Francisco Javier Arambula Montiel

Expediente 867/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
867/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
18/03/2021

Partes del expediente

  • Francisco Javier Arambula Montiel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia en la que sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos sin mayor determinación el oficio y anexo suscrito por la autoridad responsable secretaria de acuerdos y proyectos adscrita a la Tercera Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, en esta ciudad; por medio del cual remite constancias relativas al juicio de servicio civil 214/2020/II, toda vez que en audiencia de veintinueve de enero del año en curso se sobreseyó el presente juicio. Notifíquese.

  3. Principal

    Certificación. En Hermosillo, Sonora, veintinueve de enero de dos mil veintiuno, el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, certifico que los autos del presente asunto se integran por lo siguiente: 1) Informe justificado de la responsable; 2) Emplazamiento de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, 3) Prueba documental ofertada por la autoridad responsable, e instrumental de actuaciones y presuncional en su triple aspecto lógico, legal y humano, ofertadas por la parte quejosa. Asimismo, hago constar que: En el auto de radicación, este juzgado estimó que, dada la naturaleza del acto, no existe tercero interesado; y, Ya transcurrió el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impusieran del contenido de los informes rendidos por las autoridades responsables. Lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Doy fe. Juan de Dios Velasco Romero. Secretario del juzgado Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las once horas con diecisiete minutos del veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura a todas las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, la constancia de emplazamiento a juicio de las partes y el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Por otro lado, revisado el estado de autos, se advierte que en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se estimó que dada la naturaleza de los actos reclamados, no existían terceros interesados. Lo anterior, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y se da cuenta con la documental ofertada por la responsable, así como con la instrumental de actuaciones y presuncional en su triple aspecto lógico, legal y humano, ofertadas por la parte quejosa. El juez acuerda. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las probanzas de referencia. Cerrada la etapa probatoria y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes omitieron realizar manifestaciones. El juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes a formular alegatos, por lo que se declara cerrado dicho periodo. Acto seguido, se da por concluido este periodo; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 867/2020; y Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido al juzgado el siguiente día hábil, por razón de turno, Francisco Javier Arambula Montiel, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Por auto de veintitrés de noviembre siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que el diecisiete de marzo de dos mil veinte, con motivo de la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID19), el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General 4/2020, a fin de contener la emergencia y atender asuntos urgentes; después, emitió los diversos 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, que modificaron y adecuaron al que le antecedía. Posteriormente, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión extraordinaria de veinte de diciembre de dos mil veinte, determinó regresar al esquema de contingencia previsto por el Acuerdo General 13/2020, por el periodo de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno; así, atendiendo a las directrices marcadas por dicho Acuerdo General, mediante acuerdo de quince de enero de dos mil veintiuno, se ordenó la continuación del procedimiento y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Finalmente, previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones III y VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en razón de que cuando el acto reclamado carece de ejecución es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados, los siguientes: La omisión de respetar los plazos procesales para fijar fecha de celebración para de la audiencia prevista en el artículo 116 de la Ley del Servicio Civil; y, La omisión de ordenar la práctica de las diligencias necesarias para el desarrollo de la audiencia prevista en el artículo 116 de la Ley del Servicio Civil, dentro del juicio de servicio civil 214/2020. IV. Certeza del acto en reclamo Son ciertos los actos reclamados, pues dicha certeza se desprende de las propias manifestaciones de la autoridad responsable vertidas al rendir su informe justificado, así como de las constancias que remitió en apoyo a éste. Causa de improcedencia actualizada En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el presente asunto, respecto de los actos consistentes en la omisión de respetar los plazos procesales para fijar fecha de celebración de la audiencia prevista en el artículo 116 de la Ley del Servicio Civil, así como ordenar la práctica de las diligencias necesarias para poder llevarse a cabo dentro del juicio de servicio civil 214/2020, se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada. De modo tal que, la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En el caso, se llega a la firme