Francisco Javier Aguilar Antonio

Expediente 1361/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1361/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
18/08/2022

Partes del expediente

  • Francisco Javier Aguilar Antonio y Otros.
  • Francisco Javier Aguilar Antonio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Atento el estado procesal que guarda este expediente y a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, de donde se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa, sin que cumpliera con el requerimiento formulado en proveído de treinta de mayo de esta anualidad; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de mérito y se tiene por no presentada esta demanda de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de junio de dos mil veintidós Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo aplicable, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia dictada el ocho de marzo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que en la referida por sentencia se sobreseyó el presente juicio; en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General de Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el Secretario licenciado Marco Polo Robles Santoyo, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el informe justificado rendido por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien comparece en representación del Director en Jefe, así como por la Dirección General de Registro y Control Documental de dicho Registro, autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, el cual se ordena agregar a este expediente y sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, en virtud de que dicha autoridad lo rindió con anterioridad y se puso a la vista de las partes por acuerdo de ocho de junio del año en curso. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente y toda vez que se considera que respecto a los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del numeral transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, lo que implica la imposibilidad jurídica de analizar su constitucionalidad al no estar surtiendo efectos. En ese sentido, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe implicar la desaparición total de los efectos del acto, por lo que es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tiene aplicación la jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso debe decirse que para resolver sobre la actualización de la causa de improcedencia que se estima, es oportuno tener como hecho notorio que en la página oficial de la plataforma Twitter, el Subsecretario de Salud Hugo López Gatell, publicó que a partir del dieciséis de junio de dos mil veintidós, se abre el pre-registro para niñas y niños de cinco a once años de edad, a fin de que reciban la vacuna contra el Covid 19, para ello se tendrá que acceder a la página de internet: https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, para su registro. Información oficial electrónica que constituye un hecho notorio para este Juzgado de Distrito, en términos de los artículos 88 y 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles -aplicado supletoriamente-. Tiene aplicación la jurisprudencia 24, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 2470, Tomo XXIX, Enero de 2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." Lo que se corrobora con la siguiente imagen capturada del sitio web oficial, de la que se advierte que efectivamente ya se pueden registrar los menores mayores de cinco a once años de edad para recibir la vacuna contra el virus que provoca COVID-19. Lo anterior, pone de manifiesto que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, emitió autorización para aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech en menores a partir de cinco años, conforme a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la Prevención de la COVID- 19 en México. Por tanto, dicha imagen que aparece en páginas electrónicas oficiales, se le concede valor probatorio en términos del artículo 197 y 210-A del código procesal federal de procedimientos civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior los siguientes criterios: "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LOS ACTOS DE PUBLICIDAD DEL DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO NO REQUIEREN DE LA CITA DE LOS PRECEPTOS LEGALES FACULTATIVOS PARA SU EMISIÓN, PARA ESTIMAR QUE SATISFACEN LA GARANTÍA DE LEGALIDAD. De los artículos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se advierte la obligación de las entidades oficiales de hacer pública, de la manera más simple y directa, la información que se encuentra en su poder derivada del ejercicio de sus funciones, así como aquella que estimen relevante, a efecto de aportar a la opinión pública datos sobre su gestión, lo que implica una carga de carácter democrático. En este sentido, la emisión de boletines de prensa, comunicados, conferencias, discursos, entrevistas, entre otros medios de divulgación, en los que se da a conocer determinada información sobre las funciones desempeñadas por un órgano de gobierno, es un acto de publicidad de su desempeño y resultados dirigido al público en general y no a un sujeto en particular, cuya emisión obedece a la obligación y necesidad de transparentar su gestión -elevada a rango constitucional-. Consecuentemente, dicho acto no requiere la cita de los preceptos legales facultativos para su emisión, para estimar que satisface la garantía de legalidad, concretamente, la parte relativa a la debida fundamentación y motivación, pues basta la existencia de una norma que faculte y obligue a la autoridad encargada de divulgar esa información para actuar en ese sentido, y que su proceder se encuentre dentro de los límites legales y del texto constitucional, por tratarse de actos con efectos generales donde existen razones que, socialmente, justifican su emisión, obligación emanada del propio mandato -ex lege-, en donde se confieren la facultad y responsabilidad a la autoridad de difundir las actividades y resultados obtenidos en el ejercicio