Francisco Hernández Torres

Expediente 156/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
156/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
29/05/2018

Partes del expediente

  • Francisco Hernández Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula.

  2. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo número 156/2018; y R E S U L T A N D O PRIMERO.- Presentación de la demanda. Por escrito presentado el quince de febrero del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Francisco Hernández Torres, por su propio derecho, presentó demanda de amparo contra la autoridad y por los actos que enseguida se mencionan: AUTORIDAD RESPONSABLE: 1.- Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS: "a) El extravió del expediente laboral en que se actúa el juicio desde el desahogo de la audiencia de fecha veintitrés de enero de dos mil dieciocho. b) El acuerdo de las nueve horas con quince minutos del doce de febrero de dos mil dieciocho, del desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora, al prolongar de manera excesiva la fecha audiencia para su desahogo c) El acuerdo de las once horas, con quince minutos del día doce de febrero de dos mil dieciocho, del desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada, al señalar nueva fecha cuando lo oferente tenía la obligación de presentar y solo presentó a uno de los testigos, por lo que se tienen que decretar los apercibimientos decretados en autos." SEGUNDO. Preceptos Constitucionales reclamados. El quejoso señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 Constitucional. TERCERO.- Tramitación del juicio. Por acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró en el libro de gobierno respectivo con el número 156/2018; se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de dos diferimientos, se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto dictado dentro de un juicio laboral que se tramita ante una autoridad con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que puede tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda de amparo, en relación con las constancias de autos, se precisa que la parte quejosa, como actora en el juicio laboral 193/2016, reclama: a) El extravío del expediente laboral 193/2016. b) Los acuerdos de doce de febrero del año en curso, en relación a la fecha excesiva de la audiencia para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora así como por la parte demandada. TERCERO. Certeza del acto reclamado. ES CIERTO el acto reclamado a la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, pues al rendir su informe justificado por conducto de su Presidente así lo reconoció, lo cual se corrobora con las copias certificadas de las diversas actuaciones que integran el expediente laboral 193/2016, que adjuntó como apoyo a su informe con justificación, a las que se les otorga valor probatorio pleno por tratarse de documentos públicos de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo 2. CUARTO. Actualización de diversas causales de improcedencia. Verificada la certeza de los actos reclamados, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, por lo que hace al acto precisado en el inciso a), de oficio se advierte se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Así, conforme al texto legal preinserto, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Luego, al haber reclamado el quejoso en esta vía constitucional de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, el extravió del expediente laboral 193/2016, y dado que mediante oficio 08.43-1445/2018 de cinco de abril del año en curso, el Secretario de Acuerdos de la Junta responsable informó que el dieciséis de marzo del año en curso, al haberse localizado dicho expediente laboral se levantó el acta correspondiente al desahogo de la prueba de ratificación de contenido y firma ofrecida por la demandada en el juicio de origen, se estima que han cesado los efectos de la conducta reclamada. Lo anterior, en razón de que con posterioridad a la presentación de la demanda, la autoridad responsable actuó en el sentido pretendido con la interposición de esta, quedando el quejoso en una situación idéntica a la que habría existido, si se hubiere concedido el amparo solicitado; de ahí que procede a su respecto el sobreseimiento respecto del acto reclamado con el inciso a) con base en la fracción XXI del numeral 61, en relación con la fracción V, del diverso numeral 63, ambos de la Ley de Amparo. Es ilustrativa al respecto la jurisprudencia número 2ª. /J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por otro lado, por lo que hace al acto precisado en el inciso b), consistente en los acuerdos de doce de febrero del año en curso, en relación a la fecha excesiva de la audiencia para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora asi como por la parte demandada, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, ambos de la ley de la materia, este último aplicado a contrario sensu, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." El argumento del quejoso para acudir a la presente instancia constitucional, se basa esencialmente en el hecho de que la autoridad laboral transgredió en su perjuicio el derecho que a su favor tutela el artículo 17 de la Constitución Federal, en tanto que de dicho numeral se deriva que los tribunales impartirán justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; lo anterior, porque al emitir los proveídos de doce de febrero del año en curso, señaló una fecha distante para el verificativo de la prueba testimonial ofrecida por este así como por la demandada Yoli de Acapulco, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable en el juicio laboral 193/2016; esto es, fuera del lapso de diez días señalado por la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 884, fracción II. En este punto, es importante tener en consideración que si bien es cierto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la jurisprudencia 2ª./J.45/2007, consultable en la página 528 tomo XXV, Abril de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", dicho criterio ya no es aplicable en virtud de que mediante resolución de dieciocho de septiembre de dos mil trece, dictada en el recurso de inconformidad 282/2013, la propia sala del Máximo Tribunal de la Nación determinó abandonar el criterio contenido en la tesis aludida al considerar que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Así las cosas, de las constancias allegadas por la Junta responsable -cuyo valor probatorio pleno quedó señalado en el considerando que antecede-, se desprende que el doce de febrero del año en curso, se señalaron las diez horas del seis de junio del dos mil dieciocho para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora con cargo a Marco Severiano Campuzano Mujica y Miguel Ángel Gallegos Vázquez así como las nueve horas del siete del mismo mes para la práctica de la diversa prueba testimonial ofrecida por la parte demandada Yoli de Acapulco, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, con cargo a Roberto Abarca Radilla y Luis Enrique Vázquez Fuentes. De ahí, que el juicio de amparo siempre debe tener una finalidad práctica, pues de otro modo no podría materializarse lo dispuesto por el artículo 77 de la ley de la materia; y en ese orden de ideas, partiendo de la base de que los alcances de una eventual sentencia amparadora, deben materializarse en función de las circunstancias particulares de cada caso. Por tanto, a ningún fin práctico conduciría otorgar la protección de la justicia federal para el efecto de que la responsable señalara una fecha más próxima, pues el momento en el que jurídica y materialmente sería posible para la responsable dar cumplimiento a dicho fallo amparador una vez que causa ejecutoria la presente resolución, seria relativamente cercano o coincidente con las fechas señaladas en los autos de doce de febrero del presente año, aunado a que en los proveídos antes mencionados, se ordenó la presentación de los atestes Roberto Abarca Radilla y Luis Enrique Vázquez Fuentes, con cargo a la parte demandada en el juicio natural, con el apercibimiento que de no presentarlos se declarara desierta la prueba testimonial, de lo cual quedaron notificadas las partes a través de sus respectivos apoderados legales; situación que pone de manifiesto que en la especie opera la causal de improcedencia que resulta al relacionar el artículo 77, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Federal, en su interpretación a contrario imperio, con la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que -se insiste-, a ningún fin práctico conduciría otorgar la protección de la justicia federal que se solicita, y por ende, con fundamento en el arábigo 63 del mismo ordenamiento legal se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio a su respecto. Cobra actualidad sobre el particular la jurisprudencia número P./J 90/97, emitida por el Peno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de mil novecientos noventa y siete, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, 74, 75, 77, fracción II, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO.- Se sobresee el juicio de amparo número 156/2018, por los motivos reseñados en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; veinte de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído de nueve de abril del año en curso, se tuvo por recibida la documental que como complemento a su informe justificado remitió la Junta Especial Número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, la cual no fue conocida con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, para dar margen a lo estipulado en el numeral de referencia, se difiere la audiencia señalada para este día según se advierte de la certificación de cuenta, para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIEZ DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; nueve de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos de la Junta Especial Número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, se tiene por desahogado el requerimiento formulado en proveído de catorce de marzo pasado, y por recibida la documental que al efecto exhibe como complemento de su informe justificado rendido en autos, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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