convicción de que las omisiones delatadas han cesado en sus efectos, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la que le dio motivo. En efecto, de las manifestaciones realizadas por las partes, así como de las constancias que en copia certificada remitió la responsable, se advierte lo siguiente: Por auto de diez de noviembre de dos mil veinte, la autoridad responsable señaló el tres de marzo de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 116, de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, en el expediente 214/2020. Luego, por auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, la autoridad responsable adelantó la referida audiencia, señalándola para el once de diciembre de dos mil veinte. Finalmente, el once de diciembre de dos mil veinte, la autoridad abrió la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, en la que atendiendo a la preparación de algunos de los medios de convicción ofrecidos por las partes, señaló fecha para el desahogo de las pruebas confesional por posiciones e inspección y fe judicial, ordenando su notificación a las partes, mismas que al estar presentes en dicha audiencia, quedaron enteradas. Por lo anterior, es incuestionable que durante la tramitación del presente juicio de amparo, cesó en sus efectos las omisiones delatadas, pues se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó las omisiones que dieron motivo a la demanda de amparo, pues de las documentales exhibidas por la responsable, se advierte que con los pronunciamientos emitidos se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada, tal como si se hubiera concedido el amparo solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas." De igual forma cobra vigencia sobre el particular la tesis16 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, en principio debe estimarse que esos efectos han cesado cuando las autoridades responsables comunican al Juez de Distrito que han dejado sin efecto los actos reclamados y han mandado archivar el asunto como totalmente concluido, aunque no le hayan hecho al quejoso ninguna comunicación al respecto, pues aunque sería de desearse que lo hicieran no podría decirse que conforme al precepto indicado los efectos del acto no cesen sino hasta el momento en que se comunique tal cosa al afectado. Es cierto que para sobreseerse el amparo, es menester que se conozca ciertamente la resolución que dejó sin efectos el acto, pero para ello es bastante que se le comunique oficialmente al Juez. Sería contrario a los fines de una expedita administración de justicia entrar al fondo de los negocios, en situaciones como la apuntada. Y, en todo caso, el quejoso puede obtener constancia de la cesación de efectos del acto reclamado, ya solicitando copias certificadas de las constancias pertinentes del juicio de amparo, o ya solicitándolas de las propias autoridades. Y la negligencia de éstas en lo relativo a notificar al quejoso la nueva resolución que dejó sin efectos la reclamada, no puede justificar que se entre al fondo del estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. A más de que, cuando las autoridades afirman categóricamente que han archivado el asunto como concluido, resultaría difícil entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, para decidir si se debe conceder la protección federal o no, pues en esta última hipótesis se crearía una situación legal extremadamente confusa. Y sólo podría justificarse el estudio del fondo del negocio, cuando los términos del informe justificado fueran ambiguos en forma tal, que no pudiera saberse el alcance de la cesación de los efectos del acto reclamado." Así, al haber cesado el efecto del acto impugnado, es obvio que debe declararse improcedente el juicio de amparo y decretar el sobreseimiento en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 9/98 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Decisión En esa virtud, en atención a las consideraciones plasmadas, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Francisco Javier Arambula Montiel, contra los actos establecidos en el apartado III, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando V de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. etm

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, quince de enero de dos mil veintiuno. Continuación del procedimiento. De la certificación que antecede se advierte que en cumplimiento a la Circular CAP/3/2020, emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se suspendieron los plazos y términos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; asimismo, el expediente en que se actúa se encontraba en trámite, sin que exista diversa razón para permanecer suspendido. Reanudación de términos. Se acota que dado a que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Hágase del conocimiento de las partes, que la reanudación de los plazos procesales suspendidos opera conforme a los lineamientos dados por el propio Consejo de la Judicatura Federal; y en su defecto hasta la notificación de este acuerdo. Se exhorta para tramitar juicio en línea. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional 6621082100, extensión 1018. Señalamiento de audiencia constitucional. Visto el estado de autos se advierte que la fecha señalada para la audiencia constitucional se encontraba dentro del plazo establecido en la Circular CAP/3/2020 respecto de suspensión de plazos y términos; en consecuencia, se señala para la celebración de la audiencia constitucional las once horas con diecisiete minutos del veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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