Francisco Gomez Tovar

Expediente 105/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
105/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
24/02/2023

Partes del expediente

  • Francisco Gomez Tovar

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que ha causado estado la determinación que desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de nueve de febrero de dos mil veintitrés, por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Improcedencia de la demanda de amparo. Para contextualizar, el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. Del mismo modo, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese sentido, esta Juzgadora Federal advierte que en el asunto que nos ocupa se actualiza las causas de improcedencia contenidas en el artículo 61, fracciones XX (definitividad), y XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, estos últimos arábigos interpretados en sentido contrario (no es autoridad para efectos del juicio de amparo) todos de la Ley de Amparo, como enseguida se expondrá. Delegaciones VI-Jalisco y XVI-Guanajuato, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no son autoridades para efectos del juicio de amparo (actos reclamados señalados en los puntos 1 y 2 del apartado correspondiente a dicho tópico). Respecto al acto reclamado consistente en la violación al derecho de petición consistente en la omisión de dar respuesta a los escritos de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, finales de octubre de dos mil veintidós, y veintidós de noviembre de dos mil veintidós, esta Juzgadora, estima que se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia que se configura a partir del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II (estos últimos interpretados en sentido contrario), de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]". Al emitir la jurisprudencia número 2a./J.164/2011, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió como características de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales, en virtud de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. De acuerdo a ello, existen diferencias entre las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, pues las primeras (coordinación) corresponden a las entabladas entre particulares, en un mismo nivel, por lo que para dirimir sus controversias existen en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, debiendo acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas o contempladas por la ley. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y, los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado y los sujetos frente a los cuales actúa con imperio están regulados por el derecho público, de manera que este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro, por lo que la Constitución Federal establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los Tribunales. Por último, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. De ahí que, la procedencia del juicio de amparo se encuentre supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquélla que, con fundamento en una norma legal, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado. Ahora bien, se advierte que los actos que se analizan en este apartado, tienen su génesis en una relación de coordinación, debido a que 1) por una parte, el INFONAVIT tiene aperturado un contrato de apertura de crédito MEJORAVIT número 6416022164, el cual (con independencia de la ilegalidad que de él atribuye el propio quejoso) fue celebrado por el instituto y el promovente en un plano de igualdad (contratantes), sin que esta Juzgadora Federal pueda analizar la ilegalidad aducida por el impetrante en cuanto a su celebración, pues la constitucional no es la vía idónea para ello, amén de que el quejoso es enfático en aducir (bajo protesta de decir verdad, en sus antecedentes del acto reclamado) que debido a la multireferida ilegalidad de dicho contrario habrá de instar contra el citado instituto, un juicio de nulidad, circunstancia que robustece aún más la calidad de igual a igual entre ambos, y 2) el propósito de las peticiones elevadas ante las Delegaciones XVI-Guanajuato y VI-Jalisco, ambas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), lo es obtener copias certificadas de los documentos con los que se realizó el trámite para la apertura del crédito 6416022164, a nombre del quejoso con número de seguridad social 41098200********************, y hecho lo cual presentarlas ante la Agencia del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales adscrita a la Región "A" de León, Guanajuato y la diversa Agencia VI, Especializada en Delitos Patrimoniales de la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, ello, ante las omisiones de estas últimas para integrar las carpetas de investigación correspondientes, lo que hace advertir que las enunciadas Delegaciones que integran al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores interviene o habrá de hacerlo como auxiliar en la integración de las indagatorias; esto último (omisión para llevar a cabo diligencias para integrar las carpetas de investigación, es el acto que destacadamente reclama el promovente del amparo, pues es lo que realmente le causa perjuicio, circunstancia que será analizado en líneas subsecuentes). Lo anterior hace advertir que, si los escritos de peticiones presentados por el aquí quejoso los días veintiséis de enero de dos mil veintiuno, finales de octubre de dos mil veintidós, y veintidós de noviembre de dos mil veintidós, tienen como único objeto la obtención de las copias certificadas de las documentales antes precisadas, relativas