Francisco Javier Aragon Casares

Expediente 1279/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1279/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
01/09/2023

Partes del expediente

  • Francisco Javier Aragon Casares
  • Juan Carlos Blanco Góngora

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; uno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, contra el acuerdo que desechó de plano la demanda de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, se declara que el citado acuerdo en que se desechó la demanda, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés.********************Agréguese a estos autos el escrito de cuenta signado por********************, representante común de la parte quejosa, por medio del cual solicita a este órgano de control constitucional la devolución del documento original presentado con su demanda de amparo; por tanto, no existiendo impedimento legal alguno, devuélvasele el documento de mérito al ocursante por conducto de quien indica, en días y horas hábiles, cuando las labores del Juzgado lo permitan, previa identificación y recibo que obre en autos.********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, once de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida ... contra el acto que reclama de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades, se provee: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno electrónico de este Juzgado como juicio de amparo 1279/2023-II. Ahora bien, con apoyo en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de la parte quejosa, a Francisco Javier Aragón Casares Poot, sin perjuicio de que posteriormente puedan designar uno distinto. En tal virtud, se procede a proveer en relación con la demanda de amparo, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: - - - I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que la quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables, medularmente, la suspensión de obra llevada a cabo el trece de julio de dos mil veintitrés, en el predio sin número, de la calle cuarenta y dos, por sesenta y tres, en la Hacienda Tahdzibichen, del municipio de Mérida, por parte del personal de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, con sede en esta ciudad. Como se anunció, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo cual, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, respecto del referido acto, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Se afirma lo anterior, toda vez que del contenido de la propia demanda de amparo, se advierte que la quejosa le reclama a la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, con sede en esta ciudad, la suspensión de obra llevada a cabo el trece de julio de dos mil veintitrés, en el predio sin número, de la calle cuarenta y dos, por sesenta y tres, en la Hacienda Tahdzibichen, del municipio de Mérida, por parte del personal de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, con sede en esta ciudad. La parte quejosa manifiesta en su demanda bajo protesta de decir verdad que desde el trece de julio de dos mil veintitrés llegaron tres personas a bordo de un vehículo y empezaron a tapizar la reja de su predio con carteles con la leyenda "OBRA SUSPENDIDA". Lo que permite establecer que desde aquélla fecha la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado y desde aquélla fecha estuvo en condiciones de impugnar su llamamiento a este controvertido a través de los medios legales correspondientes. Sin que obste a lo anterior, que desconozca el procedimiento de origen de dicho acto pues se insiste, desde aquélla fecha estuvo en posibilidad de acudir a esta instancia constitucional en su reclamo, sin perjuicio de que durante su tramitación, pudiera ampliar su demanda una vez que tuviera conocimiento de cualquier eventual procedimiento en que el que hubiere sido decretado. Con base en lo narrado en el párrafo que precedente, se llega al convencimiento de que la demanda de amparo presentada por la quejosa, respecto del aludido acto reclamado, resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en atención a que fue presentada fuera del término que para tal efecto establece el artículo 17 de la invocada ley. Se afirma lo anterior, toda vez que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la transcripción del citado numeral 18 se advierte que existen tres supuestos para determinar el cómputo para la interposición de la demanda de amparo, los cuales son: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa del acto o resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos o de su ejecución. En mérito de lo antes expuesto, si de lo expresado por la quejosa, que señala que tuvo conocimiento del acto reclamado desde el día trece de julio de dos mil veintitrés, es evidente que desde esa data tuvo conocimiento del acto reclamado; por lo que a la fecha en que presenta su demanda de amparo, ésta resulta evidentemente extemporánea, en atención a que se presentó fuera del término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, actualizándose por ello la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la propia Ley. Lo anterior es así, pues si como ya se indicó en párrafos precedentes, desde esa fecha tuvo conocimiento del acto reclamado, en tanto que presentó su escrito de demanda hasta el nueve de agosto del año en curso, lo que denota que, conforme quedó expuesto en el párrafo que antecede, resulte extemporánea, sin que se esté en ninguno de los supuestos de excepción del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda de amparo. Por tanto, al actualizarse la mencionada causal de improcedencia, lo que procede es, como ya se dijo, desechar, por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Aragón Casares, Juan Moreno Carrillo, Juan Carlos Blanco Góngora y Manuel Jesús Lara Rodríguez, al actualizarse en el presente caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio que la parte quejosa señala para oír y recibir notificaciones, el que indica para tal efecto en su demanda de amparo; y téngase como su autorizado a la persona que señala, con las facultades conferidas; asimismo, de