Francisco Gonzalo Bolívar Zapata
Expediente 343/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 27 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 343/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 10/11/2021
Partes del expediente
- Francisco Gonzalo Bolívar Zapata
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
EN ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL AUTO DE VEINTIOCHO DEL AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE:"Ciudad de México, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 8147/2015, así como copia certificada del testimonio dictado por el Quinto Tribunal de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, de la resolución emitida en sesión ordinaria virtual de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el amparo en revisión 677/2017 de su índice, en el que determinó lo siguiente: QUINTO. No es materia del presente recurso la determinación contenida en el considerando décimo tercero de la sentencia recurrida, que rige el tercer resolutivo, en el que se otorgó el amparo respecto del artículo 53-B, fracción IV, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015. Lo anterior, porque la parte a quien dicha determinación pudiera afectar, esto es, a las autoridades responsables, no son quienes interpusieron el presente recurso de revisión.SEXTO. Deben declararse firmes los considerandos cuarto y sexto de la sentencia recurrida que rigen el primer punto resolutivo, en el que se sobreseyó en el juicio de amparo; así como los considerandos noveno y décimo, que se ven reflejados en el segundo punto resolutivo, en el que se negó el amparo, ya que las recurrentes no formularon algún planteamiento tendente a controvertir los aspectos que ahí se dilucidan; dado que, en el caso, los agravios propuestos están acotados a combatir únicamente la negativa de amparo respecto de los artículos 28, fracción IV, 42 fracción IX y 53-B (a excepción de su fracción IV, párrafo segundo, respecto de la cual se concedió la protección constitucional), del Código Fiscal de la Federación, cuyos razonamientos se expusieron en parte de los considerandos décimo primero y décimo segundo de la sentencia que se revisa.R E S U E L V E: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma el fallo recurrido. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********; en contra de los artículos 28, fracción IV, 42, fracción IX y 53-B (a excepción de la fracción IV, párrafo segundo, respecto de la cual se concedió la protección constitucional) del Código Fiscal de la Federación, atento a las razones expuestas en el considerando séptimo de la presente ejecutoria Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones respectivas y acúsese recibo al Tribunal Colegiado. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Por otra parte, del análisis de las constancias de autos se advierte que en la sentencia de amparo este juzgado concedió el amparo a las quejosas ********, en el que resolvió lo siguiente: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio respecto de: La aplicación de las disposiciones fiscales que se reclama de las diversas autoridades señaladas por la parte quejosa en el escrito de demanda, (y, en su caso, escrito de ampliación), en su calidad de ejecutoras. La expedición de las diversas disposiciones de observancia general contenidas en las Resoluciones Misceláneas Fiscales para los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016, así como en sus respectivas Resoluciones Modificatorias que controvierte y se le atribuye, a las autoridades formal y materialmente legislativas. La emisión y publicación que se reclaman del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y del Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, respectivamente, de las normas jurídicas siguientes: Las reglas I.2.8.1, I.2.8.2 y el artículo Cuadragésimo Tercero Transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013. La regla I.2.8.2, de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2014. Las reglas I.2.8.1, I.2.8.6, I.2.8.7, I.2.8.8 y el artículo Décimo Tercero Transitorio de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de julio de 2014; así como su Anexo 24, dado a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 11 de julio siguiente. Las reglas I.2.8.6, 1.2.8.9 y el artículo Décimo Tercero Transitorio de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 2014. - Las reglas I.2.8.1.1, I.2.8.1.2, I.2.8.1.6, I.2.8.1.7, I.2.8.1.8, 1.2.8.1.9, y resolutivo Décimo Cuarto de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 2014. Las reglas I.2.8.1.2, I.2.8.1.6, I.2.8.1.7, I.2.8.1.8, I.2.8.1.9 y I.2.8.1.15 de la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 2014; así como su Anexo 24, dado a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 27 de diciembre siguiente. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa respecto de: Los artículos 17-K, 18, 28, 42, párrafo primero, fracción IX, y párrafos segundo a quinto, 53-B, fracciones I, II, III y IV, párrafo primero, 83, 84, 134, fracciones I y III, Primero y Segundo, fracciones III y VII, Transitorios, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013. Las reglas II.2.8.3 y II.2.8.8 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013. Las reglas I.2.1.4, párrafo último, I.2.2.5, II.2.8.8 de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2014. Los artículos 11, 33, 34, 35, 61, 62 y Tercero Transitorio del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2014. Las reglas I.2.2.7, II.2.8.3 y II.2.8.11 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de julio de 2014. Las reglas I.2.2.7, I.2.12.8, I.2.12.12 y I.2.12.14 de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 2014. El artículo 22, fracción IV, de la Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2014. Los resolutivos Tercero, Cuarto y Quinto de la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 