Francisco Javier Aguilar Bezares

Expediente 298/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 15 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
298/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
18/10/2022

Partes del expediente

  • Francisco Javier Aguilar Bezares
  • Tribunal de Alzada en Materia Penal Zona 02, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Tapachula de Córdoava y Ordoñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que encabeza este acuerdo, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que concede a las partes el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en este asunto, sin que hayan hecho uso de esa prerrogativa. Por tanto, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, en que se negó la protección constitucional solicitada, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales. PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 2 Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Atento a lo anterior, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y, notificado que sea este acuerdo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, conforme a lo establecido en el numeral 214 de la Ley de Amparo, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. JUICIO DE AMPARO DEPURABLE En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se provee lo siguiente. Acorde con lo dispuesto en el artículo 181, fracción l, inciso b) del Acuerdo General de referencia, el presente asunto es susceptible de depuración, al ser un juicio de amparo en el que se ha negado la protección constitucional al quejoso, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. 1 Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y c) Los expedientes relativos a las causas civiles o administrativas federales.[.] PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 3 ??????????????? Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DESTINO INCIDENTES Se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, lo anterior acorde a lo dispuesto al artículo 182, fracción l, inciso a) del acuerdo general relativo y capítulo 7, sub punto 7.1.1, fracción 2.3 del multicitado manual, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis. En términos de lo dispuesto en el numeral 20, fracción ll, inciso a) del multicitado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis 2 Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; . 3 7.1.1 En los Juzgados de Distrito . 2. Incidentes de suspensión en amparo en los que se haya concedido la medida cautelar de manera definitiva. PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 4 meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental que deriva de este asunto, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES Previo a su depuración, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 254, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS 4 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. Los expedientes digitalizados o electrónicos de los juicios de amparo generados con la FIREL serán administrados por la Dirección General de Archivo y Documentación a través del SISE, una vez que hayan sido transferidos y destruidos los expedientes físicos en términos de lo dispuesto en este Acuerdo. Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04 5 ??????????????? Devuélvanse el original del expediente penal 244/2019 al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, región 02, con sede en esta ciudad y el original del toca penal oral número 22-A-1P02/2021 y copias certificadas del expediente penal del índice del juzgado de control antes mencionado a la Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 02, Ciudad, constancias que remitieron como apoyo a su informe justificado, para que dispongan de ellas a su conveniencia Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veinte de septiembre de dos mil veintidós. NUEVO DOMICILIO QUEJOSO Agréguese a los autos el escrito firmado por el quejoso Francisco Javier Aguilar Bezares, y en atención a su contenido se acuerda: Como lo solicita el impetrante de amparo se le tiene como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta, teniendo por revocado cualquier domicilio señalado con anterioridad. Por lo tanto, se comisiona al actuario de la adscripción para que se constituya en la dirección de referencia y notifique al quejoso la sentencia dictada el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, dentro del presente juicio de amparo, dejando para tal efecto copia simple de dicha resolución. Se tiene como autorizado para recibir dichas copias a Victor Adolfo López Heredia, por así solicitarlo expresamente. Notifíquese como está indicado. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe. RPCR/PCC/KCG En esta fecha se giran los oficios Conste.- El suscrito Secretario certifico y hago constar que esta foja corresponde a la parte final del proveído emitido el veinte de septiembre de dos mil veintidós, en el juicio de amparo 298/2022, del índice de este órgano jurisdiccional. Doy fe. PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.60.6a 19/08/23 15:15:04

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a siete de septiembre de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial que antecede firmada por el Actuario Judicial de la adscripción, se advierte la imposibilidad que tuvo el fedatario de la adscripción para notificar personalmente a la tercera interesada Margarita Concepción Toledo García, de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; pues, al constituirse en el domicilio fue informado por los vecinos que la citada tercera ya no vive en ese lugar, desconociendo su paradero actual y correcto. Atento a lo anterior, ante la imposibilidad con que cuenta este juzgado para notificar personalmente a la tercero de referencia el domicilio señalado en autos, con fundamento en el artículo 26, fracción lll, fracción b) de la Ley de Amparo, se ordena realizar todas las notificaciones por lista, aun las de carácter personal a la referida tercera, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal fin. Por lo tanto, notifíquesele por lista la sentencia de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, para que surtan todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista a la tercera interesada Margarita Concepción Toledo García. 09/02/23 13:04:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf JUDITH VENTURA AVILA 2 Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Judith Ventura Ávila, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    V I S TOS, para resolver los autos del juicio de amparo 298/2022. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el catorce de enero de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes de la Sala Regional Colegiada en Materia Penal Zona 02 Tapachula, Francisco Javier Aguilar Bezares; demandó el amparo y protección de la Justicia Federal. Seguidamente, con oficio 0013/2022 de cuatro de febrero de dos mil veintidós, el Magistrado Presidente de la Sala Regional Colegiada en Materia Penal Zona 02 Tapachula, remitió la demanda de referencia a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, recibida el diez siguiente y turnada al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con sede en esa ciudad. Posteriormente, mediante acuerdo de catorce de marzo de dos mil veintidós, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se declaró legalmente incompetente para conocer de la citada demanda de amparo, al haberse reclamado una sentencia que ordena reponer el procedimiento, al no tratarse de una resolución que hubiera puesto fin al juicio, tampoco de una sentencia definitiva que hubiere decidido el juicio en lo principal. Así, con oficio 1414/2022 signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, recibido el veintidós de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 298/2022 -2- sede en esta ciudad, se tuvo por recibida la demanda de amparo interpuesta por el sentenciado Francisco Javier Aguilar Bezares, en la que demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y autoridades que en un apartado posterior se precisara. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, se aceptó la competencia y admitió a trámite la demanda de amparo de previa reseña, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que precede y concluye con la emisión de la presente sentencia (fojas 108 a 116). Asimismo, se emplazó al presente asunto a las terceras interesadas Margarita Concepción Toledo García (víctima) y Guadalupe Aguilar Chandomid (Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Investigación Especializada para atender los Delitos Relacionados con Violencia de Genero y/o Agencia Investigadora de Delitos de Violencia Familiar y Delitos Sexuales de la Fiscalía Fronterizo Costa con residencia en Ciudad Hidalgo Suchiate, Chiapas) y Blanca Janeth Avendaño Pérez, asesora jurídica de la víctima, los cuales, tuvieron verificativo el cuatro de febrero, veintinueve de marzo y uno de abril de la anualidad en curso. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 298/2022 -3- los artículos 103 fracción I y 107 fracción II, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vinculación con el diverso acuerdo 16/2016, publicado el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en el que el Pleno del Consejo determinó el cambio de denominación de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, y por el que a partir del catorce de marzo de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional se denomina Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula; ya que la demanda fue presentada ante este órgano de control constitucional. SEGUNDO.- Precisión del acto reclamado. En acatamiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgado procede a fijar clara y precisamente los actos reclamados en esta vía. Así, tenemos que la parte quejosa, reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: Del 1. Tribunal de Alzada en Materia Penal Región 02 Tapachula, del Tribunal Superior de Justicia del Estado y 2. Juez del Tribunal de Enjuiciamiento, Región 02 del Distrito Judicial de Tapachula, ambos con residencia en esta ciudad: ? La resolución de trece de diciembre de dos mil veintiuno, derivada del toca penal oral número 22-A-1P02/2021, subsecuente 1/2021, que revoca la sentencia absolutoria de veintiuno JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 298/2022 -4- de octubre de ese año, dictada dentro de los autos de la Causa Penal 244/2019 y ordena la reposición total de la audiencia de juicio ante un Tribunal de Enjuiciamiento distinto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 565, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 628, tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección, Novena Época, del Apéndice 1917- septiembre 2011, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". TERCERO. Existencia del acto reclamado. El 1. Tribunal de Alzada en Materia Penal Región 02 Tapachula, del Tribunal Superior de Justicia del Estado y 2. Juez del Tribunal de Enjuiciamiento, Región 02 del Distrito Judicial de Tapachula, ambos con residencia en esta ciudad, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos reclamados, por lo que, deben tenerse por ciertos los mismos. Lo que se corrobora con las documentales y videograbaciones remitidas por las autoridades responsables, a las cuales se les concede valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 298/2022 -5- Amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 2° de esta última. Al efecto, se cita la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 3941821, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setecientos tres, del Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los 1 Quinta Época, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia(s): Común, Tesis: 226, Página: 153. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 298/2022 -6- actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Estudio de las causas de improcedencia. No se hicieron valer causas de improcedencia por las partes, ni se advierte de oficio la existencia de alguna, según lo establece el artículo 62 de la Ley de la Materia. Debiendo precisarse en este punto que, si bien, la reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, lo que tornaría improcedente el juicio constitucional; lo cierto es, que, en el caso particular, quien hoy resuelve considera que la resolución que ordenó la reposición de la audiencia de juicio, para efecto de que se desahogue una prueba, sí tiene un impacto en la esfera jurídica del quejoso, al menos de manera indirecta; toda vez que, en el proceso penal se le dictó sentencia absolutoria, lo que generó una expectativa de libertad, respecto de un delito que previamente ameritó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 298/2022 -7- De esa forma, la reposición de la audiencia de juicio provoca que el derecho sustantivo de presunción de inocencia del promovente del amparo, se pudiera ver trastocado, insistiendo, de forma indirecta, lo que se estima suficiente para considerar que estamos en uno de los supuestos en donde las consecuencias de la reposición puede producir una afectación, haciendo procedente la acción constitucional. En tales condiciones, se procede al estudio del fondo del asunto. QUINTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación son infundados e inoperante, sin que se advierta queja deficiente que suplir en favor del quejoso, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En principio, se debe analizar las constancias que remitieron las autoridades responsables, en apoyo a su informe con justificación, relativas al toca penal oral número 22-A-1P02/2021, subsecuente 1/2021 y la causa penal 244/2019, de las que se advierten los siguientes antecedentes: _ En sentencia de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, la Juez de Enjuiciamiento, de la Región Dos, de los Distritos Judiciales de Acapetahua y Tapachula, pronunció fallo absolutorio a favor de Francisco Javier