Francisco Hernandez Roman

Expediente 150/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
150/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
05/03/2019

Partes del expediente

  • Francisco Hernandez Roman

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que el promovente ********************, a quien en dado caso le pudiera perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, interpusiera recurso de queja conforme a los diversos numerales 99 y 100 de la citada legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado Federal, el doce de febrero de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de una demanda desechada; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos; quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del doce de febrero del dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, doce de febrero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Francisco Hernández Román, contra actos del Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos y otras autoridades. 1).- Registro de demanda. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado bajo el número que le corresponda y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2).- Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano la demanda de amparo, dado que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia contra actos que no provengan de autoridades, prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción I del artículo 1 y fracción II del artículo 5, ambos de la Ley de Amparo . Se explica: Lo anterior porque las autoridades responsables Ayuntamiento Constitucional, Tesorería y Dirección de Administración del Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, del Estado de Morelos, al incurrir en la omisión reclamada, no tienen el carácter de autoridades para efectos del juicio de amparo, puesto que el acto reclamado esencialmente consiste en la omisión de no cumplir de forma completa e integra el acuerdo de pensión CPSHAPI/59/2016 que resultó del acta de cabildo de sesión extraordinaria de fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, publicado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho en el periódico oficial tierra y libertad número 5633, sexta época, en el que se le otorga el pago de la pensión por jubilación al quejoso; lo que tiene su origen en una relación jurídica del Ayuntamiento, al que pertenecen las responsables en cita, como patrón con sus trabajadores en la que ambos actúan en un mismo plano de igualdad, respecto de prestaciones de seguridad social, en la que entre ambas partes existe una relación de coordinación y, por ende, los conflictos que entre ambas partes se susciten deben resolverse por los tribunales laborales establecidos para ello, concretamente a través del juicio laboral burocrático previsto en el artículo 114, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos . Véase. Acorde al fundamento señalado, el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino sólo aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad que suponga el ejercicio de facultades sustentados en el orden público e interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación; pero también los entes de la administración pública pueden actuar como particulares en relaciones de derecho privado, lo que es impugnable a través de los procedimientos ordinarios, conocidos comúnmente como relaciones de coordinación que son entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, y para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales. Así, el acto reclamado versa sobre la omisión de dar cumplimiento en forma completa e integra al acuerdo en el que se le otorgó la pensión por jubilación a un trabajador del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos; por lo que dada su naturaleza, deja en evidencia que entre el quejoso que se ostenta como trabajador y el ente patronal al que pertenece la autoridad aquí señalada como responsable, existe una relación de coordinación y no de supra a subordinación, de modo que la presente instancia constitucional resulta improcedente. En efecto, al omitir en cumplir en forma completa e integra el acuerdo en el que se le otorgó la pensión por jubilación emitida en el decreto 5633 del periódico oficial tierra y libertad, el Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, del Estado de Morelos, actuó como patrón respecto de una prestación de seguridad social, por lo que dicha relación es de coordinación y no de supra a subordinación, es decir, el Estado-patrón, no actúa frente el trabajador burócrata como autoridad sino como particular. Y tal relación de índole laboral tiene su fundamento en el artículo 114, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos , de acuerdo al cual, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre un Poder Estatal o Municipio con sus trabajadores. En apoyo a lo anterior, es orientador el criterio contenido en la jurisprudencia PC.XVIII.L. J/3 L (10a.) del Pleno en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con registro 2014236 y rubro y texto siguientes: "PENSIONES POR JUBILACIÓN, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VIUDEZ. EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES RELACIONADOS CON AQUÉLLAS, SUSCITADOS ENTRE UN MUNICIPIO DE LA ENTIDAD Y SUS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS. Acorde con los artículos 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, fracción VII, 57 a 59, 64 y 66 de la Ley del Servicio Civil, y 38, fracciones VII, LXIV, LXV y LXVI, de la Ley Orgánica Municipal, ambas del Estado de Morelos, los trabajadores al servicio de dicha entidad federativa y de sus Municipios, así como sus beneficiarios, tienen derecho a gozar de una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, entre otras, como parte de la seguridad social que los Ayuntamientos deben proporcionar a sus empleados. En torno a dicha prerrogativa, la citada legislación establece requisitos y formalidades que deben cumplir tanto el trabajador o sus beneficiarios como el Municipio, y que es éste el facultado para resolver sobre el otorgamiento o la negativa de la pensión solicitada. En esas circunstancias, al constituir el otorgamiento de las pensiones un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos como consecuencia de la relación laboral, el conflicto suscitado, ya sea por la negativa del Ayuntamiento patrón de otorgar la pensión solicitada, de recibir la solicitud respectiva, o bien, de emitir el acuerdo correspondiente dentro del plazo previsto en el artículo 38, fracción LXVI, indicado, debe conocerlo y resolverlo el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad federativa, en términos de los artículos 123, apartado B, fracción XII, constitucional y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el cual está facultado para prevenir a la parte actora para que exhiba constancia de la solicitud que presentó ante el Ayuntamiento demandado o, incluso, desechar la demanda laboral si es que de los hechos manifestados en ésta se advierte que la solicitud no se presentó conforme al artículo 57 invocado". Y dicha causal de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de sustanciarse el juicio de amparo, no cambiarían el hecho de que en el caso las autoridades señaladas como responsables no tienen ese carácter; de ahí que resulte innecesario substanciarse el juicio para actualizar la referida causa de improcedencia. Y, para arribar a esta conclusión, no se requieren sesudas reflexiones ni un estudio interpretativo de las normas que lo prevén, sino tan sólo la aplicación directa de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos que expresamente establece que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre un municipio y sus trabajadores. 3).- Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Carlos Leopoldo Parra Téllez, no así a las diversas personas que propone, pues no acredita que se encuentren legalmente facultados para ejercer la profesión de abogados ya que no se encuentran registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por lo que, se les tiene por autorizados únicamente en términos del segundo párrafo del numeral 24 de la Ley de la Materia. 4).- Autorización de copias En obvio de dilaciones procesales y a efecto de agilizar el proceso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, desde luego, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto; sin perjuicio de que se permita a las partes la reproducción de las promociones y acuerdos que integren el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos 5).- Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. 6).- De las sanciones Por otro lado, se hace saber al promovente que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que debe observar en el juicio de amparo, el artículo 261 de la Ley de Amparo tipifica como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y es del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos; quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

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