Francisco Ivan Tenorio Rojas
Expediente 1231/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1231/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Francisco Ivan Tenorio Rojas
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la autoridad precisada en supra líneas; al que anexa testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en sesión de quince de diciembre del año próximo pasado, relativa a la queja interpuesta por la parte quejosa dentro del juicio de amparo en que se actúa; ejecutoria de la que se desprende que la Superioridad resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja, interpuesto contra el auto de quince de noviembre de dos mil veintidós, emitido por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta Ciudad, en el juicio de amparo indirecto 1231/2022." Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno, que se lleva en este Juzgado, acúsese el recibo correspondiente a la Superioridad para los efectos legales a que haya lugar y agréguense las constancias originales del cuaderno de antecedentes. Por otra parte, el presente asunto se valora como destruible, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado [.] En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese.Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de la licenciada Elvia Zepeda Torres, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por la autoridad precisada en supra líneas, a través del cual acusa recibo de las constancias remitidas para la substanciación del medio de impugnación hecho valer e informa que con data veintitrés de noviembre del presente año, se admitió a trámite el mismo. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo signada por -, asimismo, el primero en cuanto asesor jurídico de la víctima, carácter que se le reconoce en términos del numeral 11 de la Ley de Amparo al tenor de las constancias que adjunta, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número IV-1231/2021-2. ANALISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. Del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados, los siguientes: "1. El oficio FECC/UDCSPP/1442/2022 de 10 de noviembre de 2022. 2. La negativa a acordar (en cualquier sentido) las peticiones formuladas mediante escrito presentado electrónicamente el 9 de noviembre de 2022, con respecto a la carpeta de investigación con -y expediente-." Actos respecto de los cuales el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es por sentirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por las siguientes razones. El artículo 113 de la Ley de Amparo, prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Haciendo un análisis integral de la demanda de garantías, se evidencia que procede desecharla, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que prevé: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." La fracción invocada establece en lo que aquí interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales administrativos de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente; que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. El mencionado -principio de definitividad- supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la parte agraviada en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios y/o medios de defensa tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, es necesario precisar que los actos que aquí se reclaman fueron emitidos en la carpeta de investigación -, con Número Único de Caso 1003-2022- 39995, del índice de la Agencia del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, mismo que se encuentra regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Tal precepto, en lo que aquí interesa, señala que el promovente tiene expedito su derecho de impugnar las omisiones ministeriales derivadas de su facultad investigadora, a fin de que el Juez de Control ante quien se interpone dicho medio de defensa, revise las decisiones u omisiones que definen el curso de una indagatoria; a lo cual tiene un término de diez días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. En ese orden de ideas, se tiene que si la parte quejosa reclama, el oficio -de diez de noviembre de dos mil veintidós, suscrito por la autoridad señalada como responsable, a través del cual manifestó que recibía el escrito de la asesoría jurídica, acordó glosarlo a la carpeta de investigación, e indicó que de momento no era posible acordar en cuanto al fondo a sus peticiones, invitando al promovente para exhibir su petición en original ante dicha Fiscalía y poder estar en condiciones de acordar el fondo del mismo; y por tanto, la quejosa reclama dicha negativa de acordar las peticiones formuladas mediante escrito aludido en líneas que anteceden, presentado electrónicamente el nueve de noviembre de dos mil veintidós, con respecto a la carpeta de investigación con -y expediente -; en ese sentido, la ley que rige el acto reclamado, establece un medio de defensa innominado con la finalidad de que el Juez de Control ante quien se impone dicho medio, revise las decisiones u omisiones de las autoridades ministeriales, para que se lleve adecuadamente la prosecución de dicha indagatoria, por tanto, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia en comento, toda vez que existe una ley de carácter formal y material, que prevé un procedimiento por virtud del cual puede ser revocado el acto