Francisco Javier Avendaño Rodríguez

Expediente 1229/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1229/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
05/01/2022

Partes del expediente

  • Francisco Javier Avendaño Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, cinco de enero de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de tres de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Edgar Andres Munive Osorio 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9d.0a 19/07/22 12:47:59 Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el Edgar Andres Munive Osorio 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9d.0a 19/07/22 12:47:59 proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Devolución de documentos. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Devolución de cuadernos auxiliares Toda vez que no existen constancias remitidas por la autoridad responsable que deban devolverse, se deja de proveer al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Edgar Andres Munive Osorio 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9d.0a 19/07/22 12:47:59 Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1229/2021. Puebla, Puebla, tres de diciembre de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos que suscribe por propio derecho, ...Ahora, de la demanda de amparo se advierte como acto reclamado: La negativa dada al quejoso de expedirle copias certificadas de la carpeta de investigación 9859/2021, relativa al hecho con apariencia del delito de abuso de confianza, que se investiga en su contra. Respecto de dicho acto, se actualiza una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, a saber, la que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo -con la tesis jurisprudencial que se invoca enseguida-, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Esa causal de improcedencia se actualiza al relacionarla con la tesis jurisprudencial 1a./J. 72/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -que derivó de la contradicción de tesis 149/2019-, con registro digital 2020891 y del tenor siguiente: "DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Una interpretación sistemática de los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite concluir que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, para el goce efectivo del derecho fundamental de defensa adecuada, debe permitirse que puedan obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico cuando el imputado se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código aludido lo que es acorde con los principios del sistema procesal penal acusatorio, relativos a la igualdad y equilibrio entre las partes. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 219 del Código aludido establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa, pues dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese momento procesal pueden obtener copias, ya que de la redacción de dicho precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a los registros de investigación y la obtención de copias o reproducciones fotográficas de los datos que obran en la carpeta de investigación, de manera que no prohíbe que éstas se obtengan con anterioridad, pues lo que debe privilegiarse es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos y registros necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada, por lo que al actualizarse el supuesto en que el imputado pueda tener acceso a la carpeta de investigación, ello implica también su derecho a obtener copia de su contenido." De la tesis jurisprudencial transcrita y el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se obtiene una causal de improcedencia específica para el supuesto en que un gobernado reclama la negativa de un agente del Ministerio Público de otorgarle acceso a una carpeta de investigación, cuando aquél no tiene el carácter de imputado en la carpeta de investigación. Lo anterior, obedece a la interpretación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la invocada tesis jurisprudencial 1a./J. 72/2019 (10a.), dado que ésta determina que la persona imputada en una carpeta de investigación, tiene derecho a obtener copias o reproducciones de los datos de prueba que obren en esa carpeta, cuando aquella se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales Esos supuestos comprenden tres hipótesis: 1. Que la persona imputada se encuentre detenida; 2. Sea citada a la investigación para comparecer con ese carácter (imputada); O, 3. Sea sujeta de un acto de molestia en términos del artículo 266, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de recabar su entrevista (como imputada). Por ende, en caso de que la autoridad ministerial no decidiera citar al quejoso durante la investigación inicial, a fin de que pudiera comparecer y acceder a los registros de la carpeta respectiva, aquél aún tendría la oportunidad de conocer los datos de prueba recabados por el Ministerio Público en la fase de investigación, al grado de tener la posibilidad de controvertirlos y desvirtuarlos. Esto es así, porque si bien es verdad que los derechos aludidos deben ser efectivos desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible, así como desde que se ha ordenado una investigación; también lo es que en la dinámica en la que se desenvuelve el proceso penal acusatorio, la etapa de investigación se divide en dos: inicial y complementaria, en la que esta última, que comienza con la celebración de la audiencia inicial (en la que se formula imputación), además de que se judicializa la carpeta de investigación, también tiene como característica principal que a partir de ese momento, las partes que integran el proceso, como lo son el imputado y su defensor, tienen derecho de acceder a todos los antecedentes que integran la investigación practicada por el Ministerio Público, a fin de que puedan imponerse debidamente de sus contenidos y hacer valer sus defensas como lo estimen conveniente. Por ende, el supuesto indispensable para que un agente del Ministerio Público, recabe entrevista a una persona y le permita acceder a los datos de prueba (y por ende, le pueda proporcionar copias), estriba en que esta se ubique en la hipótesis de imputada dentro de la carpeta de investigación. De modo que, si una persona reclama la negativa de acceso a la carpeta de investigación y de otorgarle copias de la misma, en una carpeta de investigación donde no tiene el carácter de imputada, se actualizará la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, relacionada con la interpretación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 72/2019 (10a.). Ello, por la inexistencia del supuesto que justificaría la promoción del juicio de amparo indirecto, el cual consiste en que, el quejoso tenga el carácter de imputado en la carpeta de investigación donde el agente del Ministerio Público señalado como responsable se negó a otorgarle acceso. Lo cual se comprende frente a las condiciones delimitadas en la invocada tesis jurisprudencial: la persona imputada se encuentre detenida, haya sido citada a la investigación con ese carácter (imputada), o bien sea sujeta de un