Francisco Huerta Cano

Expediente 312/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
312/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
09/05/2019

Partes del expediente

  • Francisco Huerta Cano

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja en contra del auto de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo intentada por ************, sin que lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se desechó de plano la demanda de amparo.

  2. Principal

    Por recibido el escrito signado por el quejoso ******, a través del cual da cumplimiento a las prevenciones formuladas en auto de quince de abril del año en curso, y manifiesta bajo protesta de decir verdad: 1. Los antecedentes relativos al juicio civil *** del índice del Juzgado Único Civil de Partido y de Oralidad Familiar de Juventino Rosas, Guanajuato, en los que precisa la materia del mismo y lo resuelto en definitiva; 2. Precisa d*** de la estadística del mismo órgano jurisdiccional, en especificó la excepción de cosa juzgada; y 3. Señala el nombre y domicilio de los tercero interesados. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda se necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se desprende que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Así, por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Ello en virtud de que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Bajo ese contexto, con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, a efecto de fijar la litis constitucional, debe precisarse que de lo manifestado por el quejoso en su escrito inicial de demanda de amparo (manifestación que adquiere eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º), así como de las constancias que remitió el juez Único Civil de Partido y de Oralidad Familiar, con residencia en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, se desprende que reclama: - La resolución de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, a través de la cual declaró infundados los motivos de inconformidad planteados por la parte quejosa, en contra de la determinación tomada en la audiencia preliminar de la etapa de depuración del procedimiento, en el juicio oral ordinario *** de la estadística del Juzgado Único Civil de Partido y Oralidad Familiar en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, en la que se declaró improcedente la excepción de cosa juzgada planteada por el accionante del amparo. Sobre esa línea de pensamiento, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la ley adjetiva, en relación con los artículos 107, fracción V del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu. Los preceptos citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" De la disposición normativa transcrita emerge que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, que de no revestir dicha característica, el juicio de derechos fundamentales será improcedente. En esa medida, habrá de resaltarse que el acto reclamado en la presente instancia no puede ser estimado como de imposible reparación, pues para ese supuesto es necesario: a) Producir una afectación material a derechos sustantivos; b) Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y, c) Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó criterio por el cual determinó que para ser calificados como irreparables -los actos reclamados-, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce -acotó el Pleno de la Corte- de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto en contra de actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En esta condición, los actos reclamados descritos con anterioridad, no puede estimarse como de imposible reparación, toda vez que no vulneran ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, como puede ser entre otros, la vida, la libertad, los derechos patrimoniales o el estado civil. De ahí que, los actos reclamados atañen a una cuestión de trámite, lo que versa sobre un tema de índole formal o adjetivo, y no lesiona derechos sustantivos de la parte quejosa, para llegar a ser calificado como acto de imposible reparación. En ese sentido, la violación de que se trata, por regla general, es reclamable en términos de lo dispuesto en los artículos 171 y 174 de la Ley de Amparo , por no ser un acto que traiga aparejada una ejecución de imposible reparación, ya que solo afecta derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales que podrán ser reparados si se obtiene sentencia favorable, máxime que dicha cuestión no actualiza ningún caso de excepción, a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la citada ley, para la procedencia de la vía indirecta. En tal virtud, es que resulta inconcuso que el acto reclamado consistente en la resolución de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, mediante la cual, confirmó la determinación de