Francisco Godoy Ibarra

Expediente 1314/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1314/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Francisco Godoy Ibarra

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo de cinco días para que la parte promovente hiciera valer el recurso de queja en contra de la determinación emitida el treinta de octubre del año en curso, mediante la cual se desechó de plano la demanda. 2. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHO PROVEÍDO HA CAUSADO ESTADO. 3. Anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes: Se solicita al Oficial Judicial "A" de este órgano jurisdiccional, encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), haga las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico que se lleva en este órgano jurisdiccional 4. Archivo del expediente. En virtud de que el juicio de amparo en que se actúa ha quedado definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, procédase al archivo definitivo del expediente. 5. Destino del expediente. Acorde a lo establecido en el capítulo sexto, en el artículo 20, fracción IV, del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el presente expediente ES DESTRUIBLE. 6. Destrucción de expediente principal. Lo que así habrá de acontecer pasados tres años de dictado el presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del multicitado Acuerdo General. 7. Precisión de relevancia documental del expediente. De conformidad con el artículo 12, 14 y 15, del Acuerdo General que antecede, se hace constar que el presente expediente no es de relevancia documental, lo que deberá asentarse en la carátula, de conformidad con el numeral 35 del mencionado acuerdo. 8. Transferencia. Hecho que sea lo anterior solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Entretanto, resguárdese en el recinto archivístico de este órgano jurisdiccional (archivo reciente). Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista

  2. Principal

    Aviso: Se notifica por lista de acuerdos del Juzgado Octavo de distrito en el Estado de México, a la parte quejosa F. G. I. el acuerdo de: treinta de octubre de dos mil veintitrés, que en lo conducente señala: 1. Se recibe oficio. Se tiene por recibido el oficio 30899/2023, signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por medio del cual remite el original del juicio de amparo indirecto 1568/2023, del índice de su adscripción, formado con motivo de la demanda promovida por **, por propio derecho, contra actos del Juez Décimo Primero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Huixquilucan, Estado de México, en el cual se emitió el auto de cinco de octubre del presente año, en el que determinó carecer de competencia para conocer de la misma dado que el acto reclamado no conlleva ejecución en su jurisdicción. a) Registro, captura en SISE, formación de expediente físico y electrónico. Vista la demanda de amparo interpuesta por Francisco Godoy Ibarra, por propio derecho en contra de actos reclamados de la Juez Décimo Primero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Huixquilucan, Estado de México, por considerar que se vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en el artículo 1°, 17, y 107 de la Constitución Federal, se ordena anotar en el libro de registro de juicios de amparo con el número 1314/2023, se ordena al registrar en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. 2. Integración del expediente físico y electrónico. En ese sentido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al Oficial Judicial la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a las personas actuarias, deberán digitalizar todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo la persona secretaria cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. 3. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: .. En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De ahí, que deban analizarse de manera preferente las causas de improcedencia por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO Causal de improcedencia. Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, esta juzgadora advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que antes de acudir al juicio de amparo, el quejoso debió agotar el medio ordinario de defensa respectivo, en contra del acto reclamado, de conformidad con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; precepto legal que establece: . El precepto transcrito contempla el principio de definitividad, al establecer que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales, la ley ordinaria concede algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Dicho principio supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que de existir algún medio ordinario de defensa que el quejoso no hubiese interpuesto, el amparo resulta improcedente. Además, este principio, responde a la naturaleza jurídica del juicio biinstancial como medio extraordinario y supremo de defensa de los derechos humanos o fundamentales de los gobernados, por lo que, lógicamente, antes de promoverlo, el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de impugnación del acto reclamado legalmente establecidos. Asimismo, sustenta lo anterior la jurisprudencia número I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 902, con número de registro 187016, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL Los artículos 5.45, 5.74 y 5.75 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, disponen: . De estos artículos, se advierte que en los juicios sobre controversias del estado civil de las personas y del derecho familiar, a) las resoluciones provisionales dictadas en la audiencia inicial sólo podrán modificarse en sentencia definitiva, b) los autos y decretos dictados fuera de la audiencia serán revocables conforme a las reglas generales que se especifican para tal medio de impugnación, y c) el recurso de revocación procede contra las medidas provisionales dictadas en audiencia. En el caso que nos ocupa, el impetrante de amparo reclama la determinación de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el procedimiento especial de divorcio incausado, del índice del Juzgado Décimo Primero de lo Familiar en el Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, promovido por Francisco Godoy Ibarra, en contra de Paola Reyes Vidrio, donde se tuvo por contestada la demanda instaurada en contra de ésta última, además, la responsable procedió a la fijación de las medidas provisionales, determinando una pensión compensatoria a favor de Paola Reyes Vidrio, así como la medida de abstenerse de causar cualquier acto de molestia en contra de la demandada. Ahora, contra dicha determinación, procede el recurso de revocación previsto en los artículo 5.74 y 5.75 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, el cual, puede tener por efecto que los actos sean revocados o modificados las consideraciones que dieron origen al acto reclamado, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal. Por tanto, al conceder la ley ordinaria un recurso por virtud del cual, puedan ser modificadas o revocadas las determinaciones combatidas, es inconcuso que la parte quejosa estaba obligada a agotar tal medio ordinario de impugnación, previo a acudir a esta instancia constitucional. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia con registro electrónico 2005039, emitida en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, dentro del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I pagina 350, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD Sin que sea óbice a lo anterior, la jurisprudencia1 de título: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO". De ese criterio, se advierte que el más Alto Tribunal de la República ha estimado como una excepción al principio de definitividad, los casos en que esté involucrado un menor de edad y cualquiera de las partes alegue un riesgo para éste, en caso de ejecutarse la resolución, si el recurso ordinario es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que se encuentra. En el presente asunto, como se ha visto, el acto que se cuestiona a través de la acción constitucional, consiste en el auto de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el procedimiento especial de divorcio incausado, del índice del Juzgado Décimo Primero de lo Familiar en el Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, promovido por Francisco Godoy Ibarra, en contra de Paola Reyes Vidrio, determinación en la que se tuvo por contestada la demanda instaurada en contra de ésta última, además, la responsable procedió a la fijación de las medidas provisionales, determinando una pensión compensatoria a favor de Paola Reyes Vidrio, así como la medida de abstenerse de causar cualquier acto de molestia en contra de la demandada. Al respecto, no se actualiza el supuesto a que se refiere el citado criterio jurisprudencial, porque conforme a lo establecido en la parte final del artículo 5.75 del Código citado, el recurso de revocación se debe interponer al momento de emitirse el auto o decreto, el cual debe resolver de manera inmediata el juzgador. En consecuencia, el peticionario de amparo tenía el deber de agotar el recurso ordinario antes de promover el juicio de amparo. Tampoco se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la citada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que no se está ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En ese tenor, el acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto, ni constituye un acto que afecte la libertad personal de la inconforme; ni el quejoso tiene el carácter de tercero extraño a juicio, como se establece en el inciso c) del citado numeral, puesto que es parte en el procedimiento de origen. De igual manera, no se actualiza la hipótesis prevista en la última parte de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que la procedencia del recurso de revocación no está sujeta a interpretación adicional, ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, pues los artículos 5.74 y 5.75 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, son claros en determinar que las resoluciones dictadas fuera de la audiencia y en audiencia, respectivamente, serán revocables. Se desecha demanda. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la presente demanda promovida por Francisco Godoy Ibarra, por propio derecho, atento a lo que establece el diverso 113 del ordenamiento indicado. 15. Autorización consulta de expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación los diversos numerales 9, 14, 16, 19, 35 y 36 del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", por así haberlo solicitado la parte quejosa, se le autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario proporcionado, vía internet del juicio en que se actúa; debido a que de la certificación de cuenta, se advierte que dicho usuario se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Usuario "Berebenitez80" 17. Autorizados y domicilio. Se autoriza en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que mencionan para tales efectos en su escrito de demanda, siempre y cuando tengan registradas sus cédulas profesionales en el Registro Único de Profesionales del Derecho, de lo contrario únicamente tendrán las facultades de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de la Materia. Por otra parte, por lo que hace a la solicitud de autorización de correo electrónico que refiere, dígasele a la autoridad oficiante que, no ha lugar a autorizar dicho medio de comunicación, ello en atención a que el mismo no se encuentra previsto dentro de los supuestos enunciados en el artículo 26 de la Ley Amparo. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, por lo que se le requiere para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este órgano jurisdiccional, apercibida que en caso de no hacerlo así, se le harán las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado federal sin ulterior acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se comisiona a la persona actuaria adscrita para que por única ocasión notifique el contenido del presente proveído en el domicilio ubicado en Calle Parque de Malaga, Número 39, Colonia Parques de la Herradura, Código Postal 52786, Huixquilucan, Estado de México. 18. Uso de medios electrónicos. Por otra parte, con fundamento en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes, autorizados, delegados y autoridades responsables, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Son aplicables a lo anterior, los criterios sustentados en las tesis números I.3o.C.725 C y I.1o.A.23 K (10a.), cuyos rubros son los siguientes: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA."2 y "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE 19. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, en concordancia con el artículo 17 constitucional, para los casos en los que el presente juicio se deban de realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas. 22. Transparencia. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental4 ; hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese a las partes de la siguiente forma:

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