a un contrato de crédito MEJORAVIT "supuestamente" celebrado entre el propio Instituto y el impetrante en un plano de igualdad, para a su vez exhibirlas en las carpetas de investigación dónde primigeniamente los Agentes del Ministerio Público del conocimiento las solicitaron a las Delegaciones XVI-Guanajuato y VI-Jalisco, ambas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), con motivo de los hechos ahí investigados, es que resulta inconcuso que, por las particularidades del caso, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) -como unidad jurídica sustancial-, actúa en un plano de coordinación frente al impetrante, y no con calidad de imperio. Así, al derivar de una relación contractual en la que quienes están señalados como autoridades responsables figuran como parte acreedora, los actos que se les imputa (que redunda en la petición de la quejosa de obtener los documentos utilizados para la obtención de un crédito MEJORAVIT) no pueden ser considerados como de autoridad para efectos del juicio de amparo, debido a la naturaleza intrínseca que guarda su relación de igual a igual en un acto de celebración de contrato de crédito MEJORAVIT; esto es, en un plano de coordinación. Igualmente, el Instituto referido (conforme lo señala el quejoso) ha sido requerido por las Agencias del Ministerio Público aducidas para la obtención de aquellas documentales, luego entonces, es también auxiliar en la integración de las indagatorias de mérito, es decir, no actúan en calidad de imperio por la relación sustancial entre aquél y el impetrante. Además de que, como se precisó en supralíneas, bajo protesta de decir verdad, el quejoso aduce que instaurará un juicio de nulidad contra el citado Instituto, por la ilegalidad de la celebración del contrato mencionado, lo que robustece aun más que dicho Instituto no actúa en calidad de imperio frente el ocursante. Expuesto lo anterior, se estima que el acto anteriormente citado no puede ser reclamado a través del juicio de amparo indirecto, puesto que en este caso, las autoridades señaladas como responsables, no se encuentran en la hipótesis establecida en la fracción I, del artículo 1º, de la Ley de Amparo y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque su relación con la parte quejosa no está en un plano de supra a subordinación, sino más bien, -se reitera- de coordinación. En este orden de ideas, si el acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, no tiene como fuente una potestad de naturaleza pública, sino que deriva de un vínculo comercial, el juicio de amparo resulta improcedente, pues la conducta de la que se duele el quejoso, contrario a lo que sostiene, como ya se dijo, no reúne las características de imperio para que se considere como de autoridad, según lo previsto en el artículo 103, fracción I, de la Carta Magna. Es aplicable la tesis 2a. XXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, Página: 307, con número de registro 194367, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES." Por lo tanto, atendiendo a lo aquí analizado, es dable concluir que la actuación reclamada no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que solo constituye un acto entre particulares, dadas las condiciones generadoras de la petición planteada por la quejosa (celebración de un crédito MEJORAVIT); así, por más que se alegue como premisa fundamental la infracción a diversos derechos humanos, ello se da con motivo de una relación de coordinación o en un plano de igualdad, que no puede considerarse originado en una relación de supra a subordinación. Con base en lo anterior, es permisible concluir que el acto reclamado en esta vía, no constituye acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. De conformidad con lo que dispone el artículo 217, de la Ley de Amparo, es de obligatoria aplicación la jurisprudencia P./J. 42/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." Cabe destacar que en la ejecutoria que recayó a la contradicción de tesis 14/2000-PL, que dio origen a la citada jurisprudencia 42/2001, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que el estudio de dicha contradicción se circunscribía a determinar si el derecho de petición consagrado por el artículo 8º Constitucional, implica la obligación de funcionario o servidor público de dar contestación a la petición que un particular le formule en torno a una relación en que no actúe como sujeto de derecho público y sí, por ende, la relación existente entre el funcionario y el particular es relevante para efectos de determinar la procedencia del juicio de amparo, como medio de salvaguarda de las garantías individuales consagradas en la Carta Magna. En ese sentido, de acuerdo con esa jurisprudencia, es indispensable que la petición se dirija al servidor público en calidad de autoridad, en una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, para que surja el derecho público de este último a que se le dé contestación por escrito y esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo contra la transgresión de este derecho en caso de que no se cumpla la obligación correlativa de la autoridad que supone este derecho. Consecuentemente, el acto reclamado por la parte quejosa a las autoridades que señaló como responsables, que tienen su origen en una relación comercial, no se trata de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino de una petición dirigida a una autoridad que no tiene el carácter de responsable para efectos del juicio de amparo, toda vez que proviene de una relación de coordinación entablada entre particulares (celebración de contrato), en las que actúan en un mismo plano. En