conformidad con el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, se tiene como correo electrónico de la parte quejosa el proporcionado por la parte quejosa en la boleta anexa a su escrito de demanda. De igual manera, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. En diverso orden, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Finalmente, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por autorización otorgada en sesión de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/3650/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, once de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida ... contra el acto que reclama de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades, se provee: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno electrónico de este Juzgado como juicio de amparo 1279/2023-II. Ahora bien, con apoyo en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de la parte quejosa, a Francisco Javier Aragón Casares Poot, sin perjuicio de que posteriormente puedan designar uno distinto. En tal virtud, se procede a proveer en relación con la demanda de amparo, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: - - - I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que la quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables, medularmente, la suspensión de obra llevada a cabo el trece de julio de dos mil veintitrés, en el predio sin número, de la calle cuarenta y dos, por sesenta y tres, en la Hacienda Tahdzibichen, del municipio de Mérida, por parte del personal de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, con sede en esta ciudad. Como se anunció, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo cual, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, respecto del referido acto, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Se afirma lo anterior, toda vez que del contenido de la propia demanda de amparo, se advierte que la quejosa le reclama a la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, con sede en esta ciudad, la suspensión de obra llevada a cabo el trece de julio de dos mil veintitrés, en el predio sin número, de la calle cuarenta y dos, por sesenta y tres, en la Hacienda Tahdzibichen, del municipio de Mérida, por parte del personal de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, con sede en esta ciudad. La parte quejosa manifiesta en su demanda bajo protesta de decir verdad que desde el trece de julio de dos mil veintitrés llegaron tres personas a bordo de un vehículo y empezaron a tapizar la reja de su predio con carteles con la leyenda "OBRA SUSPENDIDA". Lo que permite establecer que desde aquélla fecha la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado y desde aquélla fecha estuvo en condiciones de impugnar su llamamiento a este controvertido a través de los medios legales correspondientes. Sin que obste a lo anterior, que desconozca el procedimiento de origen de dicho acto pues se insiste, desde aquélla fecha estuvo en posibilidad de acudir a esta instancia constitucional en su reclamo, sin perjuicio de que durante su tramitación, pudiera ampliar su demanda una vez que tuviera conocimiento de cualquier eventual procedimiento en que el que hubiere sido decretado. Con base en lo narrado en el párrafo que precedente, se llega al convencimiento de que la demanda de amparo presentada por la quejosa, respecto del aludido acto reclamado, resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en atención a que fue presentada fuera del término que para tal efecto establece el artículo 17 de la invocada ley. Se afirma lo anterior, toda vez que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la transcripción del citado numeral 18 se advierte que existen tres supuestos para determinar el cómputo para la interposición de la demanda de amparo, los cuales son: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa del acto o resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos o de su ejecución. En mérito de lo antes expuesto, si de lo expresado por la quejosa, que señala que tuvo conocimiento del acto reclamado desde el día trece de julio de dos mil veintitrés, es evidente que desde esa data tuvo conocimiento del acto reclamado; por lo que a la fecha en que presenta su demanda de amparo, ésta resulta evidentemente extemporánea, en atención a que se presentó fuera del término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, actualizándose por ello la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la propia Ley. Lo anterior es así, pues si como ya se indicó en párrafos precedentes, desde esa fecha tuvo conocimiento del acto reclamado, en tanto que presentó su escrito de demanda hasta el nueve de agosto del año en curso, lo que denota que, conforme quedó expuesto en el párrafo que antecede, resulte extemporánea, sin que se esté en ninguno de los supuestos de excepción del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda de amparo. Por tanto, al actualizarse la mencionada causal de improcedencia, lo que procede es, como ya se dijo, desechar, por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Aragón Casares, Juan Moreno Carrillo, Juan Carlos Blanco Góngora y Manuel Jesús Lara Rodríguez, al actualizarse en el presente caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio que la parte quejosa señala para oír y recibir notificaciones, el que indica para tal efecto en su demanda de amparo; y téngase como su autorizado a la persona que señala, con las facultades conferidas; asimismo, de conformidad con el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, se tiene como correo electrónico de la parte quejosa el proporcionado por la parte quejosa en la boleta anexa a su escrito de demanda. De igual manera, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. En diverso orden, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Finalmente, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por autorización otorgada en sesión de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/3650/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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