Francisco Gómez Pérez
Expediente 310/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 310/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Francisco Gómez Pérez
Actuaciones
- Principal
Juicio 1665/2018 folio 3750. veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, a través del cual, remite copia certificada de diversas constancias, entre las que destaca el auto de dieciocho de marzo del año en curso, en autos del juicio laboral 5883/2016, de su índice. Ahora, de las documentales que remitió la oficiante, se advierte que el dieciocho de los actuales, dio vista a la demandada con la manifestación que realizó la parte actora, respecto a los pagos que se encuentra en aptitud de hacer; sin embargo, no se aprecia que hayan agotado todas las medidas legales a su alcance para determinar la insolvencia. Además, que no se aprecia que se le haya indicado en qué tiempo deberá dar cumplimiento a dicho requerimiento; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de Ley de amparo, requiérase a la junta responsable para que dentro del término de tres días siguientes al en que se notifique el presente proveído, remita copia certificada de la determinación legal en la que se señale el término que se le concede a la parte demandada, aquí quejosa, para dar cumplimiento al multicitado auto de dieciocho de marzo en curso, acompañando para tal efecto su respectiva constancia de notificación personal. Asimismo, deberá informar las medidas que se encuentra implementando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; pues, a la fecha no se ha reintegrado a la parte quejosa en la garantía violada, ni se ha determinado la insolvencia de su contraparte. Bajo el apercibimiento que de ser omisa, de conformidad con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($96.22 noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192, en relación con el diverso 193, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Juicio 310/2022 folio 3012. ocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguese la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juez del Tribunal Laboral de la Región Tres, con sede en Macuspana, Tabasco. Aspectos Generales Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 310 2022. Genérese el expediente electrónico e impreso. Análisis de improcedencia Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. En efecto, el artículo anteriormente citado impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento la demanda de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano; para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Acto reclamado Ahora, de conformidad con el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, para una mejor precisión del acto reclamado se tiene que este consiste en lo siguiente: ? El auto de nueve de febrero de dos mil veintidós, emitido en el juicio ordinario laboral 30/2021, en el que el Juez del Tribunal Laboral de la Región Tres, con sede en Macuspana, Tabasco, desechó las pruebas testimonial, las supervinientes y el informe a cargo el Instituto Mexicano del Seguro Social, ofrecidas por el actor, aquí quejoso. Causa de improcedencia Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretado en sentido contrario, que a la letra dicen: En efecto el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente*** En ese sentido, debemos entender que para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación se entiende como aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y los tratados internacionales. Por otra parte, los actos intraprocesales que no reúnen estas características por sí mismos no afectan a los gobernados, puesto que sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá interponer recursos e incluso recurrirlos en vía de amparo directo. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, conforme al artículo 107, de la Ley de Amparo, ahora ya se define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, en la nueva ley en cita, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, sino que, en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una cuestión jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. En el caso a estudio, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como acto reclamado el auto de nueve de febrero de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio ordinario laboral 30/2021, del índice de la responsable, en el que determinó desechar las pruebas consistentes en la testimonial, las supervinientes y el informe a cargo el Instituto Mexicano del Seguro Social, ofrecidas por el actor, aquí quejoso. Así las cosas, este juzgador considera que dicho acuerdo, no constituye actos de imposible reparación, con el que se transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se traduce en una infracción de derechos sustantivos, sino en una transgresión de derechos adjetivos, que sólo produce efectos formales o intraprocesales, que pueden desaparecer si en la sentencia definitiva el quejoso obtiene sentencia favorable o en caso que la sentencia fuera desfavorable al promovente, la transgresión procesal deberá ser reclamada mediante la vía de amparo directo que al efecto se promueva, de modo que el derecho afectado es de naturaleza adjetiva o procesal, de ahí que no exista la afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera. Lo anterior es así, máxime que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, establecen expresamente que las violaciones a las leyes procesales serán analizadas en el amparo que se promueva contra la sentencia definitiva que ponga fin al juicio, es decir, mediante el amparo directo, tal y como lo previenen los artículos 170 y 174, ambos de la Ley de Amparo.*** Determinación En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción V, del artículo 107, interpretado contrario sensu, con apoyo en el artículo 113, todos de la Ley de Amparo vigente, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por José del Carmen Giorgana de la Cruz, en su carácter de apoderado legal de Francisco Gómez Pérez, contra actos del Juez del Tribunal Laboral de la Región Tres, con sede en Macuspana, Tabasco. Esclarecimiento de no afectación a derechos fundamentales En adición, la tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, y 25, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial. Sin embargo, no es factible evadir los presupuestos establecidos por el legislador para la procedencia del amparo indirecto, ya que si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano, en cuanto al margen de protección a violaciones de los derechos humanos, ello no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia y que tengan que resolver el fondo de cualquier cuestión planteada, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de los medios de defensa, ya que precisamente las formalidades procesales son la vía que hacen posible arribar a una adecuada resolución, sin las cuales se provocaría un estado de incertidumbre jurídica entre las partes.*** Domicilio del quejoso y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta. Por otro lado, en atención a la certificación de cuenta, téngase por autorizado(s) en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ever Reyes de la Cruz. Asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos2 a Angela del Carmen Bernal Jiménez, en razón a que por el momento no hay constancia que lo acredite como licenciado en derecho o abogado y no tener registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Quedando a salvo su derecho para acreditar legalmente encontrase autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogado. Se exhorta al trámite electrónico. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente*** Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.
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