Francisco Ignacio Rodríguez García
Expediente 514/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 21 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 514/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 18/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Francisco Ignacio Rodríguez García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
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En dieciocho de septiembre de dos mil quince, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del tres al diecisiete de septiembre del año que transcurre, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticinco de agosto de dos mil quince dentro del juicio de amparo número 514/2015.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de septiembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticinco de agosto de dos mil quince, en la que se negó al impetrante de garantías el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214, de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse, en virtud de haberse negado al impetrante de garantías el amparo y protección de la Justicia Federal; con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. Asimismo, con fundamento en el referido punto vigésimo primero, fracción III, del citado Acuerdo, se determina que el cuaderno original del incidente de suspensión relativo (el cual se ordena glosar al presente asunto), ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de haberse negado al quejoso la suspensión definitiva de los actos reclamados; por lo que, éste Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, agréguese el original del incidente de suspensión al juicio de amparo en que se actúa, y el duplicado guárdese por separado, para que atendiendo a la disposición legal antes aludida, una vez que transcurra el término de seis meses se realicen las gestiones pertinentes para su destrucción. En atención a lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Lucy*
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CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27 FRACCION III EN RELACION CON EL 29 AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO, EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA DICTADA EN VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, LA CUAL EN LO CONDUCENTE EN SUS PUNTOS RESOLUTIVOS DICE LO SIGUIENTE: "se R E S U E L V E: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA, NI PROTEGE a FRANCISCO IGNACIO RODRÍGUEZ GARCÍA, contra de los actos reclamados a la Juez Interina del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil, con sede en Torreón, Coahuila, la Juez Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas y la actuaria de su adscripción, por las razones expuestas en el considerando último de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la Secretaria que autoriza, licenciada María Soledad Torres Muguiro, hasta el día de hoy veinticinco de agosto de dos mil quince, en que las labores del Juzgado lo permitieron. DOY FE".
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CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27 FRACCION I, INCISO B) DE LA NUEVA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSOS, EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA DICTADA EN VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, LA CUAL EN LO CONDUCENTE DICE: "se R E S U E L V E: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA, NI PROTEGE a FRANCISCO IGNACIO RODRÍGUEZ GARCÍA, contra de los actos reclamados a la Juez Interina del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil, con sede en Torreón, Coahuila, la Juez Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas y la actuaria de su adscripción, por las razones expuestas en el considerando último de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la Secretaria que autoriza, licenciada María Soledad Torres Muguiro, hasta el día de hoy veinticinco de agosto de dos mil quince, en que las labores del Juzgado lo permitieron. DOY FE
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V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 514/2015; y, R E S U L T A N D O 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el nueve de abril de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, FRANCISCO IGNACIO RODRÍGUEZ GARCÍA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridades Responsables Juez Segundo Interina de Primera Instancia en Materia Mercantil, con residencia en Torreón, Coahuila. Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas. Actuario Judicial del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas. ACTOS RECLAMADOS: El auto de exequendo dictado en el juicio mercantil ejecutivo 360/2014, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil de Torreón, Coahuila, así como su ejecución; y la omisión del pronunciamiento sobre la caducidad de la instancia. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como garantías individuales violadas, las contempladas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2º. Trámite del procedimiento en el juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, cuyo Titular en auto de diez de abril de dos mil quince, ordenó su admisión y registro bajo expediente 514/2015; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 54, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: El auto de exequendo dictado en el juicio mercantil ejecutivo 360/2014, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil de Torreón, Coahuila, así como su ejecución; y la omisión del pronunciamiento sobre la caducidad de la instancia. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinados cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II. 2. 1. Certeza: La Juez Interina del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil, con sede en Torreón, Coahuila, la Juez Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas y la actuaria de su adscripción, al rendir su respectivo informe justificado manifestaron que es cierto el acto que les reclama la parte quejosa. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, su existencia se corrobora con las fotocopias certificadas relativas al expediente número 360/2014, que remitió la Juez Interina del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil, con sede en Torreón, Coahuila, en apoyo de su informe como justificación de sus actos; documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2° de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226 del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Improcedencia del Juicio de Amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62, de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Y sólo a manera de precisión, cabe indicar que el presente juicio de amparo es procedente, en virtud de que se reclama el auto de exequendo dictado dentro de un juicio ejecutivo mercantil, el cual constituye un acto de ejecución irreparable dentro de juicio. Apoya a lo anterior la jurisprudencia del epígrafe y contenido siguiente: "AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO. Conforme al artículo 1,392 del Código de Comercio, presentada la demanda en la vía ejecutiva mercantil, acompañada del título ejecutivo, el juez dictará auto con efectos de mandamiento en forma para que el deudor sea requerido de pago, y en caso de que no pague se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y las costas del juicio, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de la persona nombrada por éste. Ahora bien, el auto con efectos de mandamiento en forma o auto de exequendo no tiene meros efectos declarativos, sino que implica la comprobación por parte del juez del cumplimiento de los requisitos para disponer la intimación de pago al deudor y, en su defecto, el embargo de sus bienes, es decir, dicho auto ordena la afectación de un bien o de un conjunto de bienes del demandado para asegurar cautelarmente la eventual ejecución de una pretensión de condena planteada en juicio y que el demandado no pueda disponer de él, lo cual procede incluso con la autorización para hacer uso de la fuerza pública y allanar el domicilio del deudor en caso de resistencia. Esto es, el auto de exequendo contiene un mandato que se concreta con la sola emisión de la orden de requerir el pago de un adeudo en el acto mismo del requerimiento y una amenaza consistente en la prevención al deudor de que si no efectúa el pago se le embargarán bienes suficientes para cubrir el adeudo y las costas, lo que no será motivo de análisis en la resolución que ponga fin al juicio, la cual sólo decidirá la suerte de la pretensión de fondo del asunto, ni se examinará en otro momento del juicio, pues el ejecutado únicamente podrá oponer excepciones después de realizados el emplazamiento y el embargo, y reclamar su monto o la calidad de la cosa embargada una vez cumplida la diligencia, pero sin poder reclamar, por ejemplo, la emisión del auto de exequendo con apoyo en un título que no traiga aparejada ejecución. Sobre tales premisas, se concluye que contra el auto de exequendo dictado en un juicio ejecutivo mercantil procede el amparo indirecto, en términos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, sin esperar a que se practique el embargo, por constituir un acto de ejecución irreparable dentro del juicio, pues una vez ejecutada la orden, la impugnación del embargo sólo puede tener por efecto remediar vicios propios de éste, pero no la legalidad de la propia orden, que requiere como presupuesto estar fundada en un título que traiga aparejada ejecución. Lo anterior, porque tal perjuicio no es susceptible de reparación dentro del juicio, ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable que levantara el embargo, ya que no podría restituirse al quejoso en la afectación sufrida por el tiempo en que éste estuvo en vigor, derivado del auto de exequendo ". IV. Litis Constitucional. IV. 1. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo vigente, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer ". La parte quejosa, expresó como conceptos de violación los siguientes: Que el auto de mandamiento en forma dictado en contra del quejoso y su ejecución viola en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que se le pretende privar de sus bienes sin haberle dado la oportunidad de defenderse ni de ser escuchado ante autoridad alguna, por lo que no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento. Y cita la tesis del rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIO AL ACTO PRIVATIVO". Que la autoridad responsable viola el artículo 1076 del Código de comercio al omitir pronunciarse respecto a la caducidad de la instancia en el juicio mercantil de origen, en razón de que de la última notificación a la fecha han transcurrido ciento veinte días a que se refiere dicho numeral. IV. 2. Antecedentes y actos reclamados. Así, para una mejor intelección al asunto, y establecer un panorama de referencia, conviene destacar los antecedentes de los actos reclamados, los cuales emanan del