Francisco Gutiérrez Ramírez

Expediente 104/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
104/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
16/02/2023

Partes del expediente

  • Francisco Gutiérrez Ramírez
  • Francisco Gutiérrez Ramírez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se aprecia que transcurrió el término de cinco días para interponer recurso de queja contra el auto de tres de febrero de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Francisco Gutiérrez Ramírez y Jorge Alberto Martínez Bernal. se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. este expediente es susceptible de destrucción, la cual deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Este asunto no se considera de relevancia documental.-

  2. Principal

    e la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las copias simples proporcionadas por los quejosos, se aprecia que reclaman dos actos: El auto dictado por la Juez Regional de Oralidad Mercantil de Partido, con residencia en esta ciudad, el nueve de enero del presente año, por medio del cual emite una orden de embargo en ejecución de sentencia en el juicio oral mercantil SOM 0604/2021. La omisión de la Agencia del Ministerio Público Investigador II, con sede en esta ciudad, de remitir al juez mercantil copias certificadas de los dictámenes periciales realizados a los documentos base de la acción en el proceso mercantil, así como la omisión a dar respuesta a su petición para judicializar la carpeta de investigación 15603/2022. Desechamiento del primer acto reclamado Por lo que hace al acto reclamado señalado como 1, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el diverso 113 del mismo ordenamiento legal, lo procedente es desechar la demanda por su manifiesta e indudable improcedencia. Los artículos en cita disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;". Estos dispositivos legales prevén la procedencia de la acción constitucional contra los actos dictados fuera de juicio, o después de concluido, para lo cual distingue los siguientes supuestos: a) Un supuesto general referido a los actos realizados fuera del juicio o después de concluido. b) Supuesto específico: 1. Actos en ejecución de sentencia. En este caso, el juicio de amparo biinstancial únicamente procede contra la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o la que ordena el archivo definitivo del expediente, a través del cual en los conceptos de violación pueden reclamarse las violaciones cometidas durante esta fase. 2. Actos de remate. La acción constitucional sólo podrá reclamarse contra la resolución que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, donde también podrán combatirse las violaciones que se hubieran cometido durante este procedimiento. Con esto, la intención del legislador fue la de evitar el abuso del juicio de amparo en esta fase y el entorpecimiento del cumplimiento de las sentencias, trasladando el supuesto de procedencia hasta la resolución que aquel consideró constituye la última en la ejecución del fallo definitivo. En el caso, los quejosos precisan que la orden de embargo de nueve de enero de dos mil veintitrés fue emitida en la etapa de ejecución de sentencia. Por regla general, la etapa de ejecución de sentencia no debe paralizarse y la procedencia del amparo se encuentra reservada a la última determinación que se dicte en esa etapa, entendiéndose ésta como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o la que ordena el archivo definitivo del expediente. En el caso no se observa que la juez responsable haya reconocido el cumplimiento total de la sentencia dictada en el juicio oral ordinario mercantil SOM0604/2021 de su índice, ni declarado la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordenado el archivo definitivo de dicho expediente, y tampoco se advierte que se trate del último acto del remate que eventualmente se lleve a cabo en relación con los bienes que puedan embargarse en la diligencia de ejecución ordenada el nueve de enero de este año. En tal virtud, dado el estado procesal en que se encuentra el procedimiento del cual emana el acto reclamado -ejecución de sentencia del juicio oral ordinario mercantil SOM0604/2021-, será hasta que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o que se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o se ordene el archivo definitivo del expediente, cuando se esté ante última resolución pronunciada en el procedimiento de ejecución y pueda entablarse la acción constitucional en su contra. Por otro lado, el acto reclamado no guarda autonomía respecto a la cosa juzgada, pues la materia de ejecución son las prestaciones a cuyo pago se condenó a los demandados. Desechamiento del segundo acto reclamado Por otra parte, en relación con la omisión de la Agencia del Ministerio Público Investigadora II, de remitir a la juez mercantil copias certificadas de los dictámenes periciales realizados a los documentos base de la acción en el proceso mercantil, así como la omisión de dar respuesta a su petición para judicializar la carpeta de investigación 15603/2022, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. (.)." El principio de definitividad del juicio de amparo que contiene la fracción transcrita, consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. El acto reclamado está en el supuesto establecido en el citado artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 945, Tomo I, Agosto de 2018, Registro digital 2017641, Décima Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES". Lo anterior es así, pues de los antecedentes narrados por la parte quejosa se advierte que se trata de la omisión de la responsable de entregar copias certificadas de los dictámenes periciales, así como de judicializar la carpeta de investigación, por lo que, de conformidad con tal numeral los quejosos pudieron impugnar tales omisiones ante el Juez de control antes de acudir a esta instancia de control constitucional. En tales condiciones, se desprende que, en el caso, como requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, debe agotarse previamente el recurso innominado que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 258, para observar el principio de definitividad contenido en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable, las causas de improcedencia previstas en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, así como fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por ********************y ********************en términos del diverso 113 de dicha ley. Habilitación de días y horas inhábiles De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios practiquen cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la realicen mediante la publicación en la lista de acuerdos, con apoyo en la jurisprudencia 20/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES." Transparencia y protección de datos personales Por último, con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,043 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano