Francisco Gervacio Rivera

Expediente 201/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
201/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
20/10/2022

Partes del expediente

  • Francisco Gervacio Rivera
  • Juez de Primera Instancia en Materia Civil, Zitácuaro, Michoacán

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se desechó la demanda de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo I-222/2020; y, RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado en el veintiuno de enero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Miguel Murillo Solis, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de autoridad que consideró violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El quejoso señaló, bajo protesta de decir verdad, los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados y sirven de fundamento a los conceptos de violación. SEGUNDO. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, quien por acuerdo de veintidós de enero de dos mil veinte la admitió a trámite, solicitó a las autoridades responsables el informe justificado, dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación; ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada Avance Fácil S.A. de C.V.S.O.F.O.M. E.N.R., con el carácter de parte actora en el juicio subyacente y a ******************** en cuanto parte demanda en el juicio natural quien compareció a juicio a través del escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil veinte. Por acuerdo de veinte de febrero de dos mil veinte, con base en los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, determinó que la demanda debió turnarse a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán por haber conocido previamente del diverso juicio ********************. Por acuerdo de dos de marzo de dos mil veinte, este Juzgado Cuarto de Distrito se avocó al conocimiento del asunto, y se ordenó notificar a las partes la llegada del asunto, señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional la que se verificó en términos del acta que antecede, por lo que es oportuno dictar la sentencia que en derecho corresponde. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el juicio de amparo, en términos de los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 37 y 107 de la Ley de Amparo; y 48, 52, fracción IV y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece el número, denominación y circunscripción territorial de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuitos y Juzgados de Distrito, dado que los actos reclamados están constituidos por actos emitidos por una autoridad distinta a los Tribunales Administrativos que residen dentro de la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y a efecto de fijar la litis constitucional, de la lectura integral de la demanda de amparo así como de los datos que se desprenden del resto de las actuaciones se obtiene que el acto reclamado se hace consistir en lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: AUTORIDAD ORDENADORA C. Juez Cuarto Menor de lo Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán reclamo la orden de embargo y sus consecuencias, como remate y adjudicación del inmueble identificado como Solar Urbano identificado como ******************** que tiene una superficie de ********************, mismo que se encuentra registrado a favor de la ********************, bajo el registro ********************del Libro de Propiedad correspondiente al Distrito de Morelia, del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado de Michoacán. AUTORIDADES EJECUTORAS Del Actuario señalada como ejecutora se reclama el ilegal embargo dentro del juicio ejecutivo mercantil número ********************; llevado en el Juzgado Cuarto Menor de lo Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, respecto del inmueble identificado como ********************, que tiene una superficie de ********************. mismo que se encuentra registrado a favor de la ********************, bajo el registro ********************del Libro de Propiedad correspondiente al Distrito de Morelia, del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado de Michoacán. Del Director del Registro Público de la Propiedad y Raíz en el Estado de Michoacán, reclamo la inscripción en esa oficina registral del Gravamen bajo el número ********************, sobre el inmueble de mi propiedad, identificado como ********************, que tiene una superficie de ********************, mismo que se encuentra registrado a favor de la ********************, bajo el registro ********************del Libro de Propiedad correspondiente al distrito de Morelia, del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado de Michoacán. Así como la cancelación del registro existente a favor de mi causante, así como el registro a favor del hoy tercero interesado ********************, con motivo del Remate, decretado en el Juicio Ejecutivo Mercantil, número de expediente ********************, tramitado en el Juzgado Cuarto Menor de lo Civil en esta Ciudad de Morelia, Michoacán, promovido por ******************** en contra de ******************** y ********************. Solicitando desde este momento, que esta Autoridad realice la cancelación de dicha inscripción