reclamado. Por tanto, se concluye que una de las finalidades del principio de definitividad es la de evitar los abusos en la promoción del juicio de amparo y, con ello, impedir que se utilice para retardar la administración de justicia; por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto a las resoluciones administrativas después de agotado el recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 128, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo XXIV, que a la letra reza: "RECURSOS ORDINARIOS. Los recursos ordinarios que, por no interponerse, hacen improcedente el amparo, son aquellos que concede la ley, y por los cuales, mediante determinado procedimiento, se obtiene que la autoridad misma o su superior, reformen o revoquen la resolución motivo del amparo; pero cuando este medio de modificar o reformar el acto que se reclama, está constituido por una verdadera contienda judicial, entonces no puede considerarse ya que existe el recurso ordinario que hace improcedente el amparo." Así como la diversa 119 P, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, página 4632, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materia Penal, que a la letra dice: "RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PROCEDE CONTRA CUALQUIER OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, INCLUSO TRATÁNDOSE DE LAS QUE NO TENGAN COMO EFECTO PARALIZAR LA INVESTIGACIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, que dio origen a las tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), determinó que mediante el recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pueden impugnarse las omisiones que inciden en la actividad investigadora del agente del Ministerio Público, y que hayan ocurrido en la etapa de investigación del procedimiento penal acusatorio. Ahora, esas omisiones no deben limitarse a las taxativamente previstas en dicho numeral o que tengan como efecto paralizar la investigación, sino todas aquellas que se cometan en la carpeta de investigación, incluso, las que no tengan esos efectos dilatorios, ya que el respeto a los derechos de la víctima y, en general, de las partes, está íntimamente ligado con la labor del Ministerio Público, pues en su función está obligado a salvaguardar sus prerrogativas en todo momento. De ahí que por medio de dicho recurso innominado puede impugnarse cualquier tipo de omisión en que incurra la representación social, con la finalidad de que sea el Juez de control quien vigile que se respeten los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante la fase de investigación, garantizándoles una respuesta pronta e inmediata bajo las reglas del control judicial, respecto a cualquier omisión del Ministerio Público que ponga en peligro o lesione los derechos fundamentales de la víctima u ofendido. De igual forma, aplica a lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, agosto de dos mil dieciocho, página 943, con número de registro 2017640, que a la letra reza: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Así como la diversa jurisprudencia, también por contradicción de tesis, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, visible a página 945, Tomo I, Agosto de 2018, con número de registro 2017641, del tenor literal siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." En este orden de ideas y al no encontrarse en ningún caso de procedencia del amparo indirecto, se concluye que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y 124 de la Ley de Aguas Nacionales, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías, formulada por FRANCISCO IVÁN TENORIO ROJAS, a través de las personas precisadas en supra líneas, respecto de los actos que han quedado precisados. TRANSPARENCIA. En otro aspecto, se tiene a la parte quejosa por oponiéndose a la publicación de su nombre y datos personales, por lo que éstos, deberán ser manejados con reserva, es decir, deberán ser testados en las versiones públicas, incluyendo los extractos de los acuerdos que se publican en listas, estrados y aún en el módulo de consulta pública del SISE; asimismo, en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto, una vez que se declare firme el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, con la supresión de sus datos personales. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. ". AUTORIZACION DE DIAS Y HORAS INHABILES. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, se tienen como autorizados de la parte quejosa a las personas que indica; y, sin las facultades conferidas por primer párrafo del numeral 12 de la Ley de Amparo, respecto de Farah Ochoa Infante, virtud a que no cuenta con cédula profesional que la acredite como licenciada en derecho, debidamente registrada en el Sistema Electrónico que para tal efecto se lleva en los Tribunales Federales como se asentó en la constancia secretarial. Finalmente, se tiene a la quejosa por señalados como medios electrónicos de contacto los referidos en su escrito de cuenta y como domicilio procesal del quejoso los usuarios "-", por lo que se comisiona a la Analista Jurídica SISE a efecto de que se sirva dar de alta a los mismos en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para consulta electrónica del expediente, así como para que se practiquen notificaciones electrónicas. Notifíquese personalmente.
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