Francisco Javier Arrieta Rubín

Expediente 1351/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1351/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
25/11/2016

Partes del expediente

  • Francisco Javier Arrieta Rubín

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    III. Toluca, Estado de México; veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió la sentencia dictada el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, por la cual se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal. Las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el cuaderno principal asunto es susceptible destrucción, pues se sobreseyó el juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    III. Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 1351/2016-III; y,R E S U L T A N D OPRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el seis de septiembre de dos mil dieciséis, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Francisco Javier Arrieta Rubín por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se mencionan a continuación:"III. AUTORIDAD RESPONSABLE.En el presente juicio de amparo señalo con el doble carácter de Autoridad Responsable Ordenadora al LIC. CUAUHTÉMOC JOSÉ ZARIÑANA ORONOZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SERVICIOS PERICIALES, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, denominación obtenida de conformidad la página web del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.""V.- ACTO RECLAMADO.De las (sic) Autoridad señalada como Responsables se reclama la Omisión y/o abstención de dar respuesta por escrito a la petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa formulada por el suscrito el pasado 25 de agosto de 2016."SEGUNDO. Derechos humanos violados. El quejoso señaló como derechos humanos violados, los protegidos por los artículos 1 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 3).TERCERO. Trámite del amparo. Recibida la demanda en este juzgado de Distrito, se registró con el juicio de amparo indirecto 1351/2016-III, por auto de siete de septiembre de dos mil dieciséis (foja 13), se admitió; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; y, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional.Por auto de cinco de octubre de dos mil dieciséis (foja 49), se previno al quejoso para que en el término de quince días computados legalmente, manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado la contestación que recayó al escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, ante la Dirección General del Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México; sin embargo, al no haber hecho manifestación al respecto, se le hizo efectivo el apercibimiento con el que se le conminó y se ciñó la litis a lo planteado inicialmente.Acontecido lo anterior, la audiencia constitucional se llevó a cabo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D OPRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclaman omisiones atribuidas a autoridades administrativas, con residencia dentro de la jurisdicción donde este juzgado de Distrito ejerce su competencia.SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es conveniente precisar que el acto reclamado se hace consistir en:La omisión de dar contestación al escrito presentado ante la Dirección General del Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis.TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Subdirector Regional de Toluca en suplencia del Director General del Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le reclama.Con independencia de la negativa, el suscrito no deja de advertir que de su informe justificado se advierte que manifestó que el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, emitió una respuesta al quejoso en relación a su solicitud; lo que implica la existencia del acto que se reclama, sin que, sea dable analizar en este apartado, si dicho acto es trasgresor de la garantía contenida en el artículo 8º constitucional, pues ello, será materia en su caso, del análisis del fondo del asunto, en el apartado correspondiente.Lo anterior, se corrobora con las constancias que acompañó a su informe justificado consistente en copia certificada de un oficio 213B1A000/3034/2016 de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, mediante el cual da contestación a la petición formulada por el quejoso el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, a las cuales por ser documentos públicos, se les concede valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°.Los razonamientos vertidos encuentran apoyo en la tesis publicada en la página 391, del Tomo XIV, de julio de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que establece: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe."CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causales de improcedencia, cuyo estudio es preferente conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo.Este juzgador considera que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado atribuido al Director General del Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, consistente en la omisión de dar contestación al escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis; pues de las constancias que obran en autos se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado.En efecto, la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, establece:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado."Por tanto tenemos que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado.Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija.Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la ley de la materia, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia.Al respecto, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, se pronunció en la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, Tomo IX, Junio de 1999, visible a folio 38, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en su epígrafe señala:"CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Y esto es lo que acontece en el caso particular, pues el acto del que se duele el quejoso es la omisión del Director General del Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, de dar contestación al escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis.Sin embargo, de las constancias que remitió la responsable, a las cuales se les otorgó valor probatorio, por cumplir con los requisitos que deben reunir los documentos públicos, se advierte que el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, en atención al escrito presentado por la hoy quejosa, mediante oficio 213B1A000/3034/2016, determinó: "Toluca, Estado de México a 27 de septiembre de 2016.Oficio No.: 213B1A000/3034/2016Asunto: RESPUESTAC. FRANCISCO JAVIER ARRIETA RUBÍNPRESENTECon fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México; 40 fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México; 8 fracciones I y XVII, 10 fracciones I y III y 33 fracción I de la Ley que crea el Instituto de Servicios Periciales del Estado de México así como el artículo 8 fracción VIII del Reglamento Interior del Instituto de Servicios Periciales del Estado de México y de acuerdo al oficio número 203B1A000/3005/2016 de fecha 23 de septiembre de 2016, en suplencia del Director General y en atención a su petición, presentada en fecha 25 de agosto de 2016 en la Oficialía de Partes de este Instituto, escrito en el que realiza algunas manifestaciones y solicita diversa información, es de señalarse que:No es posible atender favorablemente su petición, ya que los peritos de este Instituto de acuerdo con los ordenamientos legales invocados en líneas precedentes, así como los artículos 127 y 131 fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente, se constituyen en meros