relatadas condiciones, se surte la causa de improcedencia contenida en 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en la fracción V, de su numeral 63, procede desechar la demanda de amparo por lo que hace a los actos reclamados que se analizaron en este apartado. Quejoso no agotó el principio de definitividad, respecto de la omisión de las Agencias del Ministerio Público señaladas como responsables de realizar actos de investigación tendentes a la integración de las carpetas de investigación que refiere (actos reclamados señalados en los puntos 3 y 4 del apartado correspondiente a dicho tópico). En otro contexto, por lo que hace a los actos reclamados consistentes en la omisión, rehusarse a hacer lo conducente para integrar las averiguaciones previas ******************** y ********************, de las estadísticas de las Agencias del Ministerio Público con sede en León, Guanajuato, y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, respectivamente, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. Bajo ese contexto, se estima que en el caso se surte de un modo manifiesto, la causal prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. (.).". De tal disposición se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o respecto de los cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En principio, debe precisarse que la averiguación previa ********************, del índice de la Agencia del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales adscrita a la Región "A", de esta ciudad, inició el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis (foja 15 de autos), y el inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en esta entidad federativa, lo fue a partir del uno de agosto de dos mil quince (conforme a la declaratoria de inicio de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintinueve de abril de dos mil quince), por lo que le es aplicable dicha disposición legal para el caso que nos ocupa. Asimismo, el acta de hechos ********************, del índice de la Agencia VI, Especializada en Delitos Patrimoniales de la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, inició el once de noviembre de dos mil dieciséis (foja 30 de autos), y el inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en aquella entidad federativa de Jalisco, lo fue a partir del catorce de junio de dos mil dieciséis (conforme a la declaratoria de inicio de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis), por lo que también le es aplicable dicho ordenamiento legal. Lo anterior, encuentra asidero en la Jurisprudencia PC.X. J/4 P (11a.), número de registro 2024979, sustentada por el Pleno del Décimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Julio de 2022, Tomo IV, página 3898, de la Undécima Época; del rubro y texto siguientes: "SISTEMAS PENALES TRADICIONAL O ACUSATORIO. PARA EFECTOS DE ESTABLECER CUÁL HA DE REGIR, DEBE ATENDERSE A QUE EL PROCEDIMIENTO PENAL INICIA CON LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA, QUERELLA U OTRO REQUISITO EQUIVALENTE, ANTE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL (INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES Y DEL RÉGIMEN TRANSITORIO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA MATERIA EN EL ESTADO DE TABASCO). Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron el régimen transitorio de la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de Tabasco, el cual establece que esa norma nacional comenzaría a regular la forma y términos en que se sustanciarían los procedimientos penales en el Estado, y que los procedimientos iniciados con antelación a la entrada en vigor de ese código se regirían por las disposiciones vigentes al momento de su inicio. Uno de los tribunales determinó que el procedimiento penal inicia a partir de que se hace del conocimiento del Ministerio Público de la noticia del delito, mientras que el otro tribunal consideró que el inicio del procedimiento comienza con el ejercicio de la acción penal ante la autoridad jurisdiccional. Criterio jurídico: El Pleno del Décimo Circuito considera que el procedimiento penal inicia a partir de la noticia del delito, ya sea mediante la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente ante la representación social, a fin de establecer bajo qué sistema penal (acusatorio o tradicional) se regirán los asuntos y, en su caso, bajo qué normas se sustanciarán. Justificación: Lo anterior, atendiendo a que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales define las diferencias entre procedimiento y proceso, precisamente, en su artículo 211, en el cual establece que el procedimiento penal inicia con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y que el proceso penal surge a partir de la celebración de la audiencia inicial, en la cual el Juez ya forma parte material dentro del litigio planteado por las partes, en aras de resolver dicha contienda. Lo que se corrobora con el hecho de que la doctrina emitida previo a la implementación del Sistema Penal Acusatorio y con posterioridad a éste, también establece que el inicio del procedimiento penal surge con la denuncia o querella de la parte ofendida y que el proceso penal comienza a partir de la consignación o con la celebración de la audiencia inicial, pues es esa intervención del juzgador en el litigio la que otorga la finalidad compositiva de la figura jurídica del proceso". Así como en la Tesis XXII.P.A.8 P (10a.), número de registro 2015337, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, página 2414, de la Décima Época, intitulada: "CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. AL SER APLICABLE PARA LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR, CON INDEPENDENCIA DE QUE LOS HECHOS HAYAN OCURRIDO ANTERIORMENTE, BASTA QUE LA DENUNCIA O QUERELLA SE PRESENTE A PARTIR DEL 18 DE JUNIO DE 2016, PARA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO INICIE LA INVESTIGACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE DICHO ORDENAMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO). El decreto por el que la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro declara que en la legislación local ha quedado incorporado el sistema procesal penal acusatorio, y el inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Periódico Oficial de la entidad "La Sombra de Arteaga", el 29 de marzo de 2014, reformado por última vez el 20 de mayo de 2016, establece en su artículo tercero que las disposiciones de ese código regirán la sustanciación de los procedimientos penales, respecto de los hechos que ocurran con posterioridad a la entrada en vigor del sistema procesal penal acusatorio, que operará de manera progresiva en el territorio del Estado, bajo una modalidad gradual y regional. Precepto que guarda congruencia con el primer párrafo del artículo tercero transitorio del propio código publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, que dispone que los Códigos de Procedimientos Penales de las entidades federativas vigentes a la entrada en vigor de ese Código Nacional, para efectos de su aplicación en los procedimientos penales iniciados por hechos que ocurran a partir de su entrada en vigor, quedarán abrogados. Sin embargo, esas disposiciones normativas quedaron superadas con el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre otros, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el medio de difusión oficial federal indicado el 17 de junio de 2016, y que entró en vigor al día siguiente, ya que reformó y adicionó el artículo tercero transitorio referido de dicho Código Nacional, en el sentido de que éste será aplicable para los procedimientos penales que se inicien a partir de su entrada en vigor, con independencia de que los hechos hayan sucedido con anterioridad a ésta. De manera que basta que la denuncia o querella se presente durante la vigencia del Código Nacional mencionado (18 de junio de 2016), para que el Ministerio Público inicie la investigación de los hechos conforme a las reglas de ese ordenamiento, por ser la primera etapa del procedimiento, de conformidad con su artículo 211, con independencia de que los hechos denunciados hayan ocurrido antes de su vigencia, pues lo que determina la aplicación de esa legislación procesal, es el momento de la iniciación del procedimiento penal". Precisado lo anterior, en el caso concreto, para evidenciar la causal de improcedencia de que se trata, es necesario transcribir, para su análisis, los artículos 20, apartado C, fracciones II y VII y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 109, fracción XXI, 129, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218, 251, 253, 254, 255, 256, 257 y 258, del Código Nacional del Procedimientos Penales, que dicen: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. (.) B. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. (.)". "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; (.)" "Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. Al concluir la investigación complementaria puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio podrá concluir solicitando la absolución o una condena más leve que aquella que sugiere la acusación, cuando en ésta surjan elementos que conduzcan a esa conclusión, de conformidad con lo previsto en este Código. Durante la investigación, tanto el imputado como su Defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público dentro del plazo de tres días resolverá sobre dicha solicitud. Para tal efecto, podrá disponer que se lleven a cabo las diligencias que se estimen conducentes para efectos de la investigación. El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del Defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención." (.) "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e (.)" "Artículo 212. Deber de investigación penal. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 213. Objeto de la investigación La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño." "Artículo 214. Principios que rigen a las autoridades de la investigación Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados." "Artículo 216. Proposición de actos de investigación Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público." "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Pues bien, del análisis de los artículos 21, de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 109, fracción XXI, 129, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216 y 258 del Código Nacional del Procedimientos Penales, antes transcritos, se advierte que la etapa de investigación inicial del procedimiento penal, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los datos de prueba necesarios para justificar el hecho que la ley prevé como delito, así como la probable intervención del imputado en su comisión, para el pleno ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada la naturaleza de la destacada etapa del proceso penal oral, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. Por tanto, todos los actos correspondientes a la formación de la carpeta de investigación, a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización; inclusive a través del medio extraordinario de defensa, como es el juicio de protección de derechos fundamentales, en la vía indirecta. De tal