Aguilar Bezares, al no encontrarlo penalmente responsable de los delitos de feminicidio en grado de tentativa, previsto en los artículos 164 bis, hipótesis señalada en la fracción I y V, en relación al artículo 21 y 82 en correlación con los artículos 10 (conducta de acción) 14 fracción I (delito instantáneo) 15 (dolo directo) 19 primera hipótesis del primer párrafo y párrafo segundo de la fracción II (autor material) del Código Penal de JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 298/2022 -8- la entidad, que se dijo cometido en agravio de Margarita Concepción Toledo García (fojas 106 a 134). _ En proveídos de cinco y ocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro de los autos del juicio oral 244/2019 del índice de la Juez responsable, se tuvo a Blanca Janeth Avendaño Pérez, asesora jurídica de la víctima y Guadalupe Aguilar Chandomid, Fiscal del Ministerio Público Investigador, interponiendo recurso de apelación en contra de la sentencia de absolutoria precitada (foja 143 a 166, 171 a 196). _ En sentencia de trece de diciembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca penal oral número 22-A- 1P02/2021, subsecuente 1/2021, del índice del Tribunal de Alzada en Materia Penal Región 02 Tapachula, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se revocó la sentencia absolutoria de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, dictada a favor de Francisco Javier Aguilar Bezares, al no considerarlo penalmente responsable de la comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa, cometido en agravio de Margarita Concepción Toledo García (fojas 215 a 232). Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4321/2017, realizó el análisis del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, asunto en el que determinó que el sistema recursal del procedimiento penal acusatorio y oral, establece de forma implícita el principio de suplencia de la queja. Al respecto, se efectuaron las precisiones siguientes: a) Entre las disposiciones comunes de los recursos, se advierte el artículo 461 del código procesal referido, el cual, en congruencia con la esencia del derecho a recurrir el fallo, JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 298/2022 -9- establece, de manera genérica, el alcance de los recursos, a través de una metodología para su estudio que los dota de eficacia, pues permite un examen de la decisión recurrida, en el que el tribunal de alzada procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias a derechos humanos. b) Por lo tanto, se concluyó en el precedente en cita, que el tribunal de alzada, en todos los casos, tiene la obligación de analizar, de oficio, con independencia de que se formulen agravios o no al respecto, si existen violaciones a derechos fundamentales que deban repararse, pero no le es exigible que haga constar ese análisis, cuando concluya que dichas violaciones no se actualizan. c) Así, el sistema recursal del procedimiento penal acusatorio y oral, establece, de manera implícita, el principio de suplencia de la queja acotada, al establecer la obligación del tribunal de alzada, de emprender un estudio al margen de que existan agravios al respecto, para determinar si se actualizaron violaciones a derechos fundamentales que deban repararse. Consideraciones que fueron asumidas por la misma Sala de nuestro Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 311/2017, en donde el punto a dilucidar fue determinar si conforme al artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, existe la suplencia de la queja a favor de los imputados en el recurso de apelación, la cual dio origen a la tesis jurisprudencial 17/2019 (10a.) de rubro y texto siguiente: "RECURSO DE APELACIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LAS SALAS DEBEN SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PARA REPARAR OFICIOSAMENTE VIOLACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO. De una lectura del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales se desprenden dos reglas: (i) el órgano jurisdiccional debe JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 298/2022 -10- reparar oficiosamente las violaciones a derechos fundamentales; pero (ii) cuando no se esté en ese supuesto, el órgano jurisdiccional debe limitarse al estudio de los agravios planteados, sin tener que fundar y motivar la ausencia de violaciones a derechos. Para precisar lo anterior es importante distinguir entre dos momentos diferentes: el análisis del asunto y el dictado de la sentencia. Así, aunque las reglas antes descritas cobran vigencia al momento de dictar la sentencia de apelación, el Tribunal de Alzada debe analizar la sentencia impugnada en su integridad para verificar que no existan violaciones a derechos humanos; y posteriormente, al emitir su decisión, debe limitarse al estudio de los agravios, salvo que hubiere advertido violaciones a los derechos fundamentales del imputado, en cuyo caso deberá reparar las violaciones oficiosamente. Por lo tanto, aunque los Tribunales de Alzada deben analizar toda la sentencia, no tienen el deber de reflejar ese análisis en los considerandos de su decisión. En consecuencia, se puede concluir que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla -de manera implícita- el principio de suplencia de la queja a favor del imputado. Es importante precisar que la facultad de reparar violaciones a derechos de forma oficiosa se encuentra acotada a la materia del recurso. En este sentido, la suplencia de la queja no opera del mismo modo en procesos abreviados, que en procesos ordinarios. En el primer caso, tal como esta Primera Sala sostuvo en la contradicción de tesis 56/2016, sólo puede analizarse la violación a los presupuestos jurídicos para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal. Mientras que en el segundo, se podrá analizar cualquier acto que sea materia de la sentencia que resuelva el juicio oral y que implique una violación a los derechos fundamentales del acusado, como lo podrían ser, según sea el caso: la valoración de pruebas, el estudio de tipicidad, la reparación del daño y la individualización de la pena, entre otras cuestiones. Ahora, también debe aclararse que sólo se hace referencia a la suplencia de la queja en favor del imputado, por lo que la Primera Sala, en este momento, no se pronuncia sobre la aplicabilidad de ese principio en favor de otras partes." De lo anterior se advierte, que la mencionada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sentó la facultad para reparar violaciones a derechos de forma oficiosa, acotada a la materia del recurso; y por ello, tal y como quedó plasmado en el criterio jurisprudencial, la suplencia de la queja no opera igual para procesos abreviados y ordinarios -como el que nos ocupa-, pues en JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 298/2022 -11- estos últimos, se puede analizar cualquier acto que sea materia de la sentencia que resuelva el juicio oral y que implique una violación a los derechos fundamentales del acusado, como puede ser, según sea el caso: la valoración de pruebas, el estudio de tipicidad, la reparación del daño y la individualización de la pena. Así, los artículos 458, 461, 468, fracción II, 471, 477 y 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen, en relación con la apelación, lo siguiente: "Artículo 458. Agravio Las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarles agravio, siempre que no hayan contribuido a provocarlo. El recurso deberá sustentarse en la afectación que causa el acto impugnado, así como en los motivos que originaron ese agravio." (.) "Artículo 461. Alcance del recurso El órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso, dará trámite al mismo y corresponderá al tribunal de alzada competente que deba resolverlo, su admisión o desechamiento, y sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. En caso de que el órgano jurisdiccional no encuentre violaciones a derechos fundamentales que, en tales términos, deba reparar de oficio, no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución. Si sólo uno de varios imputados por el mismo delito interpusiera algún recurso contra una resolución, la decisión favorable que se dictare aprovechará a los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente." (.) "Artículo 468. Resoluciones del tribunal de enjuiciamiento apelables JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 298/2022 -12- Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el tribunal de enjuiciamiento: (.) II. La sentencia definitiva en relación a aquellas consideraciones contenidas en la misma, distintas a la valoración de la prueba siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación, o bien aquellos actos que impliquen una violación grave del debido proceso. (.)" (.) "Artículo 471. Trámite de la apelación El recurso de apelación contra las resoluciones del Juez de control se interpondrá por escrito ante el mismo Juez que dictó la resolución, dentro de los tres días contados a partir de aquel en el que surta efectos la notificación si se tratare de auto o cualquier otra providencia y de cinco días si se tratare de sentencia definitiva. En los casos de apelación sobre el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público se interpondrá ante el tribunal de enjuiciamiento que dictó la resolución dentro de los tres días contados a partir de que surte efectos la notificación. El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por el tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el tribunal que conoció del juicio, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, mediante escrito en el que se precisarán las disposiciones violadas y los motivos de agravio correspondientes. En el escrito de interposición de recurso deberá señalarse el domicilio o autorizar el medio para ser notificado; en caso de que el tribunal de alzada competente para conocer de la apelación tenga su sede en un lugar distinto al del proceso, las partes deberán fijar un nuevo domicilio en la jurisdicción de aquél para recibir notificaciones o el medio para recibirlas. Los agravios deberán expresarse en el mismo escrito de interposición del recurso; el recurrente deberá exhibir una copia para el registro y una para cada una de las otras partes. Si faltan total o parcialmente las copias, se le requerirá para que presente las omitidas dentro del término de veinticuatro horas. En caso de que no las exhiba, el órgano jurisdiccional las tramitará e impondrá al promovente multa de diez a ciento cincuenta días de salario, excepto cuando éste sea el imputado o la víctima u ofendido. Interpuesto el recurso, el órgano jurisdiccional deberá correr traslado del mismo a las partes para que se pronuncien en un plazo de tres días respecto de los JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 298/2022 -13- agravios expuestos y señalen domicilio o medios en los términos del segundo párrafo del presente artículo. Al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, los interesados podrán manifestar en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios ante el tribunal de alzada." (.) "Artículo 477. Audiencia Una vez abierta la audiencia, se concederá la palabra a la parte recurrente para que exponga sus alegatos aclaratorios sobre los agravios manifestados por escrito, sin que pueda plantear nuevos conceptos de agravio. En la audiencia, el tribunal de alzada podrá solicitar aclaraciones a las partes sobre las cuestiones planteadas en sus escritos." "Artículo 479. Sentencia La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma. En caso de que la apelación verse sobre exclusiones probatorias, el tribunal de alzada requerirá el auto de apertura al Juez de control, para que en su caso se incluya el medio o medios de prueba indebidamente excluidos, y hecho lo anterior lo remita al tribunal de enjuiciamiento competente." De los anteriores preceptos legales se desprende que el recurso de apelación es un medio ordinario de defensa previsto para las resoluciones que pudieran causar agravio a las partes. Asimismo, que en el recurso de apelación el recurrente deberá expresar los agravios en el escrito de interposición, en los cuales exprese las razones por las cuales le causa perjuicio la resolución combatida. De igual forma, que el tribunal revisor sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 298/2022 -14- allá de los límites del recurso, a menos de que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado; sin que esté obligado a dejar constancia cuando no encuentre violaciones de esa índole. Por último, en la sentencia que recaiga al recurso de apelación, se confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o bien, ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma, para lo cual el tribunal de alzada deberá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes. Por otro lado, tenemos que dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional y, que se encuentra contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." Esas garantías del debido proceso, aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional y son las que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 298/2022 -15- ciento treinta y tres, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como parte de esta formalidad. De igual forma, debe decirse que el artículo 17 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales." El mencionado precepto contiene el derecho a una tutela judicial efectiva, que debe gozar toda persona ante su derecho de que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla y, ante la vulneración al principio de igualdad entre las partes, el debido proceso y otros derechos en los juicios, las autoridades deben atender a los formalismos procedimentales, o de lo contrario, privilegiar la solución del conflicto. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 298/2022 -16- Ahora, los artículos 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, refieren: "Artículo 10. Principio de igualdad ante la ley Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Las autoridades velarán por que las personas en las condiciones o circunstancias señaladas en el párrafo anterior, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad, deberán preverse ajustes razonables al procedimiento cuando se requiera. Artículo 11. Principio de igualdad entre las partes Se garantiza a las partes, en condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos emanen." Asimismo, tenemos que tanto la víctima como el imputado, tienen de conformidad con los artículos 109, fracción XIV del Código Nacional de Procedimientos Penales y 20, apartado C, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes derechos: Derechos de la víctima. "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley." "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: XIV. A que se le reciban todos los datos o elementos de prueba pertinentes con los que cuente, tanto en la JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 298/2022 -17- investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que establece este Código;" Derechos del imputado "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) B. De los derechos de toda persona imputada: (.) IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; "Artículo 113. Derechos del Imputado El imputado tendrá los siguientes derechos: IX. A que se le reciban los medios pertinentes de prueba que ofrezca, concediéndosele el tiempo necesario para tal efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite y que no pueda presentar directamente, en términos de lo establecido por este Código;" De esa manera, dentro de las formalidades esenciales del procedimiento, se encuentra la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, que es uno de los derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga tanto al imputado como a la víctima u ofendido del delito, dentro de un proceso penal, garantizando a la vez el principio de contradicción que debe observarse en el mismo. En esos términos, las partes procesales que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación y la defensa, según sea el caso. Razón por la cual, los Jueces durante el proceso penal deberán emprender las acciones y verificar que existan las condiciones necesarias tendentes a garantizar un trato digno e idéntico a las partes sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos previstos en la Constitución JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 298/2022 -18- Federal, los tratados internacionales y las leyes que de ellos emanen, de manera que no pueden privilegiar a un sujeto en el debate con algún acto procesal que le proporcione una ventaja indebida frente a su contrario, pues de ser así, se vulneraría el principio de mérito. De violarse esos derechos, se rompe con el equilibrio procesal entre las partes, trastocándose el derecho humano de tutela judicial efectiva que les asiste, pues la igualdad de circunstancias en el proceso es una condición de equilibrio que el juzgador debe asegurar por los medios legales a su alcance, a efecto de que se cumplan las condiciones que posibiliten su ejercicio y que el triunfo de uno no se deba a la deficiencia del otro. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. LXXX/2019, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Constitucional, Penal, Tomo I, registro 2020690, de rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUS ALCANCES. El principio citado encuentra sustento en el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que las partes tendrán igualdad para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; principio que se relaciona, a su vez, con los diversos de igualdad ante la ley y entre las partes, previstos en los artículos 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respectivamente. Ahora bien, el principio de igualdad procesal se refiere esencialmente a que las partes tendrán los mismos derechos e idénticas expectativas, posibilidades y cargas procesales, y deriva a su vez, de la regla general de la igualdad de los sujetos ante la ley, la cual exige la supresión de cualquier tipo de discriminación que se base en la raza o el grupo étnico, el sexo, la clase social o el estatus político, esto es, la igualdad entre todas las personas respecto a los derechos fundamentales es el resultado de un proceso de gradual eliminación de discriminación y, por consiguiente, de unificación de todo aquello que venía reconociendo como idéntico, una naturaleza común del ser humano por encima de toda diferencia de sexo, raza, religión, etcétera. En esos JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 298/2022 -19- términos, las partes procesales que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación y la defensa, según sea el caso. Razón por la cual, los Jueces durante el proceso penal deberán emprender las acciones y verificar que existan las condiciones necesarias tendentes a garantizar un trato digno e idéntico a las partes sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos previstos en la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes que de ellos emanen, de manera que no pueden privilegiar a un sujeto en el debate con algún acto procesal que le proporcione una ventaja indebida frente a su contrario, pues de ser así, se vulneraría el principio de mérito." Aunado a lo anterior, conforme lo establece el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos2, el proceso penal tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Bajo ese marco normativo, deviene de infundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, consistente en que el Tribunal de Alzada en Materia Penal Región 02 Tapachula, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, no debió haber entrado al estudio como violación al derecho fundamental al debido proceso a favor de la víctima, ya que el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, refiere que solo puede realizarlo a favor del imputado, nunca de dicha parte, del Fiscal del Ministerio Público o del asesor jurídico, lo que, viola en su perjuicio el artículo 20 apartado B, ya que todos los demás medios de pruebas desahogadas ante el Juez de Control y Enjuiciamiento Región 02, de Tapachula, fueron a su favor. 