Francisco Guillermo Glory Villamil

Expediente 207/2013 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2013.

Datos del expediente

Expediente
207/2013
Año
2013
Actuaciones
3
Última actuación
09/05/2013

Partes del expediente

  • Francisco Guillermo Glory Villamil

Actuaciones

  1. Principal

    I. Se declara que ha causado estado el auto que desechó el presente juicio. Se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los cinco años.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito aclaratorio de cuenta, mediante el cual el quejoso desahoga la prevención efectuada en proveído de tres del mes y año en curso y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que en el expediente laboral registrado con el número DIT-35/2012, reclamó diversas prestaciones laborales, consistentes en: a).- Pago de tres meses o noventa días de salario, como indemnización constitucional a razón de $20,084.00 (VEINTE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que percibía en forma mensual y la indemnización de veinte días por cada año de servicios prestados que establece el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo. b).- Pago de la parte proporcional de vacaciones. c).- Pago de la prima de antigüedad correspondiente. d).- Pago de las cuotas obrero-patronales del ISSSTE, INVONAVIT, SAR, desde el día de inicio de relación laboral con los demandados y hasta el día en que se haga pago de esos conceptos. e) Pago de salarios caídos y vencidos a razón de $20,084.00 (VEINTE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que percibía en forma mensual como último salario a partir de la fecha del injustificado despido y hasta que se haga pago total de las prestaciones reclamadas. f) Pago de aguinaldo o su parte proporcional correspondiente al año dos mil doce. g) Pago de horas extras a razón de dos horas extras en forma fija todos los días de lunes a viernes de la semana y de sábados y domingos de los fines de semana durante el último año de prestación de servicios, haciendo un total de catorce horas a la semana, debiéndose pagar al doble las primeras nueve y las demás al triple con base al salario que percibía. h) Pago de los días de descanso laborados y no pagados de conformidad con los artículos 33 y 34 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo y de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria al caso. i) Pago de la prima vacacional. Asimismo, manifiesta que en dicho juicio laboral aún no se han admitido los medios de prueba que ofreció. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda de que se trata, este resolutor advierte que en el particular, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil trece, con numero de oficio ASEQ-DG-DAJ/9/2.3/155/13, relativo a la contestación de la solicitud de tres de enero del año en curso, mediante el cual, el Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios Educativos de Quintana Roo, le comunicó que era improcedente pagarle las quincenas con todos los sueldos, sobresueldos y demás emolumentos de la primera y segunda quincena de los meses de febrero a diciembre del año dos mil doce, el suscrito Juzgador Federal advierte que se surte de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la nueva Ley de Amparo, en consideración a que se encuentra tramitando ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, el juicio laboral DIT-35/2012. Ciertamente, el invocado numeral 61, fracción XIX de la nueva Ley de la Materia establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; Conforme al precepto legal transcrito con antelación, el juicio de amparo es improcedente cuando se esté tramitando algún medio de defensa ordinario que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, y que es precisamente lo que acontece en la especie. En efecto, como ya se dijo, la parte quejosa reclama en el particular, el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil trece, con numero de oficio ASEQ-DG-DAJ/9/2.3/155/13, relativo a la contestación de la solicitud de tres de enero del año en curso, mediante el cual, el Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios Educativos de Quintana Roo, le comunicó que era improcedente pagarle las quincenas con todos los sueldos, sobresueldos y demás emolumentos de la primera y segunda quincena de los meses de febrero a diciembre del año dos mil doce. Ahora bien, de la lectura de la demanda y del escrito aclaratorio, en el que el quejoso señala bajo protesta de decir verdad que el expediente laboral registrado con el número DIT-35/2012, reclamó diversas prestaciones laborales, entre las cuales se encuentran el pago de salarios caídos y vencidos a razón de $20,084.00 (VEINTE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que percibía en forma mensual como último salario a partir de la fecha del injustificado despido y hasta que se haga pago total de las prestaciones reclamadas. De lo anterior, se deduce que simultáneamente a la substanciación del presente juicio de amparo, se está tramitando ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, el juicio laboral DIT-35/2012, mismo que de ser procedente, dejaría sin efectos el acto reclamado; toda vez que el mismo se hace consistir en el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil trece, con número de oficio ASEQ-DG-DAJ/9/2.3/155/13, mediante el cual, el Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios Educativos de Quintana Roo, le comunicó que era improcedente pagarle las quincenas con todos los sueldos, sobresueldos y demás emolumentos de la primera y segunda quincena de los meses de febrero a diciembre del año dos mil doce; es decir, la parte quejosa persigue el mismo fin en el juicio laboral de mérito, que el que pretende a través de este juicio de amparo; dicho en otras palabras, aquél procedimiento se encuentra subjúdice lo que la quejosa pretende obtener a través de la tramitación del presente juicio de amparo, toda vez que en el oficio de donde emana el acto reclamado, la autoridad responsable le comunicó que era improcedente pagarle las quincenas con todos los sueldos, sobresueldos y demás emolumentos de los meses de febrero a diciembre de dos mil doce, máxime que el juicio laboral en comento, aún se encuentra pendiente de resolver, pues el propio impetrante del amparo refirió que aún no han sido admitidas las pruebas ofrecidas en el mismo. De ahí, que se surta la causa de improcedencia analizada, pues dicho juicio laboral, es susceptible de modificar el acto reclamado, en virtud de que en él, se analizará si en el particular procede el pago de las prestaciones reclamadas, entre las cuales se encuentra la que declaró improcedente la autoridad responsable. Así, atendiendo a que el principio de definitividad consagrado en dicha causal, tiene como objeto que de manera extraordinaria pueda combatirse el actuar de las autoridades a través del juicio de amparo indirecto, lo que no es posible si, como en el caso, se encuentra en trámite un medio de defensa como lo es el juicio laboral DIT-35/2013, en atención a que ello traería como consecuencia, que al estar tramitándose simultáneamente este último y el juicio constitucional, se produjeran los mismos efectos, y más grave aún, el posible dictado de resoluciones contradictorias entre sí, lo que se traduciría en inseguridad jurídica para los gobernados, en el entendido de que ambas situaciones son precisamente las que pretende evitar el principio de definitividad consagrado en la fracción XIX del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo; amén de que como se precisó, la procedencia de dicho juicio puede tener como consecuencia revocar o nulificar el acto del que se adolece la amparista; lo que materializa el supuesto de improcedencia en estudio. Por tanto, al haber analizado la causal de improcedencia en cuestión, en términos de los artículos 62 y 112 de la nueva Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de la Materia. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el arábigo 21 de la nueva Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los Actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. En un aspecto más, requiérase al promovente para que realice sus actuaciones y promociones con fundamento en las disposiciones de la nueva Ley de Amparo, a fin de evitar atrasos o perjuicios innecesarios en la tramitación del mismo.

