Francisco González Canuto
Expediente 1634/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1634/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 04/12/2017
Partes del expediente
- FRANCISCO GONZÁLEZ CANUTO y Otros.
- Francisco González Canuto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento fuera de audiencia. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio y carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, ocho de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguense los oficios signado por las autoridades que los suscriben, a través de los cuales cumplen con el requerimiento realizado en autos; por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento con el que fueron conminados. De lo informado por las oficiantes este juzgador advierte que respecto de los actos reclamados consistentes en la privación de la libertad y la incomunicación, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción XXI que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En efecto, de las constancias que obran en autos, se advierte que respecto de los actos reclamados, han cesado los efectos de ese acto. Dicha causa de improcedencia consiste en que los actos reclamados dejan de afectar la esfera jurídica de los quejosos, al cesar su actuación u omisión; misma debe entenderse como la desaparición total de los efectos del acto, y en tratándose de actos de autoridad omisivos (de no hacer), la cesación se da en razón de que la autoridad realiza la conducta que se había abstenido de realizar, con lo cual el acto deja de surtir efectos, sin hacer huella alguna en la esfera jurídica del particular. Así las cosas, en el caso se surte la referida causal de improcedencia, en razón de que si bien los quejosos reclaman la privación de la libertad e incomunicación de que fueron objeto. De las constancias que integran el presente juicio se advierte que Francisco González Robles, a favor de los quejosos Francisco González Canuto y Francisco Javier Ramírez Romero, interpuso demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, el veinticuatro de octubre del año en curso, turnado ese mismo día a este juzgado, señalando como acto reclamado la privación ilegal de la libertad, así como la incomunicación en la que se encontraban los quejosos, lo cual se le reclamó al Fiscal General de Justicia del Estado de México y otra autoridad. Posteriormente, en la constancia de notificación de la fedataria adscrita a este juzgado manifestó que los quejosos se encontraban a disposición en la Agencia Especializada en la Investigación, Devolución y Recuperación de Vehículos Robados, Estado de México, por lo que en auto de veinticinco de octubre del año en curso, se requirió al Agente del Ministerio Público adscrito a dicha agencia para que informara la situación jurídica de los aquí quejosos. En ese sentido, el Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo de la Agencia Especializada en la Investigación, Devolución y Recuperación de Vehículos Robados, Estado de México, mediante oficio presentado en este juzgado el treinta de octubre de la presente anualidad, informó que en veinticuatro de ese mismo mes y año, se radicó la carpeta de investigación número TOL/FRV/107/234090/17/10, por el hecho delictuoso de encubrimiento por recepción, en agravio de la administración de justicia en contra de Francisco González Canuto y Francisco Javier Ramírez Romero y que dicha carpeta le correspondió conocer al Agente del Ministerio Público del Tercer turno de dicha agencia, por lo que se requirió a éste a fin de que comunicara la situación jurídica de los aquí quejosos. Por lo que mediante oficio presentado en esta data la autoridad referida en la parte última del párrafo que antecede, hace del conocimiento que el veintiséis de octubre del año en curso, se ejerció acción penal en contra de los imputados hoy quejosos quedando a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México a través del Centro Preventivo y de Reinserción Social de "Santiaguito", municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, quien el veintiocho de ese mismo mes y año en la audiencia inicial no calificó de legal la detención de los quejosos decretándole en esa misma data inmediata libertad. Por tanto, resulta incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado, pues con tal proceder la autoridad responsable dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al destruir los actos que se habían realizado, produciendo con ello una situación jurídica que definitivamente destruyó el acto de afectación a la parte quejosa, y de donde surge la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni lo surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Robustece lo anterior la tesis de jurisprudencia número 59/99, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. En consecuencia, al actualizarse la referida causal de improcedencia lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 fracción XXI con apoyo en la fracción V del numeral 63, de la Ley de Amparo. Por tanto, se deja sin efectos la fecha señalada para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, prevista para realizarse a las once horas con diez minutos del trece de noviembre de dos mil diecisiete. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a los quejosos.
- Principal
Agréguense los oficios signados por las autoridades que los suscriben, que en respuesta al proveído de treinta de octubre del año en curso, informan las gestiones realizadas para cumplir con lo requerido, es decir, se cuente con el informe justificado de la agencia del Ministerio Público responsable; de lo cual se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Sin que obste lo anterior, se requiere al Agente del Ministerio Público del Tercer Turno de la Agencia Especializada en Investigación del Delito de Robo de Vehículos, Toluca, para que dentro de las veinticuatro horas informe ante qué autoridad se encuentran a disposición los promoventes de amparo, así como la situación jurídica de éstos, debiendo adjuntar las documentales que acrediten su dicho; con el apercibimiento que de no hacerlo con fundamento en los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de Medida y Actualización, respectivamente. De igual forma, a fin de que la autoridad antes referida cumpla con lo ordenado en autos se requiere al Fiscal General de Justicia del Estado de México en su carácter de superior del agente del Ministerio Público antes citado, para que conmine a éste último para que dé cumplimiento de inmediato al presente requerimiento, apercibido que de no hacerlo así se hará acreedor a la multa citada en el párrafo que antecede.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. Visto los oficios de quien los suscribe, por medio del cual, informa que el agente del Ministerio Público que conoce de la carpeta de investigación es el Agente del Ministerio Público del Tercer Turno de la Agencia Especializada en Investigación del Delito de Robo de Vehículos, Toluca. En esa tesitura, requiérase a la autoridad citada para que dentro de las veinticuatro horas informe ante qué autoridad se encuentran a disposición los promoventes de amparo, así como la situación jurídica de éstos, debiendo adjuntar las documentales que acrediten su dicho; con el apercibimiento que de no hacerlo con fundamento en los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de Medida y Actualización, respectivamente.
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