Francisco Javier Aispuro Coronel

Expediente 382/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 1 actuación registrada, la última del 11 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
382/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
11/04/2023

Partes del expediente

  • Francisco Javier Aispuro Coronel

Actuaciones

  1. Principal

    En Culiacán, Sinaloa, once de abril de dos mil veintitrés. Francisco Javier Aispuro Coronel, Director de la Unidad Académica Escuela Preparatoria Dr. Salvador Allende de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa. y Presidente del Consejo Técnico de la Unidad Académica Correspondiente II. Acumulación de juicios. De la certificación de cuenta se deprende se recibieron las demandas de amparos promovidas por Baltazar Pérez Cervantes, Marisol Mendoza Flores, Andrés Avelino Sarabia Ríos, Víctor Humberto Madrid Angulo, Manuel Antonio Salazar Aguilar, Francisco Javier Aispuro Coronel, Martha Patricia Castro López, Samuel Ibáñez Morales, César Fabian López Iturrios, Francisca Villa Castillo, Gloria Isabel Camacho Bejarano, Luis Armando Cuen Iribe, Juan Hinojoza Pardo, Julio César Mendoza Sánchez, Jesús Roberto Garay Núñez, Armida Llamas Estrada y Marian Valeria Quintero Flores, por su propio derecho y como directores de las unidades académicas de la citada universidad y consejeros universitarios, quienes reclaman los mismos actos a las mismas autoridades; del Congreso, Gobernador, Secretario General de Gobierno, Secretaría de Educación Pública y Cultura y Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Sinaloa, reclaman la iniciativa, discusión, aprobación, expedición, rúbrica, autorización, refrendo, promulgación, publicación y ejecución del Decreto 407, en específico los artículos 3, párrafos tercero y cuarto, 51 fracción VIII y 59, todos de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa; las cuales fueron registradas como amparos 377/2023, 378/2023, 379/2023, 380/2023, 381/2023, 382/2023, 383/2023, 385/2023, 387/2023, 388/2023, 391/2023, 392/2023, 394/2023, 395/2023 y 396/2023. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones; en razón de lo anterior, a efecto de evitar sentencia contradictorias, con fundamento en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se decreta la acumulación de plano de los Juicios de amparo 377/2023, 378/2023, 379/2023, 380/2023, 381/2023, 382/2023, 383/2023, 385/2023, 387/2023, 388/2023, 391/2023, 392/2023, 394/2023, 395/2023 y 396/2023 al primero de ellos, por ser el más antiguo y reclamarse en todos de las mismas autoridades el mismo acto reclamado. III. Actos reclamados. La parte quejosa bajo interés legítimo reclama la iniciativa, discusión, aprobación, expedición, rúbrica, autorización, refrendo, promulgación, publicación y ejecución del Decreto 407, en específico los artículos 3, párrafos tercero y cuarto; 51, fracción VIII; y 59, todos de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa. IV. Desechamiento respecto de los artículos 3, párrafos tercero y cuarto y 51, fracción VIII, ambos de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa. El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta desechar de plano la demanda de amparo al advertir la existencia de causa improcedencia del juicio, a condición que sea manifiesto e indudable. Manifiesto es lo que no requiere mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda y anexos; lo indudable es que se tenga certeza y plena convicción que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener convicción diversa. Al respecto es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la siguiente lectura: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Al resolver la contradicción de tesis 331/2016, la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que, como presupuesto de procedencia, al resolver sobre la admisión de la demanda de amparo debe analizarse el interés del quejoso, acorde con la naturaleza del acto reclamado, así como con base en la situación y pretensión que aduzca, con la finalidad de determinar si causa afectación jurídicamente relevante que le permita acudir a la instancia constitucional. Dicha Sala señaló que en el supuesto que al determinar sobre la admisión de la demanda de amparo se cuente con elementos suficientes para determinar el tipo de perjuicio que el acto reclamado genera al amparista, o bien, su ausencia, entonces se está en aptitud de emitir la decisión correspondiente (admitir o desechar). Destacó que existen casos en los que el solo análisis de la demanda de amparo y anexos permite advertir que el acto reclamado no perjudica la situación del particular, o la afectación que le causa le otorga sólo interés simple, no uno jurídico ni legítimo, al ser claro que no existe daño a algún derecho subjetivo del que el amparista sea titular o, en su defecto, alguna situación objetiva particular que le permita exigir del poder público que ajuste su actuación a derecho, no por su calidad de ciudadano, sino porque al cumplirse la ley conserva algún beneficio o evita determinado perjuicio cierto; supuesto en el cual, independientemente de los elementos que se alleguen al sumario, no podría superar esa ausencia o insuficiencia del perjuicio que el acto genera al promovente. La Sala en consulta señaló que, con base en la apreciación de la situación, a partir de la cual se aduzca el perjuicio que genera el acto de autoridad, se debe distinguir entre la existencia de la titularidad del interés jurídico o legítimo -no simple- y la posibilidad de acreditarlo; sobre lo cual, indicó que puede configurarse los siguientes escenarios: 1. Cuando de la demanda de amparo y anexos se aprecie indefectiblemente que su situación frente al acto de autoridad conlleva mero interés simple y, por ende, carezca de la titularidad de interés jurídico o legítimo, podrá determinarse que existe causa de improcedencia manifiesta e indudable que no requiere la sustanciación del juicio, pues esta circunstancia constituye cuestión de derecho no es desvirtuable con su tramitación. 