Francisco Guillermo Carrada Lefranc
Expediente 633/2020 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 40 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 633/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 40
- Última actuación
- 10/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Francisco Guillermo Carrada Lefranc
Actuaciones
Las 4 más recientes de 40.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante oficio 29764/2021 se devolvió al Juez responsable las constancias que remitió con su informe justificado sin que haya acusado el recibo correspondiente; en tal virtud, requiérasele para que en el término de veinticuatro horas acuse recibo de las constancias de referencia, apercibido que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o de no manifestar su imposibilidad para hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización equivalente a la cantidad de $4,811.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS MONEDA NACIONAL), tomando en consideración que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía determinó que el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización para el dos mil veintidós es de $96.22 pesos mexicanos, que multiplicado por cincuenta días a que refieren los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, arroja la suma en comento. Para un mejor conocimiento, remítasele copia simple del oficio 29764/2021. En la inteligencia de que el desahogo a este requerimiento se deberá presentar de manera física en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, o en su caso, a través de la dirección de correo institucional 13jdo1ctoc@correo.cjf.gob.mx, debiendo contener las correspondientes firmas electrónicas; lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
Se declara que la sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se encuentra contemplado en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo, por lo que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la notificación de este proveído se procederá a la destrucción en los términos presentados en el citado Acuerdo General, sin necesidad de mandato previo, pues no constituye un asunto de relevancia documental, y procédase a realizar la anotación en la carátula como se ordena en el acuerdo antes referido. Por lo que en cumplimiento de este último acuerdo general conjunto se ordena el archivo del presente expediente y se declara que es susceptible de ser destruido. Por otro lado, conforme a lo dispuesto por el artículo 21, fracción c), del precitado acuerdo, se declara que el cuaderno original del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa es destruible una vez cumplido el plazo de tres años computado a partir del presente auto. Ahora bien, conforme al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo mencionado, se hace constar que el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción por este juzgado una vez que transcurran más de seis meses contados a partir de esta fecha. Procédase a realizar la anotación en la carátula como esta ordenada en el acuerdo general, antes referido. Agréguese copia autorizada de este acuerdo al duplicado del incidente de suspensión. Se tiene por hecha la constancia de cuenta, de la que se advierte que en el presente asunto no obran documentos catalogados como no originales; y, que las actuaciones del presente asunto coinciden con el expediente electrónico, para los efectos conducentes. En diverso aspecto, se ordena devolver al Juez responsable los documentos que remitió en apoyo a su informe justificado, en virtud de que las mismas ya no son necesarias en el presente asunto; solicitándole el acuse de recibo correspondiente. En la inteligencia de que el desahogo a este requerimiento se deberá presentar de manera física en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, o en su caso, a través de la dirección de correo institucional 13jdo1ctoc@correo.cjf.gob.mx, debiendo contener las correspondientes firmas electrónicas; lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
Vista la razón levantada por la Actuaria adscrita a este Juzgado, en la que manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a los terceros interesados la sentencia terminada de engrosar el diecinueve de noviembre del año en curso, por los motivos que expone, y como de la certificación secretarial se desprende que ha transcurrido el término de tres días concedido a los terceros interesados ***, ***y ***, para que señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad, sin que a la fecha se haya recibido promoción alguna por medio de la cual hayan intentado desahogar el requerimiento formulado, en esas condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y se ordena notificar por medio de lista la sentencia antes referida, y el presente proveído, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto se sirvan señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, en esta ciudad. Notifíquese, y por medio de lista a los terceros interesados ***, ***y ***. Se notifica por medio de lista a los terceros interesados la sentencia terminada de engrosar el diecinueve de noviembre del año en curso, que a la letra dice:" CIUDAD DE MÉXICO, DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo *** promovido por ***, por propio derecho, contra el acto del Juez Cuadragésimo Primero de lo Familiar de la Ciudad de México y otra autoridad; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el trece de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ***, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto del Juez Cuadragésimo Primero de lo Familiar de la Ciudad de México y otra autoridad, por considerarlo violatorio en su perjuicio a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que precisó de la manera siguiente: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Tiene tal carácter. a) AUTORIDAD ORDENADORA: C. JUEZ CUADRAGÉSIMO PRIMERO DE LO FAMILIAR, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (.). b) AUTORIDAD EJECUTORA: La C. SECRETARIA DE ACUERDOS 'A' (.). IV. ACTO RECLAMADO Tendiendo al acuerdo de fecha veintiuno de octubre del año dos mil veinte, publicado en el boletín judicial número 105 correspondiente al día veintidós de octubre del presente, Conste el veintitrés de octubre del dos mil veinte, surtió efectos la notificación. Proveído por el Juez Cuadragésimo primero de lo familiar en la CDMX a través de su secretaria de acuerdos. Conste, ANEXO COMO ACTO RECLAMADO, (Junto con la solicitud de copia certificada al juzgado mencionado del 29 de octubre del presente) el cual es causante de los agravios personales y violación a las garantías individuales establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo ese auto la negación a mi escrito de QUEJA, en el juicio de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, PROMOVIENDO LA INTERDICCIÓN DE MI SRA. MADRE, ***, en el que el juez no admite a trámite el incidente planteado, lo cual afecta mis garantías individuales establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." SEGUNDO. Prevención. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda de amparo correspondió a este Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, y mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, registró la demanda con el número ****, además, previno al quejoso para que aclarara su demanda. TERCERO. Desahogo de prevención y reprevención. Mediante escrito allegado el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, el quejoso desahogó la prevención y mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil veinte, volvió a prevenir al quejoso para que transcribiera o exhibiera copia íntegra, completa y legible del auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte. CUARTO. Desahogo de prevención y admisión de la demanda. Mediante escrito allegado el cuatro de diciembre de dos mil veinte, el quejoso desahogó la reprevención y en auto de diez de diciembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda en comento; se pidió informe justificado a la autoridad responsable Juez Cuadragésimo Primero Familiar de la Ciudad de México; no se tuvo como autoridad responsable a la Secretaria de Acuerdos "A" del Juzgado Cuadragésimo Primero Familiar de la Ciudad de México; se tuvo como terceros interesados a *** y ***, quienes fueron notificados el veintiuno de diciembre de dos mil veinte; dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento; en proveído de veintiséis de mayo del año en curso, se tuvo como diversas terceras interesadas a ****, ambas de apellidos ***, quienes fueron notificadas respectivamente el diez de junio y treinta de septiembre, ambos del dos mil veintiuno; finalmente, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, y 60 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por reclamarse en amparo indirecto el acto de una autoridad judicial en materia familiar con residencia dentro del ámbito de competencia territorial donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Antes de entrar al estudio de la certeza del acto reclamado, es menester precisar cuál es éste, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo1, para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo. Lo anterior, atento a la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS"2. Así, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo antes detallada, a fin de advertir la verdadera intención de la parte quejosa, y resolver de forma congruente y completa la litis, se advierte que reclama: Del Juez Cuadragésimo Primero de lo Familiar de la Ciudad de México, el auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte, dictado en las diligencias de jurisdicción voluntaria, expediente ***. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Cuadragésimo Primero de lo Familiar de la Ciudad de México, pues así lo expresó esa autoridad responsable al rendir su respectivo informe justificado.3 Sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto"4. Certeza que se corrobora con los anexos que remitió la responsable, consistentes en las copias certificadas del expediente ***, mismas que adquieren valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. La conclusión adoptada se robustece con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al estudio de la procedencia del juicio de amparo, se estima necesario relacionar los antecedentes del acto reclamado: 1.