Francisco Gilberto Rodríguez Cabrera

Expediente 674/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
674/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
14/06/2023

Partes del expediente

  • Francisco Gilberto Rodríguez Cabrera

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de las actuaciones, se advierte que la parte quejosa omitió inconformarse contra el auto de doce de mayo de dos mil veintitrés, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este juzgado y archívese este expediente, como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo único, artículo 20, fracción II, de dicho acuerdo, el presente asunto es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, en atención a que carece de relevancia documental, y al sentido del acuerdo pronunciado en el mismo.

  2. Principal

    Agréguese a los autos la promoción de cuenta; atento a su contenido, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido el informe justificado de las autoridades responsables: Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, y Actuario adscrito a dicho Tribunal. Ahora bien, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en la demanda de amparo, el quejoso señaló como actos reclamados, los siguientes: ".4.1. LA DILACION PROCESAL POR PARTE DEL H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA, LA CUAL EMANA EN LA OMISION Y FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL HOY TERCERO INTERESADO POR EL CUAL HAY UNA EVIDENTE DILACION PROCESAL, no omitiendo mencionar que para el caso de que al rendir el informe con justificación dicho emplazamiento ya se encuentre realizado; el acto reclamado se consistirá en la omisión de continuar el procedimiento y consecuentemente la falta de notificación de forma personal al hoy quejoso en el domicilio señalado en autos." Luego, al rendir informe justificad los Magistrados que integran el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, y Actuario adscrito a dicho Tribunal, negaron la existencia de los actos reclamados. Lo anterior, pues refieren que de la estadística de dicho órgano jurisdiccional, se localizó el expediente * que promovió el aquí quejoso. Asimismo, la autoridad responsable en cita, señaló que por auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, se decretó la caducidad de oficio por la inactividad procesal de la parte actora dentro del expediente * de su índice, ordenando el archivo del juicio como asunto total y definitivamente concluido por no existir materia para su tramitación; de ahí que se tengan por ciertos los actos que se le imputan. Certeza que se corrobora de las documentales que acompañó en apoyo a su informe justificado, las cuales merecen plano valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción III, de la Ley de Amparo, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a dicha ley, disposición de su numeral 2º. En ese sentido, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en la omisión de la autoridad de dar continuidad al procedimiento laboral * del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, promovido por el aquí quejoso; respecto de los cuales este juzgador federal considera que ha ocurrido un cambio de situación jurídica, por lo que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, la cual establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.)" Del precepto transcrito se evidencia que el juicio de amparo es improcedente cuando se suscita el cambio de situación jurídica dentro de un procedimiento judicial o de uno seguido en forma de juicio, por lo que se considera irreparable la violación reclamada, al no poder modificarse dicho acto sin afectar la nueva situación acaecida. En ese tenor, del análisis de la demanda de amparo se advierte, que la parte quejosa reclama medularmente, la omisión de continuar el procedimiento del juicio de origen. Sin embargo, de la constancia que remitieron las autoridades responsables -a las cuales se les otorgó pleno valor probatorio- se refleja que el catorce de abril de dos mil veintitrés, se decretó la caducidad de la instancia por falta de impulso procesal de la parte actora, ordenando el archivo del aludido expediente. Ahora bien, las reseñadas actuaciones ponen de manifiesto la actualización de la causa de improcedencia aludida, por las siguientes razones. De la recta interpretación de fracción XVII del artículo 61 de la Ley de la materia, se colige que por regla general, para que se determine el cambio de situación jurídica, deben concurrir los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. b) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, surja un nuevo acto dentro del mismo procedimiento, que cambie la situación jurídica en que estaba el quejoso por virtud del acto reclamado. c) No sea factible decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica creada y, por tanto, que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) El acto reclamado sea autónomo e independiente con la nueva resolución dictada en el procedimiento o juicio respectivo, pudiendo subsistir esta última, independientemente de que aquél acto resulte o no inconstitucional. Por lo anterior, es incuestionable que en la especie operan los precitados supuestos que producen el cambio de situación jurídica a que se refiere la antedicha fracción XVII, del artículo 61, habida cuenta que la materia del acto reclamado, que se traduce en la dilación del procedimiento laboral de origen * radicado en el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, merced al cambio de situación jurídica creada por lo determinado en la actuación de catorce de abril de dos mil veintitrés, en el que se ordenó archivar el aludido expediente al haberse decretado la caducidad de oficio por la inactividad procesal de la parte actora. Por tanto, no se puede decidir sobre los actos reclamados, sin afectar la nueva situación legal generada, ya que no se estaría en condiciones de ordenar a la responsable continúe con las etapas del procedimiento, habida cuenta que se determinó archivar el mismo, en atención a que operó la caducidad de la instancia. Lo anterior es así, en razón de que ésta última actuación acontecida dentro del procedimiento laboral, por cierto posterior a la presentación de la demanda de amparo (doce de abril de dos mil veintitrés), autónoma e independiente, respecto de los actos combatidos, subsiste, con independencia de su legalidad, si se parte de la premisa de que no le es factible a quien resuelve determinar sobre la juridicidad o antijuridicidad de los actos reclamados en esta vía constitucional, sin afectar la nueva situación jurídica, como ya se dijo, creada con motivo de la caducidad de la instancia, que trajo como consecuencia archivar el procedimiento de origen el catorce de abril del actual. Por ello, aun cuando desapareciera la situación jurídica en que se encontraba la solicitante de amparo generada por los actos reclamados, es inconcuso que aún pervive la nueva situación legal creada por el acto destacado con antelación, que indefectiblemente, afecta el derecho procesal de que se duele la parte quejosa y, por consiguiente, que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en la demanda de amparo. En esas circunstancias, al actualizarse la referida causal de improcedencia, lo conducente es sobreseer en el juicio fuera de audiencia, con apoyo en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, se deja sin efecto la fecha y la hora que se encontraban señaladas para la audiencia constitucional en este juicio; esto es, las diez horas quince minutos del dieciséis de mayo del año en curso. Hágase saber lo anterior a las partes, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Agréguese a los autos, únicamente para obre como corresponda el oficio de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje; toda vez que mediante auto de once de mayo de dos mil veintitrés, se declaró cumplida en su totalidad la sentencia dictada en el presente juicio de amparo.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio proveniente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que remite copias certificadas con las aduce haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ténganse por recibidas las documentales de referencia. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio y el anexo de mérito, para que se impongan de su contenido y en su caso, manifieste lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del presente juicio, por parte de la autoridad responsable, apercibida que de omitir hacer manifestación alguna dentro del plazo de tres días, se resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la misma

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