forma, en la legislación secundaria transcrita se advierte que el agente del Ministerio Público, al integrar la carpeta de investigación, debe actuar de manera objetiva, o sea, garantizando el respeto al derecho de igualdad entre las partes contendientes (indiciado y ofendido o víctima), así como respetando las formalidades del debido proceso penal en materia acusatoria, que descansan en cinco principios básicos, a saber: publicidad, contradicción continuidad, concentración, inmediación, entre otros; la víctima u ofendido, pueden solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; el agente del Ministerio Público investigador deberá resolver tales peticiones, dentro de los tres días y disponer que se lleven a cabo las diligencias conducentes, esto es, solicitar la comparecencia del imputado a declarar sobre los hechos que se investigan; notificar a la víctima u ofendido, las resoluciones en que se determine la abstención de investigar, el archivo temporal, o la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. En resumen de la anterior acotación cabe destacar que: a). La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. Durante la investigación, tanto el imputado como su defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que considerasen pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. b). Al concluir la investigación complementaria puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio podrá concluir solicitando la absolución o una condena más leve que aquella que sugiere la acusación, cuando en ésta surjan elementos que conduzcan a esa conclusión, de conformidad con lo previsto en el citado Código. Por otra parte, de la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 20, apartado C, fracciones II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales previamente transcritos y analizados, concretamente, los arábigos 109, fracción XXI, y 129, 216 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen los medios de impugnación o de defensa ordinarios, contra los actos emanados en la etapa de investigación, cuando lesionen los derechos sustantivos y adjetivos de la víctima o el ofendido. Dichos medios de impugnación, en la etapa de investigación, tienen la finalidad de combatir las omisiones o actuaciones del agente del Ministerio Público investigador así como de la policía ministerial, para lograr que el Juez de Control realice un examen de las omisiones o de lo actuado ante el Ministerio Público investigador o la policía ministerial, con el propósito de restablecer el equilibrio procesal de las partes contendientes, es decir, "revisar, para volver a su curso" el actuar de las autoridades que intervienen en la etapa de investigación; los medios de impugnación o recursos ordinarios, están sujetos a determinados requisitos y trámite procesal (legitimación de las partes, término para la interposición, vistas y resolución), para subsanar las omisiones, excesos o defectos; y en general, cualquier error o transgresión, a las formalidades esenciales del debido proceso en materia penal oral. En conclusión, los recursos se sujetan a determinadas formalidades fijadas en la ley para dar certeza jurídica a las partes contendientes, procurando siempre el equilibrio procesal. Ahora bien, las omisiones reclamadas, atribuidas a las autoridades señaladas como responsables, ocurridas en la etapa de investigación, esto es, dentro de la integración de las indagatorias ********************, y ********************, pueden ser impugnadas ante el Juez de control correspondiente, conforme lo dispone el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el juez de control declarará sin materia la impugnación. Por tanto, la facultad de impugnar, prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido puede combatir actuaciones u omisiones del Ministerio Público, por lo cual, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal. Luego, los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables, para cumplir con sus atribuciones en favor de los intereses de la víctima directa ********************, aquí quejoso, constituyen omisiones que vulneran los derechos reconocidos en su favor, para acceder a la justicia penal acusatoria; omisiones, que deben considerarse impugnables a través de un medio ordinario, porque así lo establece el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 109, fracción XXI, 129, 216 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior es así, porque dichos preceptos constitucionales y secundarios, prevén la posibilidad que tiene la víctima u ofendido, aquí quejoso, de impugnar las determinaciones u omisiones que afectan o impiden lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar e integrar la carpeta de investigación que está comprendida dentro de las hipótesis expresamente señaladas en el artículo 258 del citado Código Nacional. Así, se observa que la finalidad de que el juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. Por tanto, se advierte que la omisión o inactividad de la autoridad ministerial en la etapa de investigación debe ser impugnada por la víctima u ofendido ante el juez de Control, a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que si la parte quejosa promueve la acción constitucional, sin que previamente haya agotado dicho medio ordinario de defensa, ello provoca que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Se cita al efecto, la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 que derivó de la contradicción de tesis, con registro 2017641, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, agosto de dos mil dieciocho, Tomo I, Décima Época, Materia