en reparación de las garantías individuales que vulneró en mi perjuicio TERCERO. Existencia de actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados, ya que así se desprende del contenido de los informes justificados y se corrobora con las documentales públicas que acompañaron a los informes en comento, las que tienen valor pleno con base en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio dela Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es una institución que impide que los tribunales de la federación, en su función de jueces constitucionales, resuelvan la controversia ante ellos planteada por actualizarse alguna de las causales previstas en la Ley de Amparo o en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las que tienen por objeto que se cumplan con los principios fundamentales en los que descansa el juicio de control de regularidad constitucional, de manera que, cuando se alega por partes o se advierte, de oficio, por el juez, una vez verificada su actualización procederá sobreseer en el juicio sin analizar los conceptos de violación. IV.1. Respecto del acto reclamado consistente en la orden de embargo emitida dentro juicio ejecutivo mercantil número ********************, emitida por el Juez Cuarto Menor de lo Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, este juzgador advierte, de oficio, que el juicio de amparo es improcedente, porque se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Lo anterior, porque el interés jurídico para la promoción del juicio de amparo, con base en la doctrina de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está constituido por: a. La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y b. Que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Y en el caso, del estudio integral del auto de exequendo que se emitió en el juicio ejecutivo mercantil, se puede apreciar que el mandamiento de requerimiento de pago en forma, y la orden embargo ante la falta de éste, con el objeto de garantizar el pago de las prestaciones reclamadas fue emitido en contra de una persona diversa a la del quejoso, ya que la acción cambiaria directa no fue ejercida en su contra. En efecto, en el acuerdo de veintinueve de dos mil trece pronunciado en el juicio ejecutivo mercantil ********************, se tuvo a ********************, en su carácter de endosataria en procuración de ********************, ejerciendo la acción cambiaria directa en contra ********************, reclamándole el pago de pesos derivado del incumplimiento de la obligación incondicional consignada en el título ejecutivo base de la acción; por tanto, al encontrarse ajustada a derecho la demanda, se admitió a trámite y se emitió auto de exequendo con efectos de mandamiento en forma para que en el acto de la diligencia se requiriera a la demandada en cita del pago y, en caso de no hacerlo, en ese momento se le embargaran bienes suficientes para garantizar el mismo (foja 5, tomo de pruebas). En este contexto, la orden de embargo, en sentido estricto no fue emitido en contra del quejoso ni contra sus bienes y, por ende ese mandamiento no afecta sus intereses jurídicos; ello, al margen de que al momento de que se ejecutó se haya embargado el bien inmueble que refiere es de su propiedad, ya que en todo caso sería la forma en que se ejecutó la orden de embargo la que le perjudica, mas no la orden en sí misma considerada. Al respecto, este tribunal comparte el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito en la tesis VI.2o.C.297 K que establece: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO, CUANDO EL AUTO DE EXEQUENDO NO FUE DICTADO CONTRA EL QUEJOSO. Aun cuando sea verdad que el auto de exequendum haya servido de antecedente para el embargo que el quejoso reclame, ostentándose como tercero extraño al juicio, si también es cierto que ese auto no fue dictado en contra del peticionario del amparo, sino que ahí se ordenó embargar bienes de quien figuraba como demandado en el juicio del que emanan los actos combatidos, es indudable, por lo mismo, que el auto de referencia, por sí solo no lesiona los intereses jurídicos del quejoso y debe al respecto sobreseerse en el amparo, por estarse en la hipótesis que contempla el artículo 73, fracción V, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, con base en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio por lo que ve a la orden de embargo reclamada al Juez Cuarto Menor de lo Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán pronunciado dentro del juicio ejecutivo mercantil número ********************; IV.2. En relación con los restantes actos de autoridad, ninguna de las partes hizo valer causal de improcedencia alguna y este juzgador, de oficio, no advierte alguna que impida el estudio de fondo de la controversia planteada; por tanto, procede el análisis de los conceptos de violación los que no se transcriben en este apartado dado que no existe en la Ley de Amparo alguna disposición que requiera tal transcripción, además porque los principios de congruencia y exhaustividad serán observados en la medida en que se resuelva la totalidad de los puntos planteados. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. El acto reclamado está constituido por la ejecución de la orden de embargo, y sus consecuencias, la inscripción del gravamen, el remate y adjudicación del inmueble identificado como Solar Urbano identificado como ******************** que tiene una superficie de ********************, registrado a favor de la ********************, bajo el registro ********************del Libro de Propiedad correspondiente al Distrito de Morelia, así como la inscripción en el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado de la venta judicial. Actos que en concepto del quejoso violan los derechos humanos de seguridad jurídica reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las garantías que estós otorgan para su protección, ya que, sin audiencia previa de su parte se le privó del derecho de propiedad que ejerce sobre el bien inmueble rematado. Para demostrar el interés jurídico para la promoción del juicio de amparo, el quejoso acompañó a su demanda copia cotejada ante notario público del contrato de donación celebrado entre él y ******************** el nueve de febrero de dos mil diez, ratificado el mismo día ante el notario público número cuatro con ejercicio en la Ciudad de Zacapu, Michoacán, documento que resulta idóneo y con valor probatorio pleno con base en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de Amparo por constituir un documento público. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 21/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Si bien es cierto que conforme al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, por ejemplo, en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de dominio, también lo es que ello no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. Por tanto, si el documento privado que contiene un acto jurídico traslativo de dominio es presentado ante un notario público, y en uso de sus funciones emite copia certificada de éste, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista, de manera que si dicha fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada puede demostrar el interés jurídico de quien la presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho real de propiedad hecho valer, y sin perjuicio de que el tribunal de amparo, valorando el documento con las reglas de las documentales privadas, pueda determinar si en éste se contiene o no un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho subjetivo que el quejoso señala como transgredido por el acto reclamado a la autoridad responsable. Y lo anterior es así, porque uno de los avances más importantes al juicio de control de regularidad constitucional, se verificó con la reforma constitucional en materia de juicio de amparo, promulgado por decreto publicado el seis de junio de dos mil once, en particular en lo que se refiere a dos de los principios que han sido pilares de este medio de control, desde que se incorporó al sistema jurídico mexicano en la constitución de mil ochocientos cincuenta y siete. Esos principios son: (1) el de instancia de parte y (2) el del agravio personal. Por virtud de la reforma de que se habla, el segundo principio se vio modificado substancialmente ya que antes de ella, para promover el juicio de amparo era necesario además de la existencia de un agravio personal, que este violara de manera directa algún derecho público subjetivo. A esta forma de legitimación se le denominó "interés jurídico". Ambos tipos de interés son coincidentes en que el agravio que produce un acto de autoridad determinado, debe ser personal, ya sea porque se es titular del derecho que se ve afectado, o porque, por la especial situación que el quejoso guarda frente al orden jurídico el acto reclamado le causa un perjuicio respecto de algún derecho que disfruta de manera conjunta con una colectividad, esto es, de manera difusa, empero se diferencian en la forma en que materialmente se produce esa afectación. Conforme a la doctrina de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los elementos constitutivos del interés jurídico son: La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado. Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte. En cambio, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse: La exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada. Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva. Que el promovente pertenezca a esa colectividad. La Sala del Alto Tribunal explica, que si bien el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo, y que tales elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Criterio que fue expresado en la tesis de jurisprudencia 51/2019 (10a.) que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Precisados las diferencias entre el interés jurídico y el legítimo como forma de legitimación para ejercer la acción de amparo, corresponde ahora precisar que no en todos los casos es admisible el interés legítimo como forma de legitimar al quejoso para acudir a demanda el amparo y protección de la Justicia de la Unión, ya que el artículo 107, fracción I, establece como requisito para promover el juicio contra actos de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, un interés jurídico. Al respecto la porción normativa constitucional señala: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa [.]". Siendo