Francisco Israel Ucan Estrella

Expediente 2919/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2919/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
23/03/2023

Partes del expediente

  • Francisco Israel Ucan Estrella

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia firmada el dos de marzo de dos mil veintidós, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar, se declara que CAUSA EJECUTORIA la referida sentencia que sobreseyó en el presente asunto. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En virtud de lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Así mismo, se hace la indicación que el cuaderno del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar definitiva; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del referido Acuerdo General. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 2919/2022-IV-B, promovido por FRANCISCO ISRAEL UCÁN ESTRE********************; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día a este Juzgado Federal por razón de turno, compareció FRANCISCO ISRAEL UCÁN ESTRE********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las siguientes autoridades, y por el acto que se precisará más adelante en esta sentencia. AUTORIDADES RESPONSABLES 1.- Director General del Centro de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte en el Estado de Yucatán, 2.- Residente General de Conservación de Carreteras del Centro de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte en el Estado de Yucatán; y, 3.- Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte en el Estado de Yucatán. Todos con sede en esta ciudad SEGUNDO. Mediante proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, se previno a la parte quejosa a efecto de que precisara algunos aspectos relacionados con los antecedentes del acto reclamado, y previo cumplimiento de dicho requerimiento, en proveído de cuatro de enero de dos mil veintitrés se admitió a trámite la demanda; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, y finalmente se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional del juicio, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos General 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis visible en la página 255, del Tribunal Pleno, Tomo XIX, abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se tiene que la parte quejosa reclama: El desalojo (retiro) del local comercial que afirma le pertenece y se encuentra ubicado dentro del inmueble de su propiedad, contenido en el oficio ********************, de siete de diciembre de dos mil veintidós, suscrito por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Yucatán. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes justificados, negaron el acto que se les atribuye [promociones 1415, 1416 y 1417], pero con posterioridad realizaron manifestaciones de las cuales se evidencia su certeza, por lo que dicho acto se tiene como cierto. Apoya la anterior determinación, por similitud jurídica substancial, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible con número de registro IUS 211,004, consultable en la página 391, del Tomo XIV, correspondiente a Julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". CUARTO. Análisis de procedencia del juicio constitucional. El estudio de las causas de improcedencia, de oficio o a petición de parte, es una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales. Así, en el caso, debe decirse que respecto al acto reclamado por el impetrante de amparo, consistente en la orden de desalojo o retiro del local comercial contenida en el oficio ********************, de siete de diciembre de dos mil veintidós, suscrito por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Yucatán, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5°, fracción I, párrafo tercero, de la propia legislación, que al efecto disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]". De conformidad con lo expuesto con antelación, para que proceda el juicio de amparo, tratándose de los actos que reclama la parte quejosa, debe comprobarse la existencia del interés jurídico, esto es, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que ha sido transgredido por la actuación de una autoridad, pues ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo contra actos que provengan de autoridades responsables. Bajo esta guisa, quienes tienen derecho tutelado por la ley para reclamarlas en juicio de amparo, son aquellas personas que han sufrido una afectación en su esfera jurídica en cuanto al acto impugnado, por lo que están constreñidas a demostrar que su interés jurídico ha sido afectado, esto es, que el derecho subjetivo público, del cual son titulares, resulta lesionado por esos actos. Por tanto, se colige que es la parte quejosa quien tiene la carga probatoria de acreditar fehacientemente su interés jurídico en este juicio de amparo, ya que la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, así como, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que, como se ha indicado, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. De modo que la naturaleza intrínseca de los actos reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Luego, si el impetrante reclama que mediante el oficio ********************, de siete de diciembre de dos mil veintidós, el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Yucatán, ordenó el desalojo o retiro del local comercial ubicado en el derecho de vía ubicado a la altura del kilómetro ********************, estaba obligada a acreditar tener algún derecho legítimamente tutelado en relación con dicho local comercial. Sin embargo, la parte amparista no demostró tener reconocido algún derecho para ejercer la actividad comercial del puesto o local destinado para ese efecto, respecto del cual se ordenó su retiro, pues no basta afirmar que se tiene ese derecho, sino que es menester acreditarlo con las constancias respectivas. Lo cual no realizó la parte quejosa, ya que se limitó a señalar que las autoridades lo quieren desalojar del local comercial que se encuentra dentro de su propiedad, sin probar que tiene alguna titularidad para realizar el comercio en el puesto o local que señala. Incluso, en el auto inicial de prevención de demanda de amparo, se le requirió específicamente para que bajo protesta de decir verdad manifestara si contaba o no con dicho permiso, y al efecto, el promovente