Francisco Guadarrama Trejo

Expediente 1417/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1417/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
23/03/2023

Partes del expediente

  • Francisco Guadarrama Trejo
  • Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Jilotpec, Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Téngase al Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, acusando recibo de los tres tomos de pruebas que se ordenó devolver mediante acuerdo del nueve de marzo de este año; en consecuencia, tómese conocimiento. Por otra parte, visto el estado de autos del que se advierte que este expediente se encuentra totalmente concluido y que obran agregadas la totalidad de las constancias de notificación correspondientes, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Registro de Juicios de Amparo y la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese como asunto concluido; el cual es susceptible de depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se concedió la protección constitucional. Por otro lado, el original del incidente de suspensión es destruible, de conformidad con el artículo 21, inciso c), del referido Acuerdo en virtud de que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue negada. En términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del mismo acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurridos más de seis meses a partir de la fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a la destrucción del mismo, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión. Robustece lo anterior el hecho de que, atendiendo al prudente arbitrio del suscrito, se considera que este expediente no tiene relevancia documental para ser resguardado, y no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpongan recurso de revisión contra la sentencia emitida el el veinte de febrero pasado, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión en este juicio, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas, y glósense los cuadernos incidentales correspondientes. Por otra parte, se advierte que el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, remitió diversas constancias en apoyo a su informe justificado (tomos I. II y III); en consecuencia, en obvio de dilaciones procesales devuélvanse a su lugar de origen. Solicítese el acuse de recibo correspondiente, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización; ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa, a las terceras interesadas ********** y al Agente del Ministerio Público adscrito y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las nueve horas con cincuenta minutos del veinte de febrero de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1417/2022-V, promovido por **********, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, ante Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con las pruebas ofrecidas por el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que la parte tercera interesada, realizó manifestaciones en vía de alegatos mediante escrito registrado con el folio 21632. El Juez de Distrito acuerda: De conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por realizadas sus manifestaciones en vía de alegatos, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver. Al no existir más alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1417/2022-V; y, R E S U L T A N D O: I.- Mediante escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ************, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, que por razón de turno, correspondió conocer al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, que lo registró con el número 1479/2022-II-D, órgano jurisdiccional que mediante sentencia de dieciséis de noviembre del año pasado, declinó la competencia en razón de territorio al Juzgado de Distrito en el Estado de México, en turno, con residencia en Naucalpan de Juárez. II.- Derivado de lo anterior, mediante oficio 38347/2022, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, remitió la demanda de garantías que originó el juicio de amparo 1479/2022-II-D, promovido por Francisco Guadarrama Trejo, por su propio derecho, que por razón de turno, fue turnado dos de diciembre del año anterior, a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, demanda que se registró con el número 1417/2022-V. III.- En proveído de cinco de diciembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, por lo que se avocó al conocimiento del presente juicio, radicándolo bajo el número 1417/2022-V, se radicó convalidaron las actuaciones relativas a la integración de dicho juicio; se dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previos diferimientos, tuvo verificativo al tener del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado se atribuye a una autoridad residente dentro de la jurisdicción y ámbito de competencia que corresponde a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se aprecia que el acto reclamado consiste en: El acuerdo de seis de septiembre del año dos mil veintidós, dictado por el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, en los autos del expediente número 880/2021, relativo al juicio de controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar (guarda, custodia y pensión alimenticia), promovido por Hortencia Monroy Hernández, en representación de su entonces menor hija Brigitte Guadarrama Monroy,(ahora mayor de edad), en contra del quejoso Francisco Guadarrama Trejo, en el que no dio trámite al recurso de revocación interpuesto por éste en contra del acuerdo de uno de dicho mes y año, en el que dicho juez ordenó turnar los autos al ejecutor de su adscripción a efecto de que requiriera al quejoso el pago de la cantidad ahí citada por concepto de pensión alimenticia adeudada (a sus acreedoras alimentarias, hoy terceros interesadas), bajo el apercibimiento de que de no cubrir el adeudo, se le embargaran bienes suficientes de su propiedad, para garantizar la obligación a su cargo, en los términos y por las razones ahí citadas. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez y Ejecutor adscritos al Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, al rendir sus informes justificados, aceptaron la existencia del acto reclamado. Motivo por el que se tiene por cierto el acto atribuido a dichas autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación del 2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, cuyo rubro y contenido son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con las constancias que acompañó a su informe justificado el juez responsable, consistentes en copia certificada de lo actuado en el expediente número 880/2021, relativo al juicio de controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar (guarda, custodia y pensión alimenticia), a las que se concede pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Esto, con base en la jurisprudencia número doscientos veintiséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dispone: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO.- Examen de Constitucionalidad del acto reclamado. Al no advertirse de oficio causa de improcedencia que en el caso se actualice, ni las partes la hagan valer, procede el análisis de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de innecesarias repeticiones, al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo, que señale que deba hacerse en la sentencia transcripción de ellos. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Materia Común, página 830, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". Ahora bien, de las constancias que obran en autos, consistentes en las copias certificadas del expediente número 880/2021, relativo al juicio de controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar (guarda, custodia y pensión alimenticia), que remitió en apoyo a su informe justificado la autoridad responsable ordenadora Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, destacan entre otras: a) Acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, por el que previo desahogo de la prevención de once del citado mes y año, admitió a trámite la controversia sobre el derecho Familiar de Pensión alimenticia y Guarda y Custodia y Pensión Alimenticia, promovido por Hortencia Monroy Hernández, por propio derecho y en representación de su entonces menor hija Brigitte Guadarrama Monroy, en contra de Francisco Guadarrama Trejo, por lo que en esa data el juez responsable ordenó el emplazamiento del ahora quejoso. Asimismo, se decretaron las medidas provisionales de guarda y custodia de la entonces menor de edad tercera interesada Brigitte Guadarrama Monroy, a favor de su progenitora Hortencia Monroy Hernández, Por otro lado, en dicho proveído el juez de origen, fijó como pensión alimenticia provisional a favor de la entonces menor de edad Brigitte Guadarrama Monroy y en razón de que en ese momento no se encontraba acreditada la capacidad económica de su progenitor Francisco Guadarrama Trejo, por lo que decretó la cantidad equivalente a seis días de salario mínimo general, de forma diaria, computables al mes, que el ahora quejoso debería depositar en dicho Juzgado los primeros cinco días de cada mes por periodos adelantados, con el apercibimiento que de no hacerlo, le embargarían bienes de su propiedad que garantizaran su cumplimiento. Luego, el juez responsable ordenó la vista correspondiente para que la parte demandada propusiera un régimen de convivencias, con el apercibimiento que, de no hacerlo, dicha autoridad determinaría lo conducente, tomando en consideración los datos que obraban en el expediente de origen. Por otro lado, ordenó girar oficios de investigación de capacidad económica de las partes en dicho expediente. b) Acuerdo de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en el que el juez responsable tuvo por contestada la demanda al ahora quejoso, fijó las medidas provisionales respecto al régimen de convivencias con la entonces menor de edad tercera interesada Brigitte Guadarrama Monroy y señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial. c) Siendo las diez horas con veintitrés minutos del treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia inicial en la controversia sobre el estado civil de las personas sobre guarda y custodia 880/2021, y se fijó fecha y hora para su continuación. d) Siendo las doce horas del veintidós de febrero de das mil veintidós, se dio inicio la continuación de la audiencia inicial en la controversia sobre el estado civil de las personas 820/2021, la cual una vez seguida en todas sus etapas procesales, se fijó fecha y hora para el desahogo de la audiencia principal. e) A las doce horas del cuatro y seis de abril de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia principal en la que se llevó a cabo el desahogo de las diversas pruebas ofrecidas por las partes; luego, se señaló diversa data para su continuación de dicha audiencia. f) Siendo las doce horas del dieciséis de mayo de dos mil veintidós, dio inicio la audiencia principal, la cual una vez desahogadas diversas probanzas y alegatos, el juez acordó que una vez que obrara en autos el peritaje en materia trabajo social en informes ordenados en auto de fecha cinco de mayo del año en curso, las partes deberían solicitar por medio de promoción fecha para la audiencia de continuación de dicha la audiencia principal. g) Acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintidós, por