2. Cuando de la demanda de amparo y anexos, no sea factible apreciar de manera clara y sin lugar a dudas cuál es la situación del promovente frente al acto de autoridad, por lo que no puede conocerse si se trata de solo interés simple o, por lo contrario, de la titularidad de interés jurídico o legítimo; supuesto en el cual deberá tramitarse el juicio a efecto de recabar mayores elementos. 3. Cuando de la demanda y anexos se aprecie posibilidad que exista la titularidad de interés jurídico o legítimo, deberá tramitarse el juicio. Con base en las anteriores consideraciones, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que al proveer sobre la demanda de amparo, el juzgador está en aptitud de verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica o no algún perjuicio y, en su caso, el tipo de afectación, para determinar si implica interés legítimo o interés simple; por lo que en el caso que no sea factible determinar con claridad estas situaciones, o que se advierta la posibilidad que el amparista sea titular de ese interés legítimo, entonces deberá admitir la demanda; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica mero interés simple, entonces podrá determinar la actualización manifiesta e indudable del motivo de improcedencia y, por ende, desechar la demanda de amparo. De la ejecutoria analizada surgió la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), publicada en la página 1078,Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de la siguiente redacción INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. Los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de instancia de parte agraviada; conforme al cual, dicho juicio sólo puede promoverse por la parte que perjudique el acto reclamado, lo que implica la necesidad de la demostración de la generación de algún agravio personal, directo, actual o inminente -interés jurídico-; o bien, acreditar la afectación virtud la especial situación frente al orden jurídico -interés legítimo-. Esto es, tales normas Constitucional y legal prevén protección más amplia a través del interés legítimo. En concordancia con lo anterior, el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo dispone la improcedencia del juicio de garantías contra actos que no afecten el interés jurídico ni legítimo del quejoso. El interés legítimo refiere al vínculo entre ciertos derechos fundamentales y determinada persona, sin que a ésta asista alguna facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, sin embargo, está en aptitud de expresar agravio diferenciado al resto de la sociedad, al tratarse de interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante; de tal forma que la eventual protección constitucional le represente beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, actual o futuro pero cierto, como resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), consultable en la página 60, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. Bajo este contexto, cuando la eventual protección constitucional no represente al amparista algún beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, actual o futuro pero cierto, como resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse, luego no existe interés legítimo para instar la vía constitucional. Al resolver la contradicción de tesis 111/2013, de la que surgió la jurisprudencia recién transcrita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para que se dé el interés legítimo se requiere la existencia de alguna afectación en cierta esfera jurídica, apreciada bajo parámetro de razonabilidad, no sólo como simple posibilidad; ante lo cual, la eventual sentencia de protección constitucional implicaría obtención de beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que llegue a dictarse. Ese Alto Tribunal aclaró que tal parámetro de razonabilidad refiere al hecho que la afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio debe ser posible, esto es, debe ser razonable la existencia de tal afectación, actual y cierta, no hipotética o especulativa. Con base en esas premisas, el Pleno estableció los rasgos definitorios del interés legítimo de la siguiente manera: a) Implica la existencia de vínculo entre ciertos derechos fundamentales y la persona que comparece en el proceso de amparo. b) El vínculo no requiere de alguna facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés está en aptitud de expresar agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. c) Consiste en categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de interés genérico de la sociedad, como ocurre con el interés simple. Es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En otras palabras, debe existir vínculo con alguna norma jurídica, pero basta que ésta establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a algún derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. d) La