2014. Las reglas 2.1.7, último párrafo, 2.2.5, 2.2.6, 2.8.1.1, 2.8.1.2, 2.8.1.3, 2.8.1.4, 2.8.1.5, 2.8.1.6, 2.8.1.9, 2.8.1.17, 2.12.2, 2.12.4 y 2.12.9 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2014; así como su Anexo 24, dado a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 5 de enero siguiente. Los resolutivos Cuarto y Décimo de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2015. La regla 2.8.1.5 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2015. La regla 2.8.1.19 de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2015. Las reglas 2.8.1.4, 2.8.1.5 y 2.8.1.9 de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 2015. Los artículos 42, párrafos quinto a séptimo, 53-B, fracción I, párrafos primero y segundo, fracción II, párrafo segundo, 81, fracción XLI, y 82, fracción XXXVIII, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015. Las reglas 2.1.6, último párrafo, 2.2.6, 2.2.7, 2.8.1.1, 2.8.1.2, 2.8.1.3, 2.8.1.4, 2.8.1.5, 2.8.1.6, 2.8.1.7, 2.8.1.11, 2.8.1.18, 2.12.2, 2.12.4 y 2.12.9 de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2015. Las reglas 2.1.6, último párrafo, 2.2.6, 2.2.7, 2.8.1.1, 2.8.1.2, 2.8.1.3, 2.8.1.4, 2.8.1.5, 2.8.1.6, 2.8.1.7, 2.8.1.11, 2.8.1.18, 2.12.2, 2.12.4 y 2.12.9 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2015, así como su anexo 24 dado a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 13 de enero siguiente. - La regla 2.8.1.19 de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 2016. - Las reglas 2.12.2, último párrafo y 2.12.9 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 2016. - Las regla 2.2.9, 2.8.1.2, 2.8.1.5 y 2.12.2 de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2016. - El Anexo 24 de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicitada en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de octubre de 2016. Actos formal y/o materialmente legislativos que se reclaman, en el ámbito de sus respectivas competencias, de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación, Jefe del Servicio de Administración Tributaria y Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación. Así como, respecto de los actos consistentes en el refrendo y publicación del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, que se reclaman del Secretario de Gobernación y del Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa respecto de los actos reclamados de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el proceso legislativo del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente." Dicha medida cautelar fue concedida para los efectos legales siguientes:Sí a las quejosas les fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación.En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis; y,De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que el contribuyente fue omiso en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas. SE REQUIERE CUMPLIMIENTO. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere a la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumpla con dichos efectos y remitan copia certificada de las constancias que lo acrediten:Es decir, deberá de informar si a las quejosas que se enuncian a continuación les fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación: Juicio de amparo Quejosa 8147/2015 Acumulante ******** 8197/2015 Acumulado ********* 8225/2015 Acumulado ********* 8279/2015 Acumulado ********* 8313/2015 Acumulado ******** Precisado lo anterior, en relación con la concesión del amparo contra el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, el amparo se concedió para el efecto de que en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no hubiere ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tomará en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito se declare insubsistente. En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis; y, De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que el contribuyente fue omiso en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas. Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." En el entendido de que: 1. La autoridad responsable y su superior jerárquico deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). 3. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se les apercibe que se realizará lo siguiente: Se les impondrá a cada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen sus respectivos puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Infórmese a la autoridad responsable el Registro Federal de Contribuyentes de las quejosas, a fin de que pueda dar cumplimiento al requerimiento formulado en este auto. Juicio de amparo Quejosa 8147/2015 Acumulante ******* 8197/2015 Acumulado *******8225/2015 Acumulado ******* 8279/2015 Acumulado ******* 8313/2015 Acumulado ******* Asimismo, con fundamento en artículo 197 de la ley de la materia, se requiere a la autoridad Jefe del Servicio de Administración Tributaria, a efecto que dentro del mismo plazo de tres días, informe de manera fundada y motivada a este órgano jurisdiccional, si para dar cumplimiento a lo anterior deben intervenir diversas autoridades en qué consiste y quiénes tendrán participación. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa y en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.". NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio remitido en representación del Presidente de la República; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido su informe justificado, con el mismo dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. Asimismo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo se tienen como delegados a las personas que menciona, quienes tendrán las facultades de rendir pruebas, alegar y hacer promociones únicamente en el acto de la audiencia, así como para interponer recursos. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura.