  3. Principal

    I. Con esta fecha se notifica al quejoso por lista de estrados el auto de tres de abril del dos mil trece, el cual en lo conducente dice: Antes de proveer respecto del escrito de demanda, se considera necesario precisar que este juicio se tramitará de conformidad con las disposiciones de la nueva Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la cual según su transitorio PRIMERO, entró en vigor al día siguiente de su publicación. Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a FRANCISCO GUILLERMO GLORY VILLAMIL, por su propio derecho, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye a los Servicios Educativos del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad; dicho acto se hace consistir en el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil trece, con número SEQ-DG-DAJ/9/2.3/155/13, mediante el cual se le comunicó que es improcedente pagarle las quincenas con todos los sueldos, sobresueldos y demás emolumentos de la primera y segunda quincena de los meses de febrero a diciembre del año dos mil doce y de las quincenas que se sigan generando; se manda formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 207/2013-I-B. Ahora bien, a fin de proveer lo conducente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el 108 fracción V, de la nueva Ley de Amparo, requiérase al promovente para que, dentro del término de CINCO DÍAS legalmente computados, por escrito, aclare su demanda de amparo y precise bajo protesta de decir verdad, el estado que guardan los expedientes DIT-35/2012 y PEDIT-04/2012, que se tramitan ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, toda vez de que al margen de que no lo precisa en los antecedentes del acto reclamado; sin embargo, de las documentales que anexó a su demanda de amparo, se advierte por una parte, la contestación de la demanda laboral promovida en contra de la autoridad que señala como responsable y por otra, se aprecia que el Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios Educativos de Quintana Roo, al emitir la contestación que reclama en esta vía constitucional, le comunicó: "que de sus percepciones salariales hasta que sea resuelto en definitiva el asunto por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, proceso que está en trámite desde el dieciséis de enero de dos mil doce, registrado en el expediente número PEDIT-04/2012, que obra en poder de dicho Tribunal (sic)." Por lo que además, deberá precisar bajo protesta de decir verdad las prestaciones que reclamó en dichos expedientes laborales. Es menester destacar que la fracción V del numeral 108 antes invocado, impone al solicitante del amparo la obligación de expresar bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Por lo anterior, se apercibe al promovente, que de no dar cumplimiento al requerimiento efectuado, dentro del término que se le concede, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA SU DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del numeral 114 de la nueva Ley de Amparo. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el arábigo 21 de la Nueva Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los Actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. En un aspecto más, requiérase al promovente para que realice sus actuaciones y promociones con fundamento en las disposiciones de la nueva Ley de Amparo, a fin de evitar atrasos o perjuicios innecesarios en la tramitación del mismo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y por autorizados en términos de los artículos 12 y 24, párrafo segundo, de la Nueva Ley de Amparo, a las personas que menciona en el mismo.

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