auxiliares del Ministerio Público, quien es el único encargado de dirigir la investigación y ordenar la práctica de peritajes y diligencias que considere pertinentes para esclarecer los hechos que investiga.En dicho tenor y tomando en cuenta que la información que solicita se desprende de una carpeta de investigación cuyo número usted refiere como 484430360000215, es el Ministerio Público que tiene conocimiento de los hechos, la instancia facultada para darle información al respecto, ante la cual usted puede promover las solicitudes que considere pertinentes para llevar a cabo su defensa, pues este Instituto no tiene la facultad de investigar ni de resolver controversias.En el caso particular, aún no ha sido emitido dictamen alguno en materia de Grafoscopía, pues los peritos requieren llevar a cabo trabajos encaminados a la emisión de su pericial, por lo tanto no es posible que se emita pronunciamiento alguno al respecto, ni se brinde información relacionada con los peritos o con el desarrollo de su trabajo, pues se debe salvaguardar la independencia, autonomía, objetividad, imparcialidad y legalidad en la emisión de los dictámenes, los cuales una vez que son emitidos, le son entregados directamente al Ministerio Público, quien es la única autoridad facultada para hacer del conocimiento de las partes el resultado de dichos dictámenes. Por ello una vez que el Ministerio Público haga de su conocimiento el resultado de un dictamen, podrá usted promover lo conducente.Se reitera que si usted así lo considera, puede promover en su defensa todos los medios que la ley contempla en su favor ante los órganos competentes para resolver su situación jurídica pues como se mencionó anteriormente, esta Unidad, únicamente es auxiliar del Ministerio Público que dirige la Investigación.Por todo lo anterior este Instituto de Servicios Periciales se encuentra impedido para atender su amable petición, con lo cual se da por contestada su solicitud y sin más por el momento reciba un cordial saludo."Razón por la cual, se estima que la autoridad responsable ya dio cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 8º Constitucional, pues dio contestación por escrito a la petición que le fue formulada, con la cual se le dio vista por auto de seis de octubre de dos mil dieciséis a fin de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto de tal respuesta sin que lo hiciera.Por lo cual, es evidente la actualización de la causal de improcedencia en el juicio de garantías, pues la omisión de la que se duele el quejoso dejó de existir, con los mismos efectos que si se le hubiera concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, ya que se emitió el oficio 213B1A000/3034/2016 de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, a través del cual se proveyó respecto al escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis.Efectivamente, la conducta omisiva ejercida por la responsable, que motivó la promoción del juicio de amparo, cesó al haber emitido el oficio 213B1A000/3034/2016 de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, dando respuesta con ello a su escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, con lo que se cumplen las obligaciones previstas en el artículo 8º Constitucional.De ahí que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no lesiona la esfera jurídica del quejoso ni lo hará, al haber dejado de existir, por una determinación expresa de la autoridad omisa.Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 164/2008, visible en la página 605, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto."Por lo cual, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio respecto a dicho acto de autoridad, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la ley en cita.Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se:R E S U E L V E:ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías, promovido por Francisco Javier Arrieta Rubín, contra la autoridad y el acto precisados en los considerandos segundo y tercero, por las razones expuestas en el considerando cuarto de la presente determinación.NOTIFÍQUESE.Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    III. Toluca, Estado de México; siete de octubre de dos mil dieciséis. El estado procesal de autos y la certificación de cuenta evidencian que la audiencia constitucional está señalada para hoy a las diez horas con cincuenta minutos, como se determinó en auto de siete de septiembre de dos mil dieciséis; sin embargo, se encuentra transcurriendo el pazo de quince días que se le dio al quejoso, mediante diverso de cinco de octubre del año en curso (foja 49), a efecto de que manifestara si es su deseo ampliar la demanda de amparo en relación a la constancia que la autoridad adjuntó a su informe justificado. Por tanto, a fin de que se cumplimente lo anterior y no violar las reglas procedimentales del juicio de amparo, la audiencia constitucional señalada para esta data, se difiere y para su celebración se fijan las once horas con veinticinco minutos del cuatro de noviembre de dos mil dieciséis. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistido del Secretario, Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    III. Toluca, Estado de México; cinco de octubre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de conformidad con el artículo 2° de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Titular del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 987/2016-III, por el cual se le solicitó notificar al quejoso el auto admisorio de siete de septiembre de dos mil dieciséis. Asimismo, como lo solicita la autoridad oficiante, acúsese de recibo vía fax o correo institucional. Por tanto, toda vez que la parte recurrente no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este juzgado, se hace efectivo el apercibimiento dictado en el proveído referido y con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, aun las personales, la lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional. Vistos los autos procesales, de los cuales se advierte que la autoridad responsable al rendir su informe justificado, adjuntó un acuse de recibo del oficio 213B1A000/3034/2016, del cual se evidencia que la petición formulada por el quejoso ante la autoridad responsable ya fue atendida; por tanto, requiérasele para que dentro del plazo de quince días contado a partir de la notificación del presente proveído por escrito, manifieste si es su deseo ampliar la demanda en relación con la contestación dada a su escrito de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis. Por analogía, se cita la jurisprudencia 2a./J. 149/2006, publicada en la página 334, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre 2006, Tomo XXIV, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. Si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que, por tanto, puede analizarse en el mismo juicio, a más de que por razones de concentración y economía procesal y en estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional, es conveniente que así sea. Lo anterior no quebranta el sistema dispuesto en la Ley de Amparo, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar la respuesta de la autoridad responsable como corresponda y estime conveniente, y si opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizarla." Y la jurisprudencia 1a./J. 136/2011, publicada en la página 801, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo 2012, Tomo I, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo en el lapso concedido, se continuará este sumario sólo por el acto reclamado señalado en su escrito inicial de demanda. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario, Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.

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