- Incidental
Ciudad de México, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, como se ordenó en los autos del cuaderno principal de juicio de amparo, con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 130,138, 139, 157 y 158 de la Ley de Amparo, acuérdese lo correspondiente a la suspensión provisional en el incidente en que se actúa, respecto de los actos reclamados por los quejosos, en su escrito de demanda. REQUERIMIENTO DE INFORME PREVIO Con fundamento en el artículo 138, fracción III de la Ley de Amparo, con copia de la demanda, se requiere a las autoridades responsables para que rindan su informe previo respecto de las mismas, el cual deberán exhibir por duplicado dentro del plazo improrrogable de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente proveído. En dicho informe, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, deberán concretarse a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen y podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. De igual manera, tendrán obligación de proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al órgano establecer, en su caso, el monto de las garantías correspondientes. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que acompañen a su informe previo cualquier documento que estimen necesario para que este juzgador se pronuncie sobre la suspensión definitiva; lo anterior, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo. En caso de que las autoridades responsables sean omisas en rendir su informe previo, se presumirán ciertos los actos reclamados para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva; lo anterior, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo. Asimismo, con excepción de las autoridades legislativas, en caso de ser omisas se les impondrá una multa de cien a mil días fijada conforme al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo previsto en el artículo 260, fracción I, del ordenamiento citado. Finalmente, se hace de su conocimiento que, en términos del artículo 262, fracción I de la Ley de Amparo, en caso de expresar hechos falsos o negar la verdad al rendir su informe, podrá imponérseles una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, así como destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. AUDIENCIA INCIDENTAL Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo se fijan las NUEVE HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia incidental, a la cual podrán comparecer las partes, así como ofrecer pruebas documentales y de inspección judicial, y excepcionalmente, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 143 de la propia ley, la testimonial en caso de que se reclamen actos previstos en el artículo 15 del ordenamiento citado. Así, este juzgador procede a determinar si en el caso concreto se surten los requisitos contenidos en los artículos 128, 138, 147 y 148 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión respecto de los actos reclamados por la parte quejosa. Ahora bien, debe precisarse, que el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar a partir de que conceda la medida cautelar; sin embargo, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J. 4/2019, publicada en la Gaceta de Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Libro 63, Febrero de 2019, cuyo rubro dice: " SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA." Precisado lo anterior, cabe señalar que este Juzgador se pronunciará únicamente respecto de la suspensión solicitada por la parte quejosa en lo relativo a su escrito de demanda, esto es, que las responsables se abstengan de aplicar el Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa al catálogo de delitos graves que implican prisión preventiva oficiosa, relativa al tipo penal de corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, publicado el doce de abril de dos mil diecinueve. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 111/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, página 98, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS." Con ese propósito, para determinar si resulta procedente o no la suspensión solicitada, se analizarán en orden los siguientes aspectos: 1) La certeza de los actos reclamados. 2) Si su naturaleza permite su paralización. 3) Si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. 4) Si resulta necesario exigir alguna garantía para que surta efectos la suspensión, porque existe tercero interesado o se trate del cobro de contribuciones. Ahora bien, respecto de los efectos y consecuencias de la medida cautelar solicitada consistente en que las responsables no apliquen el Decreto mencionado, dado que por su naturaleza son susceptibles de paralización, lo procedente es verificar si se satisfacen los requisitos previstos en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, que dicen: "ARTÍCULO 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "ARTÍCULO 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda." Del precepto transcrito en primer término, se deprenden los requisitos de procedencia para el otorgamiento de la suspensión, a saber: 1) Que la solicite el agraviado. 2) Que con la concesión de la medida cautelar no se infringen disposiciones de orden público ni se vulnera el interés social. 3) Que el quejoso aduzca un interés legítimo, y acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue. Por su parte, de lo señalado en el artículo 131 de la Ley de Amparo, se desprende que es necesario que si el quejoso aduce un interés legítimo, éste deberá acreditar un daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue; ahora, si bien es cierto que el artículo en comento hace referencia a un interés legítimo, no menos lo es que si para este tipo de interés se habla de que los quejosos deben acreditar el daño inminente e irreparable, con mayoría de razón también deberán hacerlo cuando aduzcan ser titulares de un interés jurídico, como lo manifiestan los peticionarios de amparo. Esto es así, ya que si bien es cierto que el artículo 128 de la Ley de Amparo no prevé de manera expresa el requisito mencionado en el artículo 131 de la citada ley, también lo es que resultaría imposible interpretar cada precepto considerándolo fuera del contexto normativo del que forma parte, ya que de ser así, cualquier intento de interpretación resultaría infructuoso para determinar el sentido y alcance de las normas, aunado al hecho de que un principio de hermenéutica obliga a interpretar los preceptos jurídicos en función a los demás que integran el ordenamiento al que pertenecen. Por lo que de la interpretación sistemática de los artículos en comento, se colige, que se concederá dicha medida cautelar, cuando se acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; lo que impone a los quejosos la obligación de acreditar en el juicio de amparo que son titulares del derecho que dicen le es afectado. Ahora bien, el artículo 131 de la Ley de Amparo, supone la demostración de su interés en forma presuntiva en la suspensión provisional al solicitar ésta y, fehaciente en la definitiva; dicho interés es un requisito de procedencia de la medida cautelar, y su examen implica generalmente el de la apariencia del buen derecho, que puede traducirse en el examen del interés o de la titularidad de los quejosos para promover la suspensión de los actos reclamados. En ese tenor, los requisitos previstos en el artículo 128, se ven colmados; puesto que el primero de ellos se cumplió plenamente, ya que en el escrito de demanda se solicitó la medida suspensiva, en cuanto al segundo, se toma en consideración que con la concesión de la medida cautelar no se infringen disposiciones de orden público ni se vulnera el interés social. Acreditación de requisitos de procedencia de la medida cautelar. El siguiente paso para analizar la procedencia de la suspensión de los actos reclamados es verificar que la parte quejosa cuenta con interés suspensional, así como llevar a cabo un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no generación de un perjuicio interés social y la no contravención a disposiciones de orden público, lo que encuentra sustento en los numerales 107, fracción X, de la Constitución Federal y 138 de la Ley de Amparo. Para tal efecto, en principio es necesario determinar si el interés con el que acude la parte quejosa a solicitar la suspensión corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, esto es, si cuenta con lo que se ha denominado "interés suspensional", esto es, el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo. Una vez acreditado el interés suspensional, debe sopesarse el análisis de la apariencia del buen derecho, lo cual implica, de acuerdo con lo sostenido por el Alto Tribunal, llevar a cabo un examen superficial sobre el asunto y advertir una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Sobre el particular, debe decirse que el análisis en cuestión se traduce en la facultad del juzgador de realizar un cálculo de mera probabilidad con base en las manifestaciones de la parte quejosa, las cuales deben ser suficientes para considerar la verosimilitud del derecho y determinar si se concede o no la suspensión. Por ende, a partir del referido estudio será posible advertir si en relación con el fondo del asunto asiste un derecho al quejoso que hace posible anticipar, con un alto grado de acierto, que obtendrá la protección federal que busca. Cabe señalar que el análisis correspondiente no puede llegar al extremo de exigir al juzgador que estudie las circunstancias del solicitante desde todos los puntos de vista posibles, debido a que ello no equivaldría a establecer una mera hipótesis o apariencia del derecho en cuestión, sino emprender un estudio exhaustivo, el cual es propio de la sentencia de fondo. En ese sentido, el estudio de la apariencia del buen derecho se reduce únicamente a un asomo provisional de los elementos que integran el asunto, de modo que el resultado de la suspensión de ningún modo prejuzga o vincula sobre la certeza del derecho cuestionado, ya que tal situación sólo puede determinarse en la sentencia de amparo, con base en un procedimiento más amplio y con mayor información. Establecidos los alcances de la apariencia del buen derecho, en párrafos precedentes se señaló que la demostración de dicha hipótesis no asegura, por sí misma, el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados, ya que es necesario contrastar ese resultado con la posible afectación al interés social y la contravención a disposiciones de orden público, de conformidad con la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 204/2009 (9ª) (registro 165659), de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO.". Una primera postura de los tribunales federales ha sido dotar de contenido a esos conceptos a través de su interpretación literal, señalando que "interés" implica nociones como bien, beneficio, utilidad o importancia; "interés social" supone un beneficio o utilidad para la comunidad o la sociedad; "orden" implica la idea de un mandato que debe ser obedecido; y, "público", como un deber de los gobernados de no alterar la organización del cuerpo social. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada II.1o.A.23 K (9ª) (registro 178594), de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ALCANCE Y VALORACIÓN DE LOS CONCEPTOS ´INTERÉS SOCIAL´ Y ´ORDEN PÚBLICO´, PARA EFECTOS DE SU CONCESIÓN.". No obstante, el criterio mayoritario se ha perfilado en el sentido de que el "interés social" y el "orden público" son conceptos jurídicos indeterminados que son imposibles de delimitar, debido a que el dinamismo de la sociedad y la multiplicidad de las relaciones con la autoridad hacen necesario ajustar tales conceptos a la realidad imperante en una época determinada, lo cual resultaría difícil si a través de una fórmula legal y rígida se pretende definir, para todos los casos, cuándo se afectan los intereses colectivos de la sociedad. Por ello, para entender tales conceptos es necesario referir que el común denominador de los criterios aislados y jurisprudenciales sobre el tema ha consistido en establecer que la suspensión del acto reclamado afecta al interés social y a disposiciones de orden público cuando la paralización de aquél priva a la colectividad de un beneficio que le concede las leyes o le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Es decir, el significado de interés social y de orden público siempre ha estado asociado a las preocupaciones fundamentales y trascendentes para la colectividad, de modo que el interés particular de la quejosa no puede sobreponerse a los temas respecto de los cuales la sociedad guarda una especial preocupación, tal y como ocurre, por ejemplo, con los supuestos previstos en el artículo 129 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que conforme al último párrafo del propio numeral 129 el juez, de manera excepcional, puede conceder la suspensión contra los actos previstos en el precepto legal transcrito, siempre que -a su juicio- con la negativa de la medida pueda causarse mayor afectación al interés social; aspecto que, en todo