Francisco Hernández Martínez

Expediente 810/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
810/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
30/08/2022

Partes del expediente

  • Francisco Hernández Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte ha transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido el auto de cuatro de agosto de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en 19/01/23 16:56:41 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.fa.8d DAVID JORGE SIU HUERTA específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgado federal determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se tiene por hecha la certificación secretarial, relativa a que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta y anexo, signado por la Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual rinde su informe justificado. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental, las copias certificadas que remite, deducidas del expediente número 2270/18-15-01-8 de su índice, la que se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza. En el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que a continuación se expondrá. El quejoso Francisco Hernández Martínez, reclama del Magistrado Instructor de la Segunda Ponencia de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, la omisión de acordar los escritos presentados en la Oficialía de partes de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno y diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en el expediente 2270/18-15-01-8 de su índice. Ahora, la Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al rendir su informe justificado, aclara que tal omisión es atribuible a la Sala en su total integración; no obstante, manifestó que dicha Sala Administrativa en proveído de uno de agosto del dos mil veintidós, acordó los escritos de la parte quejosa presentados en ese Tribunal el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno y diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en el expediente 2270/18-15-01-8. Lo que se corrobora con copias certificadas del referido auto de uno de agosto del dos mil veintidós. Y de la constancia que anexa, se advierte que ese proveído fue notificado al quejoso el dos de agosto del año en curso. Luego, es inconcuso que la omisión reclamada existente a la fecha de presentación de la demanda -siete de julio de dos mil veintidós-, cesó en sus efectos; pues tal actuación constituye una situación jurídica que destruye de manera total lo que dio motivo al amparo. Tiene aplicación la tesis número siete, visible en la página ocho, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común precedentes relevantes, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS.- Solo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación Jurídica, que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso, en el goce de la garantía violada." Ante tales circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, habida cuenta que el acto reclamado cesó en sus efectos. Lo cual conlleva a sobreseer en el juicio fuera de audiencia, en términos de la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, y acorde al principio de celeridad procesal consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal. Funda lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2ª.J/10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo anterior, queda sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con cincuenta minutos del dieciséis de agosto de dos mil veintidós), ya que no es necesario esperar a esa fecha para sobreseer en el presente asunto, dada la manifiesta e indudable causa de sobreseimiento del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del invocado artículo 17 de la Constitución Federal. Se cita en apoyo de lo anterior, la tesis número XIV.1o.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 1235, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA.- No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    PREVIO CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA.----San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta y anexo, signado por la Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual rinde su informe justificado. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental, las copias certificadas que remite, deducidas del expediente número 2270/18-15-01-8 de su índice, la que se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza. En el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que a continuación se expondrá. El quejoso Francisco Hernández Martínez, reclama del Magistrado Instructor de la Segunda Ponencia de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, la omisión de acordar los escritos presentados en la Oficialía de partes de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno y diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en el expediente 2270/18-15-01-8 de su índice. Ahora, la Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al rendir su informe justificado, aclara que tal omisión es atribuible a la Sala en su total integración; no obstante, manifestó que dicha Sala Administrativa en proveído de uno de agosto del dos mil veintidós, acordó los escritos de la parte quejosa presentados en ese Tribunal el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno y diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en el expediente 2270/18-15-01-8. Lo que se corrobora con copias certificadas del referido auto de uno de agosto del dos mil veintidós. Y de la constancia que anexa, se advierte que ese proveído fue notificado al quejoso el dos de agosto del año en curso. Luego, es inconcuso que la omisión reclamada existente a la fecha de presentación de la demanda -siete de julio de dos mil veintidós-, cesó en sus efectos; pues tal actuación constituye una situación jurídica que destruye de manera total lo que dio motivo al amparo. Tiene aplicación la tesis número siete, visible en la página ocho, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común precedentes relevantes, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS.- Solo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación Jurídica, que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso, en el goce de la garantía violada." Ante tales circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, habida cuenta que el acto reclamado cesó en sus efectos. Lo cual conlleva a sobreseer en el juicio fuera de audiencia, en términos de la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, y acorde al principio de celeridad procesal consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal. Funda lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2ª.J/10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo anterior, queda sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con cincuenta minutos del dieciséis de agosto de dos mil veintidós), ya que no es necesario esperar a esa fecha para sobreseer en el presente asunto, dada la manifiesta e indudable causa de sobreseimiento del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del invocado artículo 17 de la Constitución Federal. Se cita en apoyo de lo anterior, la tesis número XIV.1o.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 1235, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA.- No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de julio de dos mil veintidós. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Francisco Hernández Martínez, por propio derecho, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso, y regístrese en el libro de gobierno con el número 810/2022. Admisión Con fundamento en los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Francisco Hernández Martínez, contra actos del Magistrado Instructor de la Segunda Ponencia de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tramítese sin incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. Requerimiento de informes. Con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado el que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, donde expondrá las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y en su caso, la improcedencia del juicio o la actualización de alguna causa de sobreseimiento y según el caso, acompañarán copia certificada completa y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Apercibimientos. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, apercíbase a las autoridades responsables que de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario. Además, de no rendirlo o no hacerlo en el término señalado, es decir, quince días, o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100, moneda nacional ($9,622.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($96.22) por cien (100), al momento de incurrir en la conducta prevista por el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, cualquiera de las partes deberán informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: "Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 06/100, moneda nacional ($2,886.06) que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($96.22) por treinta (30); en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. Requiérase a las autoridades responsables para que al momento de rendir su informe justificado, manifiesten si se ha promovido diverso juicio de amparo en el expediente, del cual emana el acto reclamado, y en caso de ser así, señalen ante qué autoridad federal se radicó y remitan las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia; igualmente, las autoridades responsables deben acatar lo previsto en el párrafo tercero del numeral 117 de la Ley de Amparo, en el sentido de que si el procedimiento instaurado respecto de la parte quejosa deriva del sistema procesal penal acusatorio, acompañará un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes. Apercibiéndolas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional ($4,811.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($96.22) por cincuenta (50), con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 238 y 259 del mismo ordenamiento. Audiencia constitucional. Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECISEIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. Domicilio y autorizados Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Calle Almendros, número doscientos dos, local uno, Colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y autorizando en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a Jorge García Balcázar, Antonia Carrillo Quintero y Zita Juárez Vargas, toda vez que sus cédulas profesionales se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, conforme a la certificación de cuenta. Y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, a las diversas personas que señala, por así solicitarlo expresamente. Datos de contacto Con apoyo en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le tiene proporcionando el correo electrónico soladm1231@hotmail.com, y números telefónicos 55 68054094 y 55 61635776, únicamente como forma de contacto (no para establecer comunicaciones procesales). Usuario Así también, dese de alta el usuario "ACarrilloQ", a nombre de Antonia Carrillo Quintero, respectivamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para consultar el expediente electrónico. Tercero Interesado Derivado que de la lectura integral de la demanda la parte quejosa señala como tercero interesado al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b), primer párrafo, de la Ley de Amparo; en obvio de mayores dilaciones, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, se ordena emplazar a dicha autoridad mediante oficio que al efecto se gire, para lo cual, se ordena remitirle copia simple de la demanda y del auto admisorio, a fin de que se encuentre en aptitud de promover conforme a sus intereses convenga, debiendo requerirla para que en el acto del emplazamiento, o bien, dentro del término de tres días siguientes a éste, señale domicilio en zona conurbada de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndola que en caso de no hacerlo las subsecuentes, aun aquéllas de carácter personal, se les hará mediante lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, hasta en tanto subsane tal omisión. Pruebas Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como prueba documental de la parte quejosa, la que anexa a su escrito de demanda, misma que se tiene por desahogada en razón de su propia naturaleza y sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva; y por cuanto hace a la instrumental de actuaciones, presuncional legal y humana, llegado el momento procesal oportuno se tomarán en consideración las que le beneficien. Exhortación a tramitar juicio en línea. En atención al artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que durante la tramitación de este asunto, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En el entendido que de optar por el "juicio en línea", deberán así expresarlo, solicitar sus notificaciones por esa vía y proporcionar su número de usuario. Así también, las autoridades sean responsables o terceras interesadas deberán señalar en la siguiente promoción, correo electrónico en el que se les harán las subsecuentes notificaciones vía electrónica. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro y texto: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 264/2011,(1) estableció que conforme a la ratio legis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes en el juicio de amparo tienen el derecho subjetivo general de solicitar, a su costa, copia certificada de las constancias que fueron integradas al expediente por la autoridad responsable a través de su informe justificado, sin que se prevea restricción alguna. Luego, acotando que la obligación de mantener la reserva y sigilo de constancias establecida en el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, está dirigida al Ministerio Público y no al Juez de Distrito, se deduce que válidamente puede autorizarse al quejoso la expedición de copias certificadas de las constancias en que aparezca la averiguación previa o la orden de aprehensión girada en su contra, cuando por virtud del informe justificado esas constancias se integren al juicio de amparo, porque no hacerlo podría generar una limitación al derecho de igualdad procesal del quejoso relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme al artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en las investigaciones de delitos ante el Ministerio Público, se considera reservada, ya que tal disposición no se ve afectada cuando se trata de información concerniente a la propia persona del quejoso y el acceso a esa información redunda directamente en el ejercicio de su derecho fundamental de defensa; de ahí que la información "reservada o confidencial" contenida en la averiguación previa y/o en la orden de aprehensión aportada mediante el informe justificado, debe entenderse con esa connotación siempre que se trate de personas diversas del quejoso, o se trate de información que no esté relacionada directamente con éste, pues en este supuesto sí debe operar la protección de datos prevista en diverso numeral 114 de la mencionada ley." Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el Actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, y entregue los oficios que del mismo deriven. Intervención. Dese a la agente del Ministerio Público Federal adscrita, la intervención que legalmente le corresponde. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (siete horas con cuarenta y cinco minutos a trece horas con cuarenta y cinco minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE.

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