juicio ejecutivo mercantil número 360/2014, del índice del Juzgado Segundo de lo Mercantil, con sede en Torreón, Coahuila y en esencia son: Que mediante escrito presentado el seis de mayo de dos mil quince, el aquí tercero interesado Jesús Ramón Juárez Herrera, compareció a demandar en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa al aquí quejoso FRANCISCO IGNACIO RODRÍGUEZ GARCÍA, sobre pago de pesos y otras prestaciones; que esa demanda fue turnada al Juzgado Segundo de lo Mercantil en Torreón, Coahuila, la cual fue registrada con el número 360/2014. En auto de ocho de mayo de dos mil quince, se radicó la demanda, admitiéndose a trámite, por lo que se despachó auto de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de la parte demandada. Proveído éste que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional. Los conceptos de violación formulados por el quejoso, son infundados en parte e inoperantes en el resto, según se verá a continuación. En efecto, la parte quejosa aduce en esencia, que se violan en su perjuicio las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que se dictó auto de exequendo en su contra sin que se hubieran seguido las formalidades esenciales del procedimiento. Como se precisó en el considerando segundo de esta sentencia, el Juez Segundo de lo Mercantil de Torreón, Coahuila, reconoció que emitió un auto de exequendo en contra del peticionario del amparo; lo que se corrobora con las constancias relativas al expediente número 360/2014, de su índice, que adjuntó a su informe justificado las que merecen valor probatorio pleno; de las que se advierte que el juez responsable mencionado admitió a trámite la demanda promovida, en contra del aquí quejoso, ordenó su emplazamiento, así como que se le requiriera el pago de todo lo reclamado, o en su defecto, señalaran bienes de su propiedad suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, los que debían quedar en depósito de la persona que bajo su responsabilidad señalara el actor. Ahora, no le asiste razón jurídica al solicitante del amparo, cuando refiere que el acto reclamado vulnera en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por no haberse seguido las formalidades esenciales del procedimiento para su emisión. En efecto, el segundo párrafo del referido precepto constitucional, es del tenor literal siguiente: "Artículo 14.- . Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." En el citado numeral, se consagra la garantía de audiencia a favor de los gobernados previo a la emisión de actos que los priven de sus derechos, propiedades o posesiones; destacando que si bien se refiere a actos privativos y no de molestia, lo cierto es que tal garantía no es exclusiva de los actos privativos, sino que también debe observarse en los actos de molestia, ya que en su emisión puede violarse tal garantía cuando no se observan las formalidades esenciales del procedimiento o cuando se aplican leyes retroactivas en perjuicio del gobernado. Por tanto, la garantía de audiencia se encuentra supeditada a su aplicación en el caso concreto, pues si se trata de actos privativos la audiencia debe ser previa, en caso contrario (acto de molestia), la audiencia puede ser incluso posterior a su emisión, ya que con tal acto no se persigue la privación de algún derecho, ni tiene efectos definitivos, sino que su única finalidad es variar una situación jurídica preexistente, que si bien puede afectar algún derecho integrado a la esfera jurídica del gobernado, no lo priva definitivamente de éste, sino que únicamente modifica los términos de su ejercicio. Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." Ahora bien, en el caso, este órgano jurisdiccional estima que, contrario a lo argumentado por el quejoso en su demanda de garantías, con la emisión del acto que aquí se reclama, consistente en el auto de exequendo, la autoridad responsable no violó en su perjuicio las garantías de debido proceso legal a que alude el artículo 14 constitucional. Ello es así, pues contrario a lo que alega el impetrante del amparo, no se violan en su perjuicio las formalidades esenciales del procedimiento con la emisión de dicho acuerdo, en virtud de que, si bien se ordenó requerir a la parte demandada, el pago de las prestaciones reclamadas y en su defecto, se procediera al embargo y aseguramiento de bienes suficientes de su propiedad a efecto de garantizar aquéllas; lo cierto es que tal mandamiento se emitió por Juez competente, dentro de un procedimiento judicial, con motivo de un adeudo contraído por el demandado aquí quejoso, sustentado en un documento ejecutivo como lo es un pagaré, cuyo pago le fue reclamado por el actor ante el incumplimiento de sus obligaciones en los términos convenidos en dicho documento que se anexó a la demanda que dio origen al juicio ejecutivo mercantil de origen; de lo que resulta que, hasta el momento procesal en que se emitió el auto cuya diligenciación reclama el quejoso, contrario a lo alegado, se observaron las formalidades para su emisión previstas en los artículos 1392 al 1396 del Código de Comercio, y con ello, las formalidades esenciales del procedimiento a que alude el artículo 14 de la Constitución General de la República. Aunado a lo anterior, tampoco se viola en perjuicio del quejoso la garantía de previa audiencia, pues el auto de exequendo reclamado, no son actos privativos en virtud de que no se priva al demandado definitivamente de algún derecho integrado a su esfera jurídica, sino que el auto de exequendo, se trata de un