Francisco Javier Aranda Y/O Rivera Aranda

Expediente 1030/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 48 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1030/2021
Año
2021
Actuaciones
48
Última actuación
06/10/2022

Partes del expediente

  • Francisco Javier Aranda Y/O Rivera Aranda
  • Congreso del Estado de Morelos
  • Agente del Ministerio Público Federal Adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 48.

  1. Principal

    Vista la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el ordinal 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión a que se refiere el dispositivo 81 fracción I, inciso d), de la propia Ley, en contra del auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual este Juzgado de Distrito decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo, sin que se hiciera valer el citado medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito, ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por lo tanto, en acatamiento a lo ordenado en Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardos por el Consejo de la Judicatura Federal, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 21 del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se sobreseyó fuera de audiencia, mismo que carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 15 del mismo cuerpo normativo; hecho que deberá realizarse dentro de los treinta días posteriores al plazo de conservación (tres años a partir de esta fecha), previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente susceptible de destrucción, tal como lo disponen los artículos 22, 23 y 24 del acuerdo referido. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 18 del citado Acuerdo General, al haberse concedido la suspensión; por lo tanto, una vez que se hayan agregado los acuses correspondientes, hágase constar lo anterior en la carátula respectiva; debiéndose conservar, por un periodo de tres años a partir de esta fecha; y concluido este plazo, durante los noventa días subsecuentes, deberá realizarse la depuración del mismo; procediendo a la transferencia respectiva. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en el artículo 20 del citado Acuerdo General; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente susceptible de destrucción, tal y como lo disponen los numerales 22, 23 y 24 del acuerdo normativo. Asimismo, de conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo General, una vez que se remita al archivo, se deberá asentar en la carátula del expediente la valoración correspondiente y el Secretario hará constar que el expediente físico coincide con el electrónico en su totalidad.