caso, dará lugar a una motivación reforzada sobre por qué resulta más gravoso permitir la ejecución de aquellos actos que, por sí mismos, son considerados lesivos de los intereses de la colectividad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada IV.2o.A.73 K (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 129, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, QUE PREVÉ LA POSIBILIDAD EXCEPCIONAL DE CONCEDERLA, AUN EN LOS SUPUESTOS EN QUE EL LEGISLADOR CONSIDERÓ QUE DE OTORGARLA SERÍA CONTRARIO AL INTERÉS SOCIAL, A LA LUZ DE LA FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LA PONDERACIÓN COMO BASE DE LA DECISIÓN.". Bajo esa tesitura, el interés social y el orden público se inscriben como dos conceptos indeterminados cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración, para lo cual deben ser observados bajo el tamiz de las condiciones que resultan esenciales para el desarrollo armónico de la comunidad, el correcto funcionamiento del Estado y las reglas mínimas de convivencia social. Por ello, si bien la estimación del orden público corresponde determinarla a otros órganos políticos del Estado, lo cierto es que no es ajeno a la función de los jueces de amparo apreciar su existencia en los casos concretos que se les someten a consideración, verificando que la suspensión no prive a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o infiera un daño que de otra manera no resentiría. Al respecto, es preciso indicar que la valoración de estos aspectos no depende de las apreciaciones subjetivas del juzgador, sino que su análisis debe descansar en elementos objetivos que representen las preocupaciones fundamentales de una sociedad, exponiendo los motivos por los que se considere que un caso concreto ocasiona o no perjuicio al interés social, o bien, contravenga o no disposiciones de orden público. Asimismo, siguiendo los criterios jurisprudenciales, para considerar que la suspensión del acto resulta perjudicial para dichas instituciones, no basta que el acto reclamado se fundamente en leyes de interés social, o bien, se presente desde el punto de vista formal como una representación del orden público. Por el contrario, es menester atender a un criterio material conforme al cual la suspensión causaría tales perjuicios, no por el apoyo formal en que se funda, sino por las características materiales del acto mismo. Sirven de apoyo los siguientes criterios: Jurisprudencia 2a./J. 81/2002 (registro 186415), de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO."; Tesis aislada s/n (8ª) (registro 227491), de rubro: "SUSPENSION, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERES SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA."; Tesis aislada s/n (registro 254979), de rubro: "SUSPENSION. INTERES SOCIAL O INTERES PÚBLICO. SU DEMOSTRACION."; Tesis aislada s/n (registro 228764), de rubro: "ORDEN PÚBLICO. ALCANCE DEL CONCEPTO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSION.". Así las cosas, es dable concluir que el interés social y el orden público no constituyen nociones que puedan ser delimitadas para todos los casos. Por ende, para determinar si se afectan tales instituciones debe partirse de la premisa de que constituyen la máxima expresión del interés de la sociedad para que las personas y autoridades ejerzan razonablemente sus derechos y atribuciones dentro del Estado. Esto es, para mantener la tranquilidad, el bienestar colectivo y la armonía social en cuanto al legítimo ejercicio de los derechos, libertades y poderes dentro del Estado de Derecho, ya que sólo así pueden coexistir de manera pacífica el poder de la autoridad y la libertad de los individuos. En ese sentido, la eventual concesión de la medida cautelar debe asegurar el respeto del orden público y representar un ejercicio razonable del derecho, evitando un menoscabo grave a la parte quejosa, pero ponderando los derechos de otras personas que, de no ser por la limitación, resultarían deteriorados o disminuidos. A través de este ejercicio, puede subsistir un equilibrio entre el legítimo y armónico ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes del Estado en relación con la libertad de las personas. Resulta orientadora la tesis aislada I.4o.A.11 K (10a.) (registro 2002421), de rubro: "SUSPENSIÓN. NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y SU FINALIDAD.". Una vez expuesto lo anterior, procede analizar si los actos cuya suspensión solicitó la quejosa, una vez acreditada su existencia, que su naturaleza permite su suspensión, así como que no encuadran dentro de los supuestos de prohibición a que se refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo, reúnen los requisitos de acreditar el interés suspensional, superar el examen de la apariencia del buen derecho, así como que con la concesión de la medida cautelar no se cause un perjuicio al interés social, ni se violen disposiciones de orden público, conforme a los siguientes argumentos: En cuanto a la acreditación del interés suspensional de la parte quejosa, demostraron tener el carácter de servidores públicos al momento de la vigencia de la ley reclamada, ya que exhibieron copias certificadas de los nombramientos que los acreditan como servidores públicos y originales de las impresiones de recibo de pago, expedidos por el Consejo de la Judicatura Federal, a nombre de los quejosos *************. En el caso particular, se acredita de manera indiciaria el interés suspensional, ya que de las constancias que ellos exhibieron expedidas por el Consejo de la Judicatura Federal, a nombre de los quejosos, a las cuales se otorga valor probatorio pleno, concatenadas con la manifestación bajo protesta de decir verdad de los promoventes del amparo. En esa tesitura, se considera que la parte quejosa pertenece a los destinatarios que deben de cumplir con las obligaciones que establece el Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa al catálogo de delitos graves que implican prisión preventiva oficiosa, relativa al tipo penal de corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, publicado el doce de abril de dos mil diecinueve, por lo que, resulta evidente que con dichos cargos son sujetos regulados por los decretos reclamados. Ahora bien, a partir de tales premisas, este órgano jurisdiccional considera que se tiene que la naturaleza de los actos reclamados permite ser objeto de suspensión, en razón de que los efectos y consecuencias de éste son de carácter positivo y constituyen actos de realización inminente, por ende, son susceptibles de paralizarse conforme al