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, el aquí quejoso y ***, solicitó la declaración de estado de interdicción, nombramiento de tutor y curador de su señora madre ***. (foja 1 a 6 del tomo 1/2 remitido por el Juez responsable) 2.- De dicho escrito correspondió conocer al Juzgado Quinto Familiar de Proceso Oral de la Ciudad de México, quien se declaró incompetente para conocer de dichas diligencias y ordenó su remisión a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que las remitiera al Juez Familiar Competente de la Ciudad de México en procedimiento escrito. (fojas 7 a 9 del tomo 1/2 remitido por el Juez responsable) 3.- De dicha solicitud correspondió conocer al Juzgado Cuadragésimo Primero de lo Familiar de la Ciudad de México, quien lo registro con el número de expediente ***, y en proveído de doce de junio de dos mil dieciocho se admitieron a trámite y se señaló fecha y hora para que tuviera lugar el primer reconocimiento médico a la presunta interdicta, se giró oficio al Director del Instituto de Ciencias Forenses de ese tribunal. (fojas 13 y 14 del tomo 1/2 remitido por el Juez responsable) 4.- En diverso proveído de seis de agosto de dos mil diecinueve se ordenó requerir mediante notificación personal al señor *** se abstenga de realizar actos jurídicos o mercantiles a nombre de la presunta interdicta, excepto los actos estrictamente necesarios para la conservación de su patrimonio, hasta en tanto se resuelvan las diligencias promovidas y se señaló nueva fecha para el primer reconocimiento médico a la presunta interdicta y se giró oficio al Director del Instituto de Ciencias Forenses de ese tribunal, para la designación de peritos médicos alienistas que concurran al examen en comento, además, se requirió al señor *** para que presente a la presunta interdicta el día y hora señalado para el primer reconocimiento médico. (foja 186 del tomo 1/2 remitido por el Juez responsable) 5.- En proveído de nueve de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo al Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México informando que designó a los médicos psiquiatras *** y ***, cuyo costo era de ***. (foja 220 del tomo 1/2 remitido por el Juez responsable) 6.- En proveídos de seis de noviembre, doce de diciembre de dos mil diecinueve, cuatro de marzo, seis de agosto, de dos mil veinte, se señaló fecha para el primer reconocimiento médico a la presunta interdicta, sin que se haya podido practicar. 7.- Mediante escrito presentado ante el juez responsable el trece de octubre de dos mil veinte, el promovente solicitó ordenar la práctica de la pericial, solicitando el auxilio de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras y medidas cautelares y de apremio a su hermano y en caso de oposición se arrestara a quien se opusiera a realizar dicha prueba. (foja 377 del tomo 1/2 remitido por el Juez responsable) 8.- A dicho escrito recayó el auto de catorce de octubre de dos mil veinte, en el que determinó lo siguiente: "Ciudad de México a catorce de Octubre del año dos mil veinte. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta e indíquese al ocursante que a las diez horas del día trece de Octubre del año dos mil veinte no se presentó persona alguna para el traslado del personal del juzgado para practicar la diligencia ordenada en auto de fecha seis de Agosto del año dos mil veinte; sin perjuicio de lo anterior, para que tenga verificativo el primer reconocimiento médico a domicilio de la presunta interdicta *** se señalan las DOCE HORAS DEL DÍA TRECE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE el cual se llevará a cabo en el domicilio de la misma ubicado en *** y gírese oficio correspondiente al C. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES para que designe dos peritos médicos alienistas que concurran al examen en cuestión, los cuales deberán presentarse en el local de este juzgado con una hora de anticipación y dese vista a la C. Agente de Ministerio Público, así como al C. Presidente del Consejo Local de Tutelas, para que respectivamente manifiesten lo que a su representación social corresponda; y se previene a los promoventes, para que comparezcan al local de este H. Juzgado, con una hora de anticipación para realizar el traslado respectivo así mismo se hace del conocimiento del ocursante que el suscrito no ha incurrido en omisión alguna para el trámite de las presentes diligencias.- Notifíquese (.). (foja 381 del tomo 1/2 remitido por el Juez responsable) 9.