Francisco Hernández Sánchez

Expediente 1252/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1252/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
10/11/2022

Partes del expediente

  • Francisco Hernández Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    ...VISTO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS...SE DECLARA QUE EL AUTO POR EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA HA CAUSADO ESTADO...ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO...

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    *AVISO FIJADO EN PUERTA.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 21/10/2022, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ".Vista la demanda de amparo promovida por. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. En la especie los actos reclamados el quejoso los hace consistir esencialmente en: a) La negativa de acceso e información del expediente iniciado por el juicio sucesorio testamentario a bienes de Francisco Hernández Sánchez (padre del quejoso) en la Notaria Pública número 37 de la Ciudad de Querétaro, y actualmente radicado en la Notaria Pública número 2 de Cadereyta de Montes, Querétaro, así como el inicio y tramite de dicha sucesión testamentaria. No es Acto de autoridad Ahora bien en relación al acto reclamado consistente en la negativa de acceso e información del expediente iniciado por el juicio sucesorio testamentario a bienes de Francisco Hernández Sánchez (padre del quejoso) en la Notaria Pública número 37 de la Ciudad de Querétaro, y actualmente radicado en la Notaria Pública número 2 de Cadereyta de Montes, Querétaro, así como el inicio y tramite de dicha sucesión testamentaria, este juzgado estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1 fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, en cuya parte que interesa, establecen lo siguiente: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: XXXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales e los que el Estado mexicano sea parte. "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". Una interpretación sistemática y complementaria de estos preceptos, y el último a contrario sensu, conduce a establecer que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que el ente a quien se imputa el acto reclamado, no se trate de una autoridad. Ahora bien, la última porción normativa establece el supuesto de que se considere a un ente estatal como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, sólo cuando dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. La objetiva posibilidad legalmente prevista de que un ente del gobierno pueda ser considerado como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, deriva de la naturaleza y características propias del acto que emiten u omiten, pues además de tener las cualidades específicas ya señaladas de unilateralidad, y obligatoriedad, también deben trascender o impactar en la esfera jurídica del gobernado, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas o fácticas, de manera unilateral y obligatoria cuyas facultades se prevén en una norma general. Luego entonces, el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, se otorga a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares (que se emitan en el mismo plano de igualdad), precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Luego, para efectos de dilucidar si en la especie nos encontramos ante actos provenientes de una autoridad o no, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado cuáles son las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, registro 161133, que dice: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Del tal criterio se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para los efectos del juicio de amparo, una autoridad goza de las características siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, en relación con la distinción entre actos de autoridad y actos de particulares por sí mismos, así como los actos de éstos pero equivalentes a los de una autoridad, tiene relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Por su parte, las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes que son generalmente particulares se encuentran en un mismo nivel, por lo cual tienen que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias. En tanto que las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado. En esa relación de supra a subordinación, las autoridades desempeñan frente al gobernado la actividad soberana, o sea, actos autoritarios propiamente dichos que tienen como atributos esenciales la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, características de las que igualmente deben encontrarse revestidos los actos de particulares, pues de lo contrario, esto es, al faltar alguna de esas características, no se pueden considerar como actos de autoridad. En el caso, el acto que se reclama al Titular de la Notaría