2 "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;" JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 298/2022 -20- Así, la potestad mencionada consideró que existió una transgresión a los derechos de legalidad y seguridad jurídica contenidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atendiendo al derecho de la víctima de ofrecer pruebas, contenida en el artículo 20, fracción II, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la correlativa obligación de la autoridad de recibirlas y desahogarlas. En ese sentido, el Tribual de Alzada responsable, valoró que, en esa garantía violada, se encuentra un sistema de prueba libre, en el sentido de que tanto el acusado como la víctima u ofendido podrán presentar todas las pruebas que quiera, así como valerse de los testigos que necesite para apoyar su defensa o pretensiones; además, atendió a lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación a que la participación de las víctimas debe ser garantizada por el Estado en todas las etapas de los respectivos procesos, para que puedan formular sus pretensiones y presentar elementos probatorios, y que éstos sean analizados de forma completa y seria por las autoridades, antes de que se resuelva sobre hechos y responsabilidades, penas y reparaciones. En esas consideraciones, la autoridad responsable estableció que fue ofertada a favor de la representación social y de la víctima, la testimonial de Carlos Enrique González Bravo, persona que, atendiendo al auto de apertura a juicio de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, depondría sobre los hechos materia de la acusación, señalándose que fue el factor externo que evitó que se consumara totalmente el delito, sin embargo, consideró ilegal la no admisión de la testimonial al no poder identificarse, porque los artículos 54 y 360 el Código Nacional de Procedimientos Penales, no contiene alguna disposición JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 298/2022 -21- indicadora de que cuando un testigo omita llevar consigo algún documento que lo identifique, su testimonio no será recibido. Así, atendiendo a lo anterior, determinó que se constituía una violación a las formalidades esenciales del procedimiento penal acusatorio y oral que afecta los derechos de la víctima y trastoca el derecho al debido proceso legal; por lo que, al no haberse desahogado la declaración del testigo Carlos Enrique González Bravo, en virtud de que no contaba en ese momento con identificación, el actuar de la juzgadora violentó el derecho consagrado en el artículo 20, apartado C, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo previsto en los preceptos 109, fracción XIV y 338, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, revocó la sentencia absolutoria emitida a favor Francisco Javier Aguilar Bezares, declarando la nulidad de la resolución apelada, en términos del artículo 483 de la Ley en cita, en relación con la etapa de juicio oral a partir de la recepción del auto de apertura a juicio oral. En relatadas condiciones, a diferencia de lo que sostiene el quejoso, quien hoy resuelve comparte la decisión asumida por la responsable, en el sentido de que hubo una transgresión a las formalidades esenciales del procedimiento, que constituyó una violación a los derechos humanos de la víctima, pues de conformidad con el artículo 20, apartado C, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se le deben recibir y desahogar, todos los datos o elementos de prueba con los que cuente. De manera que, no se respetó su derecho constitucional, pues se negó el desahogo de la testimonial a cargo de Carlos Enrique González Bravo, al considerarse JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 298/2022 -22- que no se identificó oportunamente, cuando esa prueba versaría sobre los puntos controvertidos, siendo mencionado por la acusación como el agente externo que evitó que se consumaran los hechos y, que podría apoyar la declaración realizada por la víctima del delito, o bien, refutarla; así, también se transgrede el objeto del proceso penal, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Asimismo, se comparte el criterio de que una vez desahogada la testimonial de cargo citada, la juzgadora de origen gozaba de absoluta libertad para apreciar su dicho, teniendo la facultad de ponderar el testimonio por falta de identificación, si el mismo fuese controvertido en su momento o se hubiesen aportado pruebas tendientes a demostrar alguna suplantación, pero no negar la posibilidad de que rinda su declaración. Por tanto, existió una ruptura al equilibrio procesal entre las partes, trastocándose el derecho humano de tutela judicial efectiva que le asiste a la víctima, pues la igualdad de circunstancias en el proceso es una condición de equilibrio que el juzgador debe asegurar por los medios legales a su alcance, a efecto de que se cumplan las condiciones que posibiliten su ejercicio y que el triunfo de uno no se deba a la deficiencia del otro. Es así, que el Tribunal de Alzada responsable, actuó con apego a lo establecido en los artículos 17 y 20, apartado A, fracción I y apartado C, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 10, 11, 109 y 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previamente analizados, al cumplir con su obligación, de estudiar si existen violaciones que deban repararse, JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 298/2022 -23- procurándose la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias a derechos humanos. Además, si bien es cierto que conforme al artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la segunda instancia en el juicio penal oral, se abre preponderantemente para resolver agravios, respecto de los cuales la autoridad de apelación tiene la obligación de pronunciarse, sin ir más allá de los límites del recurso, salvo que se adviertan actos violatorios de derechos fundamentales, encontrándose obligada a pronunciarse al respecto a pesar de que no exista agravio de promedio, por cuanto hace a derechos fundamentales del imputado. También, tenemos que la Fiscal del Ministerio Público Investigador en su escrito de expresión de agravios de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, expuso en esencia como AGRAVIO 5, que al determinarse la improcedencia del testigo de los hechos Carlos Enrique González Bravo, como factor externo que impidió la totalidad de la consumación de la conducta exteriorizada por el acusado, violenta los derechos de la víctima, a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, previsto en el artículo 20, apartado C, fracción II de la Constitución Federal, siendo que el testigo cumplió con lo establecido en el diverso 54 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, el Tribunal de Alzada atendiendo al agravio expresado por la representación social, advirtió una violación al mandato constitucional precitado, en perjuicio de la víctima, procediendo a resolverlo conforme lo establece el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ante su obligación de pronunciarse al respecto. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 298/2022 -24- Por otra parte, deviene de infundado el agravio consistente en que el Tribunal de Alzada no debió pasar por alto que la Fiscal del Ministerio Público ante la negativa de que no se llevaría a cabo dicha testimonial o que ya no fue admitida por la Juez de Control, pudo haber interpuesto el recurso de "REVOCACIÓN" al que alude el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que no fue realizado ni por dicha parte ni por la asesora jurídica de la víctima Blanca Janeth Avendaño Pérez, de lo que se desprende que consintieron el acto o agravio. Ello, atendiendo a que la Fiscal del Ministerio Público Investigador, combatió dicho acto a través del recurso de apelación y, el hecho de que no se controvirtiera de manera inmediata la decisión de la Juez de Enjuiciamiento mediante el recurso de revocación no impedía que el Tribunal de Alzada entrara al estudio del agravio planteado y resolviera lo correspondiente a la violación procesal de mérito. Lo anterior, toda vez que dicho órgano jurisdiccional tiene la obligación, de conformidad con el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de pronunciarse sobre los agravios hechos valer por las partes; el aceptar que existe el consentimiento al no presentarse un medio de impugnación previo, sería consentir que las autoridades responsables lleven a cabo violaciones procesales y, de no ser recurridas, no puedan repararse a través del recurso de apelación, permitiendo la transgresión a los derechos humanos de las partes. De igual forma, deviene de infundado el agravio consistente en que se violan sus derechos fundamentales al reponer de manera total dicho juicio oral en donde obtuvo su absolución, ya que, al someterlo a uno nuevo, todas y cada una de las pruebas que se desahogaron a su favor las JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 298/2022 -25- perfeccionaría la Fiscal del Ministerio Público Investigador, violándose mi adecuada defensa, dejándome en completa desigualdad procesal. No le asiste razón a la parte quejosa, pues la reposición de la totalidad de la etapa de juicio oral es la única manera para que se respeten y salvaguarden los principios de contradicción, inmediación y de objetividad del órgano jurisdiccional, ya que deberán desahogarse nuevamente todos y cada uno de los medios de prueba admitidos en el auto de apertura a juicio, incluido el que negó su desahogo, con el objeto de que las partes puedan alegar, refutar y objetar lo que a su derecho convenga respecto a ellos, con el propósito de demostrar sus respectivas "teorías del caso" y, concluido el debate y hechas las manifestaciones finales a cargo de los intervinientes en la audiencia de juicio, un nuevo tribunal de enjuiciamiento que "no esté contaminado" del procedimiento que se declare nulo, pueda tener un primer contacto tanto con las partes, como con los hechos por los que se le siguió proceso al quejoso, al igual que con los medios de convicción que cada uno de ellos desahogue, que al final le permita emitir una nueva determinación que resuelva lo que en derecho corresponda, en cuanto a lo que hace a la responsabilidad penal del sentenciado respecto al delito por el que se le hizo formal acusación. Apoya lo anterior, la tesis I.1o.P.151 P, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Penal, Tomo II, Febrero 2019, registro 2019197, de rubro y texto, siguiente: "REPOSICIÓN TOTAL DE LA ETAPA DE JUICIO ORAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE ORDENARLA, PREVIA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE LA DETERMINACIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO, SI ÉSTE NEGÓ OFICIOSAMENTE EL DESAHOGO DE UN JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 298/2022 -26- MEDIO DE PRUEBA ADMITIDO EN EL AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL. El hecho de que el tribunal de enjuiciamiento de oficio niegue el desahogo de un medio de prueba del sentenciado admitido en el auto de apertura a juicio oral, constituye una violación a las formalidades esenciales del procedimiento penal acusatorio y oral que afecta su derecho de defensa. Por tanto, de ser apelada por el afectado la resolución dictada en esa primera instancia, en términos de los artículos 482, fracción II y segundo a quinto párrafos, y 483, en relación con el diverso 101, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, el tribunal de alzada debe declararla nula y ordenar la reposición del procedimiento para que se celebre un nuevo juicio, y enviar el auto de apertura a juicio oral a diverso tribunal de enjuiciamiento integrado por distinto Juez del que intervino en el juicio anulado, al haberse comprometido el principio de inmediación. Lo anterior, porque con la infracción de referencia se afecta el derecho de defensa del sentenciado, lo que hace que no haya condiciones para que la reposición sea parcial, es decir, que se reponga la audiencia de juicio a un momento en particular sin la necesidad de que sea de manera total, como podría acontecer, por ejemplo, en caso de que se hubiese detectado alguna irregularidad en el propio dictado de la sentencia condenatoria (que luego fue apelada) o en la audiencia relativa a la individualización de las sanciones, en cuyos casos la reposición podría ser parcial, al situarse la violación a instantes procesales concretos pero, sobre todo, posteriores a aquellas diligencias que ocurren antes de que el tribunal de enjuiciamiento decida dictar su fallo, como lo es el debate en que las partes desahogan sus medios de prueba y esgrimen el contradictorio condigno en torno a éstos, para fijar adecuadamente sus "teorías del caso". En este sentido, si no se desahogan los medios de prueba que fueron admitidos en el auto de apertura a juicio, sitúa la violación en la discusión que, a la postre, da lugar a la emisión de la sentencia por el tribunal de enjuiciamiento, siendo que la transgresión trasciende en el fondo del asunto cuando, precisamente, la defensa alega que ese medio de convicción es vital para la demostración de su correspondiente "teoría del caso". Por lo que se concluye que la reposición del procedimiento debe ser en cuanto a la totalidad de la etapa de juicio oral, porque la vulneración al debido proceso aconteció desde el inicio de esa fase, siendo la única manera para que se respeten y salvaguarden los principios de contradicción, inmediación y de objetividad del órgano jurisdiccional, ya que deberán JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 298/2022 -27- desahogarse nuevamente todos y cada uno de los medios de prueba admitidos en el auto de apertura a juicio, incluido el que negó su desahogo, con el objeto de que las partes puedan alegar, refutar y objetar lo que a su derecho convenga respecto a ellos, con el propósito de demostrar sus respectivas "teorías del caso" y, concluido el debate y hechas las manifestaciones finales a cargo de los intervinientes en la audiencia de juicio, un nuevo tribunal de enjuiciamiento que "no esté contaminado" del procedimiento que se declare nulo, pueda tener un primer contacto tanto con las partes, como con los hechos por los que se le siguió proceso al quejoso, al igual que con los medios de convicción que cada uno de ellos desahogue, que al final le permitan emitir una nueva determinación que resuelva lo que en derecho corresponda, en cuanto a lo que hace a la responsabilidad penal del sentenciado respecto al delito por el que se le hizo formal acusación." Además, debe decirse que su adecuada defensa se encuentra garantizada con la asistencia jurídica, con la que contará en el desahogo de la audiencia de juicio oral, esto es, un defensor con el carácter de profesional en derecho, con la capacidad técnica para asesorar y apreciar lo que jurídicamente es conveniente para sus intereses, a fin de hacer frente a la imputación formulada en su contra. Lo anterior, con apoyo en lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 1a./J. 26/2015 publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 2015, Tomo I, registro digital 2009005, de rubro y texto: "DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. LA FORMA DE GARANTIZAR EL EJERCICIO EFICAZ DE ESTE DERECHO HUMANO SE ACTUALIZA CUANDO EL IMPUTADO, EN TODAS LAS ETAPAS PROCEDIMENTALES EN LAS QUE INTERVIENE, CUENTA CON LA ASISTENCIA JURÍDICA DE UN DEFENSOR QUE ES PROFESIONISTA EN DERECHO. Conforme al parámetro de control de regularidad constitucional, que deriva de la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 298/2022 -28- de 2011, que se configura por la observancia y aplicación de las normas constitucionales y de fuente internacional en materia de derechos humanos, así como la directriz de interpretación pro personae; el artículo 20, apartado A, fracción IX, del referido ordenamiento constitucional, texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, debe interpretarse armónicamente con los numerales 8.2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14.3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como el criterio contenido en la tesis aislada P. XII/2014 (10a.) (*), emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEFENSA ADECUADA DEL INCULPADO EN UN PROCESO PENAL. SE GARANTIZA CUANDO LA PROPORCIONA UNA PERSONA CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN DERECHO, SUFICIENTES PARA ACTUAR DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER LAS GARANTÍAS PROCESALES DEL ACUSADO Y EVITAR QUE SUS DERECHOS SE VEAN LESIONADOS.", y la propia doctrina de interpretación constitucional generada por esta Primera Sala. Lo anterior, para establecer que el ejercicio eficaz y forma de garantizar el derecho humano de defensa adecuada en materia penal implica que el imputado (lato sensu), a fin de garantizar que cuente con una defensa técnica adecuada, debe ser asistido jurídicamente, en todas las etapas procedimentales en las que intervenga, por un defensor que tenga el carácter de profesional en derecho (abogado particular o defensor público); incluso, de ser posible, desde el momento en que acontezca su detención. La exigencia de una defensa técnica encuentra justificación al requerirse de una persona que tenga la capacidad técnica para asesorar y apreciar lo que jurídicamente es conveniente para el imputado, a fin de otorgar una real y efectiva asistencia legal que le permita estar posibilidad de hacer frente a la imputación formulada en su contra. Lo cual no se satisface si la asistencia es proporcionada por cualquier otra persona que no reúna la citada característica, a pesar de ser de la confianza del referido imputado." Igualmente, deviene de infundado el consistente en que el Tribunal de Alzada debió analizar la valoración de las pruebas realizadas y desahogadas en el Tribunal de Enjuiciamiento de Primera Instancia; esto, debido a que al advertir una violación a las formalidades del procedimiento, no podía entrar al estudio de referencia, pues aquella circunstancia puede modificar la valoración realizada por la Juez responsable, por ende, de conformidad con los artículos 482, fracción II y segundo a quinto párrafos, así como 483 en JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 298/2022 -29- relación con el diverso 101, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo procedente era revocar la sentencia apelada y reponer el procedimiento, tal como lo realizó la autoridad responsable. Asimismo, es infundado el relativo a que el agravio fue provocado por la Fiscal del Ministerio Público Investigador y asesora jurídica de la víctima, porque el testigo Carlos Enrique González Bravo, no asistió a la primera citación y se suspendió dicha audiencia, para efectos de que la representación social justificara dicha inasistencia, lo cual no aconteció y lo presentó sin ninguna identificación el día que no fue admitida su testimonial, reuniendo lo que alude el artículo 458 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, se reitera que, la falta de desahogo de la testimonial de Carlos Enrique González Bravo, atendió a que la Juez de origen, inobservó el derecho fundamental de la víctima, contenida en el artículo 20, apartado C, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contravención con el debido proceso legal, así como la igualdad procesal entre las partes, no así, por el hecho de que la Fiscal del Ministerio Público Investigador y asesora jurídica de la víctima, presentaran al testigo sin identificación; por tanto, no fue provocado por las aludidas partes. Por otro lado, es inoperante el agravio relativo a que en el caso que la testimonial de Carlos Enrique González Bravo, se desahogara, no se desprendería nada ya que de la supuesta entrevista en nada manifestó que fue lo que hizo para evitar que no privaran de la vida a la supuesta víctima Margarita Concepción Toledo García y de igual forma cuando la que se dice víctima fue interrogada por mi defensor particular, nunca menciona que el multicitado testigo haya JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 298/2022 -30- evitado que la privaran de la vida, ni así el menor de identidad reservada F.G.T.G. Ello, debido a que no atacan fundamentos o las razones en los que se sustenta el acto reclamado, esto es, la resolución de trece de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal oral número 22-A-1P02/2021, subsecuente 1/2021. Consecuentemente, al haber resultado infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso y al no advertir queja deficiente que suplir conforme al último párrafo del artículo 79 de la Ley de Amparo, así como de la fracción III, inciso a) del aludido numeral, lo procedente es NEGAR el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Negativa que se hace extensiva a los actos reclamados a la autoridad ejecutora y el acto que se le atribuye no es por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia número II. 1°. J/12, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 41, Tomo 82, Octubre de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Francisco Javier Aguilar Bezares, contra el acto reclamado al Tribunal de Alzada en Materia Penal Región 02 Tapachula JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 298/2022 -31- del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas y Juez del Tribunal de Enjuiciamiento, Región 02 del Distrito Judicial de Tapachula, especificado en el segundo considerado, por los razonamientos plasmados en el quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a la parte tercero interesada, por lista a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo resolvió y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, quien a su vez es asistida de Judith Ventura Ávila, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe el día de hoy veintiséis de agosto de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy Fe.

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