Francisco Gutiérrez Meza
Expediente 1/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 09/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Francisco Gutiérrez Meza
- Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco, Oriente de Congregación Cerro de León, perteneciente al Municipio de Villa Aldama, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Córdoba, Veracruz, nueve de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el telegrama remitido por la Delegada Jurídica de la 5. Dirección General de Prevención y Reinserción Social con sede en Xalapa, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 12264/2021 de treinta de abril del año en curso, por medio del cual se le notificó la resolución emitida en esa data. Cúmplase.
- Principal
Córdoba, Veracruz, dos de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la resolución de treinta de abril de dos mil veintiuno, en la que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya necesidad de esperar que todas las autoridades se encuentren notificadas o que les transcurra el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo; toda vez que el sentido de la sentencia no les causa ningún agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice 1995, del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente juicio deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL
- Principal
NO ATENDIO CITATORIO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR LISTA DE ACUERDOS LA RESOLUCION DE 30/04/2021 QUE EN SINTESIS DICE:En atención a lo anterior, se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia en relación con el acto reclamado, lo que da lugar a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio. Se explica. El acto reclamado en este asunto consiste en la omisión de las autoridades responsables de gestionar de manera efectiva el traslado voluntario solicitado por el quejoso Francisco Gutiérrez Meza, del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, al Centro Penitenciario "Zongolica", Veracruz, ordenado en el expediente 231/2019 y la dilación en realizar dicho traslado. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos del acto que se combate. El artículo y la fracción invocada establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, (.)". De la exégesis del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo se torna improcedente, por no poder incidir en la esfera jurídica del peticionario, cuando el acto reclamado ha dejado de producir sus efectos, ya sea por haber sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que al cesar la actuación de la autoridad que lo emitió, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica la desaparición total de sus efectos. En este sentido, la improcedencia de que se habla tiene su justificación en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, así como en el hecho de que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Esto es, la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; o bien, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que tal derecho exija. Ahora bien, como se adelantó en líneas precedentes, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veinte de agosto de dos mil veinte), el Encargado del Despacho Logístico y Administrativo, en suplencia del Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, informó que el aquí quejoso fue trasladado al Centro Penitenciario "Zongolica", Veracruz, y el Director del Centro Penitenciario "Zongolica", Veracruz, manifestó que el quejoso ingresó a dicho centro del veinte de febrero del año en curso. Para demostrar lo anterior, las autoridades responsables remitieron el oficio número SSPC/PRS/CGCF/05494/2021 y egreso por traslado 201/2021, así como copia certificada de la boleta de ingreso de veinte de febrero de dos mil veintiuno. Documentales que cuentan con valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haber sido certificada su autenticidad por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. De ello deriva que la omisión atribuida a las autoridades responsables, específicamente, no llevar a cabo el traslado voluntario del quejoso del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, al Centro Penitenciario "Zongolica", Veracruz, cesó en sus efectos, pues como se advierte de las documentales previamente relatadas, el peticionario fue trasladado e ingresó a este último centro penitenciario, el veinte de febrero del año en curso. Tiene aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que aparece publicada en la página 38, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En las relatadas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley. En el entendido de que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia al ser notoria, manifiesta e indudable la causa improcedencia actualizada, de manera que no existe elemento de prueba alguno con el que pueda desvirtuarse. Ante ello, es innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, consultable en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En atención a lo anterior, se dejan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto.
Quedan 9 actuaciones en este expediente
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