Francisco Javier Acosta Vázquez

Expediente 869/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
869/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
14/07/2016

Partes del expediente

  • Francisco Javier Acosta Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del sobreseimiento decretado fuera de audiencia, dictado el veintitrés de junio de dos mil dieciséis; por lo tanto, conforme a lo establecido en los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, se declara que el aludido auto ha causado estado, dese aviso a las autoridades responsables, y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por lo tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, por virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del expediente. Ahora, en cumplimento al artículo vigésimo primero, fracciones I, párrafo primero, del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal, es susceptibles de destrucción, por haberse sobreseído en el juicio de amparo, estableciéndose como fecha probable para tal efecto, el diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente a la Casa de la Cultura Jurídica de Toluca, en el Estado de México, el diecinueve de julio de dos mil diecinueve.

  2. Principal

    Vista la cuenta; agréguese a los autos oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por el cual, rinde su informe con justificación en el sentido de que es cierto el acto reclamado por el quejoso Francisco Javier Acosta Vázquez; anexando copia certificada del expediente laboral 6269/13-1C de su índice. Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, el quejoso Francisco Javier Acosta Vázquez en su escrito inicial de demanda, señaló como acto reclamado, la omisión de dictar el laudo correspondiente por parte de la responsable, en el expediente laboral número 6269/13-1C. En esa tesitura, de las actuaciones que integran el expediente laboral que en copia certificada remite la autoridad responsable, se advierte que en diecisiete de junio de dos mil dieciséis, se dictó laudo en el expediente laboral 6269/2013-1C; de ahí que en esta etapa del procedimiento, se advierte que existe una causa de improcedencia manifiesta e indudable, la cual prevé la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; pues, en el caso concreto es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado. Efectivamente, la fracción XXI del invocado artículo 61, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El texto transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieren cesado, es decir, cuando el acto que constituye la materia del juicio quede insubsistente, y las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, extinguiendo por completo todas las consecuencias jurídicas, a virtud de un acto posterior y diverso. Así, en el caso concreto, se advierte actualizada la aludida causa de improcedencia, ya que de lo expuesto por la autoridad responsable en el oficio que se provee, se desprende que con posterioridad a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, la autoridad responsable, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, dictó laudo en los autos del expediente laboral 6269/2013-1C, por lo que es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, restituyéndose así a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, es aplicable la tesis 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En mérito de lo expuesto, resulta procedente declarar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, conforme lo previsto en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Por consiguiente, se dejan sin efecto las once horas con veinte minutos de esta fecha (veintitrés de junio de dos mil dieciséis), señaladas para el verificativo de la audiencia constitucional en este juicio de garantías (fojas 6 y 7). No pasa inadvertido, que en auto de veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, se reservó reconocer el carácter de tercero interesado a Ulises Ortiz, quien resultó responsable de la fuente de trabajo, una vez que obrara el informe justificado de la responsable para analizar si le revestía o no dicha personalidad. Ahora, no obstante que de las constancias que remite la autoridad responsable se advierte que a Ulises Ortiz y a De Niz Díaz María del Rosario, responsable de la fuente de trabajo, les reviste el carácter de tercero interesado en este amparo y que éstos no fueron llamados a juicio, al haberse sobreseído el mismo ningún perjuicio les irroga su falta de emplazamiento.

  3. Principal

    Glósese a los autos para que obre como corresponda el oficio 6573, firmado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, mediante el cual acusa recibo del exhorto local 95/2016, con número de orden 96/2016, registrado en ese juzgado con el número de orden 107/2016-3A, origen 105/2016-3A.

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