medio del cual, el juez de origen en atención al escrito de la tercera interesada Hortencia Monroy Hernández, y en aras de proteger el derecho humano de la tutela jurisdiccional efectiva, ordenó requerir al deudor alimentario (ahora quejoso), sobre el pago inmediato de dicha pensión provisional adeudada, embargando en su caso bienes de su propiedad que garanticen su cumplimiento, atendiendo a que hasta dicha data el deudor alimentario no había cubierto en su totalidad la pensión alimenticia provisional, decretada el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, a favor de las terceras interesadas, la cantidad que resulta de seis días de salario mínimo vigentes computables al mes, que el deudor alimentario debió proporcionar a sus acreedores alimentistas a partir del uno de enero al treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, y en virtud de que el derecho a recibir alimentos es de orden público, procedió a realizar la liquidación correspondiente al crédito alimentario en los términos ahí fijados y una vez realizada la operación aritmética en los términos ahí citados, llegó a la conclusión que la cantidad adeudada ascendía a $130, 377.46 (ciento treinta mil trecientos setenta y siete pesos 00/46 moneda nacional). En ese tenor, ordenó turnar los autos al ejecutor de su adscripción a efecto de requerir al ahora quejoso para que hiciera el pago por la cantidad citada en el párrafo que antecede, bajo el apercibimiento que, de no cubrir el adeudo, se le embargaran bienes suficientes de su propiedad para garantizar la obligación a su cargo. h) Por lo que inconforme con dicha determinación, mediante escrito signado por el ahora quejoso, interpuso recurso de revocación en contra del auto de uno de septiembre de dos mil veintidós, por las razones ahí expuestas. i) Acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintidós, por medio del cual el juez responsable y a efecto de no transgredir normas fundamentales y privilegiar el derecho humano de la parte actora a hacer efectivo el pago de la pensión alimenticia provisional decretada en los autos del juicio de origen, en términos de los artículos 5.43 y 5.44; así como, los diversos, 1.134, 1.136 y 1.138, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, acordó no ha lugar a dar trámite el recurso interpuesto por el promovente, ahora quejoso, por las razones ahí expuestas. (auto que constituye el acto reclamado). Ahora bien, la parte quejosa aduce esencialmente en sus conceptos de violación que se vulneran en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que: En ese sentido el ahora impetrante del amparo, argumenta que la autoridad responsable realizó un argumento ilógico en el acuerdo de seis de septiembre de la anualidad anterior, violentando lo establecido en los artículos 14, 16 y 17, de la constitución, pues dejó de analizar que a pesar de que la tercera interesada Brigitte Guadarrama Monroy, ya es mayor de edad, promovió incidente de liquidación de pensiones adeudadas. Aduce que la autoridad responsable no tramitó en la vía correcta el incidente promovido por la parte tercera interesada, pues jamás ordenó darle vista correspondiente sobre la admisión de dicho incidente, como lo contempla el artículo 1.216, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, para que se le corriera traslado y éste estuviera en aptitud de manifestar lo que a su derecho correspondiera, dentro del plazo legal de tres días, que para tal efecto le concede dicho numeral, así como para ofrecer pruebas. Se duele de que la autoridad responsable al emitir el auto de uno de septiembre de dos mil veintidós, lo dejó en un total estado de indefensión, ya que se le pretende privar de sus propiedades y posesiones, sin que haya mediado un juicio, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento conforme, pues en dicho expediente aún no existe una sentencia que ordene en vía de ejecución que se le moleste en su persona, domicilio y posesiones, lo que implica que no existe un mandamiento escrito fundado y motivado, ya que jamás ordenó la admisión del trámite del incidente en los términos del numeral 5.43 de la legislación de la materia, sino por el contrario y de manera arbitraria el juzgador de origen ordenó que se turnaran los autos al ejecutor adscrito para que lo requiera por la cantidad que indica por concepto de pensión alimenticia provisional vencida y adeudada en favor de la parte tercera interesara, con el apercibimiento que de no cubrir dicho adeudo, se le embarguen bienes suficientes de su propiedad para garantizar su obligación de pago, ocasionándole un acto de molestia, sin otorgarle el derecho de manifestar lo que a su interés legal conviniera. Los conceptos de violación son inoperantes por inatendibles. Lo anterior es así, toda vez que el quejoso a través de los motivos de disenso no expone razonamientos lógicos jurídicos tendentes a combatir el acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintidós, emitido por el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, en el expediente número 880/2021, relativo al juicio de controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar (guarda, custodia y pensión alimenticia), promovido por Hortencia Monroy Hernández, en representación de su entonces menor hija Brigitte Guadarrama Monroy,(ahora mayor de edad), en contra del quejoso Francisco Guadarrama Trejo, en el que no dio trámite al recurso de revocación interpuesto por éste en contra del acuerdo de uno de dicho mes y año, por lo cual, si se tiene en cuenta que los conceptos de violación deben referirse, en primer lugar, a la pretensión, esto es, al qué se reclama y, en segundo lugar, a la causa petendi o causa de pedir, que implica el porqué de la