artículo 107, fracción X, constitucional, ya que prescribe las características que deben revestir las remuneraciones de ciertos sujetos, quienes no pueden recibir un pago mayor que el Presidente de la República; y de hacerlo, los conmina a realizar un reporte que, en caso de omisión, los podría vincular con la comisión de un ilícito. Por lo tanto, si como ya se ha visto de la interpretación de la ley reclamada, ésta no contempla un procedimiento para ajustar los sueldos y salarios de los servidores públicos en lo individual, razonablemente aquellos que rebasen la cuantía de los emolumentos percibidos por el Presidente de la República, serán disminuidos. De ahí que se tenga por existente el acto reclamado y se defina su naturaleza como un acto positivo futuro pero de realización inminente. Ahora bien, como se indicó líneas arriba, para resolver acerca de la medida suspensional, respecto a los efectos y consecuencias del acto reclamado, es preciso analizar si se satisfacen los requisitos previstos en los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, puesto que de no ser así, la medida debe negarse. Los quejosos para demostrar que son sujetos de la norma que reclaman, argumenta prestar sus servicios en el Consejo de la Judicatura Federal y que los artículos que impugnan regulan su remuneración como servidores públicos, implementando un tipo penal al que podría ajustarse en ciertos supuestos. Circunstancia que los quejosos demuestran mediante la exhibición de las documentales señaladas en párrafos precedentes y que exhibieron en autos, ya que obran en copia certificada en este asunto; de modo que con las documentales de referencia se acredita que los quejosos *************+, cuentan con la calidad de servidores públicos. Documentos que en su conjunto se consideran suficientes para acreditar el interés suspensional que asiste a los accionantes del amparo y de la medida suspensiva que nos ocupa. Es así, puesto que mediante éstas se justifica que los interesados son servidores públicos de la institución en comento; lo que inciden en la sujeción a las normas que impugnan. Así, puesto que se satisface el requisito contenido en la fracción I del numeral 128 de la Ley de Amparo (que lo solicite el quejoso), con la presentación de la demanda y la petición de suspensión, aduciendo la afectación que les causa de manera directa e inmediata la sola entrada en vigor de las normas reclamadas, debido a que, desde ese momento se incorporan prohibiciones y obligaciones que inciden en la esfera jurídica de derechos de las solicitantes del amparo, tales como la prohibición a todo servidor público de recibir una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República, que se determinará en el presupuesto de egresos correspondiente, conforme al principio rector de anualidad, así como realizar reportes cuando se reciba un pago de los considerados como indebidos. Por otra parte, cabe mencionar que de igual manera, se estima satisfecho el requisito contenido en la fracción II del citado numeral, ya que no se causa afectación al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Al caso debe entenderse por interés social y orden público la referencia a las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre un sistema coherente de valores y principios, estos últimos se traducen en el balance entre los derechos humanos y las libertades individuales, con los de la comunidad. Al respecto, debe recordarse que la Ley de Amparo en su artículo 128, fracción II, señala como requisitos de procedencia -regla general- que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el diverso artículo 129 de la aludida ley reglamentaria, como regla específica, se señala una serie de supuestos en los que, invariablemente, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales quien resuelve no debe conceder dicha medida cautelar. Por consiguiente, en los demás casos distintos a los contenidos en dicha norma, el suscrito tendrá la facultad de calificar si con la suspensión de los actos reclamados no se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. Además de ello, como ya se mencionó, conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. En consecuencia, se debe analizar si el acto reclamado, por sí solo, actualiza alguna hipótesis del artículo 129 citado. Si la respuesta es positiva, no cabe realizar la ponderación establecida en la fracción X del artículo 107 constitucional, ya que deberá negarse la suspensión del acto reclamado; pero si la respuesta es negativa, entonces el juzgador está obligado a realizar la ponderación de referencia, para determinar si la ejecución del acto puede causar un perjuicio de difícil reparación al quejoso; o si por el contrario, con la suspensión de éste se seguirá un perjuicio al interés social que debe prevalecer sobre el aparente derecho de la parte quejosa que pretende paralizar la ejecución del acto reclamado. En ese sentido, cabe abundar en que, corresponde al juez examinar la presencia de tales factores en cada caso, atendiendo desde luego, al contenido de los actos que se reclaman; ello teniendo presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretenden evitar con esta institución. Entonces, se insiste, no se tendrá colmado el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, cuando en caso de concederse la suspensión de los actos o las leyes reclamadas, implique que dejen de producirse actos o hechos tendentes a satisfacer necesidades colectivas, que reporten un beneficio a la sociedad, o bien, que eviten un trastorno o perjuicio público, esto es, que no procederá otorgar la referida medida precautoria cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. Respecto a este tema, debe destacarse que el artículo 129, fracción III, de la Ley de Amparo dispone, en lo conducente: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: (.) III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; (.)" De lo transcrito se advierte que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, entre otros, cuando de concederse la medida suspensional se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. En torno a ello, el último párrafo del aludido numeral establece que excepcionalmente podrá concederse la suspensión, a pesar de que se trate de los casos previstos en la propia norma, si a juicio del juzgador con la negativa pueda causarse mayor afectación al interés social. Entonces, al ponderar la afectación que la parte quejosa pretende evitar y el bien tutelado de la sociedad, se obtiene que de negarse la medida cautelar se