Francisco Gutiérrez Sánchez
Expediente 955/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 955/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/10/2018
Partes del expediente
- Francisco Gutiérrez Sánchez
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese al expediente los sobres que devuelve la Administración del Servicio Postal Mexicano, con domicilio en esta ciudad, que contienen los oficios 19329/2018 y 19330/2018, dirigidos a la Primera y Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, residentes en la Ciudad de México, por las razones que ahí expone; en consecuencia, reenvíense las citadas comunicaciones a la dirección correcta. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de agosto de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos los informe justificado de la autoridad responsable Sala Regional de Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con domicilio en esta ciudad, por el que remite copia certificada del expediente ***, de su índice, promovido por ***, en donde se advierte el engrose de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, en que se resolvió el incidente de incompetencia en razón de territorio. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de resolver el incidente de competencia por razón de territorio dentro del expediente ***. Ahora bien, visto el contenido de dichas constancias, este juzgador advierte que en el caso opera la causal de sobreseimiento prevista por la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo. En efecto, precisa señalar que el artículo 63, en su fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone: "ARTICULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y.". De la interpretación del artículo en cita, se desprende que cuando de las constancias de autos aparezca de manera clara que no existe el acto reclamado, o bien, al no advertirse de las constancias, que la parte quejosa pueda probar su existencia hasta la celebración de la audiencia constitucional, de no hacerlo, debe decretarse el sobreseimiento del juicio. Lo que da pauta a considerar que la disyuntiva "o", permite decretar el sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado, aún antes de la celebración de la audiencia constitucional cuando, como en el caso, como se verá, de las constancias aportadas por la autoridad compareciente claramente se prueba que la omisión reclamada no existía a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Es decir, si bien es costumbre de los órganos jurisdiccionales el decretar el sobreseimiento en la audiencia constitucional, a partir de la publicación de la Ley de Amparo vigente desde el tres de abril de dos mil trece, específicamente de la redacción del numeral 63, fracción IV, se colige que fue intención del legislador autorizar a los tribunales de amparo a decretar el sobreseimiento por inexistencia de actos en dos momentos, el primero en la audiencia constitucional o, como en el caso, en cualquier momento procesal, cuando de las constancias apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Luego, tenemos que el acto del que se duele el solicitante de amparo consiste en la omisión de resolver el incidente de competencia por razón de territorio dentro del expediente ***. Ahora, para lograr una correcta intelección del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en que se apoya este juzgador, es necesario analizarlo en relación con otros preceptos de la propia ley, como son los diversos numerales 1o. fracción I y 75, los cuales establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad...". El artículo 1o., fracción I, que ha sido transcrito, establece claramente que el juicio de amparo procede contra leyes o actos de autoridad que violen garantías individuales, es decir, se está refiriendo a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Luego, si se analiza el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de amparo en armonía con los diversos que también han sido transcritos, la conclusión a que se arriba es en el sentido de que los actos reclamados deben analizarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues dicho precepto no distingue la materia en que se haya originado el acto, como tampoco ocurre respecto a la naturaleza de éste. En ese sentido, este juzgador estima que al reclamarse por el quejoso la omisión por parte de la autoridad responsable Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, en dictar la resolución en el incidente de incompetencia, por razón de territorio formulado en el expediente ***, del índice de la Sala Regional de Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con domicilio en esta ciudad, éste resulta ser inexistente, toda vez que de las copias certificadas remitidas en el oficio de cuenta, por la autoridad responsable, a las que se otorga el carácter de instrumental de actuaciones y producen pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veintidós de mayo de dos mil dieciocho se terminó de engrosa la resolución de competencia, en la que determinó ésta corresponde a la Sala Regional de Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Determinación que fue pronunciada con anterioridad a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, que a saber lo fue el dos de agosto del año en curso, según se advierte del sello y papeleta puestas por la Oficina de correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, que obra en autos a foja uno, circunstancia clara y evidente que patentiza que para cuando se promovió el juicio de amparo no existía el acto reclamado, surtiéndose por ende la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la ley reglamentaria del juicio constitucional; ello es así, porque la causa de sobreseimiento es notoria, indudable y manifiesta. En ese orden de ideas y al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo conducente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el juicio de amparo. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas del doce de septiembre de dos mil dieciocho. No obsta lo anterior, el hecho de que con esta fecha se esté agregando el informe justificado y por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido de dicho informe, en la medida que, el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa; a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a las autoridades responsables.
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