Pública número 2 en Cadereyta de Montes Querétaro, no reviste tal carácter, en virtud de que el acto que se le atribuye consiste en la negativa de acceso e información del expediente iniciado por el juicio sucesorio testamentario a bienes de Francisco Hernández Sánchez (padre del quejoso) en la Notaria Pública número 37 de la Ciudad de Querétaro, y actualmente radicado en la Notaria Pública número 2 de Cadereyta de Montes, Querétaro, así como el inicio y tramite de dicha sucesión testamentaria, todo lo cual tiene su origen en una relación de coordinación, en la formalización e información sobre el inicio del Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de quien en vida respondiera al nombre de Francisco Hernández Sánchez. Por tanto, lo relevante es que el acto reclamado al Notario con dicho origen, no revisten la característica de unilateralidad y obligatoriedad, pues la tramitación por un notario del inicio de un juicio sucesorio testamentario, y por ende, la información del trámite o estatus del mismo, resulta una función que ejerce en términos de la ley del notariado que rige su actuación, la cual, no implica la realización de actos equivalentes a los de una autoridad para efectos del amparo, ya que sólo constituye una facultad con la que cuenta, y respecto de la cual habrá de percibir los honorarios correspondientes de conformidad con los artículos 80, 81 y 83 así como 165 de la Ley del Notariado, razón por la cual no impone disposiciones normativas ni modifica alguna situación jurídica de manera unilateral ni afecta la esfera legal de las partes. En el presente caso, es evidente que el trámite del inicio del Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de quien en vida respondiera al nombre de Francisco Hernández Sánchez, y por ende, la información del estatus sobre el trámite de la misma, resulta una función del notario, por la que habrá de percibir los honorarios correspondientes, siempre que se encuentre en posibilidad, física y material para ello, lo cual, no le otorga la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, porque no dicta, ordena, ni ejecuta un acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sino que únicamente se trata de una facultad con la que cuenta siempre y cuando le sean pagados sus honorarios. Para mejor apreciación se transcriben los artículos de la Ley del Notariado del Estado de Querétaro: "Artículo 80. La obligación que tiene el Notario de redactar por escrito las cláusulas de los testamentos públicos abiertos no implica el deber de escribirlas por sí mismo. Artículo 81. Todo Notario, al autorizar un testamento, a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a su otorgamiento, dará aviso de ello a la Dirección del Archivo General de Notarías, utilizando los sistemas informáticos y formatos que ésta determine, expresando: I. El nombre y demás generales del testador; II. Número de instrumento, fecha y hora de otorgamiento; y III. En caso de que el testador manifieste los nombres de sus padres y su Clave Única del Registro de Población, se incluirán estos datos en el aviso. Si el testamento fuere cerrado, expresará además en el aviso, el lugar o persona en cuyo poder se deposite. El aviso a que hace referencia podrá ser enviado por el Notario ante quien se otorgó el testamento, mediante documento por él firmado y sellado, o bien, de manera electrónica, mediante el uso de sistemas informáticos que el Consejo de Notarios del Estado acuerde con el Archivo General de Notarías, siendo esta dependencia la responsable de la operación. Tratándose de Notarios que ejerzan sus funciones fuera de la capital del Estado, dichos avisos podrán ser enviados por correo certificado con acuse de recibo, antes del vencimiento del plazo establecido. El Archivo General de Notarías llevará un registro especial denominado "Registro de Avisos de Testamentos", destinado a asentar las inscripciones relativas con los datos que se mencionan y las trasmitirá, por medios electrónicos, al Registro Nacional de Avisos de Testamentos. El Notario ante quien se inicie un juicio sucesorio recabará del Archivo General de Notarías, la información por escrito de si hay en el Registro de Avisos de Testamento, anotación referente de haberse otorgado alguno por la persona de cuya sucesión se trate en el Estado o en otra entidad federativa. Artículo 82. Los documentos procedentes del extranjero podrán protocolizarse por el Notario cuando reúnan las condiciones que previenen los tratados internacionales o el derecho mexicano y se hará la traducción respectiva por persona cierta cuando no se hallen redactados en idioma español, agregando al Apéndice correspondiente, copia cotejada del documento y su traducción. El Notario asentará los datos de identificación y localización de quién realice la traducción." . "Artículo 165. Por los testamentos que se otorguen en su notaría, se cobrarán veinte VSMGZ. En los testamentos otorgados fuera de