Francisco Javier Arriaga Reynaga

Expediente 649/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 11 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
649/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
04/11/2022

Partes del expediente

  • Francisco Javier Arriaga Reynaga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el proveído de catorce de julio de dos mil veintidós, en el que se declaró cumplido el fallo protector, por lo que queda firme dicho auto, para los efectos legales correspondientes. En consecuencia, de conformidad con el párrafo cuarto del ordinal 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido; realícense las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado, Juicios de Amparo, así como en la carátula de este expediente. Por otro lado, se hace la acotación que el presente asunto, es susceptible de depuración a partir del cinco de noviembre de dos mil veinticinco, en virtud de haberse concedido a la parte quejosa la protección constitucional y por encontrarse en la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del capítulo octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente al de su publicación, acorde al transitorio primero del citado acuerdo. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 15, del capítulo quinto del citado acuerdo, se hace constar que el presente juicio no tiene relevancia documental, por no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el citado acuerdo. Ahora, dado que la parte quejosa anexó documentos con sello en original y en virtud de que ya no es necesaria su retención, requiérasele para que dentro del término de noventa días hábiles, contados a partir de la notificación de este proveído, comparezca ante este Juzgado, en días y horas hábiles, a recibir los aludidos documentos, previa constancia de recibido que obre en autos; apercibida que en caso de no atender lo antes requerido, sin necesidad de emitir acuerdo alguno, serán destruidos con el expediente; conforme al punto Décimo Primero, último párrafo del Acuerdo antes mencionado. Para el cumplimiento al presente proveído, se instruye al actuario judicial realice las acciones conducentes conforme a la ley aplicable con los oficios correspondientes.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, catorce de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta presentado por Alfredo Bojórquez Balladares, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual en atención a la vista concedida en auto de siete de julio en curso, en relación al informe de cumplimiento rendido por la autoridad responsable, indica que la respuesta no es completa, definitiva, congruente, que es evasiva y existe renuencia a otorgar lo pedido, así también que existe falsedad de declaración de la autoridad responsable al no existir en la ley el requisito que se solicita al quejoso; en atención a ello, así como a las constancias que obran en autos, se procede a resolver si la ejecutoria de amparo concedida en el presente juicio, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable se encuentra o no cumplida. Se cita al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, visible en la página 243, del tomo XI, marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." - Efectos del fallo protector - Al respecto, debe decirse que el diez de agosto de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Francisco Javier Arriaga Reynaga, para los siguientes efectos: "OCTAVO. Efectos del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, y primer párrafo de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión del amparo, son para que las autoridades Junta Directiva, Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones y Dirección de Pensiones y Jubilaciones, todas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad: 1) Otorguen respuesta congruente y completa a la solicitud formulada por la quejosa en su escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil veintiuno. 2) Notifiquen legalmente dicha respuesta, en el domicilio que se haya señalado para tal efecto" Sentencia que fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en el amparo en revisión administrativo 438/2021, en la cual confirmó la resolución emitida en el presente juicio de amparo, la cual constituye ejecutoria, por lo que en proveído de veintiocho de junio de dos mil veintidós, se requirió a las autoridades responsables por el cumplimiento. -Análisis de los actos en cumplimiento a la sentencia- A efecto de acreditar el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, la Delegada autorizada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, remitió el oficio DGPJ/627/2022, de uno de julio del año en curso, a través del cual se dio respuesta al escrito presentado por la parte quejosa en relación a su solicitud de pensión formulada el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, el cual le fue notificado al peticionario, por conducto de su autorizada el cuatro de julio de la anualidad. Documental que de conformidad con lo que señala el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el numeral 2 de la propia legislación, tiene