Francisco Humberto Trejo Pachicano
Expediente 756/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 13 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 756/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 31/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Francisco Humberto Trejo Pachicano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, lo cual causó ejecutoria en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se precisa que en el citado expediente original, no obra algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se les informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 756/2020-I. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, toda vez que así se desprende de su informe justificado. Certeza que se corrobora con la prueba que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda, consistente en copia autógrafa del oficio número 203301EL350413, de fecha diez de septiembre de dos mil veinte; documento que tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, al ser un documento expedido por una autoridad en el ejercicio de sus funciones. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la ley de la materia1 , previo al estudio del fondo del asunto se analizan las causales de improcedencia del juicio. Este Juzgado advierte que en cuanto al acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En el caso, previo a la promoción del juicio de amparo, se debió promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con el artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica de ese tribunal, en el que establece: "3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo". En el caso, la solicitud del quejoso constituye una instancia, en la medida en que solicita la actividad administrativa del Estado para obtener una autorización, por lo que es claro que la respuesta; esto es, el oficio 203301EL350413, de fecha diez de septiembre de dos mil veinte, que le recayó a dicha solicitud, constituye una resolución definitiva que pone fin a dicha instancia. Bajo esa tesitura, si el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es procedente en contra de las resoluciones definitivas o actos administrativos que pongan fin a una instancia, entonces, es claro que previamente a la promoción del juicio de amparo se debió agotar ese medio ordinario de defensa, ya que a través de éste se puede obtener la modificación, revocación o anulación del oficio reclamado. Derivado de lo anterior, es válido concluir que el juicio contencioso previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa no prevé mayores plazos, no exige más requisitos ni establece menores alcances que los contemplados por la Ley de Amparo para conceder la suspensión, razón por la cual cumple con las condiciones establecidas en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que es necesario agotarlo en atención al principio de definitividad. Finalmente, es importante precisar que este Juzgado de Distrito no desconoce las jurisprudencias emitidas por la Primera Sala del Alto Tribunal en las que declaró como inconstitucionales las normas de la Ley General de Salud que establecen una prohibición absoluta para el consumo lúdico de marihuana. No obstante, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la suplencia de la queja tratándose de normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia del Alto Tribunal, opera solo respecto de cuestiones de fondo, es decir, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues es inadmisible que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo. Incluso, determinar si en el caso resultan aplicables las jurisprudencias que aluden a la inconstitucionalidad de las normas que establecen una prohibición absoluta para el consumo lúdico de marihuana es una cuestión de mera legalidad que de ningún modo justifica la procedencia del juicio de amparo sin agotar los medios ordinarios de defensa, sobre todo si, en el caso, no se señalaron las normas generales como actos reclamados ni como responsables a las autoridades encargadas de su creación. Por ende, es evidente que previamente el quejoso debió agotar el juicio contencioso administrativo, en atención al principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Consecuentemente, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que mediante proveído de quince de abril de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la Coordinadora General Jurídica y Consultativa en representación del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; por lo que se encuentra transcurriendo el término que concede el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan de su contenido; en consecuencia, para no dejarlas en estado de indefensión, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al que acompaña diversa comunicación oficial de la Coordinadora General Jurídica y Consultativa en representación del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; con su contenido y anexo, de conformidad con el artículo 117, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Notifíquese.
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