- Inconforme con la anterior determinación, los promoventes interpusieron recurso de queja, y en proveído de veintiuno de octubre de dos mil veinte el juez responsable determinó lo siguiente: "Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, y sin lugar a admitir el recurso de queja que intenta toda vez que no se encuentra dentro de ninguno de los supuestos previstos en el artículo 723 del Código de Procedimientos Civiles vigente en esta capital, toda vez que los quejosos se inconforman en contra del proveído de fecha quince de octubre del año dos mil veinte que no admite a trámite el incidente planteado, ya que dicha resolución que no es combatible en el recurso promovido; haciendo notar a los ocursantes que la fecha correcta del auto motivo de queja es catorce de octubre del año dos mil veinte, número de boletín 100 correspondiente al día 15 de Octubre del año en curso (.). (foja 310) La anterior resolución constituye el acto reclamado. QUINTO. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, se examinan las causas de improcedencia por ser cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de amparo, como lo ordena el artículo 62 de la Ley de Amparo. Orienta lo considerado la jurisprudencia número 5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95 del Tomo VII, mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En esas condiciones, esta juzgada considera que en el presente asunto se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V -aplicado a contrario sensuambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Del análisis de lo dispuesto por dichos preceptos, en la parte y sentido citados, se advierte que el juicio de amparo contra actos dentro del juicio, solamente procede cuando produzcan efectos de imposible reparación. Sobre el indicado tipo de actos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la tesis número P. LVII/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 9, cuyo rubro y texto se transcribe: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen un ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que la parte quejosa no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la resolución conclusiva, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo o indirecto -según sea el caso- que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al asunto. Ahora, en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos dentro de juicio, ya que éstos, para ser calificados como irreparables, necesitan ineludiblemente producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: a) Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, b) Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, susceptibles de impugnarse en amparo bi-instancial, también, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, a página 39, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". [El énfasis es añadido]. Puntualizado lo anterior, conviene volver a señalar que el inconforme reclama el proveído de veintiuno de octubre de dos mil veinte dictado en el expediente *** del índice del Juzgado Cuadragésimo Primero de lo Familiar de la Ciudad de México, que inadmitió el recurso de queja que interpuso el peticionario del amparo en contra del diverso de catorce de octubre de dos mil veinte, en el que no admitió a trámite el incidente planteado (medidas cautelares) y determinó señalar fecha y hora para que tuviera verificativo el primer reconocimiento médico a domicilio de la presunta interdicta *** el cual se llevaría a cabo en el domicilio de la misma ubicado en *** y ordenó girar oficio correspondiente al C. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES para que designara dos peritos médicos alienistas que debían concurrir al examen en cuestión, además, ordenó dar vista a la C. Agente de Ministerio Público, así como al C. Presidente del Consejo Local de Tutelas, para que respectivamente manifiesten lo que a su representación social corresponda; y se previno a los promoventes de las diligencias de jurisdicción voluntaria, para que comparecieran al local de ese Juzgado, con una hora de anticipación para realizar el traslado respectivo, además de hacerse del conocimiento del ocursante que dicho juez no había incurrido en omisión alguna para el trámite de las diligencias. Luego, resulta claro que no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, aunado a que no se producen efectos materiales inmediatos sobre derechos sustantivos del impetrante consagrados en la Constitución, pues no le impiden el ejercicio de algún derecho; de ahí que las consecuencias de la actuación reclamada es sólo intraprocesale, toda vez que tiene el efecto de continuar con el trámite natural. Se afirma lo anterior porque, -según los hechos narrados en la demanda bajo formal protesta de decir verdad- y de las actuaciones del expediente de origen, se deduce que las diligencias de jurisdicción voluntaria no han concluido, pues se advierte que aún no sea han llevado a cabo el primer reconocimiento médico en el domicilio de la presunta interdicta ***, ya que la sola visita de los médicos alienistas a la probable interdicta no es en sí misma limitante a la capacidad de esa persona, ya que justamente los médicos asistirán para valorarla con el propósito de esclarecer aquella capacidad en la psique o en algún otro aspecto de su personalidad, circunstancia que no vulnera de momento derecho fundamental alguno, por lo que, se reitera, el quejoso está en