Penal, visible en la página 945, de rubro y texto: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". Asimismo, la diversa jurisprudencia 1a./J. 28/2018, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como se dijo, también se originó de la contradicción de marras, con registro 2017640, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, agosto de dos mil dieciocho, Tomo I, Décima Época, Materias Común, Penal, visible en la página 943, de rubro y texto: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Considerar lo contrario, impone a la víctima u ofendido un mayor gravamen o dilación, en la solución del problema jurídico en materia penal planteado a través del juicio oral acusatorio, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el juez de control resolvería lo conducente; en tanto que acudir directamente al juicio de amparo biinstancial, implica además, el desacato al imperativo categórico previsto en la norma constitucional (artículo 20, apartado C, fracciones II y VII), consistente en impugnar a través de los medios ordinarios de defensa las actuaciones u omisiones ocurridas en el trámite del juicio penal acusatorio, para llegar, eventualmente, a un mismo resultado, ya que el juez de Control ejerce las mismas funciones que el juez de Distrito de Control Constitucional, durante la etapa de investigación, en la recopilación u omisión de datos de prueba y previo al dictado del auto de vinculación a proceso, para subsanar, a través del medio de impugnación ordinario, las actuaciones u omisiones del agente del Ministerio Público investigador y de la policía ministerial. Por ello, cobra especial relevancia el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, contra actos y omisiones ocurridas en la etapa de investigación del juicio penal acusatorio y oral, como ocurre en este caso, pues dicho principio implica el agotamiento previo del recurso o medio de defensa ordinario procedente respecto a las omisiones o determinaciones imputadas o asumidas por el agente del Ministerio Público investigador; principio de definitividad que se traduce en la obligación que tiene la parte quejosa de agotar los medios de impugnación, antes de promover el juicio de protección de derechos fundamentales; por tanto, en la especie, la demanda de amparo es improcedente. Además, si bien pudiera considerarse que en el presente asunto se reclaman actos omisivos, consistentes en la dilación de llevar a cabo diligencias para integrar la carpeta de investigación, ello no puede constituir una transgresión a lo dispuesto por el artículo 8° constitucional, porque dicha omisión no es autónoma al procedimiento del cual emana, ya que no es independiente, por el contrario, como se anticipó, los deberes de la Representación Social al investigar los hechos que probablemente constituyan un delito, se encuentran regulados por el Código Nacional de Procedimientos Penales; luego, no es dable considerar que su inobservancia constituye un acto aislado o autónomo y aun cuando pudieran afectar derechos adjetivos, no impiden el ejercicio de un derecho sustantivo. De esta forma, si bien las omisiones y dilaciones que alega la quejosa, constituyen una afectación al artículo 17 constitucional, éstas no pueden ser analizadas desde luego a través del juicio de amparo, pues, la propia Constitución en su artículo 20, apartado C, fracción VII, establece el medio de impugnación idóneo para reparar tal omisión; en tanto que en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece en el artículo 258, en relación con lo dispuesto en el diverso 109, fracción XXI, del mismo ordenamiento. También debe destacarse que no considerarlo así, se impondría a la víctima u ofendido un mayor gravamen y dilación, pues en la forma propuesta, luego de una audiencia, el juez de control resolvería lo conducente atendidendo a los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial que por su naturaleza no puede cumplir con los principios establecidos, ya que no se prevé una audiencia en la que se encuentren presentes todas las partes y se emitan de manera oral los conceptos de violación, lo que sí podría efectuarse ante el juez de Control. Motivo por el cual, se actualiza la causal de improcedencia en análisis, y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. VI. Se ordena generación de versión pública de acuerdo. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública del presente proveído, para que pueda ser consultable por el público en general. VII. Notificaciones electrónicas. Con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las resoluciones que se dicten en el presente juicio y que ameriten notificación personal, toda vez que el usuario que proporciona ******************** toda vez que se encuentra registrado con FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), por lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Se comisiona a la Oficial Judicial "A", para que aperture los campos necesarios, en los términos anteriormente apuntados. VIII. Autorizado. Se tiene como autorizado en términos amplios de la parte final del último párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a********************, en razón de que sí cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. IX. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. X. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que reforma el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace del conocimiento de las partes que las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Por último, para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios.

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