Francisco Gonzalez Landero
Expediente 1220/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1220/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Francisco Gonzalez Landero
- FRANCISCO GONZALEZ LANDERO y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vistas las certificaciones y cuenta que anteceden, se advierte que transcurrió el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso d) de dicha ley, contra la sentencia de dieciocho de septiembre del año en curso (fojas 23 a 30), en la que por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo y por la otra se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos ***, contra actos de la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos correspondientes. Ahora, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido y que no existe acuerdo pendiente por dictar, se ordena el archivo definitivo del mismo, previa realización de las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en vigor, se establece: 1. El juicio principal es depurable, dado que en el mismo se negó el amparo y protección de la justicia federal. 2. El presente expediente carece de relevancia documental. 3. Una vez transcurrido el plazo de tres años remítase este expediente, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4. Se hace la indicación que en el presente juicio, no se aperturó incidente de suspensión. 5. En la carátula del expediente anótese la circunstancia de que es depurable, y la fecha en que se ordena su archivo. 6. Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; de igual modo, háganse del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.
- Principal
En Villahermosa, Tabasco, a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional, que enseguida se desarrolla. APERTURA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en audiencia pública el licenciado *******, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, ante el licenciado ***********, Secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 1220/2018-II-3, promovido por **************, sin la comparecencia de las partes ni de sus representantes. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan: escrito inicial de demanda (fojas 03 a 07), auto admisorio de nueve de agosto de dos mil dieciocho (fojas 08 a 11), constancia de notificación practicada al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado (foja 14), constancia de notificación realizada a la autoridad responsable (foja 15) e informe justificado rendido por esta (foja 16). El Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación que se realiza, para todos los efectos legales a que haya lugar. PERIODO PROBATORIO Se declara abierto el período probatorio, en el que el Secretario da cuenta con las ofrecidas por el Presidente de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, que obra agregada al juicio en que se actúa (fojas 17 a 21). Al respecto, el Juez acuerda: en términos de los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las probanzas de cuenta y se desahogan en virtud de su propia y especial naturaleza. Con lo anterior, se cierra la presente etapa. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la etapa de alegatos, en la que el Secretario hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Se hace constar, que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado no realizó intervención alguna. CIERRE DE AUDIENCIA A lo anterior el Juez acuerda: téngase por desahogada la presente audiencia constitucional para los efectos legales procedentes; y, al no existir promoción que acordar ni pruebas por desahogar, se cierra el período de alegatos. Acto continuo, el Juez procede a dictar la resolución que en derecho corresponda. Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 1220/2018-II-3, promovido por *****************; y, ANTECEDENTES I. PRESENTACIÓN DE DEMANDA Y CONTENIDO. *****************, presentaron demanda de amparo en la que solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridad que se precisan en el apartado correspondiente de esta sentencia. II. ADMISIÓN Y TRÁMITE. En proveído de nueve de agosto de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo contra actos de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en los artículos 74, fracción I, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados los siguientes: . La omisión de la autoridad responsable de acordar las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente 7176/2013 acumulado al 7025/2013. . La omisión de la autoridad responsable de dictar el laudo en los autos del expediente de origen. SEGUNDO. Certeza del acto reclamado. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos que se tildan de inconstitucionales, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el Tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia, y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos; y en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de amparo sea procedente. Sirve de apoyo la tesis siguiente: ******************.- El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, la Presidente de la Junta Especial Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, al rendir informe justificado, manifestó que son ciertos los actos reclamados; lo que se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe justificado; documental pública, a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral. TERCERO. Causal de improcedencia. Ahora, de las constancias que fueron remitidas por la autoridad de cuenta, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado consistente en la omisión de la autoridad responsable de acordar las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente 7176/2013 acumulado al 7025/2013, HA CESADO EN SUS EFECTOS. Al respecto, cabe precisar que los artículos 61, fracción XXI, y 63 fracción V, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...]" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior [...]