Francisco Javier Abril Rodríguez
Expediente 704/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 704/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 20/01/2022
Partes del expediente
- Francisco Javier Abril Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinte de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra el auto dictado el catorce de diciembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, se declara que dicho acuerdo ha causado estado; comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes; háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído fuera de audiencia el juicio de amparo, es susceptible de destrucción en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo trigésimo quinto del Acuerdo General mencionado. Con fundamento en el artículo octavo, fracción I, del Acuerdo General mencionado, el presente juicio de amparo, se considera expediente de trámite; por tanto, una vez que trascurran más de tres años, contados a partir de esta fecha, transfiérase el expediente original, al depósito documental del Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo establece el numeral 9, del citado Acuerdo General; lo anterior, a partir veintiuno de enero de dos mil veinticinco. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y su asesor jurídico.
- Principal
Tijuana, Baja California, tres de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que, mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; el cual, se ordenó notificar personalmente a las partes, entre ellas, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (lo que a la fecha no ha acontecido). Por tanto, se comisiona indistintamente a cualquiera de los actuarios de la adscripción a fin de que notifiquen personalmente el proveído de catorce JOSE ALEJANDRO ORTIZ MONROY 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ad.dd 12/08/23 17:13:44 de diciembre de dos mil veintiuno, a dicha representación social. Notifíquese; y personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma electrónicamente Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistido por el Secretario José Alejandro Ortiz Monroy, quien autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
Tijuana, Baja California, a catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por el Secretario General de Acuerdos Interino del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, mediante el cual en atención al requerimiento efectuado mediante oficio 35404/2021 (del índice de este juzgado), informa que el toca penal N-0300/2021, se encuentra en estudio, pendiente de resolución; en ese contexto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, téngase a dicha autoridad dando cumplimiento al requerimiento de referencia. Sin que se soslaye, que dicha autoridad remitente refiera en su oficio de cuenta el toca penal N-0330/2021; sin embargo, del mismo se advierte el toca penal N-0300/2021, relativo al recurso de apelación interpuesto por Francisco Javier Abril Rodríguez (aquí quejoso), contra la resolución que determinó procedente el incidente no especificado del cómputo del quantum de la prisión, emitido dentro del cuaderno de ejecución 0452/2019, por la Juez de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado en la ciudad de Tecate. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que, en proveído de cinco de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Abril Rodríguez; en la cual, en esencia, señaló como acto reclamado: La resolución dictada en audiencia pública de quince de julio de julio de dos mil veintiuno, relativa al cuaderno de ejecución 452/2019; en la cual, se resolvió procedente la solicitud del incidente no especificado del cómputo del quantum de prisión preventiva, a favor de Francisco Javier Abril Rodríguez. Posteriormente, en auto de veintinueve de octubre del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, en el cual manifestó que en audiencia pública de quince de julio de julio de dos mil veintiuno, relativa al cuaderno de ejecución 452/2019, resolvió procedente la solicitud del incidente no especificado del cómputo del quantum de prisión preventiva, a favor de Francisco Javier Abril Rodríguez. Asimismo, informó que se tuvo al aquí quejoso, interponiendo recuso de apelación en contra de la resolución dictada en dicha audiencia. Posteriormente, en proveído de nueve de noviembre del año en curso, se recibió el oficio suscrito por la Jueza de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, al cual adjuntó copia certificada de las constancias relativas al cuaderno de ejecución 452/2019, de su índice; así como un disco compacto con registro de audio y video de la audiencia celebrada el quince de julio de dos mil diecinueve. Ahora, por auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se agregó el oficio presentado por la Jueza de Control Especializa en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate; mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno; informó que la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, es quien conoce del recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso, con número de toca penal N-0300/2021, sin que a la fecha la Superioridad haya emitido resolución correspondiente. En ese orden de ideas, quien suscribe, advierte oficiosamente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;- - - [.] - - -." De la lectura armónica del dispositivo antes transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando se tramite ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En este caso, de las documentales que remitió la juzgadora natural en apoyo a su informe justificado, -a las cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como el informe enviado por el Secretario General de Acuerdos interino del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se advierte que el promovente de la presente instancia constitucional, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución que aquí se cuestiona, el cual le correspondió conocer a la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, radicado con número de toca penal N-0300/2021. Ahora, el medio de impugnación de que se trata, tiene sustento en lo dispuesto por los artículos 84 y 85 De la Ley Nacional de Ejecución, los que a la letra establecen: "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: Desechamiento de la solicitud; Modificación o extinción de penas; Sustitución de la pena; Medidas de seguridad; Reparación del daño; Ejecución de las sanciones disciplinarias; Traslados; Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y Las demás previstas en esta Ley". En ese orden de ideas, si en la especie se reclama la resolución emitida en audiencia pública de quince de julio de julio de dos mil veintiuno, relativa al cuaderno de ejecución 452/2019, en la que se resolvió la solicitud del incidente no especificado del cómputo del quantum de prisión preventiva, a favor de Francisco Javier Abril Rodríguez, en contra de la cual, se interpuso recurso de apelación, el cual se encuentra en trámite, medio de defensa que deviene idóneo, entonces, es de concluirse que la determinación combatida en la vía constitucional, se encuentra sujeta a la emisión de una resolución que pudiera traer como consecuencia precisamente, que se modifiquen, revoquen o nulifiquen los efectos que le ocasionan agravio al quejoso; de ahí que se actualice el supuesto de improcedencia analizado. Se invoca por analogía, la jurisprudencia P./J. 144/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, diciembre de 2000, visible a página 15, de voz y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Asimismo, cobra aplicación, en lo conducente, la diversa jurisprudencia del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO ORDINARIO ESTÁ PENDIENTE. Si el juicio de amparo se promueve antes de que sea resuelto un recurso ordinario intentado en contra del mismo acto reclamado, éste no tiene el carácter de definitivo y, por ello, es claro que la acción constitucional es improcedente." En consecuencia, al quedar demostrado fehacientemente el motivo de improcedencia destacado, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los arábigos 103 y 107 de la Constitución Federal, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Sin que sea dable analizar las cuestiones de fondo planteadas por la parte quejosa, por no reunirse las condiciones necesarias para ello. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo que se concluye que, se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX, del artículo 61, de la Ley de Amparo y en virtud de lo anterior, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por los motivos que la integran la Jurisprudencia 2a./J.10/2003 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 386, Novena Época, marzo de dos mil tres, de texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." De lo antes expuesto, se advierte se actualiza una manifiesta causal de improcedencia, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclama la parte quejosa, son materia de un diverso medio de defensa legal en otra instancia judicial -Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali-; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. Por lo tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con veinte minutos del once de enero de dos mil veintidós, y deberán realizarse las anotaciones correspondientes en los libros oficiales de este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma electrónicamente la licenciada Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el oficio CCJ/ST/3965/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno; quien actúa ante el licenciado José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, a dos de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se encuentra señalada para esta fecha la audiencia constitucional; sin embargo, de autos se advierte que mediante oficio 35404/2021, se requirió a la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, a fin de que informe el estado procesal que guarda el toca penal N-0300/2021, de su índice, y en su caso, informe si ya emitió la resolución correspondiente (mismo que se encuentra en vías de notificación). En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las once horas con veinte minutos del once de enero de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistido de José Alejandro Ortiz Monroy, secretario que da fe. Doy fe.
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