Francisco Ivan Monterrubio Bautista
Expediente 453/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 453/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/06/2021
Partes del expediente
- Francisco Ivan Monterrubio Bautista
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, diez de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que Francisco Ivan Monterrubio Bautista, no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el catorce de mayo del año en curso, en el cual se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Finalmente, requiérase a la parte agraviada para que dentro del término de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, comparezca en el local de este órgano jurisdiccional en día y hora hábil debidamente identificados, a efecto de recoger los documentos originales que en su caso hubiese allegado a este asunto, previa constancia de recibo que se deje en autos; apercibida que de no hacerlo en el plazo indicado éstos serán destruidos, de conformidad con el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
De conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa, el auto de diez de junio de dos mil veintiuno, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Francisco Iván Monterrubio Bautista, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad; regístrese en el libro respectivo con el número 453/2021-VII. En primer lugar, es oportuno señalar que la demanda de amparo, debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto, sirve de apoyo por analogía a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.- Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Del estudio íntegro de la demanda de amparo, se advierte que al Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, se le reclama la resolución de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente 1903/2018, por el que se resolvió el recurso de revocación interpuesto por el autorizado del aquí quejoso en contra del auto de cinco de marzo del año en curso. De lo precisado, así como de la demanda que se provee, se destaca que en el juicio natural del que deriva el acto reclamado, la parte quejosa figura como parte formal y material, tan es así que tiene el carácter de demandado. Así, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del numeral 107, ambos de la actual Ley de Amparo, en virtud de que el acto aquí cuestionado, fue emitido dentro de juicio, después del dictado de la sentencia ejecutoriada, el cual no tiene una ejecución de imposible reparación, en razón de que la resolución reclamada y su antecedente, es decir, el acuerdo de cinco de marzo de dos mil veintiuno, no le afecta materialmente al ahora quejoso en sus derechos fundamentales tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en todo caso, sólo infringe derechos adjetivos o procesales. El precepto legal aludido en primer término, en su fracción invocada dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que: "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: (.). V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)." Sobre los actos de ejecución de imposible reparación la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas aún con la obtención de un fallo favorable queden irreparablemente consumadas. Como se dijo, el principal acto que por esta vía se reclama se hace consistir en la resolución de fecha veintiuno de abril de dos mil veintiuno, dictada por el Juez responsable en el expediente 1903/2018, por el que se resolvió el recurso de revocación interpuesto por el suscrito quejoso en contra del auto de cinco de marzo del año en curso, éste último mediante el cual se tuvo a la actora ofreciendo pruebas documentales de su intención dentro del incidente de guarda y custodia de menores derivado del juicio de origen. En ese orden, el acto que se reclama no puede estimarse como de aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, toda vez que no afecta de una manera inmediata y cierta el derecho sustantivo del promovente, porque no constituye un acto de ejecución irreparable al poder o no trascender al resultado de la resolución incidental relativa a la guarda y custodia de menores que se emita en el controvertido natural, toda vez que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación sólo si sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales. Luego, si los motivos de la resolución que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del acuerdo de cinco de marzo de dos mil veintiuno, por el cual se tuvo a la parte actora ofreciendo pruebas documentales dentro del juicio natural, son cuestiones relativas a la substanciación del incidente en mención, dicha cuestión no entraña aspectos de imposible reparación; en tal circunstancia, la resolución combatida sólo produce efectos intraprocesales, cuyas violaciones podrán ser impugnadas mediante el recurso de apelación en caso de que se obtenga resolución desfavorable a los intereses del demandante de garantías, previamente al promover el presente juicio de amparo. En las relatadas circunstancias, al haber quedado plenamente demostrado que en el caso particular se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia del juicio de garantías antes analizada, lo procedente es, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA promovida por Francisco Iván Monterrubio Bautista. Al anterior punto de vista se estima aplicable la Jurisprudencia I.5o.C. J/9, establecida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Agosto de 2002, página 1088, cuyo contenido es el siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO NO EXISTEN ACTOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, DE LOS PREVISTOS EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. Los actos que tienen ejecución de imposible reparación, en contra de los cuales procede el juicio de amparo indirecto, son aquellos que se producen en el juicio, es decir, antes del dictado de la sentencia definitiva correspondiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo; pero cuando el acto reclamado fue dictado una vez concluido el juicio, no es procedente dilucidar, conforme a la citada fracción del aludido precepto legal, si tenía o no ejecución de imposible reparación, ya que este examen debe hacerse cuando se reclaman actos dictados en juicio, pues solamente en esta etapa los actos que transgreden las leyes del procedimiento pueden tener ejecución irreparable, porque aún no se ha resuelto sobre el derecho que el actor pretende que se declare o constituya, y es necesario proteger a aquel cuyos derechos sustantivos se ven afectados por actos ocurridos dentro del procedimiento y que pudieran ser ilegales; sin embargo, después de concluido el juicio, cuando ya se definieron los derechos cuestionados, si el acto que tienda a cumplir la sentencia lesiona derechos sustantivos, lo hace en ejecución del fallo que constituye la verdad legal acerca de la controversia y, por tanto, es un acto legítimo, de ahí que, en ese caso, no exista ejecución irreparable. Por tal razón, las fracciones III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo tienen aplicación en hipótesis diferentes. De no ser así, en este ordenamiento y en el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, se habría previsto la procedencia del amparo ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio, fuera de juicio o después de concluido éste, que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación." Así también, es aplicable por analogía la tesis sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, página 1077, correspondiente al mes de mayo de dos mil uno, la cual dice: "AMPARO IMPROCEDENTE. EL ACUERDO INTRAPROCESAL QUE CAMBIA LA NATURALEZA DE UNA PRUEBA NO CONSTITUYE ACTO DEFINITIVO. Cuando el acto reclamado en un juicio de garantías consiste en una resolución emitida en un recurso de apelación interpuesto en contra de un proveído dictado en un juicio ordinario federal, que admitió la prueba testimonial ofrecida por la actora y concedió el término de tres días para su desahogo, con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento se tendrían "por confesos a los testigos", el juicio de amparo resulta improcedente, porque el acto no reviste la categoría de que sus efectos sean de imposible reparación ni entraña consentimiento porque ella es impugnable hasta que se dicte la resolución definitiva que ponga fin al procedimiento en términos del artículo 158 de la Ley de Amparo." Por otro lado, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda; y, como lo solicita, se tiene por autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Gonzalo Sebastián Facundo Aguirre y Guadalupe Mata Espinoza, cuyas cédulas se encuentran capturadas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, bajo el número de registro único 174472 y 54483. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.
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