Francisco Guerrero Álvarez

Expediente 196/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
196/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
11/03/2019

Partes del expediente

  • Francisco Guerrero Álvarez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Asimismo, como se hizo constar en la certificación de cuenta, no obran documentos originales. Finalmente, de conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.(VII)

  2. Principal

    Notifíquese personalmente al promovente.... Visto el escrito presentado por Francisco Guerrero Álvarez, en su carácter de asesor jurídico de Sergio Bautista Manzo, mediante el cual aclara manifiesta el carácter con el que comparece, y desahoga los requerimientos que le fueran realizados, se le tiene cumpliendo con la prevención formulada en auto de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. -Desechamiento- De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito ha de examinar, ante todo, la demanda de amparo; y si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto se advierte, pues, la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, debe identificarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En cuanto a la interpretación de los términos "manifiesta" e "indudable", cobra aplicación la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." En el caso, de la lectura integral de la demanda, se aprecia que la parte quejosa reclama lo siguiente: "PRIMERO.- Reclamo de las autoridades que señalo como responsables reclamo de la autoridad Ordenadora (sic) DETERMINACIÓN DE ABSTENERCE (sic) DE INVESTIGAR que a (sic) librado en mi contra y de las autoridades ejecutoras reclamo el cumplimiento y ejecución O DICTAMINACION FAVORABLE Y DETERMINACION Y AUTORIZACION de la ABSTENCION DE INVESTIGAR DEL MINISTERIO PÚBLICO, reclamo además de todas ellas, reclamo los efectos y consecuencia de las mismas que no son otras mas (sic) que el tratar de privarme de mis DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS INDIVIDUALES. SEGUNDO.- También de mi parte les reclamo a las autoridades señaladas como responsables, todos los efectos y consecuencias derivados de los actos reclamados pues como lo he señalado y se acreditara (sic) en su momento procesal oportuno." Ahora bien, en el escrito aclaratorio de cuenta manifestó en lo conducente: "3.- No se interpuso medio de control ó (sic) recurso ordinario o medio de impugnación toda vez que el suscrito desistio (sic) para no involucrar a mas (sic) personal en la incompetencia de la que me quejo a nombra del C. Sergio Bautista Manzo." Las anteriores manifestaciones constituyen una confesión expresa en términos de lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2° de la Ley de Amparo. Habiendo realizado un análisis integral de la demanda, de sus anexos y de su escrito aclaratorio, este Juzgador llega a la conclusión de que el quejoso reclama esencialmente lo siguiente: la "determinación de facultad de abstenerse a investigar", dictada por el agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección Foránea de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes el ocho de octubre de dos mil dieciocho en las actuaciones de la carpeta de investigación . de su índice. Luego, este juzgador estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]." Con base en lo anterior, debe decirse que el juicio de amparo es regido por reglas o principios que lo estructuran y determinan su procedencia, entre los cuales, para efecto del caso en estudio, debe destacarse el llamado "principio de definitividad del acto reclamado", que establece que el juicio constitucional sólo resulta procedente respecto de actos definitivos, es decir, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario alguno. Esto es así, ya que al ser el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que sólo puede acudirse a él cuando previamente se ha agotado el recurso previsto en la ley ordinaria, pues de lo contrario se provocaría que la Justicia Federal se pronunciara respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto que aún es susceptible de modificarse, revocarse o anularse, haciendo con ello ocioso e innecesario su trámite. Por tal razón, la parte quejosa tiene la obligación de agotar el recurso procedente, porque mediante el acto de autoridad, a decir del recurrente, se le causó una lesión o perjuicio en sus derechos o intereses; perjuicio que no solamente lo legitima sino que lo obliga a interponer en contra de ese acto lesivo, los recursos o medios de defensa ordinarios que resulten procedentes. En efecto, una de las finalidades del principio de definitividad es la de evitar los abusos en la promoción del juicio de amparo y, con ello, impedir que se utilice para retardar la administración de justicia, y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto a las resoluciones después de agotado el recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. ....Ahora bien, el artículo 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Mientras que los artículos 253 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevén textualmente: "Artículo 253. Facultad de abstenerse de investigar. El Ministerio Público podrá abstenerse de investigar, cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente, no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad penal del imputado. Esta decisión será siempre fundada y motivada. Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De los preceptos en cita, se advierte un sistema de impugnación en la vía ordinaria, conforme al cual, las determinaciones de abstención de investigar, archivo temporal, aplicación de un criterio de oportunidad y no ejercicio de la acción penal, dictadas por la Representación Social, pueden impugnarse ante el Juez de Control, previo a acudir al amparo. Luego, si el acto reclamado versa sobre la abstención de investigar dentro de una carpeta de investigación, por considerar que los hechos relatados en la denuncia no son constitutivos de delito alguno, es inconcuso que el acto reclamado se trata de una determinación ministerial, que puede ser sujeta a control judicial mediante el recurso señalado en el artículo 258 del código nacional adjetivo indicado. De tal suerte que la determinación reclamada, debe ser impugnada y resuelta a través del procedimiento citado con antelación, antes de promover el juicio de amparo; sin que se actualice alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, previstos en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia. Resulta aplicable al presente asunto la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en su libro 57, de agosto de 2018, tomo I, página 945, que dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Igualmente, se invoca como orientadora por identidad jurídica la tesis I.6o.P.123 P (10a.) del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en su libro 59, de octubre de 2018, tomo III, página 2375, del texto siguiente: "ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LA OMISIÓN O NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PROVEER SOBRE LAS PETICIONES DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR, DEBE AGOTARSE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que durante la etapa de investigación de un delito, tanto el imputado, cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su defensor, como la víctima u ofendido del delito, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; de ahí que si la autoridad ministerial es omisa o se niega a proveer sobre las peticiones del imputado o su defensor, dicho acto no es privativo de la libertad, sino de molestia, por ello éstos tienen derecho a inconformarse ante la autoridad judicial, en términos del artículo 258 del propio código, que establece que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, entre otras, pueden impugnarse ante el Juez de Control; por tanto, al no estar en presencia de las excepciones previstas en los incisos a), b) o c), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es imperativo para el imputado agotar la vía jurisdiccional ordinaria, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial." Por lo que al no haberse observado el principio de definitividad, se actualiza a causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Luego, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento ha lugar a desechar de plano la demanda de amparo que se presentó, por notoriamente improcedente.

