Francisco Guzmán Figueroa

Expediente 1794/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1794/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
13/06/2022

Partes del expediente

  • Francisco Guzmán Figueroa
  • Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, a trece de junio de dos mil veintidós. Causa estado. De la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso d) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del proveído de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó en el juicio, e hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo hayan hecho; en consecuencia, se declara firme. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, así como en el Sistema Integral de seguimiento de expedientes, y con fundamento en el canon 196, de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, archívese el expediente como asunto concluido. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Notifíquese.

  2. Principal

    aviso por este medio de lista se notifica al quejoso del proveido de 24 de diciembre en curso en el cual Zapopan, Jalisco, a veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio remitido en representación de las responsables de las responsables Titular y Policía Vial de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 y 117, se rinde informe justificado requerido a dicha autoridad. Delegados. Asimismo, se les designando delegados en esta instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Amparo. Hipótesis de improcedencia. Por otra parte, se tiene al oficiante invocando las hipótesis de improcedencia que menciona, de conformidad a los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo. Estado de autos. Ahora, visto el estado que guarda este asunto, se advierte actualizada una causa de improcedencia, cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otro. Primeramente, el artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal, dispone que el juicio de amparo procede, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo -autoridades administrativas- y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal; además, que será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos, ya de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal, que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que prevé la Ley reglamentaria (Ley de Amparo) y sin exigir mayores requisitos que los que la propia ley consiga para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional con independencia de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha Ley. Por otra parte, bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XX, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos, de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esa Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa Ley. Señala además, que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; esto es, que el medio ordinario de defensa no se encuentre contemplado en el catálogo de recursos de un Ley desde el punto de vista formal y material, que rija el acto reclamado. De la norma anterior, se extrae que, en el artículo 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el diverso numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo se consagra el principio de definitividad y la improcedencia del juicio de amparo en materia administrativa. Cuyo estudio ha sido abordado por el máximo Órgano Jurisdiccional del país, en la jurisprudencia 2a./J.115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se rubro y texto siguiente: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." En el caso, el acto reclamado consiste en esta instancia es la cédula de notificación de infracción 381954168, emitida, como se afirma del informe justificado hoy atendido, por la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco responsable, En ese orden, este juzgador concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 1 de la de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco -publicada en el periódico oficial "El Estado de Jalisco", el nueve de septiembre de dos mil veintiuno-, los actos reclamados pueden ser impugnados a través del juicio contencioso administrativo (juicio de nulidad). Por lo tanto, como se adelantó, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al reunirse los siguientes requisitos: El acto reclamado fue emitido por autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, por la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, el cual es susceptible de ser modificado, revocado o nulificado a través del juicio de nulidad, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 1º de la de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. En efecto, el artículo 74 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco señala que la sentencia definitiva del juicio podrá reconocer la validez del acto reclamado impugnado, declarar su nulidad o determinar la nulidad para determinados efectos y decretar el sobreseimiento en el juicio. Por otra parte, en el Capítulo IX "De las Medidas Cautelares", comprendido de los artículos 66 a 70 Octies de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se establecen las reglas que se deben observar respecto a la suspensión de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo. Además, el numeral 68 de la Ley antedicha prevé un plazo idéntico al artículo 112 de la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional, es decir, veinticuatro horas. En consecuencia, se tiene que los requisitos para otorgar la suspensión, previstos en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco no son mayores a los exigidos por la Ley de Amparo para el mismo efecto. De ahí que, a criterio de este Juzgador, deje de tener aplicabilidad la tesis de jurisprudencia 2a./J. 104/2007 emitida a la luz de la Ley de Justicia Administrativa anterior a la reforma publicada en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" el nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Criterio de interpretación, de rubro siguiente: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO. NO ES NECESARIO AGOTAR ESE JUICIO ANTES DEL DE AMPARO PUES SE DA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD AL ESTABLECERSE EN EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE ESE ESTADO MAYORES REQUISITOS PARA LA SUSPENSIÓN QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO.". Finalmente, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad previstos tanto en la Ley de Amparo como en los criterios interpretativos formulados por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación. Ilustra a lo anterior y, sirve de sustento, la tesis aislada 2a. LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Bajo ese contexto, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, de manera notoria, manifiesta e indudable, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee en el juicio de amparo fuera de audiencia. En el entendido de que el sobreseimiento decretado en el juicio, no constituye denegación de justicia ni genera inseguridad jurídica, dado que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de las causales de improcedencia que actualizan el sobreseimiento, imparte justicia, no obstante que la resolución sea desfavorable a los intereses del promovente. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA." Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado anteriormente, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada en autos. .Notifíquese; y, personalmente a la quejosa

