Francisco Guillén Torres
Expediente 157/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 157/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Francisco Guillén Torres
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de nueve de abril de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo; por tanto, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído que lo dio por concluido sin decidir el juicio en lo principal, no existen documentos originales exhibidos por el quejoso y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCION DE EXPEDIENTE. Por tanto, previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ...regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 157/2021-I-D. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis de la demanda de amparo que se recibe, de la que se advierte que se pone de manifiesto su notoria e indudable improcedencia por actualizarse en la especie la causa que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, éste último aplicado a contrario sensu. Bien, en los artículos 113, 61, fracción XXlll, ambos de la Ley de Amparo, se dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Conforme con lo preceptuado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para determinar la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, es menester que las violaciones que se impugnen afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, para que un acto pueda ser considerado como de imposible reparación sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, al lesionar bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. En el particular, el quejoso en su demanda de amparo señaló como acto reclamado la omisión por parte del Juez del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, de llevar a cabo todos los actos válidos y eficaces tendientes a lograr la práctica y/o desahogo de la audiencia inicial en el expediente laboral 225/2021, para lograr acceder al derecho de justicia pronta que le es otorgada en el artículo 17 Constitucional, dado que aduce que ya pasaron poco más de veintisiete días, desde la fecha en que fue presentada la demanda, esto es, el nueve de marzo del año en curso. De lo expuesto, se advierte que la omisión reclamada por el quejoso no constituye un acto de imposible reparación y, por ende, no es reclamable en vía de amparo indirecto. Es así, dado que si bien en el artículo 17 constitucional se previene que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la omisión de que se duele no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, ya que se originó dentro del procedimiento seguido ante el Tribunal competente, en la especie, el Juez del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, y no fuera de él, de tal suerte que es la propia autoridad que debe proveer lo relativo al desahogo de la audiencia inicial en el expediente laboral 225/2021, cuya actuación debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento relativo. Máxime que de lo expuesto en su demanda no se advierte que exista una abierta dilación en el procedimiento, toda vez que de la fecha en que señala que se presentó la demanda nueve de marzo de dos mil veintiuno, a esta data, no han transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha de su radicación, por lo que no se puede aseverar que existe una dilación excesiva. De tal suerte que, en el caso, no se evidencia una abierta demora de la autoridad para proveer lo relativo al desahogo de la audiencia inicial en el expediente laboral 225/2021, cuya omisión reclama el promovente, no obstante que refiera que hasta la fecha no se le haya notificado en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones, a pesar de que se encuentre dentro de la jurisdicción de la responsable y ésta tenía la ineludible obligación de emitir en forma pronta las providencias necesarias para que se llevara a cabo la práctica de tal diligencia de notificación personal en el domicilio señalado en la demanda. Es así, dado que del citado criterio jurisprudencial, de carácter obligatorio para este Juzgado de Distrito en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, se deduce que para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra las dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la relación de cualquier otra diligencia, deberían haber transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir del plazo en que legalmente debió pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, tomando en consideración que ese es el periodo máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, tolera para que el juicio permanezca inmóvil. En esa tesitura, es inconcuso que la presente instancia constitucional resulta improcedente, al no revestir el acto reclamado la naturaleza de irreparable, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues su afectación es adjetiva y no directa a los derechos sustantivos que tutela la Ley Suprema, como son la libertad, integridad física, posesiones o derechos para que sea procedente el juicio biinstancial; por ende, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de que se trata, con apoyo además en el numeral 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, como su autorizado para oír y recibir notificaciones al licenciado ...y únicamente como su autorizado para oír notificaciones e imponerse de autos a la diversa persona indicada, toda vez que no tiene su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que la autorice a ejercer la profesión de abogado. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Y DATOS DE CONTACTO. En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, toda vez que el presente asunto fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). De igual modo, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un número de teléfono fijo o móvil y una cuenta de correo electrónico para que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo para entablar comunicaciones no procesales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, fracción XIX, del citado Acuerdo General 13/2020. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista al quejoso la determinación de nueve de abril del año en curso que dice:"Vista la demanda de amparo promovida por ...regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 157/2021-I-D. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis de la demanda de amparo que se recibe, de la que se advierte que se pone de manifiesto su notoria e indudable improcedencia por actualizarse en la especie la causa que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, éste último aplicado a contrario sensu. Bien, en los artículos 113, 61, fracción XXlll, ambos de la Ley de Amparo, se dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Conforme con lo preceptuado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para determinar la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, es menester que las violaciones que se impugnen afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, para que un acto pueda ser considerado como de imposible reparación sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, al lesionar bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. En el particular, el quejoso en su demanda de amparo señaló como acto reclamado la omisión por parte del Juez del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, de llevar a cabo todos los actos válidos y eficaces tendientes a lograr la práctica y/o desahogo de la audiencia inicial en el expediente laboral 225/2021, para lograr acceder al derecho de justicia pronta que le es otorgada en el artículo 17 Constitucional, dado que aduce que ya pasaron poco más de veintisiete días, desde la fecha en que fue presentada la demanda, esto es, el nueve de marzo del año en curso. De lo expuesto, se advierte que la omisión reclamada por el quejoso no constituye un acto de imposible reparación y, por ende, no es reclamable en vía de amparo indirecto. Es así, dado que si bien en el artículo 17 constitucional se previene que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la omisión de que se duele no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, ya que se originó dentro del procedimiento seguido ante el Tribunal competente, en la especie, el Juez del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, y no fuera de él, de tal suerte que es la propia autoridad que debe proveer lo relativo al desahogo de la audiencia inicial en el expediente laboral 225/2021, cuya actuación debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento relativo. Máxime que de lo expuesto en su demanda no se advierte que exista una abierta dilación en el procedimiento, toda vez que de la fecha en que señala que se presentó la demanda nueve de marzo de dos mil veintiuno, a esta data, no han transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha de su radicación, por lo que no se puede aseverar que existe una dilación excesiva. De tal suerte que, en el caso, no se evidencia una abierta demora de la autoridad para proveer lo relativo al desahogo de la audiencia inicial en el expediente laboral 225/2021, cuya omisión reclama el promovente, no obstante que refiera que hasta la fecha no se le haya notificado en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones, a pesar de que se encuentre dentro de la jurisdicción de la responsable y ésta tenía la ineludible obligación de emitir en forma pronta las providencias necesarias para que se llevara a cabo la práctica de tal diligencia de notificación personal en el domicilio señalado en la demanda. Es así, dado que del citado criterio jurisprudencial, de carácter obligatorio para este Juzgado de Distrito en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, se deduce que para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra las dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la relación de cualquier otra diligencia, deberían haber transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir del plazo en que legalmente debió pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, tomando en consideración que ese es el periodo máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, tolera para que el juicio permanezca inmóvil. En esa tesitura, es inconcuso que la presente instancia constitucional resulta improcedente, al no revestir el acto reclamado la naturaleza de irreparable, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues su afectación es adjetiva y no directa a los derechos sustantivos que tutela la Ley Suprema, como son la libertad, integridad física, posesiones o derechos para que sea procedente el juicio biinstancial; por ende, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de que se trata, con apoyo además en el numeral 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, como su autorizado para oír y recibir notificaciones al licenciado ...y únicamente como su autorizado para oír notificaciones e imponerse de autos a la diversa persona indicada, toda vez que no tiene su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que la autorice a ejercer la profesión de abogado. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Y DATOS DE CONTACTO. En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, toda vez que el presente asunto fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). De igual modo, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un número de teléfono fijo o móvil y una cuenta de correo electrónico para que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo para entablar comunicaciones no procesales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, fracción XIX, del citado Acuerdo General 13/2020. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente."
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