  3. Principal

    Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario de la adscripción para notificar personalmente a la parte quejosa la determinación de dieciocho de febrero del año en curso, por las razones expuestas en la misma; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese el auto de mérito por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, así como las subsecuentes notificaciones... "Agréguese a los autos el escrito de demanda firmado por Francisco Guerrero Álvarez, fórmese expediente impreso y electrónico, asimismo anótese en el libro de registro de juicios de amparo con el consecutivo número 196/2019-VII. -Análisis de demanda- A efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre su admisión, al analizar la demanda de amparo, se advierte que: 1. La demanda de amparo la interpone a nombre propio, siendo que de los anexos presentados se advierte que Francisco Guerrero Álvarez actúa dentro de la carpeta de investigación de la que deriva el acto reclamado, en representación de Sergio Daniel Bautista Manzo. 2. Del rubro de la demanda se desprende la manifestación consistente en que fue notificado del acto reclamado el veinticinco de enero de dos mil diecinueve; sin embargo, del citatorio que anexa a la demanda, se advierte que dicha fecha únicamente fue la señalada por el agente del Ministerio Público responsable para que el quejoso se presentara en las oficinas de la Fiscalía General del Estado para ser notificado de la determinación que reclama; sin que de lo manifestado en la demanda, o de los anexos, se identifique que bajo protesta de decir verdad haya expresado la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado; siendo que la fecha en que se tiene conocimiento de un acto reclamado, es parte de los antecedentes del mismo, los cuales, de conformidad con el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, deben ser narrados "bajo protesta de decir verdad". 3. Fue omiso en manifestar si en contra de la determinación ministerial que reclama interpuso algún medio de control, recurso, o medio de impugnación ordinario. Irregularidades y omisión que no permiten dar inicio al juicio que se pretende. -Prevención- En consecuencia, con fundamento en los artículos 108, fracciones I y V, y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente acuerdo, por escrito que formará parte integrante de la demanda, la regularice, en los siguientes términos: 1. Aclare el carácter con el que interpone la demanda de amparo: si es a nombre propio o en representación de Sergio Daniel Bautista Manzo, en este último caso deberá presentar las documentales suficientes para acreditar su personalidad o, en caso de contar con el carácter de asesor jurídico de este en la Carpeta de Investigación de origen, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. 2. Bajo protesta de decir verdad, manifieste si acudió a la citación que le realizó el agente del Ministerio Público responsable mediante cédula de citación notificada el veintiuno de enero de dos mil diecinueve en la carpeta de investigación CI/AGS/16523/08-17 o, en su caso, que no acudió a la citación indicada. 3. Bajo protesta de decir verdad, manifieste si en contra de la determinación ministerial que reclama interpuso algún medio de control, recurso, o medio de impugnación ordinario y, en caso de que sí lo haya hecho, el estado procesal en que dicho medio de defensa se encuentre. Por lo que concierne a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, resulta aplicable al caso, la jurisprudencia número 2a./J. 161/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página número 1079, del Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." -Apercibimientos- Con el apercibimiento que de no cumplir con el anterior requerimiento, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 114, segundo párrafo de la Ley de Amparo. De igual manera, se hace el apercibimiento a la parte promovente, que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirmara hechos falsos u omitiera los que le consten en relación con el acto reclamado, incurriría en un delito sancionado por una pena de dos a seis años de prisión, además le sería impuesta una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme lo establecido en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en términos del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad y Medida y Actualización Pública en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. El presente requerimiento se formula, sin perjuicio de que una vez satisfecho el mismo, este órgano jurisdiccional analice la competencia y procedencia del juicio, a la luz del multicitado numeral. -Domicilio- De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. -Autorizados- Téngase como autorizado legal en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, a Martín Castro Trinidad, por haber acreditado encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, conforme al sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. -Habilitación de horas- Con apoyo en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la materia, este Juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente. -Información reservada o confidencial- En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, exponiendo las razones por las que le hayan otorgado dicha clasificación, lo anterior sin perjuicio de que sean considerados como sujetos obligados, de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. -Consulta vía internet- De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán consultar este expediente vía electrónica, previo trámite que al efecto realicen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Del mismo modo, se les hace saber que podrán recibir notificaciones vía electrónica, previa manifestación expresa que al efecto realicen a este tribunal; solicitud que podrá ser revocada, si así lo manifiestan. -Transparencia- Finalmente, con fundamento en el artículo 1° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 73, fracción II, y así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, se publicarán con la supresión de sus datos personales, salvo que medie consentimiento expreso por escrito, de conformidad con el último párrafo del artículo 68 de la citada Ley General."(VII)

  4. Principal

    Notifíquese personalmente al promovente.(VII)

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