esto así, el interés que debe deducirse en el este juicio es el jurídico porque los actos reclamados diman de un juicio ejecutivo mercantil substanciado ante una autoridad jurisdiccional, de ahí que, para que el juicio de amparo resulte procedente es necesario que el quejoso demuestre de manera fehaciente que es titular del derecho subjetivo que se dice vulnerado. En ese orden, el quejoso se ostentó propietario del bien inmueble que identificó como ******************** el que asegura haber adquirido por virtud del contrato de donación gratuita que celebró el nueve de febrero de dos mil diez con ********************. En ese orden, conforme a la doctrina de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expuesto, el interés jurídico del tercero extraño a un juicio puede acreditarse con cualquier título traslativo de dominio, siempre que se le pueda atribuir fecha cierta anterior a la emisión del acto que se reclama. En relación con la fecha cierta, la propia sala estableció que esta se adquiere, indistintamente, cuando el documento (i) en la fecha en que es celebrado en escritura pública ante notario o corredor público, (ii) en la que es presentado ante una autoridad o fedatario público, (iii) en la que es inscrito en algún registro público, o (iv) en la fecha en que cualquiera de los intervinientes «otorgantes, testigos, fiadores etcétera», fallecen. Lo que en el caso aconteció porque para acreditar el interés jurídico para la promoción del juicio de amparo el quejoso acompañó a la demanda el contrato privado de donación celebrado con la señora ******************** el nueve de febrero de dos mil diez, y en el reverso de la última hoja obra la certificación siguiente: Certificación con la que es factible establecer una fecha cierta al contrato traslativo de dominio, ya que se encuentra puesta al reverso del contrato de donación respectivo. Cabe precisar que dicho documento fue aportado en copia certificada, realizada el veintidós de marzo de dos mil dieciocho por la notaría pública número treinta y cuatro con ejercicio en esta ciudad quien dio fe de que las copias que certificó fueron tomadas del original y que concuerdan entre sí; siendo que dicha copia certificada hace las veces de su original, con base en el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2/2005 que establece: "COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS POR NOTARIO PÚBLICO. A LAS EXHIBIDAS EN EL JUICIO LABORAL DEBE DÁRSELES EL MISMO TRATAMIENTO Y VALOR PROBATORIO EN CUANTO A SU CONTENIDO QUE A LOS ORIGINALES. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 16/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 477, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS DE OTRAS DE IGUAL ÍNDOLE, CUYO COTEJO O COMPULSA ORDENÓ LA JUNTA. HACEN FE EN EL JUICIO LABORAL, YA QUE PRODUCEN CERTEZA DE QUE SU CONTENIDO COINCIDE PLENAMENTE CON SU ORIGINAL, PUES ESA CONFIABILIDAD SE LA OTORGA LA CERTIFICACIÓN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO.", sostuvo que las copias fotostáticas certificadas tienen valor probatorio no sólo cuando se expiden sustentándose en un documento original, sino también cuando se efectúa con apoyo en una copia certificada por un funcionario con fe pública que manifieste haber tenido el original a la vista y que ambos documentos concuerdan en todas sus partes; asimismo, estableció que la referencia que hace el artículo 798 de la Ley Federal del Trabajo en el sentido de que cuando se ofrezca como medio de prueba un documento privado consistente en copia simple o fotostática se podrá solicitar, en caso de ser objetado, la compulsa o cotejo con el original, no constituye un obstáculo para realizarse con apoyo en una copia certificada, puesto que dicho precepto tiene el propósito de precisar que el original es idóneo para el cotejo, pero no impide que se lleve a cabo con una copia certificada. En congruencia con tal criterio, se concluye que a las copias fotostáticas certificadas por Notario Público exhibidas en el juicio laboral se les debe dar, en cuanto a su contenido, el mismo tratamiento y valor probatorio que al documento original, sin que ello signifique que ese documento sea apto para demostrar el fin que se persigue, pues ello dependerá de las objeciones o a la apreciación que en derecho haga la Junta en su resolución". Ahora, con la certificación de ratificación de firmas -de nueve de febrero de dos mil diez- es factible establecer que en esa data tuvo fecha cierta el documento. Lo anterior, -como lo ha establecido el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito con Residencia en esta Ciudad, en los recursos de revisión en materia civil 38/2020 y 243/2019-, porque entre las funciones de los notarios está la de dar fe pública para hacer constar los actos y hechos jurídicos a los que los interesados deban o quieran dar autenticidad y fuerza probatoria, así como la de expedir las certificaciones que procedan legalmente, de manera que la certificación de una ratificación de firmas que calzan un contrato privado otorga la certeza de que al menos en la fecha en que ésta se efectúa, ya se había celebrado el acto traslativo de dominio, evitando con ello el riesgo de un fraude contra los acreedores. Por tanto, -como también