ocasionarla un daño mayor que con el otorgamiento de ésta. Aunado a lo anterior, cabe destacar que la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto, entre otros, resolver toda controversia que se suscite con motivo de normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la propia Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Esto es, la finalidad de dicha ley reglamentaria de la Constitución, es proteger los derechos humanos consagrados en ésta y en los pactos internacionales en los que México sea parte, de las transgresiones de que fueren objeto con motivo de normas generales, actos y omisiones de las autoridades. En ese sentido, se recuerda que la referida fracción III del artículo 129 de la Ley de Amparo, establece que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, entre otros, cuando de concederse la medida suspensional se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. En el caso, cabe precisar que, entre otros aspectos, el decreto tildado de inconstitucional prevé el delito de remuneración ilícita, cuando se reciba un pago no autorizado, de conformidad con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, o bien, cuando éste sea indebido, en términos de la fracción I del artículo 217 Bis adicionado en el aludido decreto, sin realizar su reporte. Ahora bien, es obligación de este órgano jurisdiccional realizar una interpretación conforme, como lo mandata el segundo párrafo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: "Artículo 1°. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favorablemente en todo tiempo a las personas la protección más amplia." En atención a lo anterior, al realizar la interpretación de la fracción III del artículo 129 de la Ley de Amparo, conforme al artículo 1° la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (ejercicio que a su vez exige optar por el sentido del que derive un resultado más acorde al texto constitucional, a fin de garantizar la debida supremacía y, simultáneamente permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico), no pasa inadvertido para quien resuelve que las normas reclamadas están contenidas en una legislación reglamentaria de la Constitución Federal, esto es, de los artículos 75 y 127 de la Carta Magna; sin embargo, al ser un mandato constitucional se debe realizar una interpretación conforme, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, por lo que se considera que la interpretación conforme del artículo 129, fracción III, respecto al artículo 1° constitucional, implica un espectro de protección más amplio para los peticionarios de amparo, en los términos referidos precedentemente. Con lo que se tienen por satisfechos los requisitos contenidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Por otro lado, conviene precisar que la apariencia del buen derecho, en términos de los artículos 107, fracción X, constitucional y 138 de la Ley de Amparo, constituye un mandato de optimización de un fin perseguido constitucionalmente, que encomienda al juzgador adoptar la decisión más óptima, a la luz de las circunstancias de cada caso concreto, para maximizar el fin de dar eficacia a la suspensión sin lastimar el interés social, sin que la norma constitucional otorgue libertad en sentido amplio o permiso en el sentido negativo para la toma de la decisión sobre suspender un acto, sino que responsabiliza al juzgador de seleccionar el medio más efectivo para la consecución del fin constitucional perseguido, en función de las particularidades de cada asunto. En el caso, la aplicación de las normas reclamadas puede tener consecuencias jurídicas de difícil reparación en la esfera de la parte quejosa tanto a nivel personal, como en su carácter de funcionarios públicos. Al respecto, es de reiterarse, que los quejosos son personas con una relación laboral-administrativa para con el Estado Mexicano, dado que son servidores públicos pertenecientes al Consejo de la Judicatura Federal como se advierte de las documentales descritas en párrafos precedentes. Luego, vista la afectación subjetiva de manera aislada, es decir, un particular que no desempeñe un cargo revestido de protección constitucional, cuya función se desenvuelve en un principio de división de poderes, pudiera pensarse que es necesario que materialmente resienta un perjuicio económico. En razón de que el principio de anualidad, desde este momento y desde una perspectiva económica, pudiera considerarse que no produce efectos objeto de la paralización de las normas, ya que el sueldo del presidente del país se autoriza en el presupuesto anual; entonces, es factible que tal afectación recaiga en el inicio del siguiente ejercicio fiscal. En cuyo caso, estará conminando a realizar un reporte a su superior jerárquico si su remuneración supera a la del titular del ejecutivo. Sin embargo, como se dijo, los quejosos son servidores públicos pertenecientes al Consejo de la Judicatura Federal, por lo que la sola vigencia de las normas reclamadas, por su contenido y fin, le irradian una afectación, dado que su posición no se limita a su proyecto de vida y conservación de status quo, sino de protección inmediata de sus funciones dentro del órgano desconcentrado a la cual se encuentra adscrito, potencialmente menoscabadas con motivo de la sola vigencia de las normas reclamadas, como enseguida se expone. De manera ilustrativa se acude a las tesis emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que determinó que la existencia de una norma que penalice de inicio la búsqueda de información puede constituir un efecto amedrentador (tener un chilling effect), hacia los periodistas; cuyo efecto previsible (con las consabidas diferencias entre la actividad periodística y la jurisdiccional), es factible que se actualice en el caso, con relación a las sanciones punitivas descritas en el decreto reclamado. El criterio invocado se encuentra contenido en las tesis aislada 1a. XXXIII/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, de la décima época, materia común, visible a página 680, de texto y rubro siguiente: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. LOS PERIODISTAS CUENTAN CON INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR EN AMPARO, SIN ACTO DE APLICACIÓN PREVIO, EL ARTÍCULO 398 BIS, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, POR SU POTENCIAL DE AFECTACIÓN EN LAS CONDICIONES DE ACCESO A LA DELIBERACIÓN PÚBLICA.". Entonces, a través de la suspensión del acto que se reclama, se evita el peligro en la demora, considerando esto como la posible frustración de los