Francisco González Tapia
Expediente 448/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 448/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Francisco González Tapia
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Glósese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el original y duplicado del incidente de suspensión derivados del juicio de amparo 289/2021 de su índice, que remitió a este juzgado por incompetencia; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Por tanto, realícese el cambio de carátulas correspondientes. Por otra parte, visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo en el que se admitió la competencia planteada por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y se desechó la demanda instaurada por el quejoso Francisco González Tapia. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo ARCHÍVESE el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso d), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIDO en su totalidad, toda vez que se desechó la demanda instaurada. Por otro lado, acorde a lo que prevé el artículo 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General, el ORIGINAL DEL INCIDENTE de suspensión será DEPURABLE, al haberse concedido la suspensión provisional; y con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) el DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN será DESTRUIBLE; por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y cúmplase. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.
- Principal
Por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante el cual remite por incompetencia el juicio de amparo 289/2021, promovido por Francisco González Tapia, por su propio derecho, contra actos de las autoridades responsables Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede Tlapa de Comonfort, Guerrero con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Morelos, la Montaña y Zaragoza y otras; acúsese el recibo correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del asunto; regístrese en el libro de gobierno con el número 448/2021 y fórmese expediente. De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito inicial de demanda, a fin de determinar la procedencia o improcedencia del juicio. Ahora, de las constancias que obran en el juicio de amparo 289/2021, se advierte que Francisco González Tapia, reclama la orden de aprehensión girada en su contra por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede Tlapa de Comonfort, Guerrero con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Morelos, la Montaña y Zaragoza. Hecha la anterior precisión, este Juzgado de Distrito considera que en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo que prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; Ello, dado que, de las constancias que remitió el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede Tlapa de Comonfort, Guerrero con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Morelos, la Montaña y Zaragoza, mediante oficio S-C-131/2021, que obran a fojas 74 a 119 del juicio de amparo 289/2021, del índice del Juzgado declinante, se advierte que obra agregada la audiencia de vinculación a proceso de seis de septiembre de dos mil veintiuno, llevada a cabo en la carpeta judicial C-159/2021 instruida a los imputados Francisco González Tapia y Félix González Guadalupe y/o Félix González Vega y, auto de esa misma data que resuelve sobre la vinculación a proceso solicitada por el Agente del Ministerio Público; de los que se advierte que se dictó auto de vinculación a proceso al aquí quejoso Francisco González Tapia, por la probabilidad de haber cometido el hecho que la ley señala como homicidio calificado en agravio de Emilio Valdez Martínez y Rogelio Figueroa Martínez, documental a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, de las que se advierte que ha operado un cambio de situación jurídica, respecto del acto reclamado en esta vía constitucional (orden e aprehensión), por lo que, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde sobre las consecuencias jurídicas, que en el presente asunto genera la emisión del referido auto de vinculación a proceso. Conforme a la fracción del precepto legal transcrito, cuando se reclaman actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y en el mismo se suscita un cambio de situación jurídica, las violaciones reprochadas quedan irreparablemente consumadas, puesto que no podría decidirse en tal procedimiento sin afectar el nuevo contexto en que se ubica el quejoso. En el caso, el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión, girada por el Juzgado Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede Tlapa de Comonfort, Guerrero con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Morelos, la Montaña y Zaragoza; y el seis de septiembre del año actual, dictó auto de vinculación a proceso al aquí quejoso Francisco González Tapia, por la probabilidad de haber cometido el hecho que la ley señala como homicidio calificado en agravio de Emilio Valdez Martínez y Rogelio Figueroa Martínez, en la carpeta judicial C-159/2021. Lo anterior conduce a estimar que, conforme a lo dispuesto en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, han quedado irreparablemente consumadas las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión reclamada por el quejoso Francisco González Tapia, en su escrito de demanda, ya que no se puede decidir en el presente procedimiento de amparo sin afectar la nueva situación jurídica que se suscitó después de instaurado el presente juicio de garantías, habida cuenta que la demanda de amparo fue presentada el cuatro de agosto del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, del cual tocó conocer al Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero (autoridad declinante), mientras que el auto de vinculación a proceso decretado en contra del peticionario de garantías es de seis de septiembre del año en curso. Entonces, el cambio de situación jurídica en comento constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en virtud de que la sola emisión del auto de vinculación a proceso implica que la parte quejosa se circunscribe ahora a un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional de la orden de aprehensión que aduce es inconstitucional y que giro en su contra el Juzgado Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede Tlapa de Comonfort, Guerrero con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Morelos, la Montaña y Zaragoza; sin afectar la nueva situación derivada del auto que la vincula a proceso, de modo que las violaciones cometidas en la primera deben considerarse consumadas de modo irreparable y precisamente por tal motivo, se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que da lugar al desechamiento de la demanda En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 169410, Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Junio de 2008, página 270 de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso,aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. " Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Criterio aplicable en razón que, mediante decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, el cual generó modificaciones al sistema de justicia penal, la cual resultó en una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), Registro digital: 2017544, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2482 de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. " Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el acto al "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada). Por lo tanto, debe establecerse que en la demanda de amparo que hoy se estudia, deviene improcedente en términos del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. En ese sentido, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. AUTORIZADOS: Se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alberto Castro de la Cruz, Maurilio Luna Ramírez y Edgar Delgado Hernández, y únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas que indica por así haberlos autorizado la autoridad declinante en proveído de seis de agosto de dos mil veintiuno. DOMICILIO. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el promovente, en su escrito de demanda. Por otra parte, se le tiene señalando el correo electrónico beto-castro05@hotmail.com y el número telefónico 7471020045 como medio alternativo de contacto; por tanto con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese al Actuario Judicial adscrito el correo electrónico proporcionado con el fin de obtener un medio alternativo de contacto para realizar las notificaciones personales del quejoso, por lo que se le ordena realice la certificación correspondiente. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
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