posibilidad de que, en caso de que la resolución que se llegue a dictar sea acorde a sus intereses, las violaciones que ahora constituye el acto reclamado quedarán extinguidas sin haber originado afectación alguna a sus derechos sustantivos. Sirve de sustento a lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 16/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2003301, de título y contenido siguientes: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros: "PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA."; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO."; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad."5 Así como la Jurisprudencia Común, por identidad de razón, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, P./J. 131/99, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Noviembre de 1999, página 20, Novena Época, registro digital, 192838 de rubro y texto siguientes: "APELACIÓN EN EL EFECTO DEVOLUTIVO. LA RESOLUCIÓN QUE ADMITE EL RECURSO, NO ES ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DEL AMPARO. La resolución que admite el recurso de apelación en el efecto devolutivo es un acto dentro de juicio que no tiene ejecución de imposible reparación, en virtud de que, de acuerdo con su contenido y alcances legales, no es una resolución constitutiva de derechos, ni de condena, sino que es simplemente declarativa, al haber admitido a trámite el recurso de que se trata, pero el juicio continúa porque no es una resolución con la que culmina; por lo tanto, el amparo promovido en su contra resulta improcedente de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución, en relación con los diversos 114, fracción IV, 158, último párrafo, y 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la citada ley. En virtud de que se actualizó la causa de improcedencia en comento, esa circunstancia no permite entrar al estudio de las cuestiones de fondo planteados. Es aplicable al caso, la jurisprudencia VI.1o. J/23, visible en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación, número 22-24, octubre-diciembre de 1989, Octava Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1o, fracción I, 73 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ***, contra el acto reclamado al Juez Cuadragésimo Primero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistente en el proveído de veintiuno de octubre de dos mil veinte, por las razones establecidas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese."
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 633/2020 promovido por ***, por propio derecho, contra el acto del Juez Cuadragésimo Primero de lo Familiar de la Ciudad de México y otra autoridad; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el trece de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ***, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto del Juez Cuadragésimo Primero de lo Familiar de la Ciudad de México y otra autoridad, por considerarlo violatorio en su perjuicio a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que precisó de la manera siguiente: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Tiene tal carácter. AUTORIDAD ORDENADORA: C. JUEZ CUADRAGÉSIMO PRIMERO DE LO FAMILIAR, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (.). AUTORIDAD EJECUTORA: La C. SECRETARIA DE ACUERDOS 'A' (.). IV. ACTO RECLAMADO Tendiendo al acuerdo de fecha veintiuno de octubre del año dos mil veinte, publicado en el boletín judicial número 105 correspondiente al día veintidós de octubre del presente, Conste el veintitrés de octubre del dos mil veinte, surtió efectos la notificación. Proveído por el Juez Cuadragésimo primero de lo familiar en la CDMX a través de su secretaria de acuerdos. Conste, ANEXO COMO ACTO RECLAMADO, (Junto con la solicitud de copia certificada al juzgado mencionado del 29 de octubre del presente) el cual es causante de los agravios personales y violación a las garantías individuales establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo ese auto la negación a mi escrito de QUEJA, en el juicio de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, PROMOVIENDO LA INTERDICCIÓN DE MI SRA. MADRE, ***, en el que el juez no admite a trámite el incidente planteado, lo cual afecta mis garantías individuales establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." SEGUNDO. Prevención. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda de amparo correspondió a este Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, y mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, registró la demanda con el número 633/2020, además, previno al quejoso para que aclarara su demanda. TERCERO. Desahogo de prevención y reprevención. Mediante escrito allegado el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, el quejoso desahogó la prevención y mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil veinte, volvió a prevenir al quejoso para que transcribiera o exhibiera copia íntegra, completa y legible del auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte. CUARTO. Desahogo de prevención y admisión de la demanda. Mediante escrito allegado el cuatro de diciembre de dos mil veinte, el quejoso desahogó la reprevención y en auto de diez de diciembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda en comento; se pidió informe justificado a la autoridad responsable Juez Cuadragésimo Primero Familiar de la Ciudad de México; no se tuvo como autoridad responsable a la Secretaria de Acuerdos "A" del Juzgado Cuadragésimo Primero Familiar de la Ciudad de México; se tuvo como terceros interesados a ***, quienes fueron notificados el veintiuno de diciembre de dos mil veinte; dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento; en proveído de veintiséis de mayo del año en curso, se tuvo como diversas terceras interesadas a ***, quienes fueron notificadas respectivamente el diez de junio y treinta de septiembre, ambos del dos mil veintiuno; finalmente, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, y 60 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por reclamarse en amparo indirecto el acto de una autoridad judicial en materia familiar con residencia dentro del ámbito de competencia territorial donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Antes de entrar al estudio de la certeza del acto reclamado, es menester precisar cuál es éste, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo. Lo anterior, atento a la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Así, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo antes detallada, a fin de advertir la verdadera intención de la parte quejosa, y resolver de forma congruente y completa la litis, se advierte que reclama: Del Juez Cuadragésimo Primero de lo Familiar de la Ciudad de México, el auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte, dictado en las diligencias de jurisdicción voluntaria, expediente 1001/2018. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Cuadragésimo Primero de lo Familiar de la Ciudad de México, pues así lo expresó esa autoridad responsable al rendir su respectivo informe justificado. Sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Certeza que se corrobora con los anexos que remitió la responsable, consistentes en las copias certificadas del expediente 1001/2018, mismas que adquieren valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2°. La conclusión adoptada se robustece con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al estudio de la procedencia del juicio de amparo, se estima necesario relacionar los antecedentes del acto reclamado: 1.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, el aquí quejoso y ***, solicitó la declaración de estado de interdicción, nombramiento de tutor y curador de su señora madre *** y Segura. (foja 1 a 6 del tomo 1/2 remitido por el Juez responsable) 2.- De dicho escrito correspondió conocer al Juzgado Quinto Familiar de Proceso Oral de la Ciudad de México, quien se declaró incompetente para conocer de dichas diligencias y ordenó su remisión a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que las remitiera al Juez Familiar Competente de la Ciudad de México en procedimiento escrito. (fojas 7 a 9 del tomo 1/2 remitido por el Juez responsable) 3.- De dicha solicitud correspondió conocer al Juzgado Cuadragésimo Primero de lo Familiar de la Ciudad de México, quien lo registro con el número de expediente 1001/2018, y en proveído de doce de junio de dos mil dieciocho se admitieron a trámite y se señaló fecha y hora para que tuviera lugar el primer reconocimiento médico a la presunta interdicta, se giró oficio al Director del Instituto de Ciencias Forenses de ese tribunal. (fojas 13 y 14 del tomo 1/2 remitido por el Juez responsable) 4.- En diverso proveído de seis de agosto de dos mil diecinueve se ordenó requerir mediante notificación personal al señor **** se abstenga de realizar actos jurídicos o mercantiles a nombre de la presunta interdicta, excepto los actos estrictamente necesarios para la conservación de su patrimonio, hasta en tanto se resuelvan las diligencias promovidas y se señaló nueva fecha para el primer reconocimiento médico a la presunta interdicta y se giró oficio al Director del Instituto de Ciencias Forenses de ese tribunal, para la designación de peritos médicos alienistas que concurran al examen en comento, además, se requirió al señor *** para que presente a la presunta interdicta el día y hora señalado para el primer reconocimiento médico. (foja 186 del tomo 1/2 remitido por el Juez responsable) 5.- En proveído de nueve de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo al Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México informando que designó a los médicos psiquiatras ****, cuyo costo era de $2,456.00 (dos mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 00/100 m.n.). (foja 220 del tomo 1/2 remitido por el Juez responsable) 6.- En proveídos de seis de noviembre, doce de diciembre de dos mil diecinueve, cuatro de marzo, seis de agosto, de dos mil veinte, se señaló fecha para el primer reconocimiento médico a la presunta interdicta, sin que se haya podido practicar. 7.