derechos de los pretendientes de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo; ya que mientras ello no suceda, la estabilidad y funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal puede resultar menoscabada. Luego, si los peticionarios de amparo acreditan con las documentales exhibidas, que son servidores públicos pertenecientes al Consejo de la Judicatura Federal, por lo que a nivel subjetivo cuenta con la protección constitucional a la independencia administrativa, así las cosas, en apariencia del buen derecho que les asiste, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148 de la Ley de Amparo, se concede a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada, para los efectos siguientes: Para que permanezcan las cosas en el estado que actualmente guardan y no se le apliquen las normas generales que combate, ni alguna diversa que tenga concordancia y suponga la operatividad de las reclamadas; esto es, que el parámetro de cálculo para las remuneraciones de ejercicios fiscales subsecuentes, relativas a los puestos que ocupan como trabajadores del Consejo de la Judicatura Federal, no sea el salario del Presidente de la República; que las autoridades responsables se abstengan de eliminar, menoscabar, reducir o alterar en perjuicio de los accionantes las remuneraciones que actualmente perciben, conforme al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal vigente, en los términos y plazos establecidos antes de la entrada en vigor del decreto reclamado. Asimismo, que no se le finque responsabilidad penal o administrativa por el pago que reciba sobre esos conceptos, lo que implica que tampoco podrán ser detenidos con motivo de hechos derivados de la percepción de sus remuneraciones, ni iniciarse en su contra alguna carpeta de investigación por tal razón. Lo anterior, hasta que se resuelva suspensión definitiva en este asunto. En la inteligencia de que dicha medida surte sus efectos de inmediato y se otorga sin garantía, dada la naturaleza de los actos reclamados y al no advertirse la existencia de terceros interesados. Además, conviene precisar que todas las autoridades responsables se encuentra vinculadas al cumplimiento de la medida suspensiva otorgada, las que deberán pasar por ésta en forma puntual en la totalidad de los actos subsecuentes que emitan. Una vez analizados los requisitos para conceder o negar la suspensión provisional de los actos reclamados por la parte quejosa, y atendiendo a lo expuesto en líneas anteriores, se concede la suspensión provisional, respecto de la aplicación del Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa al catálogo de delitos graves que implican prisión preventiva oficiosa, relativa al tipo penal de corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, publicado el doce de abril de dos mil diecinueve. Cabe destacar que la medida cautelar surtirá sus efectos desde luego y siempre que las disposiciones legales reclamadas no se hayan aplicado en perjuicio de la parte quejosa de manera irreparable, ello en atención que la naturaleza de la medida suspensional impide que sus efectos sean restitutorios e incluso que puedan retrotraerse a actos anteriores a la fecha de presentación de la demanda de amparo, máxime que ello, en todo caso, será materia de la sentencia que se dicte en el cuaderno principal, respecto de la restitución de derecho que pueden verse afectados con la aplicación de la ley reclamada. Sirve de sustento a lo anterior, Tesis: XIII.P.A.3 K (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con número de registro 2016125, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS, SIEMPRE QUE EL ACTO RECLAMADO NO SE HUBIERA CONSUMADO IRREPARABLEMENTE, PREVIA PONDERACIÓN DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL INTERÉS SOCIAL." La suspensión provisional decretada surte sus efectos desde luego y hasta en tanto este juzgado federal se pronuncie respecto de la suspensión definitiva. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Incidental
EN ESTA MISMA FECHA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL AUTO DE TRECE DE OCTUBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD, EN EL JUICIO DE AMPARO 7138/2015, QUE EN LO CONDUCENTE REFIERE: "Ciudad de México, trece de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio que remite el Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, por medio del cual acusa recibo del oficio por el que se remitió los autos originales relativos al amparo en revisión 258/2017 de su índice, en cumplimiento a lo ordenado en el punto nueve de la circular CAR/06/CCNO/2017, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, informa que ordenó su archivo como asunto total y definitivamente concluido. De lo anterior, se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, visto el estado procesal de autos del que se advierte que mediante acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se recibió el diverso en representación de la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, en su carácter de autoridad responsable, por medio del cual informo el cumplimiento dado a el acuerdo dictado en auto de cuatro de agosto del dos mil veintiuno y al efecto envió el diverso de fecha doce de agosto del año en curso, suscrito por el Administrador Central de Planeación y Programación de Auditoria Fiscal Federal, documental con la que pretenden acreditar tales extremos; por lo que con ello se otorgó una vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés convenga respecto de lo informado por la citada autoridad; sin embargo esto no se realizó en los términos establecidos en la Ley de Amparo. En ese sentido, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con copia del oficio en comento y anexos, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga respecto de las constancias remitidas; apercibida que de no hacer manifestación alguna al respecto y dentro de ese plazo, este juzgado de distrito se pronunciará respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, una vez que se cuente con la totalidad de las constancias relativas al cumplimiento de la misma, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del citado precepto legal. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; personalmente a los quejosos de los juicios de amparo 7138/2015, 7347/2015 y 7349/2015 y por medio de lista al quejoso del juicio de amparo 7346/2015, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veinticinco de agosto del año en curso."NOTIFÍQUESE.
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