Francisco Imar Maqueda Paredes

Expediente 1297/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 17 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1297/2017
Año
2017
Actuaciones
17
Última actuación
07/12/2017

Partes del expediente

  • Francisco Imar Maqueda Paredes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    - Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte . . . se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO . . . archívese el presente asunto como concluido . . .

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Juez Maribel Pérez Gutierrez, del Sistema Penal Acusatorio y Oral en el Distrito Judicial de Querétaro, en funciones de Juez de Control, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de diez de noviembre pasado y al efecto, remite copia certificada de la sentencia de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, dictada dentro de la causa judicial 206/2017 y su acumulada 270/2017. Por otro lado, visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que, se ordeno reservar el oficio con número de registro interno 18988, signado por el Director de Centro de Reinserción Social de Sán José el Alto, Querétar, hasta en tanto obrara en autos, las copias certificadas de la sentencia de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, emitida por la Juez Maribel Pérez Gutierrez, del Sistema Penal Acusatorio y Oral en el Distrito Judicial de Querétaro, en funciones de Juez de Control, situación que a la fecha ya aconteció, en consecuencia, se provee lo conducente: Vistas las constancias remitidas por las autoridades responsables, y atento a su contenido, se estima que en la especie ha sobrevenido la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, toda vez que existe un cambio de situación jurídica respecto de los actos que dieron origen al presente juicio, por las razones que a continuación se exponen. En la especie, del escrito inicial de demanda se advierte que el acto reclamado esencialmente se hizo consistir en:  La orden de aprehensión librada en contra del quejoso, así como su ejecución.  El auto de vinculación a proceso, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de robo específico, así como la medida cautelar de prisión preventiva, dentro de la carpeta judicial número 206/2017. En esa virtud, a juicio de este órgano federal, en la especie se actualiza la causa de improcedencia a que alude la fracción XXI, del artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.)" De la anterior transcripción, se aprecia que la citada fracción dispone que el juicio de amparo, es improcedente cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo procedimiento judicial, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el mismo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de definir las reglas generales para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo por cambio de situación jurídica, en la tesis aislada número 2a. CXI/96, sostenida por la Segunda Sala de nuestro Alto Tribunal, consultable a fojas 219 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, Diciembre de 1996, que señala: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Del criterio transcrito se pueden desprender cinco condiciones para que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, a saber: 1) Que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial (civil, familiar, penal) o administrativo (en strictu sensu, fiscal o agrario); o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. 2) Que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado; 3) Que en el mismo procedimiento, sobrevenga otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte; 4) Que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo; y, 5) Que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de este último. En esas circunstancias, es patente que respecto de los actos reclamados existe cambio de situación jurídica y, por ende, el juicio constitucional resulta improcedente, cuando las actuaciónes reclamadas, son substituidas por otra dictada con posterioridad en el mismo procedimiento, de tal suerte que no pueda efectuarse el estudio del acto impugnado sin afectar la nueva situación de derecho existente, independientemente de que se conserve o no sub-júdice el negocio. Así, el cambio de situación jurídica deviene del avance que ha tenido un juicio o procedimiento compuesto por diversas etapas procesales, que guardan relación entre sí, pero que son autónomas e independientes unas con otras; por tanto, el cambio de situación jurídica se presenta cuando habiéndose cumplimentado una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, dando pauta a que inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa procesal o situación jurídica. En el caso concreto opera la causal de improcedencia invocada, con relación al acto reclamado consistente en "la orden de aprehensión librada en contra del quejoso y su ejecución y el auto de vinculación a proceso, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de robo específico, así como la medida cautelar de prisión preventiva, dictadas por el Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Querétaro, en funciones de Juez de Control dentro de la carpeta judicial número 206/2017", al haber operado un cambio de situación jurídica que impide el estudio de las violaciones reclamadas a la responsable de mérito, por las siguientes consideraciones: En primer término, debe destacarse que el peticionario de amparo señala como acto reclamado de manera destacada la orden de aprehensión librada en contra del quejoso y su ejecución y el auto de vinculación a proceso, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de robo específico, así como la medida cautelar de prisión preventiva, dictadas por el Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Querétaro, en Funciones de Juez de Control, dentro de la carpeta judicial número 206/2017. Sin embargo, de las constancias allegadas por la autoridad responsable se advierte que dentro de la carpeta judicial número 206/2017 y su acumulada 270/2017, en virtud de la solicitud realizada por el Fiscal, el ocho de noviembre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de procedimiento abreviado, donde de conformidad con los artículo 20 apartado A, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al 185, 201, 203, y 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se procedió al dictado de la sentencia definitiva que resolvió la forma de terminación anticipada del procedimiento en cita. Audiencia en la que se le condeno a dos años de prisión y cincuenta días multa, razón de salario mínimo vigente el día de los hecho (siete de mayo de dos mil diecisiete), cantidad que haciende a $4,002.00 (Cuatro mil dos pesos 00/100 M. N.) por cuanto ve a un delito de Robo Específico, pena que posterior a la solicitud de la defensa y de conformidad con el artículo 89 del Código Penal para el Estado de Querétaro fue substituida por un total de 40 horas de trabajos en favor de la comunidad respecto al quejoso. Acto seguido, y en el propio acto de la audiencia y en virtud que las partes manifestaron su dispensa de escuchar la lectura y explicación de la sentencia, además de que manifestarón su conformidad con el fallo emitido, y no indicaron alguna inconformidad u oposición, quedo firme. De lo anterior, se colige, que actualmente la privación de la libertad de que se duele el quejoso, así como, el auto de vinculación a proceso, y la medida cautelar de prisión preventiva, han quedado superados con la emisión de la sentencia de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, pero sobre todo el mencionado cambio de situación jurídica se ha consumado en el caso concreto, por la circunstancia de que en la propia audiencia el acusado, ahora quejoso, admitió su responsabilidad en el delito materia robo específico, ilícito previsto y sancionado por el artículo 183 Quáter, en relación al 182 y 14 fracción I, del Código Penal vigente en el estado, cometido en agravio de Cadena Comercial OXXO S.A. de C.V. y aceptó ser sentenciado. Actuaciones con las cuales, deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones aducidas por el quejoso, relacionadas con el auto en que el Juez responsable decretó la orden de aprehensión librada en contra del quejoso, el auto de vinculación a proceso, e impuso la medida cautelar de prisión preventiva, pues no es factible analizar la legalidad del acuerdo respectivo dictado por la autoridad responsable sin afectar el nuevo estatus derivado de la sentencia de ocho de noviembre pasado. En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario SOBRESEER en el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XVI y 63 fracción V de la Ley de Amparo. No impide arribar a lo aquí considerado, el hecho de que se hayan señalado las diez horas con dos minutos del veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, toda vez que resulta notorio, manifiesto e indudable, y la misma no puede desvirtuarse con ningún otro elemento de prueba que se actualiza la causa de sobreseimiento mencionada, sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional, en la medida que aun y cuando se tramitara hasta su conclusión el asunto llegaría a la misma conclusión, por lo que se deja sin efectos la fecha y hora antes indicada. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 26/2002-PL, el siete de febrero de dos mil tres, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; estos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, no pasa inadvertido para quien resuelve que la presente sentencia se emitió conforme a la normatividad prevista por la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y, no obstante ello, se aplicaron algunos criterios jurisprudenciales y aislados emitidos con antelación a la nueva legislación de amparo; sin embargo, ello no es óbice, dado que el artículo sexto transitorio de aquélla dispone: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley". Lo que implica que dichos criterios son aplicables, mientras no contravengan lo plasmado en la nueva legislación de amparo; de ahí que puedan ser invocados en el presente fallo, a fin de proporcionar soporte jurídico a la decisión adoptada por este Juzgado Federal. Es de invocarse en ese aspecto, la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA". Finalmente, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.