acto de molestia en términos del artículo 266, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de recabar su De soslayar lo anterior, se llegaría al extremo de admitir demandas de amparo por la mera existencia de una carpeta de investigación, es decir, tramitar un juicio de tutela constitucional a pesar de que el quejoso no tenga el carácter de imputado en esa carpeta y, por ende, sea ajeno al supuesto que justificaría permitirle el acceso a la misma. En ese sentido, en el caso en particular que nos ocupa, los antecedentes relatados en la demanda bajo protesta de decir verdad, revelan un escenario relevante para la negativa de otorgar acceso a la referida carpeta, a saber, EL HECHO DE QUE EL QUEJOSO SOLO ES UNA PERSONA INVESTIGADA, PUESTO QUE NO SE UBICA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS REFERIDOS CON ANTELACIÓN -que se encuentre detenido o haya sido citado a la investigación con ese carácter (imputado), o bien sea sujeta de un acto de molestia en términos del artículo 266, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de recabar su entrevista (como imputado)-.. Así es, pues de ellos no se advierte que la citada carpeta de investigación ya se haya judicializado, ni mucho menos que se haya solicitado al Juez de Control vincular a proceso a Francisco Javier Avendaño Rodríguez o que éste se encuentre detenido. Más aún, los antecedentes de la demanda tampoco informan actos de molestia que se pretendan realizar o se hayan realizado a la fecha contra el quejoso, derivados de la referida carpeta, pues las invitaciones para acceder a un mecanismo de solución alterna, no pueden catalogarse como tales, ya que su inobservancia no aparejan ninguna consecuencia en perjuicio de la persona investigada. Entonces, es evidente que el quejoso no tiene el carácter de imputado en la carpeta mencionada y sólo existe la probabilidad (futura e incierta) de que se ubique en esa posición (de imputado), como se desprende de los antecedentes relatados en la demanda de amparo; de ahí que, debe estimarse la ausencia del supuesto jurisprudencial que permitiría la instauración del juicio de amparo. Dicho de otro modo, la ausencia de datos para visualizar de manera objetiva que el quejoso tenga el carácter de imputado en la referida carpeta, y la inexistencia de actos de molestia dirigidos contra éste, determinan la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la interpretación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 72/2019 (10a.). Ello, porque no se ha generado el supuesto que permitiría al quejoso instaurar el juicio de amparo indirecto: tener el carácter de imputado en la referida carpeta. De modo que si el quejoso no es imputado en la carpeta de investigación, es válido afirmar que tampoco encuadra en el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto, para reclamar la negativa de acceso a la referida carpeta y de otorgarle copias de la misma. Máxime que a la fecha sólo existe la probabilidad de que el quejoso sea imputado en la referida carpeta de investigación; y el hecho de que autoridades ministeriales tramiten esa carpeta, es insuficiente para el ejercicio de la acción de tutela constitucional porque esta depende de que la negativa de acceso, sea reclamada por un gobernado que tenga el carácter de imputado. Supuesto en el cual no se encuentra el quejoso, conforme a los antecedentes relatados en la demanda. Es más, los antecedentes de la demanda también reflejan que el quejoso no ha sido requerido para ser entrevistado en la referida carpeta de investigación, tampoco ha sido detenido en algún momento por el trámite realizado en esa carpeta, y ni siquiera ha sido objeto del acto de molestia previsto en el artículo 266, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Incluso, ningún documento exhibió para demostrar actos de molestia de los cuales pudo haber sido objeto. Bajo este contexto, se arriba a la convicción de que a la fecha no se ha generado el supuesto ni las condiciones que permitirían al quejoso, reclamar actos relacionados con la carpeta de investigación que tramita la autoridad ministerial señalada como responsable, motivo por el cual debe estimarse actualizada la causal invocada en párrafos anteriores, porque resulta manifiesta e indudable frente al acto delimitado en la demanda. Sólo resta decir que si fuera admitida la demanda de amparo, pese a que el quejoso no tiene el carácter de imputado en la referida carpeta, se llegaría al extremo de tramitar un juicio de amparo que puede entorpecer el deber de investigación que tiene el agente del Ministerio Público señalado como responsable, en términos del artículo 21 de la constitución federal, porque el requerimiento de informe justificado lo obligaría a que aportara constancias de la referida carpeta, y estas fueran expuestas a personas como el quejoso sin tener la calidad de imputado, en detrimento de la reserva que debe mantenerse en las investigaciones criminales para quienes son ajenos a las mismas. Aunado a que se crearían falsas expectativas para el quejoso, aun cuando el escenario actual orienta a visualizar que habría de resolverse el sobreseimiento en la sentencia de la audiencia constitucional, por falta del supuesto y condiciones establecidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial invocada. Por tanto, se declara que el acto reclamado encuentra la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la interpretación de la tesis jurisprudencial 1a./J. 72/2019 (10a.), motivo por el cual procede aplicar la hipótesis normativa del desechamiento de plano. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Al margen de lo anterior, es conveniente indicar que si el quejoso llegara a alcanzar en el futuro la hipótesis de imputado, dentro de la carpeta de investigación que citó en su demanda, estará en condiciones de solicitar el acceso a la misma y ser entrevistado, todo ello al agente del Ministerio Público que lleve el trámite de la carpeta. Pero de momento no tiene el carácter de imputado en la referida carpeta, y esto determina la improcedencia del presente juicio de amparo indirecto, por las razones expuestas con antelación. Lo anterior, en términos de la causal de improcedencia que resulta del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la tesis jurisprudencial 1a./J. 72/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tales condiciones, se desecha de plano la demanda de amparo presentada Desechamiento que se apoya en los numerales 112 y 113, todos de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que señala el quejoso en su escrito de demanda ubicado en la ciudad de Puebla. Además, se tiene como autorizado en términos amplios a José David Atlatenco Sandoval, porque su cédula profesional se encuentra dada de alta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito. De igual forma, respecto de Leidy Amairani Morales Solis, Perla Diana Blanco Bolaños e Ignacio Iván Lira José, se les tienen por autorizados solo para recibir notificaciones porque así lo solicitó el impetrante del amparo. Notifíquese; de forma personal al quejoso; y cúmplase.

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