acto de molestia que tiene como finalidad que se siga un juicio en contra del gobernado y garantizar mediante el embargo, el pago de las prestaciones reclamadas basadas en título ejecutivo; y si bien se ordena el embargo de bienes, ello está expresamente permitido por el artículo 1392 del Código de Comercio, que dispone que una vez que se presente demanda acompañada de título ejecutivo ante el Juez competente, como en el caso, deberá dictarse auto con efectos de mandamiento en forma, para que el deudor sea requerido de pago, y no haciéndolo, se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de persona nombrada por éste; por lo que al estar sujeto el embargo que en su caso se practique, a las resultas del juicio, no puede considerarse que éste sea de carácter definitivo, en virtud de que, en su caso, ello acontecerá una vez que el particular sea oído y vencido en el procedimiento en el que él es parte (pues también se ordena su emplazamiento) y podrá oponer las excepciones que le correspondan, y eventualmente, se emita una determinación en que se le prive definitivamente del bien o bienes embargados. Así, se insiste, si bien el embargo como medida de aseguramiento ocasiona limitación de los derechos de propiedad y posesión sobre determinados bienes muebles o inmuebles del demandado, no es necesario que se decrete con audiencia previa del ejecutado, ya que, como antes se expuso, no constituye una privación definitiva de esos derechos, sino una medida provisional de aseguramiento, supeditada a la resolución de la controversia, por lo que no se encuentra inmensa dentro del respeto de la garantía de audiencia previa consagrada en el artículo 14 constitucional, pues ésta sólo opera tratándose de actos de privación definitivos; además, se justifica que el mencionado embargo se decrete atendiendo a su finalidad, que es la de garantizar el cumplimiento de una obligación preexistente contraída por el deudor. De ahí, que el auto de exequendo en que se contiene la orden que por esta vía se combate, no infringe en perjuicio del impetrante del amparo, la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional. Las anteriores consideraciones encuentran sustento, en la jurisprudencia que dice: "EMBARGO JUDICIAL. ES UNA MEDIDA CAUTELAR QUE NO IMPLICA UNA PRIVACIÓN DEFINITIVA DE DERECHOS POR LO QUE, PARA LA EMISIÓN DEL AUTO RELATIVO, NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia prevista en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos, aquellos que en sí mismos constituyen un fin, con existencia independiente, cuyos efectos de privación son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, dado que el embargo judicial constituye una medida provisional encaminada al aseguramiento de bienes del deudor para garantizar, en tanto se resuelve en definitiva sobre la pretensión hecha valer, el pago de un crédito reclamado con base en un documento que lleva aparejada ejecución, debe considerarse que para la emisión del auto relativo -exequendo- no rige la garantía de previa audiencia. Lo anterior se corrobora por el hecho de que los efectos provisionales del citado auto quedan sujetos, en todo caso, a la tramitación normal del juicio de que se trate, en el que el deudor es parte y donde podrá excepcionarse, dictándose en el momento procesal oportuno la resolución correspondiente, la que sí podrá constituir un acto privativo." Así como, en la Jurisprudencia que dice: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia." Por otra parte, es inoperante el concepto de violación que hace valer el quejoso, en el sentido de que han transcurrido más de ciento veinte días sin que se hubiera decretado la caducidad de la instancia. Lo anterior es así, en virtud de que, ello es materia de una excepción que en su caso se haga valer en el juicio de origen, por lo tanto, no puede ser analizado en la presente instancia constitucional. En las anotadas condiciones, al haber resultado infundados en parte e inoperantes en otra los conceptos de violación, por no demostrarse con razonamientos lógico-jurídicos que el auto de exequendo reclamado, sea violatorio de las garantías que invoca la quejosa previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, lo procedente es negar el amparo y la protección que de la Justicia de la Unión solicitada, contra los actos que reclamó del Juez Segundo de lo Mercantil de Torreón, Coahuila. Dicha negativa, debe hacerse extensiva a los actos de ejecución que se atribuyen al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas y actuario de su adscripción, en virtud de que no se reclama vicios propios de su ejecución, sino que su inconstitucionalidad la hace derivar de la orden que debe ejecutar, la que, como se expuso en párrafos precedentes, no fue demostrada. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios." Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA, NI PROTEGE a FRANCISCO IGNACIO RODRÍGUEZ GARCÍA, contra de los actos reclamados a la Juez Interina del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil, con sede en Torreón, Coahuila, la Juez Mixto de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas y la actuaria de su adscripción, por las razones expuestas en el considerando último de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la Secretaria que autoriza, licenciada María Soledad Torres Muguiro, hasta el día de hoy veinticinco de agosto de dos mil quince, en que las labores del Juzgado lo permitieron. DOY FE. mtm
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