pretensión, incluyendo los fundamentos o razones y los hechos de la demanda, así como las pruebas (que son la base de lo debatido). La conexión o relación de estas últimas sólo debe darse con los hechos, que son determinantes y relevantes para efectos de la pretensión, en virtud de ser el único extremo que amerita y exige ser probado para el éxito de la acción deducida, tal como lo establecen los artículos 81 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, empero el quejoso no cumplió con dichos requisitos. Lo anterior es así, toda vez que de la lectura de los dos conceptos de violación narrados por el quejoso, se dilucida que los mismos el quejoso se limita a realizar afirmaciones, generales e imprecisas o sin sustento o fundamento pues éstos están encaminados a combatir diverso acto y no el reclamado, es obvio que tales conceptos de violación son inoperantes y no pueden ser analizados bajo la premisa de que es menester que exprese la causa de pedir; esto es, que exprese al menos la lesión o agravio que le genera el auto reclamado, así como los motivos de ese agravio; aspectos básicos que no están satisfechos en el caso, pues los mismos, están encaminados a controvertir el acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintidós, en el que dicho juzgador ordenó turnar los autos al ejecutor de su adscripción a efecto de que requiriera al quejoso el pago de la cantidad ahí citada por concepto de pensión alimenticia adeudada (a sus acreedoras alimentarias, hoy terceros interesadas), bajo el apercibimiento de que de no cubrir el adeudo, se le embargaran bienes suficientes de su propiedad, para garantizar la obligación a su cargo, en los términos y por las razones ahí citadas, empero no hace manifestaciones a efecto de impugnar el acuerdo de seis de septiembre del año pasado, que constituye el acto reclamado. Por tanto, los conceptos de violación deben declararse inoperantes, pues a efecto de proceder a su estudio, era necesario que el quejoso controvirtiera las consideraciones torales de la responsable al emitir el auto de seis de septiembre de dos mil veintidós, que constituye el acto reclamado y al no hacerlo de manera eficaz, como se precisa en párrafos precedentes, subsiste tal determinación que constituye un impedimento técnico a fin de proceder al juicio valorativo pretendido por el impetrante. Cobra aplicación la jurisprudencia 724, visible en la página 487, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte TCC, la cual es del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INSUFICIENTES Y SU ESTUDIO ES INNECESARIO, SI NO ATACAN LA TOTALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES ESENCIALES QUE SUSTENTAN EL ACTO RECLAMADO. Cuando no haya lugar a suplir la deficiencia de la queja, y el acto reclamado se sustenta en varias consideraciones esenciales, cada una de las cuales sea capaz de sostenerlo con independencia de las otros, el quejoso debe combatirlas todas, pues de no hacerlo así, la resolución subsistirá con aquéllas que no fueron impugnadas, y por tanto los conceptos de violación, aunque fuesen fundados serían insuficientes para la concesión del amparo, lo que hace innecesario el examen de la constitucionalidad a la luz de los argumentos expresados." Asimismo, la diversa 716, publicada en la página 482, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, Tomo VI, Parte TCC, la cual es del contenido literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE OMITEN COMBATIR ALGUNAS CONSIDERACIONES EN QUE SE APOYA EL ACTO RECLAMADO. SON INSUFICIENTES. Los conceptos de violación deben estar relacionados directa e inmediatamente con los fundamentos del acto reclamado, para que de esta forma queden de manifiesto los vicios de que adolezca; por tanto si el quejoso omite hacerse cargo de algunas consideraciones en que se apoyó la autoridad responsable y no las combate, el Tribunal Colegiado no está en aptitud de examinar la constitucionalidad de éstas y por consecuencia deben subsistir". En las narradas condiciones, ante lo ineficaz de los conceptos de violación y al no haberse demostrado la transgresión alegada de garantías, sin advertir este Órgano de Control Constitucional motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja, por no actualizarse ninguno de los supuestos que al efecto prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección constitucional reclamada, negativa que se hace extensiva a la autoridad responsable ejecutora, al no reclamarse por vicios propios su actuar sino como consecuencia del acto ordenador. No se aborda el estudio de los alegatos formulados por la parte tercera interesada, porque no forman parte de la litis en el amparo. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ************, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, por lista electrónica a la parte quejosa; a las terceras interesadas y al Agente del Ministerio Público adscrito y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, secretaria quien certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído del dieciocho de enero de la anualidad que trascurre, se ordenó dar vista a la tercero interesada **********, con los informes justificados y constancias que obran en autos; en tal virtud, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan para que tenga verificativo las nueve horas con cincuenta minutos del veinte de febrero de dos mil veintitrés. Sin que sea necesario notificar esta determinación a las responsables, toda vez que dicha circunstancia no les irroga algún perjuicio. Notifíquese; hágase por lista electrónica a la parte quejosa y a la parte tercero interesada. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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