lo estableció el tribunal en cita- mientras no se declare judicialmente su falsedad, la certificación del notario sólo le da certeza al documento privado con valor probatorio pleno de la celebración del acto jurídico que se ratificó, no respecto del contenido del documento, pero sí en cuanto a la ratificación de las firmas; de ahí que constituye una prueba suficiente para acreditar ante el juzgador que la propiedad del bien se transmitió antes de que sufriera la afectación reclamada en el amparo, es decir, sirve para justificar la existencia de un agravio en contra del adquirente ante la privación de su propiedad y, por tanto, suficiente para acreditar el interés jurídico para solicitar la protección constitucional. Cabe destacar que con base en el criterio expuesto, el hecho de que obre una certificación notarial del hecho de la ratificación de un contrato, por sí solo es suficiente para acreditar el derecho deducido en el juicio, sino que únicamente le otorga fecha cierta, de ahí que sólo será útil si en él se contiene un acto traslativo de dominio de los permitidos en la ley. Y en el caso, también se encuentra satisfecho ese requisito debido a que el contrato ratificado ante la fe del notario público número cuatro con ejercicio en Zacapu, Michoacán, tuvo por objeto trasmitir a título gratuito (donación), el dominio pleno de bien inmueble consistente en el ******************** que tiene una superficie de ********************, mismo que se encuentra registrado a favor de la ********************, bajo el registro ********************del Libro de Propiedad correspondiente al Distrito de Morelia. Lo que se deduce del clausulado del acto jurídico en estudio, ya que en la primera se advierte la manifestación de la voluntad de ******************** de transmitir a título gratuito a ********************, el dominio del bien inmueble descrito; asimismo, en la cláusula segunda se advierte que éste aceptó la donación, en tanto que en la cláusula tercera la donante entregó la posición al donatario del mismo. Contrato de donación que es válido mientras no se declare judicialmente su nulidad y con en él se acredita el acto jurídico traslativo de dominio que legitima a la parte queja a promover el juicio de amparo. V.2. Una vez establecido que el quejoso es titular del derecho de propiedad del inmueble antes precisado, procede analizar la constitucionalidad de los actos de autoridad, en el contexto de que el quejoso se adujo tercero extraño natural al juicio subyacente, ya que sin ser parte formal en el mismo (porque no figura como actor o demandado), se vio perjudicado por el embargo, inscripción, remate, adjudicación e inscripción de la venta judicial en el Registro Público de la Propiedad; de ahí que, en primer término, deba analizarse la posición que guarda respecto del procedimiento mercantil. En ese sentido, en relación con el concepto de tercero extraño juicio la Suprema Corte de Justicia de la Nación a lo largo de las tres últimas épocas de la jurisprudencia mexicano, ha acuñado distintos significados tomando como referencia el tipo de afectación que una persona puede sufrir con los actos que se emiten en un proceso judicial, lo que incluso impacta en la forma de legitimación de la parte quejosa cuando se promueve el juicio de amparo indirecto en contra de ese proceso judicial. Así, dependiendo de la acción ejercida, ya que si el bien cuya propiedad alega el quejoso fue materia de la acción (vrg. acciones reales), entonces la afectación se produce desde auto inicial del juicio porque la controversia versará sobre el derecho real que involucra el bien, de ahí que el tercero extraño a juicio sufrirá una afectación desde el inicio del juicio, afectación que se prolonga con la substanció de éste y si la sentencia de primera instancia, si existe una de apelación, la orden de ejecución, y todo el procedimiento de ejecución afectan a dicho tercero quien tendrá el carácter de tercero extraño "por equiparación" En cambio, si el ejercicio de la acción no involucra un debate sobre la propiedad del bien (vrg. Las acciones personales) las pruebas aportadas y por consecuencia la sentencia que se dicte en el juicio así como la que se emita en la apelación si la hubo, no se ocupa de estas cuestiones, tales actos no afectan el derecho de la parte quejosa, ya que en todo caso, será el embargo, y el procedimiento de ejecución (excluidas desde luego las resoluciones inconexas) el que cause perjuicio, dado que el quejoso adquiere el carácter de tercero extraño "puro" o "natural". Esta distinción fue desarrollada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 5/98, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EN EL AMPARO QUE PROMUEVA, SON AUTORIDADES RESPONSABLES LAS QUE DICTAN, ORDENAN, EJECUTAN O TRATAN DE EJECUTAR, LOS ACTOS QUE AFECTAN EL BIEN O DERECHO DEL QUE AQUÉLLA ES TITULAR. De los artículos 4o., 11 y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, se infiere que, como regla general, para determinar qué autoridades han de ser llamadas como responsables cuando alguien demanda el amparo como persona extraña a un juicio, deben precisarse los actos autoritarios que afectan los intereses jurídicos del quejoso; y si bien no puede establecerse, a priori, con