Francisco Javier Armenta Valdes

Expediente 425/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 24 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
425/2017
Año
2017
Actuaciones
24
Última actuación
02/12/2019

Partes del expediente

  • Francisco Javier Armenta Valdes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Visto el escrito signado por el quejoso Francisco Javier Armenta Valdes, mediante el cual solicita se le haga la devolución de diversos documentos que obran en autos; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales. En consecuencia y con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo solicita el promovente, hágase la devolución de la documentación que hace referencia, dejándose en su lugar copia de la misma, previa razón que por su recibo y entrega se deje en autos.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS AL TERCERO INTERESADO MOLINOS AZTECA, S.A. DE C.V, EL AUTO DE VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado este auto, sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el expediente como asunto concluido. Luego tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. De conformidad con la fracción III, del Apartado Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, del citado Acuerdo General conjunto número 1/2009, toda vez que se concedió provisionalmente la medida cautelar y la interlocutoria, respecto de todos los actos reclamados, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberán conservarse la demanda de amparo y el auto en que se concedió dicha medida cautelar e interlocutoria y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que la fracción III del Apartado Vigésimo, del Acuerdo General reseñado, dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que la parte exhibió diversos documentos, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha catorce de julio de dos mil diecisiete, por ello no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia del juicio de amparo que nos ocupa; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Por otra parte, de autos se advierte que la parte quejosa y el tercero interesado exhibieron diversos documentos, prevéngaseles para que comparezcan ante este Juzgado Federal, a solicitar la devolución de los mismos, haciéndoles de su conocimiento que tienen un plazo de noventa días a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, con apercibimiento que de no hacerlo en el término aludido, una vez que transcurra el plazo legal, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado este auto, sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el expediente como asunto concluido. Luego tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. De conformidad con la fracción III, del Apartado Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, del citado Acuerdo General conjunto número 1/2009, toda vez que se concedió provisionalmente la medida cautelar y la interlocutoria, respecto de todos los actos reclamados, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberán conservarse la demanda de amparo y el auto en que se concedió dicha medida cautelar e interlocutoria y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que la fracción III del Apartado Vigésimo, del Acuerdo General reseñado, dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que la parte exhibió diversos documentos, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha catorce de julio de dos mil diecisiete, por ello no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia del juicio de amparo que nos ocupa; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Por otra parte, de autos se advierte que la parte quejosa y el tercero interesado exhibieron diversos documentos, prevéngaseles para que comparezcan ante este Juzgado Federal, a solicitar la devolución de los mismos, haciéndoles de su conocimiento que tienen un plazo de noventa días a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, con apercibimiento que de no hacerlo en el término aludido, una vez que transcurra el plazo legal, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO AL QUEJOSO FRANCISCO JAVIER ARMENTA VALDÉS EL CUAL DICE: En atención al estado procesal de los autos, se desprende que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada en los acuerdos de veintisiete de noviembre y tres de diciembre del año en curso, con relación a los oficios remitidos por el Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Sinaloa, con residencia en Guasave y la Jueza Primera de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial en Guasave, Sinaloa, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que dichas determinaciones se le notificaron el veintiocho de noviembre y cuatro de diciembre del año en curso, respectivamente; por tanto, el suscrito Encargado del Despacho analiza si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas responsables. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Pues bien, se precisa que por sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, se sobreseyó respecto a ciertos actos reclamados y se concedió la protección constitucional al quejoso Francisco Javier Armenta Valdés con relación a diversos reproches; en ese sentido, la citada resolución causó ejecutoria el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, al no ser recurrida por alguna de las partes. En la inteligencia de que el amparo se concedió para el efecto de que en los autos del juicio ejecutivo mercantil 428/2018 del índice del Juzgado Sexto Menor de Monterrey, Nuevo León (antes 918/2003 del índice del Juzgado Menor de Guadalupe, Nuevo León) se procediera a restituir en el goce de sus derechos al quejoso y se ordenara dejar sin efectos el embargo trabado sobre el inmueble de su propiedad, así como su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Guasave, Sinaloa, en razón de que el juicio fue caducado por inactividad procesal. Asimismo, se ordenara al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Guasave, Sinaloa, cancelar el embargo originado con motivo del juicio ejecutivo mercantil 428/2018 del índice del Juzgado Sexto Menor de Monterrey, Nuevo León (antes 918/2003 del índice del Juzgado Menor de Guadalupe, Nuevo León), por la cantidad de $24,769.05 pesos. En el entendido de que la concesión se hizo extensiva a los actos de ejecución que se atribuyeron al actuario responsable, al no reclamársele por vicios propios, sino que su ejecución se hizo descansar en la ilegalidad de los actos de la autoridad ordenadora. Bajo ese contexto, la Jueza Primera de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, mediante el oficio 1461/2018, remitió copia del diverso oficio dirigido al Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en esta ciudad, del cual se desprende que le solicitó la cancelación de los embargos registrados bajo las inscripciones 46 y 47 del libro 464 de la sección de hipotecas, ambas de veintidós de agosto de dos mil tres. Por su parte, el Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en Guasave, Sinaloa, a través del oficio DRPPYC/OG/643/2018, informó que bajo inscripción 181 del libro 11 de la sección IV cuarta, se canceló el registro de embargo por la cantidad de $24,769.05 a favor de Molinos Azteca, Sociedad Anónima de Capital Variable. En ese panorama, se ordenó dar vista personal a la parte quejosa con los oficios aludidos el veintisiete de noviembre y tres de diciembre de dos mil dieciocho, sin que haya realizado alguna manifestación respecto al cumplimiento otorgado a la ejecutoria, como se precisó. En consecuencia, si la protección constitucional se concedió para el efecto de que en el juicio ejecutivo mercantil 428/2018 del índice del Juzgado Sexto Menor de Monterrey, Nuevo León se ordenara dejar sin efectos el embargo trabado sobre el inmueble de su propiedad, así como su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Guasave, Sinaloa, en razón de que el juicio fue caducado por inactividad procesal, lo cual ya aconteció; es dable establecer que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida y se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo.

Quedan 20 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · 4,666 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano