparo transcurrió del ocho de septiembre al tres de octubre de dos mil veintidós, descontando los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete del mismo mes y año, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, como se ilustra a continuación: ************ De esta forma, si el juicio de amparo se promovió siete de octubre de dos mil veintidós, como se advierte en el sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de os Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, resulta evidente que ello ocurrió fuera del plazo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. Además, como se señaló al inicio en líneas anteriores, el plazo a respetar para la promoción del juicio de amparo es de quince días, contado a partir del día en que se hizo sabedor del acto reclamado, sin que se actualice alguna de las excepciones que para ello disponen las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues no se está en presencia del reclamo de una norma general en su carácter de autoaplicativa o algún procedimiento de extradición; una sentencia definitiva condenatoria en materia penal; actos tendentes a privar la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a algún núcleo de población ejidal o comunal; ni el acto reclamado implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, o la incorporación a las fuerzas armadas nacionales. * Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número XXI.2o.P.A. J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1931, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente a en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados.". **** Asimismo, es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia VI, 2o. J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 291, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.". ++++ De igual manera, apoya la anterior determinación, por analogía, la tesis aislada sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 235, del tomo XI, junio de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita.". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Respecto del segundo de los actos reclamados, consistente en el acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintidós, dentro del sumario civil 87/2020, resulta notoriamente improcedente, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el dispositivo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". En la especie, la parte quejosa hace consistir tal acto de la siguiente forma: "[.]. b).- Auto de fecha 13, trece de septiembre del año 2022, dos mil veintidós, dictado por la autoridad señalada como responsable". ". Previo al estudio de la causal señalada, es preciso destacar que por regla general, el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones acaecidas en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues éstas deben ser alegadas y, en su caso, reparadas en el juicio que se interponga en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la sentencia. Sin embargo, existen excepciones a dicho supuesto, entre las cuales se encuentran aquellas resoluciones que tienen una autonomía propia y destacada en relación con la ejecución de sentencia, debiéndose entender por tales, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, o bien las que impiden dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. Así, conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido, a saber: a) Actos que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución y, b) Actos en ejecución de sentencia, sólo que se trate de la última resolución dictada en esa etapa de ejecución. Por lo que hace al inciso a), son actos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, esos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto del inciso b), el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo, esto es, la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Aunado a lo anterior, de manera excepcional, el amparo procede contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado, a la luz de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior, conforme a lo señalado en la jurisprudencia 1a./J. 19/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación". Dicho criterio ha sido emitido bajo la justificación de que su objeto es evitar abusos en la interposición del juicio de amparo indirecto, así como la obstaculización del procedimiento en la etapa de ejecución de la sentencia, la cual, por razón de interés público, no puede entorpecerse o dilatarse por mandato expreso y categórico del artículo 17 constitucional. Precisado lo anterior, se tienen como antecedentes del acto de molestia, que el nueve de agosto de dos mil veintiuno, se resolvió el juicio de origen -sentencia confirmada en segunda instancia-, en la que se determinó, en lo que interesa, lo siguiente: "(.) TERCERO. Por otra parte, en términos del Considerando Cuarto, resultó procedente la acción que, en vía sumaria civil, sobre división y partición de cosa común promovió Macrina Arreola Monje, por conducto de su apoderado jurídico, frente a la sucesión intestamentaria a bienes de María Luisa Muñoz Méndez, representa (sic) por el Fisco del Estado, en su carácter de albacea definitivo y heredero universal de la citada sucesión. CUARTO. Se ordena la cesación de la copropiedad del bien materia del presente juicio, en los términos expuestos. (.)" Asimismo, que en cumplimiento a la referida sentencia el perito oficial dictaminó la partición del inmueble materia del juicio de origen, motivo por el que la parte aquí quejosa, solicitó que se resuelva sobre la venta del citado inmueble, otorgando a las partes el término de ocho días para hacer uso del derecho al tanto, si así lo desean. En atención a dicha solicitud, se dio vista a las partes, siendo que tanto la promovente del amparo, como su contraria, hicieron válido ese derecho; por lo que en actuación de veintinueve de agosto se tuvo al Fisco del Estado ejerciendo tal derecho; acuerdo impugnado en vía de revocación por la actora, aquí quejosa. Ahora, en el acto que se analiza, se le dijo a la parte quejosa que no había lugar a tenerlo interponiendo el referido recurso de revocación, ya que la ley de la materia no contempla la revocación de una certificación. De lo que se sigue que dicho acto no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, según lo previsto en el último párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, dado que, en su caso, viene a ser aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, siendo hasta ese momento cuando el inconforme esté en aptitud legal de impugnar los actos que ahora reclama. Sirve de sustento a lo anterior la tesis, aplicada por identidad de razón, publicada en la página 1262, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, correspondiente al mes de Octubre de 1999, Materia Común, Novena Época, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Procede el desechamiento de la demanda de amparo cuando se reclama el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, pues sólo podrá promoverse el juicio de garantías contra la resolución definitiva en que se apruebe o se desapruebe aquél, contra la cual será procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, como pudiera ser el citado señalamiento de audiencia.". Es así, porque si bien es verdad que el acto reclamado se dirige a lograr el cumplimiento de lo condenado en el juicio natural, también es cierto que todavía faltan otros actos que -sin ser la última resolución- serán tendentes a lograr el cumplimiento de aquella, que solamente tienen, al igual que el embargo, el propósito de llevar a cabo la ejecución de la sentencia. Sustenta lo anterior, la tesis aislada del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, publicada en la página 519, Tomo IX, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL EMBARGO TRABADO EN BIENES DEL PROMOVENTE. Si en la demanda de garantías se reclama el embargo trabado en bienes del promovente, como consecuencia de no haber acatado el proveído que lo requirió para cumplir voluntariamente con la sentencia definitiva, es claro que la demanda de amparo resulta improcedente conforme al numeral 114, fracción III, de la Ley de Amparo, pues no puede estimarse que con el embargo reclamado se ponga fin al procedimiento de ejecución, pues ello ocurrirá hasta que en su caso, se apruebe o desapruebe el remate de los bienes embargados en el referido procedimiento de ejecución". También es aplicable la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1124, Tomo CV, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "EMBARGO EN EJECUCION DE SENTENCIA. El juicio de garantías es notoriamente improcedente contra el embargo practicado en ejecución de sentencia, por no quedar el caso comprendido en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, pues la resolución que ordena el embargo de bienes, es el primer acto en el procedimiento de ejecución, que termina con el auto que aprueba o no el remate". De igual forma, el acto aquí reclamado tampoco se ubica dentro de los casos de excepción a la regla contenida en la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo en vigor, relativo a los actos de imposible reparación ejecutados dentro de la etapa de ese procedimiento, que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la quejosa. En efecto, si bien es cierto que a través del acto reclamado dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, la autoridad responsable tiene a su contraria manifestando lo que a su interés conviene sobre el derecho al tanto, también lo es que este último no afecta de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural y que por ello se deba excepcionalmente aplicar por analogía el citado precepto legal; es así, si se toma en consideración que el acto reclamado, es consecuencia jurídica de la sentencia que se emitió dentro del juicio natural. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia número P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, tomo XXXIII, correspondiente al mes de Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Máxime que el acto reclamado no es de ejecución irreparable, ya que no incide directamente en alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal, porque el pretendido embargo, como ya se dijo, constituye una consecuencia de que la parte demandada, no obtuvo sentencia favorable en el juicio de origen. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y por ende, lo que procede es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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Morelia, Michoacán, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el escrito signado por el *******, en cuanto apoderado jurídico de *****, por medio del cual cumple con la prevención que le fue formulada el once de octubre de dos mil veintidós, para lo cual adjunta las constancias con las que acredita la personalidad que ostenta, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo; misma que se promueve contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. Se destaca que el promovente solicita que se tengan reproducidos los antecedentes que le fueron solicitados bajo protesta de decir verdad, con las copias del juicio de origen que acompaña. Ahora bien, del análisis de la citada demanda de amparo, se advierte que, respecto del primero de los actos reclamados que se hace consistir en el acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, emitido dentro del juicio sumario civil número 87/2020, resulta notoriamente improcedente, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del numeral 61, en relación los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que dicen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento" "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Así, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: ".ACTOS RECLAMADOS: a).- Auto de fecha 29, veintinueve de agosto del año 2022, dos mil veintidós, dictado por ese H. Juzgado....". Ahora bien, se tiene que el artículo 17 la Ley de Amparo dispone que el plazo genérico para promover juicio de amparo es de quince días, el cual se deberá computar conforme a lo establecido en el diverso numeral 18, descontando los días inhábiles que están señalados en el artículo 19 de la misma legislación, de lo que se sigue que la forma en que se computará el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, será la siguiente: a) Quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del acto, de conformidad con la ley que lo rige. b) Quince días contados a partir del día siguiente al en que se haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución y, c) Quince días contados a partir del siguiente al en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XXXIII, de enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar.". Como se ve, del contenido de los preceptos legales referidos se observa que el plazo genérico para promover el juicio de amparo es de quince días, siempre y cuando no se trate de los casos de excepción a que se contraen las fracciones I, II, III y IV; es decir, que se trate de amparo contra leyes, en su carácter de autoaplicativas, de sentencias definitivas condenatorias que impongan pena de prisión, que se trate de actos que causen perjuicio a los derechos de ejidatarios o comuneros y/o de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, o la incorporación forzosa al servicio del Ejército o Armada Nacionales. Conforme a lo anterior, si no se promueve el juicio de amparo dentro del plazo que establece la Ley de Amparo para ello, conforme a los criterios establecidos, los actos reclamados se entenderán consentidos tácitamente. Sentadas tales premisas, se tiene el acto reclamado le fue notificado a la parte quejosa el seis de septiembre de dos mil veintidós, en tal virtud, el cómputo correspondiente debe hacerse conforme al inciso b) precisado, esto es, el plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo deberá: No pasa por alto que en cumplimiento a la prevención formulada, refiere bajo protesta de decir verdad que le fue notificado el catorce de septiembre de dos mil veintidós; sin embargo, se trata del diverso acuerdo que combate en el presente asunto. En ese sentido, el plazo de quince días para promover el juicio de amparo transcurrió del ocho de septiembre al tres de octubre de dos mil veintidós, descontando los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete del mismo mes y año, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, como se ilustra a continuación: ************ De esta forma, si el juicio de amparo se promovió siete de octubre de dos mil veintidós, como se advierte en el sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de os Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, resulta evidente que ello ocurrió fuera del plazo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. Además, como se señaló al inicio en líneas anteriores, el plazo a respetar para la promoción del juicio de amparo es de quince días, contado a partir del día en que se hizo sabedor del acto reclamado, sin que se actualice alguna de las excepciones que para ello disponen las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues no se está en presencia del reclamo de una norma general en su carácter de autoaplicativa o algún procedimiento de extradición; una sentencia definitiva condenatoria en materia penal; actos tendentes a privar la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a algún núcleo de población ejidal o comunal; ni el acto reclamado implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, o la incorporación a las fuerzas armadas nacionales. * Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número XXI.2o.P.A. J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1931, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente a en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados.". **** Asimismo, es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia VI, 2o. J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 291, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.". ++++ De igual manera, apoya la anterior determinación, por analogía, la tesis aislada sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 235, del tomo XI, junio de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita.". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Respecto del segundo de los actos reclamados, consistente en el acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintidós, dentro del sumario civil 87/2020, resulta notoriamente improcedente, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el dispositivo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". En la especie, la parte quejosa hace consistir tal acto de la siguiente forma: "[.]. b).- Auto de fecha 13, trece de septiembre del año 2022, dos mil veintidós, dictado por la autoridad señalada como responsable". ". Previo al estudio de la causal señalada, es preciso destacar que por regla general, el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones acaecidas en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues éstas deben ser alegadas y, en su caso, reparadas en el juicio que se interponga en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la sentencia. Sin embargo, existen excepciones a dicho supuesto, entre las cuales se encuentran aquellas resoluciones que tienen una autonomía propia y destacada en relación con la ejecución de sentencia, debiéndose entender por tales, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, o bien las que impiden dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. Así, conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido, a saber: a) Actos que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución y, b) Actos en ejecución de sentencia, sólo que se trate de la última resolución dictada en esa etapa de ejecución. Por lo que hace al inciso a), son actos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, esos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto del inciso b), el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo, esto es, la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Aunado a lo anterior, de manera excepcional, el amparo procede contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado, a la luz de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior, conforme a lo señalado en la jurisprudencia 1a./J. 19/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación". Dicho criterio ha sido emitido bajo la justificación de que su objeto es evitar abusos en la interposición del juicio de amparo indirecto, así como la obstaculización del procedimiento en la etapa de ejecución de la sentencia, la cual, por razón de interés público, no puede entorpecerse o dilatarse por mandato expreso y categórico del artículo 17 constitucional. Precisado lo anterior, se tienen como antecedentes del acto de molestia, que el nueve de agosto de dos mil veintiuno, se resolvió el juicio de origen -sentencia confirmada en segunda instancia-, en la que se determinó, en lo que interesa, lo siguiente: "(.) TERCERO. Por otra parte, en términos del Considerando Cuarto, resultó procedente la acción que, en vía sumaria civil, sobre división y partición de cosa común promovió Macrina Arreola Monje, por conducto de su apoderado jurídico, frente a la sucesión intestamentaria a bienes de María Luisa Muñoz Méndez, representa (sic) por el Fisco del Estado, en su carácter de albacea definitivo y heredero universal de la citada sucesión. CUARTO. Se ordena la cesación de la copropiedad del bien materia del presente juicio, en los términos expuestos. (.)" Asimismo, que en cumplimiento a la referida sentencia el perito oficial dictaminó la partición del inmueble materia del juicio de origen, motivo por el que la parte aquí quejosa, solicitó que se resuelva sobre la venta del citado inmueble, otorgando a las partes el término de ocho días para hacer uso del derecho al tanto, si así lo desean. En atención a dicha solicitud, se dio vista a las partes, siendo que tanto la promovente del amparo, como su contraria, hicieron válido ese derecho; por lo que en actuación de veintinueve de agosto se tuvo al Fisco del Estado ejerciendo tal derecho; acuerdo impugnado en vía de revocación por la actora, aquí quejosa. Ahora, en el acto que se analiza, se le dijo a la parte quejosa que no había lugar a tenerlo interponiendo el referido recurso de revocación, ya que la ley de la materia no contempla la revocación de una certificación. De lo que se sigue que dicho acto no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, según lo previsto en el último párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, dado que, en su caso, viene a ser aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, siendo hasta ese momento cuando el inconforme esté en aptitud legal de impugnar los actos que ahora reclama. Sirve de sustento a lo anterior la tesis, aplicada por identidad de razón, publicada en la página 1262, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, correspondiente al mes de Octubre de 1999, Materia Común, Novena Época, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Procede el desechamiento de la demanda de amparo cuando se reclama el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, pues sólo podrá promoverse el juicio de garantías contra la resolución definitiva en que se apruebe o se desapruebe aquél, contra la cual será procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, como pudiera ser el citado señalamiento de audiencia.". Es así, porque si bien es verdad que el acto reclamado se dirige a lograr el cumplimiento de lo condenado en el juicio natural, también es cierto que todavía faltan otros actos que -sin ser la última resolución- serán tendentes a lograr el cumplimiento de aquella, que solamente tienen, al igual que el embargo, el propósito de llevar a cabo la ejecución de la sentencia. Sustenta lo anterior, la tesis aislada del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, publicada en la página 519, Tomo IX, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL EMBARGO TRABADO EN BIENES DEL PROMOVENTE. Si en la demanda de garantías se reclama el embargo trabado en bienes del promovente, como consecuencia de no haber acatado el proveído que lo requirió para cumplir voluntariamente con la sentencia definitiva, es claro que la demanda de amparo resulta improcedente conforme al numeral 114, fracción III, de la Ley de Amparo, pues no puede estimarse que con el embargo reclamado se ponga fin al procedimiento de ejecución, pues ello ocurrirá hasta que en su caso, se apruebe o desapruebe el remate de los bienes embargados en el referido procedimiento de ejecución". También es aplicable la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1124, Tomo CV, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "EMBARGO EN EJECUCION DE SENTENCIA. El juicio de garantías es notoriamente improcedente contra el embargo practicado en ejecución de sentencia, por no quedar el caso comprendido en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, pues la resolución que ordena el embargo de bienes, es el primer acto en el procedimiento de ejecución, que termina con el auto que aprueba o no el remate". De igual forma, el acto aquí reclamado tampoco se ubica dentro de los casos de excepción a la regla contenida en la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo en vigor, relativo a los actos de imposible reparación ejecutados dentro de la etapa de ese procedimiento, que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la quejosa. En efecto, si bien es cierto que a través del acto reclamado dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, la autoridad responsable tiene a su contraria manifestando lo que a su interés conviene sobre el derecho al tanto, también lo es que este último no afecta de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural y que por ello se deba excepcionalmente aplicar por analogía el citado precepto legal; es así, si se toma en consideración que el acto reclamado, es consecuencia jurídica de la sentencia que se emitió dentro del juicio natural. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia número P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, tomo XXXIII, correspondiente al mes de Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Máxime que el acto reclamado no es de ejecución irreparable, ya que no incide directamente en alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal, porque el pretendido embargo, como ya se dijo, constituye una consecuencia de que la parte demandada, no obtuvo sentencia favorable en el juicio de origen. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y por ende, lo que procede es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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Morelia, Michoacán, once de octubre de dos mil veintidós. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio ASJ-37988, presentado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con firma electrónica certificada por el Servicio de Administración Tributaria (e firma), por... Jefa de Departamento de Exhortos o Cartas Rogatorias de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual informa los trámites que está realizando a fin de dar cumplimiento a la carta rogatoria 399/2022 (3/2022-CR); toda vez que en proveído de doce de septiembre de dos mil veintidós, se proveyó lo conducente. Cúmplase.
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