concesión del amparo se traduciría en beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. e) Debe existir afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, apreciada bajo parámetro de razonabilidad, no sólo como simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. f) Así, el quejoso tiene interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. g) La situación jurídica identificable surge por la relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por alguna circunstancia personal o por alguna regulación sectorial. h) Si bien en determinada situación jurídica concreta puede concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. i) Debido a su configuración normativa, la categorización de las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo. j) Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. Por otro lado, es criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que con base en el interés legítimo, en amparo las personas pueden reclamar leyes de las que no son destinatarios, a condición que la afectación resentida por el quejoso -no destinatario de la ley- pueda calificarse como jurídicamente relevante y causalmente atribuible a la norma impugnada. Al resolver la contradicción de tesis 553/2012, esa Sala abordó la cuestión que planteaba si los usuarios de un club deportivo -menores de edad quienes acudían a través de sus padres- podían alegar válidamente tener interés legítimo para impugnar los actos de autoridad que se dirigían al dueño de ese club y no a ellos, toda vez que, por su situación frente al orden jurídico, eran perjudicados por la imposibilidad de utilizar las instalaciones del club. Esa Sala concluyó que es una posibilidad de subsunción del concepto de interés legítimo, la impugnación de un acto de autoridad dirigido a un tercero, quien es destinatario directo del acto reclamado y con quien se guarda una relación jurídicamente relevante, en virtud de la cual, como correa de transmisión, se derraman los efectos jurídicos de dicho acto colateralmente, hacia la parte quejosa, efectos que, se aduce, violan el derecho objetivo. En la ejecutoria pronunciada al resolver el amparo en revisión 216/2014, uno de los precedentes origen de la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), de rubro: INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE., se indicó que el interés legítimo permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico; así, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona perjuicio o priva de algún beneficio en la esfera jurídica del ciudadano, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. En este sentido, bien cabría hablar de un agravio personal e indirecto- en oposición al agravio personal y directo exigido por el interés jurídico. Lo relevante es que esa Sala estableció que las personas pueden combatir las leyes de las que no sean destinatarias, cuando resientan afectación jurídicamente relevante. Se estableció que ello podría ocurrir en una de tres hipótesis distintas, a saber: a) Cuando La ley establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero, que impacte colateralmente al quejoso -no destinatario de las obligaciones- en grado suficiente para afirmar que genera afectación jurídicamente relevante. Esto sucederá, por ejemplo, cuando la ley establezca obligaciones a una persona, cuyo cumplimiento impedirá al quejoso recibir ciertos beneficios o lo prive de alguno del que ya goza. b) Cuando la ley establezca hipótesis normativas que no están llamados a actualizar los quejosos como destinatarios de la norma, sino terceros de manera inmediata, pero que, por su posición frente al ordenamiento jurídico, los quejosos resentirán algunos efectos de las consecuencias asociadas a esa hipótesis normativa de forma colateral. Esto podrá suceder, por ejemplo, cuando la ley establece reglas técnicas, beneficios legales o regule algún supuesto de hecho al que se asocie alguna consecuencia normativa, cuya actualización o utilización por quien es destinatario de la norma impedirá al quejoso, como tercero, obtener beneficio o lo privara de algún privilegio. c) Cuando la ley regule algún ámbito material e, independientemente de la naturaleza de las obligaciones establecidas a sus destinatarios directos, su contenido genere de manera inmediata la afectación jurídicamente relevante. Esto sucederá, por ejemplo, cuando el legislador regule alguna institución jurídica, cuya existencia en el ordenamiento, puede generar afectación a personas que no son destinatarias de esa institución. Ese precedente es relevante pues establece los requisitos para determinar si la quejosa tiene interés legítimo para combatir los preceptos legales cuando la afectación alegada es atribuible en vía de consecuencia, esto es, como irradiación colateral en su calidad de tercero al no ser destinataria de la regulación normativa. En conclusión, de lo anterior se desprende que asiste interés legítimo para reclamar alguna norma de carácter general, cuando a pesar que la quejosa no es la destinataria de todos modos resiente de manera colateral pero inmediata afectación jurídicamente relevante, esto es, debe existir relación de causa efecto entre la afectación al quejoso y la disposición normativa; así, el interés legítimo está condicionado a que los efectos jurídicos colaterales producidos por la norma ocasione perjuicio o prive de algún beneficio en la esfera jurídica del