Francisco Iván Cardiel González
Expediente 248/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 248/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/07/2022
Partes del expediente
- Francisco Iván Cardiel González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio suscrito por Lucio Rodríguez Casasola, Policía Vial adscrito a la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, mediante el cual, rinde su informe justificado en relación con la ampliación de demanda; con lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de volver a relacionarlo al celebrarse la audiencia constitucional. - Domicilio. De igual forma, se le tiene señalando como su domicilio procesal, el que indica en el oficio de cuenta. - Delegados. Asimismo, en términos del artículo 9 de la ley de la materia, se le tiene nombrando como delegados a las personas que menciona.
- Principal
Audiencia constitucional, se resuelve: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por xxx, por los actos y autoridades que fueron precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el penúltimo considerando de la presente sentencia. SEGUNDO. En términos del último considerando de este fallo, se ordena su publicación con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Director de Amparo de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en representación del Gobernador del Estado, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, informa y acredita que mediante oficios xxxx, en su carácter de superior jerárquico, requirió al Secretario de Transporte y al Secretario de la Hacienda Pública, ambos del Estado de Jalisco, para que de forma inmediata den cabal cumplimiento con la ejecutoria de amparo; circunstancia de la que este juzgado toma conocimiento. Ahora bien, toda vez que el Gobernador del Estado de Jalisco, requirió al Secretario de la Hacienda Pública, a efecto de que en coordinación con la Secretaría de Transporte, proceda a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los siguientes términos: "a) Incorpore una asignación presupuestal específica destinada a cubrir la indemnización y demás prestaciones que corresponden al quejoso: o, b) En su caso, elabore la solicitud que deba elevarse al Congreso del Estado, para modificar el presupuesto de egresos; o bien, c) Elabore la iniciativa de reforma que deba elevarse al Congreso del Estado para incrementar la asignación de recursos para la partida referente al pago de sentencias definitivas; o, d) Comprometa recursos con cargo al presupuesto autorizado; o e) Realice erogaciones adicionales -a favor de la unidad presupuestal correspondiente a la Secretaría de Transporte- con cargo a ingresos excedentes, derivados de ingresos de libre disposición, los cuales puedan ser destinados para el cumplimiento a la ejecutoria que nos ocupa". En consecuencia, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, se vincula al cumplimiento de la ejecutoria de amparo al Secretario de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, pues el superior jerárquico de la diversa autoridad responsable, Secretario de Transporte, ha sido explícito en señalar que puede realizar dichas las gestiones para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que con fundamento en los numerales 192 y 193 de la propia ley, se le requiere para que en el plazo de tres días, coadyuve al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos que el Gobernador del Estado le señaló en su oficio xxxx. Hágase saber a la autoridad responsable vinculada al cumplimiento, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que si bien es cierto que el presupuesto de egresos se rige por el principio de anualidad, porque el ejercicio fiscal, por razones de política tributaria, comprende un periodo de un año, para el cual se planea precisamente el gasto público que implica la programación de actividades y cumplimiento de proyectos al menos durante ese tiempo, también lo es que el artículo 126 de la Constitución acepta que el presupuesto no debe ser estricto, inflexible, ni imposible de modificar, pues prevé la posibilidad de que pueda variarse al establecer que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior, de donde se desprende que en el propio texto de la norma constitucional referida, subyace el principio de modificación presupuestaria, al permitir que el gasto pueda programarse en dos momentos, uno anterior y otro posterior, a saber: a) Al aprobarse el presupuesto de egresos; o, b) En ley posterior, la que por su cronología necesariamente sucede a aquel proyecto presupuestario original en el tiempo; de manera que el precepto constitucional en mención, en lugar de constituir un valladar insuperable para la autoridad responsable, prevé la posibilidad de modificación del presupuesto original para adecuarlo a las necesidades sobrevenidas, es decir, su virtud es la de establecer un remedio para los casos fortuitos, que le permite solicitar los ajustes presupuestarios necesarios para enfrentar las obligaciones pecuniarias del Estado, gasto que necesaria e ineludiblemente debe autorizarse por tratarse del cumplimiento de un mandato de amparo cuya ejecución es impostergable. Además, si la autoridad ya tiene autorizado un presupuesto que le permite efectuar un pago, aun cuando no esté previsto específicamente en él, debe realizarlo si con ello da cumplimiento a un mandato de amparo, pues exclusivamente en esta hipótesis no podría considerarse jurídicamente que vulnerara la prohibición contenida en el artículo 126 de la Constitución General de la República, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo no puede quedar condicionado a la determinación de si se aprueba o no una partida presupuestal para hacer frente a la obligación impuesta, dado que la majestad de la Constitución Federal impone categóricamente que aquéllas sean cumplidas inexcusablemente, por lo que únicamente en esta hipótesis no puede operar el principio de responsabilidad que deriva del mencionado artículo 126 constitucional, pues técnicamente no se estaría contraviniendo, sino que se actualizaría un caso de excepción en el que no sería punible la conducta de la autoridad. Asimismo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el hecho de que las autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector puedan solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal, al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, no obsta para que empleen los mecanismos legales previstos para la transferencia o adecuación de las partidas que integran su presupuesto previamente autorizado. Ello es así, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva y, por otra, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede establecer obstáculos al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, en la inteligencia de que la excusabilidad de su incumplimiento en el plazo respectivo, en ese supuesto, únicamente podría sustentarse en la inexistencia de recursos presupuestales disponibles, la cual debe acreditarse fehacientemente. Se apercibe a la autoridad vinculada al cumplimiento, de no cumplir con el lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, su titular se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional); establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, así como la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación.
- Principal
Por lo tanto, no se está en condiciones de celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, por lo que se difiere y en su lugar, se fijan las diez horas con diez minutos del siete de julio de dos mil veintidós. Notifíquese.
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