- Mediante escrito presentado ante el juez responsable el trece de octubre de dos mil veinte, el promovente solicitó ordenar la práctica de la pericial, solicitando el auxilio de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras y medidas cautelares y de apremio a su hermano y en caso de oposición se arrestara a quien se opusiera a realizar dicha prueba. (foja 377 del tomo 1/2 remitido por el Juez responsable) 8.- A dicho escrito recayó el auto de catorce de octubre de dos mil veinte, en el que determinó lo siguiente: "Ciudad de México a catorce de Octubre del año dos mil veinte. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta e indíquese al ocursante que a las diez horas del día trece de Octubre del año dos mil veinte no se presentó persona alguna para el traslado del personal del juzgado para practicar la diligencia ordenada en auto de fecha seis de Agosto del año dos mil veinte; sin perjuicio de lo anterior, para que tenga verificativo el primer reconocimiento médico a domicilio de la presunta interdicta *** se señalan las DOCE HORAS DEL DÍA TRECE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE el cual se llevará a cabo en el domicilio de la misma ubicado en*** EN LA CIUDAD DE MÉXICO y gírese oficio correspondiente al C. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES para que designe dos peritos médicos alienistas que concurran al examen en cuestión, los cuales deberán presentarse en el local de este juzgado con una hora de anticipación y dese vista a la C. Agente de Ministerio Público, así como al C. Presidente del Consejo Local de Tutelas, para que respectivamente manifiesten lo que a su representación social corresponda; y se previene a los promoventes, para que comparezcan al local de este H. Juzgado, con una hora de anticipación para realizar el traslado respectivo así mismo se hace del conocimiento del ocursante que el suscrito no ha incurrido en omisión alguna para el trámite de las presentes diligencias.- Notifíquese (.). (foja 381 del tomo 1/2 remitido por el Juez responsable) 9.- Inconforme con la anterior determinación, los promoventes interpusieron recurso de queja, y en proveído de veintiuno de octubre de dos mil veinte el juez responsable determinó lo siguiente: "Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, y sin lugar a admitir el recurso de queja que intenta toda vez que no se encuentra dentro de ninguno de los supuestos previstos en el artículo 723 del Código de Procedimientos Civiles vigente en esta capital, toda vez que los quejosos se inconforman en contra del proveído de fecha quince de octubre del año dos mil veinte que no admite a trámite el incidente planteado, ya que dicha resolución que no es combatible en el recurso promovido; haciendo notar a los ocursantes que la fecha correcta del auto motivo de queja es catorce de octubre del año dos mil veinte, número de boletín 100 correspondiente al día 15 de Octubre del año en curso (.). (foja 310) La anterior resolución constituye el acto reclamado. QUINTO. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, se examinan las causas de improcedencia por ser cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de amparo, como lo ordena el artículo 62 de la Ley de Amparo. Orienta lo considerado la jurisprudencia número 5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95 del Tomo VII, mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En esas condiciones, esta juzgada considera que en el presente asunto se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V -aplicado a contrario sensu- ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Del análisis de lo dispuesto por dichos preceptos, en la parte y sentido citados, se advierte que el juicio de amparo contra actos dentro del juicio, solamente procede cuando produzcan efectos de imposible reparación. Sobre el indicado tipo de actos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la tesis número P. LVII/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 9, cuyo rubro y texto se transcribe: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen un ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que la parte quejosa no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la resolución conclusiva, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo o indirecto -según sea el caso- que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al asunto. Ahora, en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos dentro de juicio, ya que éstos, para ser calificados como irreparables, necesitan ineludiblemente producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, susceptibles de impugnarse en amparo bi-instancial, también, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, a página 39, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". [El énfasis es añadido]. Puntualizado lo anterior, conviene volver a señalar que el inconforme reclama el proveído de veintiuno de octubre de dos mil veinte dictado en el expediente 1001/2018 del índice del Juzgado Cuadragésimo Primero de lo Familiar de la Ciudad de México, que inadmitió el recurso de queja que interpuso el peticionario del amparo en contra del diverso de catorce de octubre de dos mil veinte, en el que no admitió a trámite el incidente planteado (medidas cautelares) y determinó señalar fecha y hora para que tuviera verificativo el primer reconocimiento médico a domicilio de la presunta interdicta MARÍA OLIMPIA ADRIANA LEFRANC Y SEGURA el cual se llevaría a cabo en el domicilio de la misma ubicado en JUJUY NÚMERO 566 COLONIA VALLE DE TEPEYAC ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO CÓDIGO POSTAL 07740 EN LA CIUDAD DE MÉXICO y ordenó girar oficio correspondiente al C. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES para que designara dos peritos médicos alienistas que debían concurrir al examen en cuestión, además, ordenó dar vista a la C. Agente de Ministerio Público, así como al C. Presidente del Consejo Local de Tutelas, para que respectivamente manifiesten lo que a su representación social corresponda; y se previno a los promoventes de las diligencias de jurisdicción voluntaria, para que comparecieran al local de ese Juzgado, con una hora de anticipación para realizar el traslado respectivo, además de hacerse del conocimiento del ocursante que dicho juez no había incurrido en omisión alguna para el trámite de las diligencias. Luego, resulta claro que no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, aunado a que no se producen efectos materiales inmediatos sobre derechos sustantivos del impetrante consagrados en la Constitución, pues no le impiden el ejercicio de algún derecho; de ahí que las consecuencias de la actuación reclamada es sólo intraprocesale, toda vez que tiene el efecto de continuar con el trámite natural. Se afirma lo anterior porque, -según los hechos narrados en la demanda bajo formal protesta de decir verdad- y de las actuaciones del expediente de origen, se deduce que las diligencias de jurisdicción voluntaria no han concluido, pues se advierte que aún no sea han llevado a cabo el primer reconocimiento médico en el domicilio de la presunta interdicta MARÍA OLIMPIA ADRIANA LEFRANC Y SEGURA, ya que la sola visita de los médicos alienistas a la probable interdicta no es en sí misma limitante a la capacidad de esa persona, ya que justamente los médicos asistirán para valorarla con el propósito de esclarecer aquella capacidad en la psique o en algún otro aspecto de su personalidad, circunstancia que no vulnera de momento derecho fundamental alguno, por lo que, se reitera, el quejoso está en posibilidad de que, en caso de que la resolución que se llegue a dictar sea acorde a sus intereses, las violaciones que ahora constituye el acto reclamado quedarán extinguidas sin haber originado afectación alguna a sus derechos sustantivos. Sirve de sustento a lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 16/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2003301, de título y contenido siguientes: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros: "PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA."; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO."; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad." Así como la Jurisprudencia Común, por identidad de razón, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, P./J. 131/99, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Noviembre de 1999, página 20, Novena Época, registro digital, 192838 de rubro y texto siguientes: "APELACIÓN EN EL EFECTO DEVOLUTIVO. LA RESOLUCIÓN QUE ADMITE EL RECURSO, NO ES ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DEL AMPARO. La resolución que admite el recurso de apelación en el efecto devolutivo es un acto dentro de juicio que no tiene ejecución de imposible reparación, en virtud de que, de acuerdo con su contenido y alcances legales, no es una resolución constitutiva de derechos, ni de condena, sino que es simplemente declarativa, al haber admitido a trámite el recurso de que se trata, pero el juicio continúa porque no es una resolución con la que culmina; por lo tanto, el amparo promovido en su contra resulta improcedente de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución, en relación con los diversos 114, fracción IV, 158, último párrafo, y 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la citada ley. En virtud de que se actualizó la causa de improcedencia en comento, esa circunstancia no permite entrar al estudio de las cuestiones de fondo planteados. Es aplicable al caso, la jurisprudencia VI.1o. J/23, visible en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación, número 22-24, octubre-diciembre de 1989, Octava Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1o, fracción I, 73 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ****, contra el acto reclamado al Juez Cuadragésimo Primero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistente en el proveído de veintiuno de octubre de dos mil veinte, por las razones establecidas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese y personalmente a las partes y por lista a la tercera interesada**.
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