." De los citados preceptos se desprende que, el juicio de amparo deviene improcedente y debe sobreseerse cuando por alguna causa posterior a la presentación de la demanda de amparo, cesan los efectos del acto que se haya reclamado. Se apunta lo anterior, pues del contenido de la constancias que remitió la Junta responsable, se advierte que el dos de agosto de la presente anualidad, dictó un acuerdo en los autos del expediente 7176/2013 acumulado al 7025/2013, con el que se pronunció respecto a las pruebas ofrecidas por las partes y señaló hora y fecha para el desahogo de las mismas. Tal documental tiene pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida ley de la materia, en términos de su artículo 2°. Por la razón asentada en párrafos previos, se evidencia que a la fecha de la presentación de la demanda, el acto reclamado sí existía (ocho de agosto de dos mil dieciocho); sin embargo, con motivo de la actuación de la autoridad responsable han cesado sus efectos, actualizándose en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que con fecha dos de agosto del año en curso dictó el acuerdo correspondiente respecto de las pruebas ofrecidas por las partes, por lo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada, que lo fue la negativa de acordar dichas pruebas. Tiene aplicación analógica la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ***************. "De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese tenor se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, en consecuencia, con apoyo en el artículo 63 fracción V de la ley de la materia, resulta procedente sobreseer en el presente juicio de derechos fundamentales. No obsta para lo anterior que la autoridad responsable no haya adjuntado la constancia de la que se advierta, en forma fehaciente, que el acuerdo correspondiente le fue notificado a la parte quejosa, ya que el informe justificado y proveído en que se acordaron las pruebas ofrecidas por las partes, le fueron puestos a la vista mediante auto de veintinueve de agosto del año en curso (folio 22), por lo que tiene conocimiento de ellos. Por tal motivo, sería ociosa la concesión del amparo para el único efecto de ordenar que se notifique personalmente la respuesta a la petición formulada por el solicitante de la protección constitucional, más aún si se toma en consideración que también tendrá conocimiento de la contestación de la autoridad responsable al notificársele esta sentencia. Por analogía, cobra aplicación la jurisprudencia 36, sustentada por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 469 del Tomo IX, correspondiente al mes de mayo de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: ************************* De ese modo, se concluye que aquél acuerdo dictado por la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó la promoción del juicio de amparo. CUARTO. Estudio del fondo del asunto. Respecto el diverso acto reclamado, son infundados los conceptos de violación, atento a lo que enseguida se expondrá. La parte quejosa reclama la falta del dictado del laudo en el expediente 7176/2013 acumulado al 7025/2013, de donde emana el acto reclamado. Ahora, el derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, fue garantizado por el Constituyente a fin de que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia, ya que las contiendas que surgen entre los gobernados necesariamente deben ser dirimidas por un órgano del Estado facultado para ello, para evitar que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Mandato constitucional que no permite que la autoridad encargada de la administración de justicia, pongan trabas o trámites innecesarios que se traduzcan en obstáculos para el buen desempeño en los mecanismos tendientes a hacerla pronta y expedita. En ese contexto, los numerales 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, aplicable al presente asunto, disponen lo siguiente: "Artículo. 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulara por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, que deberá contener. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. Artículo 886. Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." Ahora, de la documental remitida por la autoridad responsable, en copia certificada por el Presidente de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, que tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de acuerdo con el numeral 2º, se advierte que aún quedan pruebas por desahogar, conforme el auto de dos de agosto del actual. En ese orden de ideas, es infundado lo aducido por la parte quejosa, ya que el expediente 7176/2013 acumulado al 7025/2013, cuya negativa de dictar laudo se reclama en esta vía constitucional, a la fecha en que se presentó la demanda de amparo (ocho de agosto de dos mil dieciocho), no se encontraba en estado de cierre de instrucción y por consiguiente de dictar el laudo correspondiente, en virtud de que aún quedan pruebas por desahogar; por tanto, no existían las condiciones procesales necesarias (al momento de presentar este juicio de amparo) para que la responsable procediera a elaborar un proyecto de resolución en forma de laudo. Bajo esa tesitura la negativa de dictar laudo, reclamada a la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, no atenta contra el derecho fundamental de pronta y expedita administración de justicia otorgada por el artículo 17 Constitucional, en consecuencia, se está en el caso de negar la protección de la Justicia Federal solicitada. Al haberse desestimados los conceptos de violación hechos valer por los quejosos, lo procedente es negar la protección de la Justicia Federal solicitada a *******************, en relación al acto reclamado consistente en la negativa de dictar laudo en el juicio 7176/2013 acumulado al 7025/2013 del índice de la responsable. Por lo expuesto, y fundado se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ******************** contra el acto reclamado de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en la omisión de acordar las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio 7176/2013 y su acumulado 7025/2013; por los motivos expuestos en la tercera consideración de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ****************, contra la omisión de dictar laudo en el expediente 7176/2013 y su acumulado 7025/2013, reclamada a la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad; ello, por las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese y dese vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, a través del Presidente, con residencia en esta ciudad. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de la Materia en cita, se tiene por ofrecida como prueba de la autoridad responsable referida, las documentales que acompaña a su informe justificado, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza.
- Principal
SE ADMITE A TRAMITE LA DEMANDA DE AMPARO. NO SE TRAMITA EL INCIDENTE DE SUSPENSION POR NO HABERLO SOLICITADO LA PARTE QUEJOSA. SE FIJAN LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SE REQUIERE A LAS PARTES PARA QUE EN CASO DE ACTUALIZARSE ALGUNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA LA COMUNIQUEN. SE SOLICITA EL INFORME JUSTIFICADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. SE RESERVA EMPLAZAR AL TERCERO INTERESADO. SE DA LA VISTA QUE LEGALMENTE COMPETE AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACION ADSCRITO. CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 119 DE LA LEY DE AMPARO, SE TIENE POR ADMITIDA Y DESAHOGADA POR SU PROPIO Y ESPECIAL NATURALEZA LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y DOCUMENTAL QUE OFRECE Y ADJUNTA EN SU ESCRITO INICIAL DE DEMANDA. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHABILES. SE TIENE A LA QUEJOSA SEÑALANDO DOMICILIO Y DESIGNANDO A SUS AUTORIZADOS.
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