improcedencia de la excepción de cosa juzgada emitida en la audiencia preliminar decretada el treinta de enero de dos mil diecinueve, en el juicio oral ordinario ***de la estadística del juzgado Único Civil de Partido y de Oralidad Familiar, con residencia en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, no tiene una ejecución de imposible reparación, sino que sus consecuencias son meramente procesales, pues de obtener la parte quejosa resolución favorable a sus intereses, las violaciones procesales que ahora constituyen el acto reclamado, quedarán extinguidas sin haber originado afectación alguna a sus derechos sustantivos y, en caso de que no sea así, es decir, que no obtenga un fallo acorde a sus intereses, el peticionario del amparo estará en condiciones de hacer valer tales violaciones, en el amparo directo que se intente en contra de la sentencia que ponga fin al juicio. Sirve de apoyo en lo anterior, la jurisprudencia aplicación la jurisprudencia por contradicción de criterios P./J. 12/2018 (10a.), con número de registro 2017109, junio de 2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COSA JUZGADA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA ESTA EXCEPCIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Contra la resolución que desestima la excepción de cosa juzgada es improcedente el juicio de amparo indirecto, al no ajustarse a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues no se trata de actos que afecten materialmente derechos, ni el afectado reviste la categoría de sustantivo; esto es, aquella resolución es un acto de naturaleza procesal, por lo que la única consecuencia que genera la improcedencia del amparo indirecto, es que continúe la secuela procesal del juicio de origen hasta el dictado de la sentencia definitiva, por lo que no da lugar a una afectación material directa e inmediata de un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o por algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte; de ahí que no pueda considerarse que dicho acto sea de imposible reparación. Por otro lado, no puede estimarse que exista un perjuicio a derechos sustantivos, con efectos inmediatos, toda vez que la violación procesal que se pretende combatir a través del juicio de amparo indirecto puede resolverse en sentido favorable al interesado en la sentencia definitiva, por lo que no habrá trascendido en su perjuicio, además de que el hecho de que no proceda el juicio de amparo indirecto, no significa que el inconforme quede sin defensa, sino que tiene que sujetarse a los requisitos, términos, plazos y límites establecidos en el sistema jurídico mexicano, máxime que al tratarse de un derecho procesal, éste se encuentra dentro de la categoría de garantías judiciales que proporcionan el debido acceso a la justicia, el cual, en su caso, puede llegar a analizarse y restituirse a través del juicio de amparo directo." Bajo ese contexto, es inconcuso que la determinación reclamada ante esta potestad federal, constituye una cuestión de derecho procesal que no genera afectación a los derechos sustantivos de la parte quejosa, toda vez que con los mismos no se afectan materialmente esos derechos, pues en modo alguno se impide el libre ejercicio de derechos de la parte quejosa, dado que antes bien, dichos derechos procesales surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de este el particular no los tenía y si dichos derechos fueran violados, la resolución definitiva que se dictara a favor del agraviado podría tener como efecto su restitución; en caso contrario, si la misma fuera en contra del afectado y esas violaciones procesales trascendieran el resultado del fallo, podrían reclamarse estas a través de los medios ordinarios de defensa y, en su caso, por medio del juicio de amparo directo en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. Es de invocarse en apoyo de lo que antecede, la tesis I.8º. C. 22C (10ª.), con registro 2008458, legible en la página 2674, libro 15, febrero de 2015, tomo III, de la Décima Época, de rubro y texto: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida". Además, la causal de improcedencia cuya actualización se destaca, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ya que si bien las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, y que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes; verdad es que ello no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales. Cobra vigencia sobre el particular, en lo conducente, la tesis I.2o.C.1 K (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1771, Libro XX, mayo de 2013, tomo 3, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de epígrafe siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA". Por tanto, en el particular al reclamarse actos dentro de un procedimiento que no son de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda.