señaló: "[.] Ahora bien respecto a los permisos correspondientes que solicita Usted le informe si cuento con ellos, manifiesto: que el suscrito no cuenta con el permiso correspondiente, que la autoridad responsable ordenadora pueda otorgar o alguna dependencia federal deba otorgar, ya que a mi simple juicio, los numerales y las leyes que invoca ésta, permisos especiales para locales comerciales, que ocupen o aprovechen el derecho de vías de las carreteras federales y zonas aledañas (sic), y muy por el contrario el mío se trata de un local comercial, dentro de una propiedad privada y es completamente (sic), que se encuentra fuera de la esfera federal y que a mi juicio debería ser regulada con permisos otorgados por las autoridades municipales y estatales; autoridades muy distintas las señaladas como responsables en mi escrito de demanda principal". De lo anterior, se observa con claridad que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad no contar con permiso alguno sobre el local comercial; ni a la demanda de amparo adjuntó algún otro documento respecto del cual se advierta que tenga algún derecho en relación con el funcionamiento del local comercial que afirma (sin acreditarlo) que se encuentre dentro de su propiedad. Sin que a lo anterior se oponga, que con el escrito de demanda haya exhibido copia certificada expedida por el ********************, correspondiente a la escritura pública número ********************, con la que acredita la titularidad de la propiedad del predio con número catastral ********************. Asimismo, no se soslaya que la parte promovente del amparo ofreció como pruebas las copias simples de la cédula y el plano catastral relativos al predio que menciona; sin embargo, se trata de copias simples y como tal carecen de valor probatorio, pues al ser las copias fotostáticas simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que el resultado no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento o datos y signos en él contenidos, que se pretende hacer aparecer; de ahí que el documento de que se trata, al carecer de la certificación emitida por el fedatario público correspondiente, no puede tener valor probatorio pleno para los efectos pretendidos por su oferente. Sirve de sustento a la anterior consideración la jurisprudencia siguiente: "No. Registro: 207,434 Jurisprudencia Materia(s): Común Octava Época Instancia: Tercera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989 Tesis: 3a. 18 Página: 379 Jurisprudencia Materia(s): Común. COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer". Probanzas que son insuficientes para tener por acreditado el interés jurídico de la parte quejosa, necesario para la incoación del juicio de amparo. Ciertamente, del oficio ********************, de siete de diciembre de dos mil veintidós, suscrito por el Jefe de la Unidad de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte Yucatán, de donde emana el acto reclamado, se advierte que únicamente se ordenó el retiro del puesto destinado para actividad comercial, y no se ordenó algún acto relacionado con la propiedad del predio que el quejoso defiende. En efecto, el acto de autoridad está directamente relacionado con el local comercial que el amparista defiende, sin acreditar tener alguna titularidad legítimamente reconocida sobre el funcionamiento comercial del mismo, lo que trae como consecuencia que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5°, fracción I, párrafo tercero, de la propia legislación, por falta de interés jurídico; y por ende, procede decretar el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio respecto a dicho acto reclamado. Sobre esa perspectiva, este Juzgado se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio constitucional, impide al juzgador pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia registrada con el número 226555, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Finalmente, no se estudiarán las restantes causales de improcedencia que hacen valer las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes de ley, pues a nada práctico conduciría su análisis dado el sentido de la presente resolución, ya que es suficiente el estudio de una sola causal que condujo al sobreseimiento. Sobre el particular, cobra aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 54/98, Materia Común, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, que dice: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por FRANCISCO ISRAEL UCÁN ESTRE********************, en contra de los actos que reclamó de las autoridades responsables Director General del Centro de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte en el Estado de Yucatán; Residente General de Conservación de Carreteras del Centro de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte en el Estado de Yucatán; y Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte en el Estado de Yucatán, todos con sede en esta ciudad; por los motivos expuestos en el considerando cuarto de este fallo constitucional. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que aún no transcurre el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de los informes justificados con anexos remitidos por las autoridades responsables Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Director General y por el Residente General de Conservación de Carreteras, todos adscritos al Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, residentes en esta ciudad, los cuales fueron recibidos y puestos a la vista de las partes en proveído de veintiséis de enero del año en curso. En consecuencia, para dar margen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se fijan como nuevas hora y fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese, y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguense los informes justificados rendidos respectivamente por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Director General y por el Residente General de Conservación de Carreteras, todos adscritos al Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Por tanto, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Así también, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que mencionan y como sus delegados en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, los señalados para tal fin en sus informes de mérito.

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