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, a veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio remitido en representación de las responsables de las responsables Titular y Policía Vial de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 y 117, se rinde informe justificado requerido a dicha autoridad. Delegados. Asimismo, se les designando delegados en esta instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Amparo. Hipótesis de improcedencia. Por otra parte, se tiene al oficiante invocando las hipótesis de improcedencia que menciona, de conformidad a los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo. Estado de autos. Ahora, visto el estado que guarda este asunto, se advierte actualizada una causa de improcedencia, cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otro. Primeramente, el artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal, dispone que el juicio de amparo procede, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo -autoridades administrativas- y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal; además, que será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos, ya de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal, que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que prevé la Ley reglamentaria (Ley de Amparo) y sin exigir mayores requisitos que los que la propia ley consiga para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional con independencia de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha Ley. Por otra parte, bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XX, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos, de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esa Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa Ley. Señala además, que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; esto es, que el medio ordinario de defensa no se encuentre contemplado en el catálogo de recursos de un Ley desde el punto de vista formal y material, que rija el acto reclamado. De la norma anterior, se extrae que, en el artículo 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el diverso numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo se consagra el principio de definitividad y la improcedencia del juicio de amparo en materia administrativa. Cuyo estudio ha sido abordado por el máximo Órgano Jurisdiccional del país, en la jurisprudencia 2a./J.115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se rubro y texto siguiente: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." En el caso, el acto reclamado consiste en esta instancia es la cédula de notificación de infracción 381954168, emitida, como se afirma del informe justificado hoy atendido, por la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco responsable, En ese orden, este juzgador concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 1 de la de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco -publicada en el periódico oficial "El Estado de Jalisco", el nueve de septiembre de dos mil veintiuno-, los actos reclamados pueden ser impugnados a través del juicio contencioso administrativo (juicio de nulidad). Por lo tanto, como se adelantó, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al reunirse los siguientes requisitos: El acto reclamado fue emitido por autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, por la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, el cual es susceptible de ser modificado, revocado o nulificado a través del juicio de nulidad, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 1º de la de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. En efecto, el artículo 74 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco señala que la sentencia definitiva del juicio podrá reconocer la validez del acto reclamado impugnado, declarar su nulidad o determinar la nulidad para determinados efectos y decretar el sobreseimiento en el juicio. Por otra parte, en el Capítulo IX "De las Medidas Cautelares", comprendido de los artículos 66 a 70 Octies de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se establecen las reglas que se deben observar respecto a la suspensión de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo. Además, el numeral 68 de la Ley antedicha prevé un plazo idéntico al artículo 112 de la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional, es decir, veinticuatro horas. En consecuencia, se tiene que los requisitos para otorgar la suspensión, previstos en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco no son mayores a los exigidos por la Ley de Amparo para el mismo efecto. De ahí que, a criterio de este Juzgador, deje de tener aplicabilidad la tesis de jurisprudencia 2a./J. 104/2007 emitida a la luz de la Ley de Justicia Administrativa anterior a la reforma publicada en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" el nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Criterio de interpretación, de rubro siguiente: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO. NO ES NECESARIO AGOTAR ESE JUICIO ANTES DEL DE AMPARO PUES SE DA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD AL ESTABLECERSE EN EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE ESE ESTADO MAYORES REQUISITOS PARA LA SUSPENSIÓN QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO.". Finalmente, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad previstos tanto en la Ley de Amparo como en los criterios interpretativos formulados por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación. Ilustra a lo anterior y, sirve de sustento, la tesis aislada 2a. LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Bajo ese contexto, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, de manera notoria, manifiesta e indudable, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee en el juicio de amparo fuera de audiencia. En el entendido de que el sobreseimiento decretado en el juicio, no constituye denegación de justicia ni genera inseguridad jurídica, dado que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de las causales de improcedencia que actualizan el sobreseimiento, imparte justicia, no obstante que la resolución sea desfavorable a los intereses del promovente. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA." Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado anteriormente, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada en autos. .Notifíquese; y, personalmente a la quejosa. Lo proveyó y firma, Zulema Sánchez Ibarra, secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, encargada del despacho, por encontrarse gozando de su período vacacional, el titular del juzgado, Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, según información contenida en el oficio CCJ/ST/4218/2021, de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante María del Rosario García Pérez secretaria que autoriza y da fe. ZSI/MRGP/maa

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, a tres de diciembre de dos mil veintiuno. Certificación. Vista la certificación que antecede, se tiene que el tres de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo al quejoso desahogando diverso requerimiento en relación con la denominación correcta de la autoridad responsable, en el sentido de que la misma es "Policía Vial Marisol López Espinoza, con número de orden 22384 y unidad ERI-63, adscrita a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco". Por su parte, téngase por recibida la razón levantada por el Auxiliar de Actuario adscrito a la Unidad de Notificadores Común a los Juzgado de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, mediante el cual, informa su imposibilidad para emplazar a la responsable denominada "Policía Vial Marisol López Espinoza, con número de orden 22384 y unidad ERI-63, adscrita a la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco". En ese orden, con el comunicado que derive de este auto, emplácese a la autoridad denominada "Policía Vial Marisol López Espinoza, con número de orden 22384 y unidad ERI-63, adscrita a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco", para lo cual, adjúntese al oficio de mérito copia simple del auto admisorio de este juicio y de la demanda de amparo que le dio origen. Notifíquese; y cúmplase. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Lorena Guadalupe Frías Oviedo, que autoriza y da fe. RAAG/LGFO/maa

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