  3. Principal

    Con sustento en los numerales 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, glósese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio que remite la juez Único Civil de Partido y de Oralidad Familiar, con residencia en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, en cumplimiento al requerimiento de quince de abril actual, mediante el cual informa y adjunta copia certificada de diversas actuaciones del procedimiento de origen. Estese en espera de que la parte quejosa desahogue la prevención que le e formulada en el proveído supraindicado para acordar lo que en derecho corresponda, con relación al libelo constitucional.

  4. Principal

    Registro de demanda. Por recibida la demanda de amparo formulada por ******en contra de actos del magistrado propietario que integra la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. Acorde con lo dispuesto por los artículos 1º, 61, 107 y 113 de la Ley de Amparo, fórmese expediente físico y digital, bajo el número 312/2019. Prevención. Para estar en aptitud de acordar sobre la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108, fracción V, y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído aclare su demanda, la subsane y bajo protesta de decir verdad: Indique pormenorizadamente los antecedentes relativos al diverso juicio civil ****, del índice del Juzgado Único Civil de Partido y de Oralidad Familiar de Juventino Rosas, Guanajuato, en los que deberá precisar la materia del mismo y lo resuelto en definitiva. Lo anterior obedece a que no se advierten del escrito inicial de demanda, y resultan datos necesarios para proveer respecto la admisión de la demanda de que se trata. Precise detalladamente, en relación al juicio oral ordinario número *** de la estadística del mismo órgano jurisdiccional: El contenido de su demanda inicial; En qué consistió la contestación y reconvención que realizó su contraparte; Sobre que versó su contestación a la reconvención y las excepciones planteadas; y, Los antecedentes procesales de este, en específico lo relativo a la excepción de cosa juzgada. Lo anterior obedece a que no se advierte del escrito inicial de demanda, y resultan datos necesarios para proveer respecto la admisión de la demanda de que se trata. El nombre y domicilio de la totalidad de personas que integren la parte demandada en el juicio natural. Ello obedece a que en el apartado relativo a las terceras interesadas señala como tal a ******, ambas de apellidos *********, en tanto que en el apartado correspondiente a los antecedentes del acto reclamado, únicamente señala que de "la parte demandada" solamente contestó la demanda inicial ************; lo que genera incertidumbre en cuanto a las personas que integran la parte demandada, para así, en su caso, llamarlas como terceras interesadas al presente asunto. Precise el número del expediente segunda instancia del que deriva el acto que reclama. Ello, en virtud de que la parte quejosa fue omisa al respecto en su escrito de demanda. Lo anteriores datos resultan necesarios para estar en posibilidad de proveer lo que en derecho corresponde respecto la demanda de amparo. En la inteligencia que esta prevención deberá ser desahogada por la propia parte quejosa, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." Así como la diversa la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, de junio de dos mil once, página sesenta y ocho, de rubro: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA." En el entendido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta de Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de dos mil diecisiete, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRÁMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGÚN DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA" En la inteligencia que deberá exhibir las copias necesarias del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, de conformidad con el artículo 110, de la ley de la materia, es decir, una para la autoridad señalada como responsable (1), una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado (1) y una para cada una de las partes a las que pudiera señalárseles como terceras interesadas. Relativo a lo anterior, se aplica la jurisprudencia número 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, de abril de dos mil uno, página setenta y nueve, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Así como la diversa tesis jurisprudencial 2a./J. 124/2016 (10a.), legible en la página mil cuatrocientos cuarenta y nueve, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro treinta y seis, Noviembre de dos mil dieciséis, Tomo II, Materia Común, de rubro y texto: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES." Apercibida la parte quejosa que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Requerimiento a autoridad. Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al juez Único Civil de Partido y de Oralidad Familiar de Juventino Rosas, Guanajuato, para que dentro del improrrogable plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que reciba el oficio correspondiente, informe a este juzgado: En qué consistió el reclamo inicial de demanda en el juicio *** de su índice, así como el contenido de la contestación y reconvención de la parte demandada, y la contestación a la reconvención por el actor; Sobre que versó la excepción de cosa juzgada opuesta por la parte actora, y lo resuelto en la audiencia de depuración del procedimiento en torno a dicha excepción; y, Lo resuelto por el tribunal de alzada respecto a ese tema. Además, de no existir impedimento legal, deberá remitir las constancias en que sustente su afirmación. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta días, conforme a la Unidad de Medida y Actualización Diaria, prevista en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Toda vez que el promovente señala para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, con fundamento en lo previsto por el numeral 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, se ordena realizar esta notificación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de la lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional. Asimismo, se tiene como autorizado del accionante del amparo, en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a *******, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que tiene inscrita su cédula profesional en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos de dicho numeral a *******, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no tiene inscrita su cédula profesional. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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