  2. Principal

    PRINCIPAL. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN." Cúmplase.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta de la Secretaria, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, el oficio del Oficial del Registro Civil 03 de Cuernavaca, Morelos, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de once de agosto del año en curso, remite copia certificada del acta de defunción del quejoso Francisco Javier Rivera Aranda. Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, la cual señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona." En el caso, del estado procesal que guardan los autos, concretamente del escrito acordado en proveído de cuatro de agosto del año en curso, se advierte lo manifestado por el autorizado del promovente de amparo, en el sentido que falleció el quejoso; razón por la cual a fin de tener por plenamente acreditada dicha circunstancia, se requirió al Registro Civil del Estado de Morelos. Información que fue corroborada por el Oficial del Registro Civil 03 de Cuernavaca, Morelos, en el oficio de cuenta, a través del cual hace del conocimiento que encontró registrada un acta de defunción a nombre de Francisco Javier Rivera Aranda, inscrita bajo el acta número 1450, del libro 05, foja 250, registrada el dieciocho de julio de dos mil veintidós, en la oficialía 03; documental pública que cuenta con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Por tanto, si el quejoso promovió el presente juicio de amparo contra actos que únicamente afectan a su persona, dado que tanto en su escrito de demanda como de ampliación, reclamó a las autoridades responsables, en esencia: La inconstitucionalidad e inconvecionalidad de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, derivada de la omisión de legislar y prever un recurso de impugnación en contra de las omisiones de las autoridades competentes para aplicar dicha ley. La omisión de dar contestación a los escritos presentados el catorce y veintisiete de julio de dos mil veintiuno, así como la omisión de notificar la respuesta. La omisión de llevar a cabo el procedimiento establecido en los artículos 189, 190 y 192, de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, consistente en que la autoridad receptora, una vez recibida la denuncia, acusará recibo de recepción, asignando un número de expediente, registrándola y ordenando la identificación del denunciante e igualmente la omisión de efectuar las diligencias necesarias con el propósito de determinar la existencia de los actos, hechos u omisiones constitutivos de la denuncia. Con motivo de los escritos referidos, la omisión de decretar las medidas preventivas necesarias para evitar que se siga inundando el inmueble de su propiedad y el tramo de la avenida en donde se encuentra ubicado. La omisión de realizar las acciones necesarias para la solución definitiva del problema de inundación planteado en la denuncia presentada. El acuerdo de incompetencia dictado el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, en donde se tiene por notoriamente improcedente la denuncia presentada y la autoridad responsable se declara incompetente para conocer de la misma, ordenando turnarla a diversa autoridad. Y durante la tramitación de este juicio constitucional se acreditó que falleció el quejoso, aunado a que los actos reclamados son actos de naturaleza personal, pues no se advierte que se vea afectado algún derecho patrimonial en estricto sentido, es decir, un derecho subjetivo que forme parte del patrimonio del impetrante de amparo y cuya afectación trascienda al mencionado patrimonio con posterioridad al deceso del quejoso; por lo que es evidente que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional, en términos del numeral 63, fracción III, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada en autos. Es aplicable la tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 552, tomo LXXXIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que establece: "SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO POR LA MUERTE DEL QUEJOSO. La muerte del quejoso ocurrida durante la sustanciación del juicio de amparo, rige el sobreseimiento en relación con las garantías que sólo afectan a su persona". Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 34/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 1086, que dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO POR FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO. PROCEDE DECRETARLO SI LOS ACTOS RECLAMADOS SÓLO AFECTAN SUS DERECHOS PERSONALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE HUBIESEN OCASIONADO DAÑOS Y PERJUICIOS A SUS FAMILIARES, SUSCEPTIBLES DE REPARACIÓN. En atención a los principios constitucionales de instancia de parte agraviada y de relatividad que rigen el juicio de amparo, la sentencia sólo puede ocuparse del quejoso, esto es, de quien lo promovió, limitándose a protegerlo contra los actos declarados inconstitucionales a efecto de que se le restituya en el goce del derecho fundamental violado; por tanto, el supuesto de sobreseimiento previsto en el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando aquél fallece durante el trámite del juicio y los actos que reclamó sólo afectan sus derechos personales, aunque pudiesen trascender a la estabilidad económica, psicológica o emocional de sus familiares, en tanto carecería de lógica y sentido práctico analizarlos, si anticipadamente se advierte que su eventual declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, al no ser jurídicamente posible conceder el amparo a personas que no lo solicitaron, aun cuando por su cercanía con el quejoso, dichos actos les hayan ocasionado daños y perjuicios susceptibles de reparación mediante una compensación económica o cualquier otra medida resarcitoria, habida cuenta que existen otros mecanismos legales para garantizar su derecho a una reparación integral." También, apoya a lo anterior, por las razones que contiene, la tesis XVI.5o.8 K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Febrero de 2005, página 1793, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. SE ACTUALIZA ÉSTE CUANDO ACAECE EL FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO AFECTANDO SÓLO SUS DERECHOS PERSONALES. Sin la presencia de sucesión alguna, o bien, designación de herederos, luego del conocimiento del fallecimiento del quejoso, la garantía reclamada afecta entonces sólo a su persona y, por tanto, se trata de un derecho personalísimo cuya extinción por la muerte del agraviado produce sin duda la extinción del juicio de amparo en la medida en que no reviste significación ni importancia patrimonial, en cuanto a que después de su muerte no trascendió dicha garantía a su sucesión por inexistencia de la misma. De manera que, como nadie intervino con legitimación para continuar con la acción de amparo y, por tanto, no existe la parte agraviada ni, por lo mismo, sujeto jurídico en cuyo favor pudiera dictarse sentencia con efecto natural de reponerlo en el goce de la garantía violada; presupuesto procesal del juicio de amparo al tenor de lo mandado por el artículo 107 constitucional, y cuya ausencia extingue la fuerza propulsora del juicio de garantías, lo que impide que se dicte sentencia de fondo que verse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados; no cabe entonces otra conclusión que estimar que, en el caso, respecto del juicio de garantías, al quedar sin parte agraviada y sin garantía qué tutelar, se surte la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo." Finalmente, la presente determinación se guarda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el nombre de: "PRINCIPAL. AUTORIDAD REMITE ACTA DE DEFUNCION DEL QUEJOSO, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA."

  4. Principal

    agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes, el oficio del Oficial del Registro Civil Número 1 de Cuernavaca, Morelos, por el que informa su imposibilidad de remitir copia certificada del acta de defunción del quejoso*****por los motivos que expone. Atento a lo anterior, dadas las manifestaciones realizadas, con fundamento en los artículos 16 y 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Oficial del Registro Civil Número 3 de Cuernavaca, Morelos, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita a esta sede judicial copia certificada del acta de defunción de Francisco Javier Rivera Aranda, también conocido como Francisco Rivera Aranda, o bien, dentro del lapso concedido manifieste el impedimento jurídico o material que tuviere para ello. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, este Juzgado le impondrá como medida de apremio una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y con relación al artículo 259 de la Ley de la Materia, en concordancia con los numerales 237, fracción I y 238, primera parte, de la misma legislación.

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