de sus funciones, siendo destacable, además, que la fuente en que se basa el medio de divulgación es fiable, por tener su origen en actos desplegados por autoridades en ejercicio de sus funciones, resultando conveniente que la sociedad tenga conocimiento de este tipo de información, por tratarse de acontecimientos que trascienden la órbita de lo privado." (Época: Novena Época, Registro: 160979, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: I.4o.A.791 A, Página: 2245)." En ese tenor, si se toma en consideración que la directa quejosa de iniciales M.F.I.L. a la presente fecha, cuenta con una edad de ocho años, por haber nacido el siete de agosto de dos mil trece, de acuerdo al acta de nacimiento que anexó a su demanda de amparo; es evidente que, ya se encuentra dentro del parámetro de edad establecido por la política nacional de vacunación para el acceso a la vacuna contra covid-19; lo que constituye el acto reclamado esencial del presente juicio de amparo. Lo que a la fecha ha sido superado, entonces, las omisiones reclamadas relativas esencialmente a implementar y dictar las medidas preventivas para llevar a cabo un esquema vacunación a favor de los menores en el que se encuentra la menor quejosa (ocho años a la presentación de la demanda), a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, han cesado en sus efectos. Cabe precisar que aun cuando subsista la posibilidad de que no le haya sido aplicada materialmente la vacuna correspondiente a la parte quejosa, ese aspecto no resultaría atribuible a las autoridades responsables, pues el acceso efectivo ya no se encuentra condicionado al actuar de la autoridad sino a la voluntad del gobernado de quererse incluir en el pre-registro correspondiente y acudir en las fechas relativas para la dosis en cuanto a su inoculación. La anterior decisión se apoya por las razones que explica la jurisprudencia que dice: "PRUEBAS EN LA REVISIÓN. DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN LAS SUPERVENIENTES, SI SE RELACIONAN CON LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. Las pruebas supervenientes deben admitirse y valorarse en el recurso de revisión, si se relacionan con la improcedencia del juicio de amparo, toda vez que siendo ésta una cuestión de orden público, el juzgador debe examinarla, aun de oficio, en cualquier etapa del procedimiento hasta antes de dictar sentencia firme. Este criterio no contraría lo establecido por el artículo 91, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo tocante a que en la revisión sólo se tomarán en cuenta las probanzas rendidas ante el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio, toda vez que esta disposición, interpretada en armonía con lo previsto por el artículo 78, segundo párrafo, del mismo ordenamiento, debe entenderse referida a la prohibición de considerar en el mencionado recurso, pruebas tendientes a la justificación del acto reclamado, a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Corrobora lo anterior, que el artículo 91, fracción III, de la ley invocada, establece que en la revisión se podrá confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo diferente al apreciado por el Juez de amparo, por lo que resulta lógico que en el citado medio de impugnación se admitan pruebas supervenientes que acrediten la actualización de un motivo legal diverso al que ese juzgador tomó en cuenta para decretar e sobreseimiento en el juicio." (Novena Época, Registro: 195615, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Septiembre de 1998, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 64/98, Página: 400)." Ante esas eventualidades, es palmario que las omisiones reclamadas, relativas a implementar y dictar las medidas preventivas para llevar a cabo un esquema vacunación a favor de los niños y niñas de cinco a once años, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, así como la omisión de aplicar dicha vacuna a efecto de evitar el contagio y la propagación de citado virus, han cesado en sus efectos, puesto que el menor directo quejoso a partir del dieciséis de junio de dos mil veintidós, está en posibilidad de poder vacunarse contra el virus SARS-CoV-2, previo registro en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, en la espera de que en el lugar de su residencia, se señale fecha, hora y lugar para llevar a cabo la vacunación correspondiente. Así, las autoridades responsables a la fecha han efectuado las gestiones para incluir en el esquema vacunación a los niños y niñas de cinco a once años de edad, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, y dotarlos de la posibilidad de que les sea aplicada dicha vacuna a efecto de evitar el contagio y la propagación de citado virus protegiendo la vida y supervivencia del directo quejoso. Por tanto, se puede concluir que lo expuesto constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado, dando como consecuencia una cesación de efectos, al actualizarse en este procedimiento, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, lo que conlleva a sobreseer sobre dicha omisión reclamada, en el presente juicio de amparo conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Cobra vigencia al caso, por la razón jurídica que contiene, la jurisprudencia 198, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 216, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a septiembre de 2011, Tomo II, Volumen 1, Materia Procesal Constitucional, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo que implica que en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo se restituyó a la garante en el derecho que aducía vulnerado. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia 415, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 356, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, que expresa: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En virtud de lo anterior, se queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con dos minutos del veintidós de junio de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.

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