amparista, precisamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. De tal manera la afectación alegada debe ser cierta, no sólo posible o hipotética, ante lo cual, la eventual sentencia de protección constitucional implicaría obtención de beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que llegue a dictarse; por lo que el interés legítimo asiste únicamente a quienes sufran afectación colateral real en sentido cualitativo, pero también temporal, actual o inminente, no hipotético o conjetural. El caso de los menores de edad asistentes al club es ejemplificativo, no son los destinatarios de la norma, pero con su aplicación en forma inmediata se les impedía acudir a las instalaciones del club, ahí se aprecia la relación de causalidad, por lo que como efecto directo de la eventual protección constitucional se les permitiría el acceso, lo que les beneficiaría, por ello su interés legítimo para reclamar la norma de la cual no eran destinatarios. Con base en lo anterior, no existe interés legítimo cuando no haya relación causal entre la afectación alegada y la actualización de los supuestos de las normas reclamadas, como tampoco si esa afectación no es directa o sólo es hipotética, pues en ese supuesto la eventual protección constitucional no les reportaría beneficio cierto o efecto positivo en su esfera jurídica, actual o futuro pero cierto, como resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. En el caso no existe interés legítimo de la quejosa manifestar la vía constitucional, por los siguientes motivos: Baltazar Pérez Cervantes, Marisol Mendoza Flores, Andrés Avelino Sarabia Ríos, Víctor Humberto Madrid Angulo, Manuel Antonio Salazar Aguilar, Francisco Javier Aispuro Coronel, Martha Patricia Castro López, Samuel Ibáñez Morales, César Fabian López Iturrios, Francisca Villa Castillo, Gloria Isabel Camacho Bejarano, Luis Armando Cuen Iribe, Juan Hinojoza Pardo, Julio César Mendoza Sánchez, Jesús Roberto Garay Núñez, Armida Llamas Estrada, y Marian Valeria Quintero Flores promovieron este juicio constitucional por derecho propio y como Consejeros de la Universidad Autónoma de Sinaloa, para reclamar los artículos 3, párrafos tercero y cuarto, y 51, fracción VIII, la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa; dichos preceptos legales señalan: 3. [.] Ningún acto legislativo podrá contravenir lo establecido en la fracción VII del artículo 3o. constitucional. Cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas referidas en este artículo deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía, y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado. Toda consulta para modificar las leyes orgánicas a que se refiere este artículo será convocada y organizada por el Congreso del Estado conforme a los parámetros, lineamientos y metodología que este considere pertinente, el cual podrá solicitar el auxilio de la autoridad universitaria en la organización de la consulta, con pleno respeto a su autonomía. Para efectos de los criterios de transparencia, rendición de cuentas y demás sobre los cuales la educación superior debe orientarse, en de los artículos 8 fracción XIII y 67 fracción VIII de la Ley General y 70 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, las personas titulares de las instituciones de educación superior con autonomía constitucional y legal, así como de aquellas que imparten el servicio de educación superior en forma directa, descentralizada o desconcentrada podrán ser convocados por el Congreso del Estado a comparecer para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o al ejercicio del gasto público de los recursos estatales que reciben, o para que respondan a interpelaciones o preguntas. [.] 51. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa estatal las atribuciones siguientes: [.] VIII. Ministrar por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, en su caso, los recursos provenientes de la Federación para la educación superior. [.] En lo aquí interesante, el párrafo tercero del artículo 3 reclamado en forma clara establece que cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas de las universidades e instituciones de educación superior autónomas, deberá contar con el resultado de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior, así como que deberá contar con respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado. En el aspecto cuestionado por la quejosa destaca la parte final de ese párrafo, el cual señala que cualquier consulta para modificar las leyes orgánicas de las universidades e instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, será convocada y organizada por el Congreso del Estado, conforme a los parámetros, lineamientos y metodología que considere pertinente, el cual podrá solicitar el auxilio de la autoridad universitaria en la organización de la consulta, con pleno respeto a su autonomía. Dicha norma legal sólo determina la institución facultada para convocar y organizar la consulta, para lo cual el Congreso del Estado fijará los lineamientos y metodología que considere oportunos. Sin que dicho precepto legal vede o restrinja el derecho de la comunidad universitaria de participar en la consulta, como tampoco a los órganos de gobierno de la universidad, ni limita, suprime o impone alguna condición para la respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado; por lo que en lo personal y como Consejeros de la Universidad Autónoma de Sinaloa, esa norma legal no impide a la