  3. Principal

    - Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por . . . se reserva proveer lo conducente hasta en tanto obre en autos las constancias solicitadas . . .

  4. Principal

    Vista la razón levantada por el Actuario adscrito a este Juzgado Federal, a través de la cual informa que fue imposible notificar el auto de diez de noviembre pasado, a la parte quejosa Francisco Imar Maqueda Paredes, por los motivos que ahí expresa; en consecuencia, y toda vez que el quejoso no proporciono diverso domicilio donde pueda ser notificado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena notificar el auto de diez de noviembre de dos mil diecisiete,. . ." que en lo conducente dice Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta signado por el Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado en funciones de Juez de Control en el Distrito Judicial de Querétaro, a través del cual hace del conocimiento que en fecha ocho del presente mes y año, dicto sentencia en la Carpeta Judicial 206/2017 y su acumulada 270/2017-I, en la que se condenó al quejoso Francisco Imar Maqueda Paredes, a una condena de dos años de prisión y cincuenta días de multa, por la comisión de delito de robo especificado, sentencia que las partes se conformaron y causo ejecutoria en la misma fecha. Finalmente, toda vez que la autoridad oficiantes fue omisa en anexar en anexar las constancias que acrediten su dicho; por lo tanto, se requiere a la autoridad en cita, para que en el término de tres días, contadas a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído; remita copia certificada de la resolución en comento; toda vez que son necesarias para que este Juzgado Federal este en aptitud de resolver sobre la constitucional o inconstitucionalidad del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 17/1997, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108, del tomo V, correspondiente al mes de Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, misma que a la letra dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio." . . . " y todos los subsecuentes, aún los de carácter personal, mediante listas que se fijen en los estrados de este Juzgado Federal, hasta en tanto el quejoso proporcione un domicilio procesal.

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