la oficina, el doble de lo señalado en el párrafo anterior, si se trata de horas hábiles y hasta el triple, en horas inhábiles, debiendo aplicarse para la habilitación lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro. El Notario deberá tomar en cuenta la situación socioeconómica del testador para establecer los honorarios." Esto es, la objetiva posibilidad legalmente prevista de que un ente del gobierno o un particular puedan ser considerados como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, deriva de la naturaleza y características propias del acto que emiten u omiten, pues no sólo debe tener las cualidades específicas señaladas de unilateralidad y obligatoriedad, sino que también deben trascender o impactar en la esfera jurídica del gobernado, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas o fácticas, siempre que esa posibilidad para el particular derive de una facultad expresa conferida por normas generales. En esas condiciones, si bien es cierto que aunque el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo establece que para los efectos de la propia ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la citada fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, también lo es que el notario público no se encuentra en ese supuesto, pues lo que se reclama de éste consiste en la negativa de acceso e información del expediente iniciado por el juicio sucesorio testamentario a bienes de Francisco Hernández Sánchez (padre del quejoso) en la Notaria Pública número 37 de la Ciudad de Querétaro, y actualmente radicado en la Notaria Pública número 2 de Cadereyta de Montes, Querétaro, así como el inicio y tramite de dicha sucesión testamentaria, luego entonces el referido fedatario público no actúa por sí y ante sí, de manera unilateral, para afectar la esfera jurídica del quejoso. En tales circunstancias, resulta claro que el acto que se atribuye al citado notario público, si bien se trata de una atribución con la que cuenta conforme a la Ley del Notariado, lo cierto es, que en relación al trámite e información de acto jurídico actúa en una relación de coordinación, al formalizar la sucesión testamentaria correspondiente, siendo que por tal acto jurídico, solo habrá de percibir los honorarios correspondientes, lo cual en todo caso constituye una prestación de servicios, por lo que con la negativa de acceso e información del expediente iniciado por el juicio sucesorio testamentario a bienes de Francisco Hernández Sánchez (padre del quejoso) en la Notaria Pública número 37 de la Ciudad de Querétaro, y actualmente radicado en la Notaria Pública número 2 de Cadereyta de Montes, Querétaro, no puede estimarse, que se coloque en un plano equivalente al de una autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo, toda vez que no dicta, ordena, ni ejecuta un acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sino que en todo caso constituye una denegación a la prestación de sus servicios por parte del fedatario público, que en todo caso tiene su origen en una relación de coordinación. De ahí que al carecer lo que se está reclamando de las características de unilateralidad y obligatoriedad, no es factible atribuirle el carácter de autoridad responsable, a fin de que sea susceptible de revisión constitucional. Resultan aplicables por identidad jurídica sustancial, las tesis de jurisprudencia y relevantes del contenido siguiente: NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES. NOTARIO PÚBLICO. NO REALIZA ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE UNA AUTORIDAD CUANDO SE LE RECLAMA LA PROTOCOLIZACIÓN DE UNA ESCRITURA PÚBLICA, SI ÚNICAMENTE DA FORMALIDAD AL ACTO JURÍDICO QUE CELEBRAN LAS PARTES. Finalmente cobra aplicación por las consideraciones que contiene el criterio de jurisprudencia visible en el Registro digital: 167897, Instancia: Primera Sala, Novena Época, Materias(s): Civil, Tesis: 1a./J. 99/2008, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Febrero de 2009, página 199, cuyo rubro y texto es el siguiente: NOTARIOS PÚBLICOS. CUANDO UN TERCERO EXTRAÑO RECLAMA EL TRÁMITE DE UNA SUCESIÓN LLEVADA ANTE ELLOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y NUEVO LEÓN). Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el artículo 113 de la misma legislación, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías que promueve Francisco Hernández Sánchez y/o Rodolfo Hernández Sánchez, por notoriamente improcedente. Por otra parte, se tiene como autorizados de la parte quejosa a Octavio Becerra López y Sara Rodríguez Mayorga, sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, por ser los efectos de su autorización. Ahora bien respecto a la solicitud de que se le tenga señalado autorizados para recoger documentos, dígasele que una vez que precise que documentos habrán de recoger y reiterada que sea su petición se acordara lo conducente."

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