quejosa obtener algún beneficio, no la privara de algún derecho, ni le acarrea perjuicio concreto. Con base en lo expuesto, la eventual protección constitucional no reportaría a la parte quejosa beneficio cierto o efecto positivo en su esfera jurídica, actual o futuro pero cierto, como resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. El cuarto párrafo del artículo 3 reclamado, determina que para criterios de transparencia, rendición de cuentas y demás sobre los cuales la educación superior debe orientarse, las personas titulares de las instituciones de educación superior con autonomía constitucional y legal podrán ser convocados por el Congreso del Estado a comparecer para que informen, cuando se discuta alguna ley o se estudie algún negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o al ejercicio del gasto público de los recursos estatales que reciben, o para que respondan a interpelaciones o preguntas. De tal manera, la norma legal obliga solamente a los titulares de las instituciones de educación superior autónomas, en el caso al Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a comparecer ante el Congreso del Estado cuando sea discutido alguno de los temas indicados. Por tanto, en lo personal y como Consejeros de la Universidad Autónoma de Sinaloa, tal norma legal no impide a la parte quejosa obtener algún beneficio, no le privara de algún derecho, ni le provoca algún perjuicio, pues no está dirigida a la comunidad universitaria como tal, ni a los integrantes del Consejo Universitario. Tampoco resiente afectación manera colateral e inmediata, pues a la parte quejosa, como intrigantes de la comunidad universitaria o Consejeros Universitarios, el que el Rector acuda ante el Congreso del Estado a rendir cuentas no les ocasiona perjuicio, no les priva de algún beneficio, ni les impone alguna obligación, dado que sus derechos como universitarios y Consejeros quedan intocados. Por lo que la eventual sentencia de protección constitucional no implicaría obtención de beneficio determinado, ni evitar algún perjuicio. Así, la posible protección constitucional no reportaría a la parte quejosa beneficio cierto o efecto positivo en su esfera jurídica, actual o futuro pero cierto, como resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Igual sucede con el artículo 51, fracción VIII, reclamado, el cual dispone que a la autoridad educativa estatal corresponde de manera exclusiva ministrar por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas los recursos provenientes de la Federación para la educación superior. Esto es, el precepto legal sólo determina la autoridad que corresponde ministrar a las universidades autónomas los recursos de la Federación para la educación superior; sin que la norma determine que no serán ministrados tales recursos a los institutos educativos. Esto, dado que en el Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, la Real Academia Española otorga las siguientes definiciones: Ministrar. Dar; suministrar a alguien algo. Ministrar dinero, especies. Suministrar. Proveera alguien de algo que necesita. Luego, que por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, la autoridad educativa estatal provea a las universidades autónomas los recursos provenientes de la Federación, entonces, a la quejosa como integrante de la comunidad universitaria y Consejera de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la ley reclamada no le restringe obtener algún beneficio, ni la privara de algún derecho, como tampoco le causa perjuicio como tal. De ahí que tampoco resiente afectación manera colateral e inmediata, pues a la quejosa, como intrigante de la comunidad universitaria o Consejera Universitaria, el que los recursos de la federación sean entregados por la autoridad educativa estatal por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas no les ocasiona perjuicio ni les priva de algún beneficio, pues al fin de cuentas los recursos deben ser entregados a la universidad, lo que no impactaría en las percepciones económicas de la parte quejosa. Bajo este contexto, en relación con las normas legales antes señaladas, la eventual protección constitucional no representa a los amparistas algún beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, actual o futuro pero cierto, como resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse; por tanto, por esas normas legales no existe interés legítimo para instar la vía constitucional. En tales condiciones, con sustento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo por los numerales 3, párrafos tercero y cuarto, y 51, fracción VIII, de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa. Al no advertir causa indudable y manifiesta de improcedencia del juicio amparo respecto al artículo 59 de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, procede la admisión de la demanda de amparo exclusivamente respecto a dicho numeral V. Admisión respecto del respecto al artículo 59 de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa. Al satisfacer los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 112 y 115 de esa legislación se admite la demanda de amparo; por tanto, fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno y dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención correspondiente. Tramítese por separado el incidente de suspensión. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo apertúrese el expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado deberá asegurar la integridad del expediente electrónico, procurando que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica, utilizando los medios tecnológicos y soluciones digitales. En el caso en que un asunto se inicie y tramite a través de documentos físicos, los órganos jurisdiccionales deberán digitalizar las constancias e incorporarlas al expediente electrónico a través del uso de firma electrónica, generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación. La firma electrónica FIREL, e.firma dará certeza y validez jurídica de la integridad del expediente electrónico. VI. Habilitación de días y horas. Con apoyo en el numeral 21 de la citada legislación, se habilitan días y horas a efecto de realizar las notificaciones del presente juicio de amparo. VII. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL ONCE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. VIII. Celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional tendrá lugar con los escritos presentados de manera física o electrónica, esto es, sin presencia de las partes. En caso que sea indispensable la intervención presencial de las partes, por ser necesaria para el desahogo de alguna probanza, diligencia o ejercer su derecho de alegar de manera verbal, por regla general su desahogo se realizará a través de videoconferencias. Por ello, los intervinientes deberán proporcionar número telefónico y correo electrónico para establecer contacto, así como contar con equipo de cómputo que cumpla con los requerimientos tecnológicos necesarios o a través de dispositivo móvil (teléfono celular o tableta), en este último caso deberán descargar la aplicación Webex Meetings; lo anterior, a fin de realizar las gestiones para que puedan acceder a la audiencia respectiva por videoconferencia. La parte interesada deberá realizar su petición dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído de conformidad con lo previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, de lo contrario, la audiencia tendrá verificativo sin su presencia. En caso que sea indispensable la intervención presencial de las partes y no sea posible desahogar la audiencia a través de videoconferencia, de manera excepcional podrán comparecer a las instalaciones de este Juzgado de Distrito. IX. Informes y constancias. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días contado a partir del siguiente en que reciban el oficio en que se les solicita; para lo cual, en su caso, deberán remitir copia certificada completa y legible de las constancias del expediente fuente de los actos reclamados, incluidas las que no se hayan incorporado al expediente y estén a su disposición; apercibidas que de no rendir sus informes justificados, con sustento en el segundo de los anteriores preceptos legales se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. También apercibidas que de no rendir el informe solicitado o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para la solución de este juicio constitucional o las remitan incompletas o ilegibles total o parcialmente, se les impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización con fundamento en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Las constancias que en apoyo a su informe justificado remitan, deberán contener en original folio, rubrica, entre sello y la certificación correspondiente, en términos del artículo 63 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia; apercibidas que no hacerlo así, se hará efectivo el apercibimiento precisado. X. Obligación de las autoridades de recibir oficios. De conformidad con el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo las autoridades responsables o, en su caso, el encargado de la oficina de recibir su correspondencia, están obligados a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les remitan, por lo que en caso de negativa injustificada se tendrá hecha la notificación así como los apercibimientos respectivos y, de ser así, serán responsables del incumplimiento del acuerdo o resolución en cuestión. Lo anterior, aun cuando no sea del todo correcta la denominación realizada por la parte quejosa, pues de no ser sustancial la imprecisión de su denominación que no impida su identificación y no exista duda o resulte evidente que sea esa la autoridad responsable deberá recibir los oficios enviados. En el entendido que podrán y deberán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su informe; por tanto, de no recibir el oficio respectivo el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto. A las autoridades responsables sólo se les notificarán por oficio los proveídos y resoluciones de mayor trascendencia, esto en con sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, visible en la página 1253, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. XI. Señalamiento erróneo de la denominación de las autoridades responsables. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo establece a la parte quejosa la obligación de señalar con precisión a las autoridades responsables, por lo que si incurrió en imprecisión sustancial en la denominación de aquéllas que impida su identificación, sin mayor trámite se tendrán como inexistentes y se suspenderá la comunicación con ellas; salvo que antes de la celebración de la audiencia constitucional de las constancias se advierta o el quejoso proporcione su denominación correcta. XII. Presentación de promociones. Cuando no puedan ser remitidas vía electrónica, las promociones o cualquier documento que las partes, las autoridades o cualquier persona interesada deseen presentar de manera física serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los órganos jurisdiccionales. Deberá privilegiarse el trabajo a distancia mediante el uso de las herramientas electrónicas necesarias, cualquier oficio, documento o promoción que las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito daban enviar a este órgano judicial, deberá ser remitido al correo electrónico oficial: 2jdo12cto@correo.cjf.gob.mx; por dicho medio se les acusara recibo. XIII. Causas de improcedencia. En observancia del artículo 64 de la Ley de Amparo, las partes deberán comunicar a este Juzgado cuando tengan conocimiento de alguna causa improcedencia o de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, con apoyo en el numeral 251 de referida legislación en relación con el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. XIV. Juicio en línea. Se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma); lo cual les permitiría la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones vía electrónica. La integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el acceso otorgado a las partes, sus representantes o autorizados para consultar los expedientes electrónicos no implica permiso para notificarles electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que no basta que la demanda de amparo haya sido presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o hayan solicitado el acceso al expediente electrónico, pues es indispensable que soliciten expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del Nombre de Usuario que crearon al registrarse en el Portal. Por lo que el hecho que en, su caso, el asunto se haya iniciado de manera tradicional, no es impedimento para transitar al esquema de juicio en línea. XV. Envío electrónico de constancias. Relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, al enviar constancias adjuntas a los informes justificados o escritos, la parte que los envíe, incluidas las autoridades responsables, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad que son copia íntegra e inalterada del documento original. Apercibidos que de no cumplir con lo anterior, se impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, en términos del decreto por el que reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Aunado a que se les dará tratamiento de copias simples de los documentos reproducidos. XVI. Formas especiales y expeditas de contacto. Se requiere a las partes para que en el plazo de tres días propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. XVII. Copias. Se autoriza la expedición de copias a costa de parte interesada, así como el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que requieran del presente expediente, siempre y cuando no se trate de documentos que a consideración de este órgano jurisdiccional contengan datos sensibles o sobre los cuales deba guardarse sigilo. En el entendido que la entrega de copias estará limitada a que sea posible su reproducción por el prestador de servicios de fotocopiado que está en este edificio sede. XVIII. Tercero interesado. Se reserva proveer lo conducente a la parte tercero interesada, hasta en tanto se cuente con los informes justificados de las autoridades responsables, o en su caso, las constancias del procedimiento de origen. XIX. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que indica en la demanda de amparo y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que mencionan. XX. Instrucción a los actuarios. Se instruye a la actuaria o actuario encargado de este expediente que los oficios derivados de la tramitación de este juicio deberán ser remitidos vía correo electrónico, para lo cual deberá consultar el listado que está en el Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes o, en su caso, solicitarlo vía telefónica a las autoridades a las que se dirija el oficio correspondiente, para lo cual debe confirmar su recepción y levantar razón de ello. En caso de no ser posible la entrega (o confirmar su recepción) por dicha vía, la actuaria o el actuario deberá entregar los oficios de manera física cuando las autoridades estén dentro de la residencia de este juzgado; así como enviarlos mediante correo certificado o mensajería acelerada cuando los oficios sean dirigidos a autoridades foráneas. XXI. Pruebas. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la ley en comento, se admiten las pruebas documentales que se acompañan, sin perjuicio de hacer relación de ellas, el día que tenga verificativo la audiencia de derecho. XXII. Transparencia y acceso a la información. Cualquier información relacionada con el expediente, incluidas las llevadas a cabo en ejecución de sentencia, estarán a disposición del público para su consulta conforme el procedimiento de acceso a la información; en la inteligencia que las partes podrán oponerse a la publicidad de sus datos personales, por lo que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia y demás actuaciones se hagan públicas sin supresión de datos, salvo los legalmente protegidos conforme a la ley de la materia. Notifíquese y de forma personal a la parte quejosa. Así lo acordó el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido del licenciado José Leónides Miguel Santos Cortés, Secretario que da fe.

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