pleno valor probatorio. De la misma se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo concedida en el presente asunto, toda vez que el cuatro de julio en curso, se notificó la respuesta a la petición formulada por el quejoso Francisco Javier Arriaga Reynaga, en escrito que presentó el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, en el sentido de que existe en sus registros solicitud de pensión por jubilación presentada por el impetrante, formándose el respectivo expediente de su solicitud, en el que se observa que no se cuenta con el comunicado por parte de su patrón, en el que indique la propuesta o pronunciamiento para que se incorpore a la nómina de pensionados de ese instituto; con lo que se dio cumplimiento a lo que establece el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Es evidente que con ello se colman los lineamientos de la sentencia en la que se concedió la protección constitucional, por lo cual debe concluirse que el fallo protector ha quedado cumplido. Sin que obste a dicha determinación, las manifestaciones de la parte quejosa, formuladas mediante escrito de cuenta, en el sentido de que se inconforma con el cumplimiento dado por las autoridades responsables; ello, toda vez que como se advierte de párrafos que anteceden los efectos de la sentencia amparadora fueron únicamente para que las autoridades responsables dieran respuesta fundada y motivada a la petición formulada por el peticionario del amparo, a su escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, lo cual como se advierte ya aconteció; sin embargo, la parte quejosa pretende que la resolución dictada en cumplimiento al fallo protector deba ser acorde a los términos en que fue planteada su petición y resuelta sobre la misma, incluso exhibe documentales con las cuales atiende la prevención realizada por la autoridad responsable, en contestación a la petición, mismas que solo acreditan que el quejoso atendió la prevención que la responsable le formuló. Asimismo, la manifestaciones que indica que la autoridad responsable emite falsedad en declaración al señalar que el requisito que se exige no se contempla en la ley; así también, que no todas las autoridades dieron contestación ya que solo una es la que atendió la petición, sin que el expediente se hubiese remitido a las diversas autoridades; cuestiones que no pueden ser materia de estudio en esta determinación, puesto que el fallo protector, se reitera, únicamente constriñó a las autoridades responsables a dar respuesta congruente a lo peticionado por el quejoso, pero sin establecer lineamientos para que dichas autoridades resolvieran conforme a las pretensiones del quejoso. Por otra parte, basta que la parte quejosa se remita a las consideraciones que sustentaron la contestación dada por las autoridades responsables en cumplimiento, para que ahora sí, conozca los motivos y fundamentos al tenor de los cuales se examinaron las cuestiones planteadas y se determinó que era improcedente su solicitud -con lo que el quejoso quedó restituido en el goce de sus derechos transgredidos ante la omisión de dar respuesta a su petición-; sin embargo, esta no es la vía idónea para revisar si lo contestado resulta, o no, ajustado a derecho. Es aplicable en lo conducente, lo analizado en la jurisprudencia 1ª./J.89/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 66, Tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de 2007, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD INTERPUESTA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. LA MATERIA DE SU ESTUDIO DEBE LIMITARSE AL ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO RELATIVO, SIN PRONUNCIARSE SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA RESPONSABLE.- La materia de la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, planteada contra la resolución de un juez de distrito o de un tribunal colegiado de circuito, que estima cumplimentada la ejecutoria concesoria del amparo debe limitarse al análisis del cumplimiento de dicha sentencia, sin pronunciarse sobre la legalidad de las consideraciones en que la autoridad responsable haya fundamentado el acto con el que pretende acatarla, pues ello es ajeno a la indicada inconformidad". Se cita en apoyo a lo expresado, la jurisprudencia PC.XV. J/6 A (11a.), con registro digital 2024038, instancia Plenos de Circuito, Undécima Época, Materias(s): Constitucional, Administrativa fuente Semanario Judicial de la Federación, que reza: "DERECHO DE PETICIÓN. FORMA EN QUE SE CUMPLE CON LA EXIGENCIA DE RESPUESTA CONGRUENTE Y COMPLETA A LA SOLICITUD DE PENSIÓN DE UN TRABAJADOR. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios al determinar, uno de ellos, que cuando se concede el amparo por violación al derecho de petición, para el efecto de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) emita una respuesta congruente y completa a una solicitud de pensión, la negativa a continuar con el trámite ante la falta de un requisito, torna incongruente la respuesta por sustentarla en motivos que no se desprenden de los preceptos legales que se invocaron, mientras que el otro sostuvo que era suficiente la coherencia de lo contestado en relación con la petición para satisfacer esa exigencia, sin posibilidad de analizar la legalidad de lo expresado. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoquinto Circuito establece que cuando se concede el amparo por violación al derecho de petición, vinculando a la autoridad a emitir una respuesta congruente y completa a una solicitud, la exigencia de congruencia se satisface con la emisión de argumentos coherentes entre sí y con lo solicitado, siempre que sea racional, mediante la exposición clara y directa de las razones de hecho y de derecho del porqué no es posible jurídicamente acceder a lo peticionado, siempre que no evidencie evasiva o renuencia a otorgar lo pedido, sin posibilidad de analizar la legalidad de lo expuesto en la respuesta, aun cuando con ello el peticionario no obtenga respuesta favorable, por ser esto último materia de otro medio de defensa, conforme lo dispone la jurisprudencia 2a./J. 1/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Justificación: Si la protección constitucional se otorga para que la responsable dé una respuesta congruente y completa a una solicitud de pensión que le fue presentada, y al acatarla determina que ésta es improcedente porque resulta jurídicamente imposible remitir el expediente de solicitud de jubilación al resto de las áreas involucradas en su trámite ante la falta de un requisito (en los casos a estudio, el comunicado por parte de la patronal en el que indique la propuesta para que se incorpore a la nómina de pensionados de este instituto y causa baja como trabajador en activo), el cual informa y sustenta jurídicamente, la respuesta es congruente con lo solicitado porque, por un lado, no contiene afirmaciones contradictorias entre sí y, por otro, es coherente con lo peticionado al dirigirse a la pretensión efectuada y, además, es racional, porque informa al peticionario qué es lo que falta para la continuación en el trámite, lo que sustenta, además, en disposiciones legales que estima aplicables, sin que pueda calificarse la legalidad de esto último según la jurisprudencia 2a./J. 1/2001 citada." En razón de lo expuesto, se concluye que se ha dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo. Hágase del conocimiento de la parte agraviada el presente proveído, para los efectos del precepto 202 de la Ley de Amparo. Finalmente, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 280 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se autoriza la devolución de las documentales que fueron acompañadas al escrito de cuenta, previa copia certificada de las mismas, y constancia de entrega. Se le recuerda a la parte promovente que para el ingreso al recinto judicial deberá gestionar su cita a través del sistema "Agenda OJ" y generar el QR correspondiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 6° del Acuerdos General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Para el cumplimiento al presente proveído, se instruye al actuario judicial realice las acciones conducentes conforme a la ley aplicable con los oficios correspondientes. En el entendido de que la autoridad responsable se encuentre cerrada con motivo de su periodo vacacional, se ordena al fedatario público de la adscripción mantener en su resguardo el comunicado oficial referido y una vez que reanude labores la autoridad responsable, se constituya al local de la misma y haga entrega del oficio respectivo; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Agréguense a los presentes autos para que obren como correspondan, el oficio y anexo remitidos por la delegada de las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, de lo que se advierte el oficio de uno de julio en curso, dirigido al quejoso, a través del cual le comunica la respuesta a su solicitud de pensión formulada el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, el cual contiene firma original de recibido de cuatro de julio de la anualidad. Con lo anterior, dese vista a la parte quejosa.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio 6579 y anexos remitidos por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, al que anexa copia certificada de la ejecutoria pronunciada en sesión de nueve de junio en curso, dentro del amparo en revisión administrativo 438/2021-I de su registro. Los puntos resolutivos de la citada ejecutoria son del tenor literal siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *********, contra los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando quinto de la sentencia que se revisa.". acúsese el recibo de estilo correspondiente. En consecuencia, la resolución emitida por el Tribunal Colegiado, constituye ejecutoria, lo anterior para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que les sea notificado el presente acuerdo, remitan copia certificada de las constancias con las que acrediten haber dado cumplimiento al fallo protector, cuyos efectos fueron precisados con anterioridad. Apercibidas, que de no cumplir en el plazo antes señalado, se le impondrá una multa.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · 9,394 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano