Francisco Issac Rangel Flores

Expediente 1121/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1121/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
22/09/2023

Partes del expediente

  • Francisco Issac Rangel Flores

Actuaciones

  1. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 1121/2023, promovido por Francisco Issac Rangel Flores, contra actos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el diez de agosto de dos mil veintitrés, en el buzón judicial y el siguiente día hábil ante la oficina de correspondencia común, ambas de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Francisco Issac Rangel Flores, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridad y por el acto siguiente: Autoridades responsables: ° Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. ° Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. ° Comisión Permanente Dictaminadora de Pensiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. ° Comité Técnico para los Trabajadores del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Actos reclamados: La omisión de dictar acuerdo, respecto a la solicitud de pensión por jubilación de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno; y en consecuencia, la omisión de llevar a cabo el procedimiento establecido que culmine en el otorgamiento de la pensión por jubilación. SEGUNDO. El catorce de agosto de dos mil veintitrés, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 1121/2023, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama la omisión de dictar acuerdo a la solicitud de pensión por jubilación de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Regidor de Educación, Cultura, Recreación y Derechos Humanos y Presidente de la Comisión Dictaminadora de Pensiones del Municipio de Cuernavaca, negaron la existencia del acto reclamado; lo que así se advierte del análisis completo del informe justificado y las constancias agregadas en autos. En ese sentido, a criterio de este órgano jurisdiccional, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio, en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;...". Del artículo anterior se desprende que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de autos se advierte que no existe el acto reclamado; circunstancia que acontece en el presente caso. En ese orden de ideas, toda vez que las autoridades responsables Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Regidor de Educación, Cultura, Recreación y Derechos Humanos y Presidente de la Comisión Dictaminadora de Pensiones del Municipio de Cuernavaca, negaron la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa, o aportara constancias que apoyaran su existencia. Por lo anteriormente expuesto, a criterio de este juzgador, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo promovido por Francisco Issac Rangel Flores, por cuanto al acto reclamado al Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Regidor de Educación, Cultura, Recreación y Derechos Humanos y Presidente de la Comisión Dictaminadora de Pensiones del Municipio de Cuernavaca, consistente en la omisión de acordar el escrito de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, a través del cual solicita pensión por jubilación. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado en la jurisprudencia número VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, pag. 627, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Del mismo modo, refuerza las anteriores consideraciones, el criterio sustentado por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DEL.- Cuando la autoridad señalada como responsable niegue en su informe justificado el acto que le atribuye el quejoso, éste tiene la carga procesal de desvirtuar esa negativa, y si no lo hace, resulta claro que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo procede el sobreseimiento". CUARTO. Certeza del acto reclamado. Por cuanto a la autoridad señalada como responsable Directora General de Recursos Humanos y Secretaria Técnica del Comité Técnico para los Trabajadores del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Elementos de Seguridad Pública, es cierto el acto reclamado, pues así se advierte del contenido de su informe justificado y de las constancias anexas, documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. QUINTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que no se surten los supuestos de improcedencia, que en ese sentido dispone el artículo 61, de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de estudio oficioso, de conformidad con el artículo 62 del citado ordenamiento. Sin que obste a lo anterior, la causa de improcedencia hecha valer por la autoridad señalada como responsable Directora General de Recursos Humanos y Secretaria Técnica del Comité Técnico para los Trabajadores del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Elementos de Seguridad Pública, respecto del principio de definitividad, al señalar que existe una controversia que se encuentra tramitando en el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Morelos, dentro del expediente TJA/4SERA/JRNF-114/2023, radicado en la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas, entre el hoy quejoso en su calidad de pensionado y el Ayuntamiento de Cuernavaca, con la calidad de patrón, toda vez que en primer término no acredita dicha circunstancia y además lo único que se ventila en el presente asunto, es la violación al derecho de petición, al no haberle dado respuesta a su escrito de solicitud de pensión respecto del escrito de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Atendiendo a la causa de pedir, la parte quejosa expresó en sus conceptos de violación, en esencia, que se viola en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la autoridad responsable es omisa y no actúa en breve término como lo dispone el primero de los numerales citados. A criterio de este juzgador, resulta fundado y suficiente el concepto de violación en estudio en atención a las siguientes consideraciones de derecho: En primer lugar, debe precisarse que el derecho de petición encuentra sustento en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral que a continuación se transcribe para pronta referencia: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Del citado artículo se desprende que los elementos que debe tener la petición que los habitantes de la República son los siguientes: Debe formularse de manera pacífica y respetuosa; Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada, y El peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. Por su parte, la respuesta de la autoridad debe ceñirse a lo siguiente: Debe ineludiblemente emitir acuerdo o respuesta; Ha de producirse en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; Tendrá que ser congruente con la petición; La autoridad debe notificar los acuerdos recaídos a las peticiones en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; No existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quién se formuló, a que provea necesariamente de conformidad con lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y La respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejerció el derecho y no por autoridad diversa. Precisadas las características de la petición y su consecuente respuesta, se tiene que en el presente asunto, la parte quejosa, mediante escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, a través del cual solicita pensión por jubilación, ante la responsable; misma que fue turnada a dicha autoridad en su fecha; no obstante lo anterior, a la data de la emisión de la presente sentencia no obra constancia de que la autoridad responsable haya dado respuesta a la petición formulada. Así, si la parte quejosa presentó la petición ante la autoridad responsable de referencia, sin que a la fecha obre constancia de que se hubiese emitido su respectiva respuesta, es evidente que transcurrió en demasía el término con el que cuentan las responsables para dar respuesta a las peticiones que les fue formulada, por lo que se considera que el plazo transcurrido resulta excesivo a efecto de que la responsable se pronuncien respecto a la petición realizada. El razonamiento anterior encuentra sustento en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Octubre de 1992, página 318, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DERECHO DE PETICION. QUE DEBE ENTENDERSE POR BREVE TERMINO Y CUAL ES AQUEL EN QUE LA AUTORIDAD DEBE DICTAR EL ACUERDO RESPECTIVO Y DARLO A CONOCER AL PETICIONARIO. No es verdad que sea necesario que transcurran más de cuatro meses sin dar respuesta a una petición formulada en términos del artículo 8o. constitucional para considerar transgredido dicho precepto, puesto que sobre la observancia del derecho de petición debe estarse siempre a los términos en que está concebido el citado precepto constitucional. En efecto, la respuesta a toda solicitud debe hacerse al peticionario por escrito y "en breve término", debiéndose entender por éste como aquel en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición. En consecuencia, es inexacto que los funcionarios y empleados cuenten con un término de cuatro meses para dar contestación a una solicitud". Máxime que en el caso en particular debe indicarse que el derecho de petición reconocido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de dar respuesta al derecho de petición de la parte quejosa (solicitud en materia de pensiones), procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público dé respuesta a la petición, para que una vez conocida dicha contestación, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario debe acudir a la vía ordinaria laboral. SÉPTIMO. Efectos del amparo. En las relatadas consideraciones, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer, lo procedente es conceder el amparo solicitado por Francisco Issac Rangel Flores, para que la autoridad responsable Directora General de Recursos Humanos y Secretaria Técnica del Comité Técnico para los Trabajadores del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Elementos de Seguridad Pública, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho, dé contestación de manera fundada, motivada y congruente a la petición realizada por la parte quejosa el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, y lo notifique en términos de la ley aplicable al acto. Sin que la presente determinación constriña a la autoridad ante quién se formuló, a que provea necesariamente de conformidad con lo solicitado por la parte promovente -aquí quejosa-, sino que está en libertad de resolver de conformidad de acuerdo con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso concreto, pudiendo vincular al cumplimiento de la presente sentencia a diversa autoridad en el ámbito de sus atribuciones. Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO: Se sobresee en el juicio de amparo respecto del acto atribuido a las autoridades responsables Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Regidor de Educación, Cultura, Recreación y Derechos Humanos y Presidente de la Comisión Dictaminadora de Pensiones del Municipio de Cuernavaca. SEGUNDO. La justicia de la unión ampara y protege a Francisco Issac Rangel Flores, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable Directora General de Recursos Humanos y Secretaria Técnica del Comité Técnico para los Trabajadores del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Elementos de Seguridad Pública, para los efectos señalados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Erik Calderón Ocampo, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por ********************, Delegado del Tesorero Municipal de Morelia, Michoacán, mediante el cual copia de la transferencia realizada a la parte quejosa del monto que se generó por actualización de la cantidad de ********************. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio y anexos registrado con el número de folio 9909, así como con el oficio de cuenta y anexos, y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se desprende que las responsables no han dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no obstante los diversos requerimientos que se le ha formulado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere por última ocasión al Tesorero del Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, para que en el término de cinco días, contados a partir del momento al que quede legalmente notificado del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Devuelva la actualización que se generó de la cantidad de ********************. Acredite no haber cobrado el derecho de alumbrado público, conforme a la tarifa establecida en el Convenio celebrado entre el Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero y la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos y, por tanto, no le sea exigido el pago del derecho por servicio de alumbrado público que reclama, mientras subsista ese convenio. En el caso de que se hubiera seguido cobrando dicho derecho, deberá hacer la devolución de las cantidades debidamente actualizadas, para ello tendrá que realizar las gestiones pertinentes ante la Comisión Federal de Electricidad correspondiente, para allegarse de la información idónea. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Es pertinente hacer notar a la autoridad responsable que la omisión o retardo por evasivas al cumplimiento a la ejecutoria de amparo así como procedimientos innecesarios, son circunstancias que retardan la impartición de justicia, conforme a lo establece el párrafo segundo el ordinal 193 de la Ley de Amparo, lo que constituye un desacato a un mandamiento judicial y a la comisión de un delito conforme a lo estipulado en los artículos 262, fracción V y 267, fracción I, y se estaría en aptitud de dar vista a la representación social, ello con independencia que se actualice el párrafo tercero del ordinal 198 y lo estipulado en el numeral 269, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se le requiere para que a la brevedad acate el fallo protector; lo anterior, se le comunica con el fin de evitar hacer del conocimiento de la representación social federal de la probable comisión de algún ilícito previsto en la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a catorce de agosto de dos mil veintitrés Téngase por recibida la demanda de amparo presentada físicamente, por ********************, contra actos del Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca y otras autoridades. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno electrónico con el número que corresponda, de conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Admisión de la demanda Con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo de referencia. Precisión del acto reclamado Ahora bien, del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos. La omisión de dictar acuerdo, respecto a la solicitud de pensión por jubilación de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno; y en consecuencia, la omisión de llevar a cabo el procedimiento establecido que culmine en el otorgamiento de la pensión por jubilación. Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Comisión Permanente Dictaminadora de Pensiones del Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos. Comité Técnico para los Trabajadores del Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos y elemento de Seguridad Pública. Del incidente de suspensión Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Requerimiento a la autoridad responsable de informe justificado Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la ley de la materia, requiérase a las autoridades responsables su informe justificado, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias en que se apoye el acto que se le reclama. Se exhorta a las responsables para que remitan su informe justificado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico 3jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, escaneado de manera clara y legible, y con la evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma" del Servicio de Administración Tributaria, en términos del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo". En el entendido de que, de presentarse promociones o recursos a través de esos medios, sin que cuenten con la firma electrónica de la persona servidora pública que los suscriba, podrán ser desechados, de conformidad con la jurisprudencia PC.XVII. J/3 K (11a.), del Pleno del Decimoséptimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)". A su vez, se pone a disposición de las partes el teléfono celular 7773890206, para efectos de confirmar la recepción de promociones. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir su informe con justificación, se les impondrá en la sentencia respectiva, una medida de apremio equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 238 y 260 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En ese mismo sentido, con apoyo en el dispositivo 262 de la Ley de Amparo, comuníquese a las autoridades responsables que de rendir su informe con justificación expresando un hecho falso o negando la verdad, podrán ser sancionadas en los términos que señale dicho precepto. Asimismo, se les hace saber que de conformidad con el artículo 28 de la ley reglamentaria, en caso de negativa a recibir oficios, debido a la imprecisión de la denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente y si a pesar de ello subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la misma. En el entendido que las autoridades responsables podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. De la audiencia constitucional Se señalan las diez horas diez horas con cinco minutos del veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. De la parte tercero interesada Sin lugar a emplazar a tercero interesado, dado que no le asiste tal carácter. Es cierto que la jurisprudencia 90/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostiene que cuando el acto reclamado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio, en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a éste último como tercero interesado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8° y 17 de la Constitución Federal, ya que el carácter de tercero interesado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Sin embargo, en el caso de estudio no se dan intereses opuestos debido a la naturaleza del acto reclamado que constituye un acto negativo o de abstención, motivo por el cual no le irroga perjuicio alguno a la contraparte del quejoso en el juicio natural; de ahí que no les resulta el carácter de tercero interesado. De las pruebas Por otra parte, conforme a lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciadas las pruebas documentales, de instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana que ofrece, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional respectiva. Del expediente electrónico Se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, siempre y cuando la cuenta se encuentre registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramitación del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL. Domicilio procesal y autorizados Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la ley reglamentaria, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Se tiene por autorizadas a las personas que propone, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Correo electrónico y número telefónico Ahora bien, por cuanto al correo electrónico y número telefónico que se proporciona, se tienen como medios de comunicación en lo referente a este asunto, y sólo en su caso, para agilizar alguna notificación relacionada con el mismo. De las notificaciones a las partes Se instruye al Actuario de la adscripción para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª/J.176/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero 2013, tomo 2, página 1253, materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Ahora bien, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen en el presente juicio de amparo, a cualquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles. Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación En términos del numeral 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que compete al Ministerio Público Federal de la adscripción y con fundamento en el diverso numeral 26, fracción III, del ordenamiento legal invocado, notifíquese el presente acuerdo, así como los subsecuentes por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado. Obligación de las partes de informar causal de sobreseimiento Hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64 de la citada ley, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una medida de apremio equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a que se ha hecho referencia, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. Uso de medios electrónicos Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis I.1o.A.23 K (10a.) y I.1o.A.22 K (10a.), emitidas Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). "REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales) Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Disponibilidad del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través de los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial de la Federación. Consulta del expediente vía internet Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de Internet www.cjf.gob.mx. Notifíquese Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del once al veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, autorizado por acuerdo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiséis de junio del presente año, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/3682/2023, asistido de Karina Vanessa Corona Alday, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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