precisión, quiénes son autoridades responsables en esta clase de amparos, sí es posible, dentro de la amplia serie de situaciones susceptibles de presentarse, llegar a señalar a título ejemplificativo y como aplicación de la regla general, algunas de las hipótesis más características. Así, cuando el quejoso, como persona extraña, es titular del derecho o bien que debaten actor y demandado en un juicio, sufre el perjuicio desde que se inició el procedimiento sin haber sido emplazado, o haberse realizado el emplazamiento con vicios que le impidieron comparecer a defender sus derechos subsistiendo el perjuicio durante todo el juicio y, en su caso, en la ejecución; en esas condiciones, si todo el procedimiento le causa perjuicio, inclusive la sentencia definitiva y su ejecución (si hasta ahí se llegó), serán autoridades responsables el Juez y, en sus respectivos casos, el actuario, el tribunal de segunda instancia y los ejecutores. En otro supuesto, si los bienes o derechos de que es titular la persona extraña no son debatidos ni tocados durante el procedimiento, sino sólo por el Juez en su sentencia, ésta será el acto reclamado y el Juez la autoridad responsable. En otra aplicación de la regla general, si ni el procedimiento ni la sentencia afectan los intereses del quejoso extraño, pero sí el mandamiento de ejecución, éste y su cumplimiento serán los actos reclamados, y serán responsables el ordenador y el ejecutor. Finalmente, si los derechos del extraño no son tocados por el procedimiento ni por la sentencia, ni por el mandamiento de ejecución, sino sólo por la ejecución, ésta constituye el acto reclamado y el actuario o ejecutor será la autoridad responsable. No es obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que al momento de promover la demanda no se tenga conocimiento de todas las autoridades sino sólo de alguna de ellas, ya que el quejoso tendrá la oportunidad de realizar el señalamiento de las restantes en la ampliación de demanda, que procederá una vez que se conozca el informe justificado y, para tal efecto, si el quejoso omitiera señalar alguna o algunas de las autoridades que participaron en el procedimiento, concurriendo a la afectación de su derecho, debe atenderse a la jurisprudencia número 30/96 de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, del mes de junio de mil novecientos noventa y seis, a fojas doscientos cincuenta y doscientos cincuenta y uno, bajo el rubro: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.". Ahora, en el caso que nos ocupa del estudio integral de las copias certificada del juicio ejecutivo mercantil ********************, del índice del Juzgado Cuarto Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, se advierte que ********************, parte actora, ejerció una acción personal derivada de un título ejecutivo mercantil en contra de ******************** o ******************** de quien reclamó el pago de pesos. También se advierte que en dicho juicio se ordenó auto de exequendo con efectos de mandamiento en forma para que en el acto de la diligencia se requiriera a ********************, del pago de la prestaciones reclamadas y en caso de que no lo hiciera, se le embargaran bienes suficientes para garantizar el adeudo, acto de autoridad que en sí mismo considerado no afecta los intereses del quejoso, sino únicamente su ejecución, en cuanto a que, como no se realizó el pago, requerido en fecha posterior, con base en la misma orden, en diligencia de trece de agosto de dos mil trece (foja 131, tomo de pruebas), se materializó el embargo sobre un bien inmueble que ya había salido del dominio de la parte reo en el juicio ejecutivo mercantil. Lo anterior porque con fecha anterior a que iniciara el juicio subyacente, y que se materializara el embargo respectivo, el contrato de donación ya había adquirido fecha cierta, ya que ello ocurrió el nueve de febrero de dos mil diez. Además, cabe señalar que el precitado juicio mercantil se substanció y decidió por sentencia pronunciada el ocho de noviembre de dos mil trece (foja 191, tomo de pruebas) que concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "[.] SEGUNDO. Ha procedido la acción cambiaria directa que en la vía ejecutiva mercantil ejercitó Luisa Altamirano Campos, en cuanto endosataria en procuración de ********************, frente a ******************** y/o ******************** y ********************, a quienes les resultaron improcedentes las excepciones opuestas. TERCERO. Consecuentemente se condena a ******************** y/o ******************** y ********************, a pagar en favor de la parte actora la cantidad de veintiún mil trecientos pesos, moneda nacional por concepto de suerte principal; así como al pago de los intereses moratorios a razón del siete por ciento mensual, desde el día siguiente de la fecha de vencimiento del documento, es decir el seis de agosto de dos mil doce y hasta la total liquidación del adeudo en el entendido de que el cómputo de los mismos se realizará en respectiva ejecución de sentencia. CUARTO. En su oportunidad, hágase transe y remate de lo embargado en autos, a fin de que con su producto se haga pago de las prestaciones reclamadas por la parte actora y que resultó condenada la reo. QUINTO. Se condena a las enjuiciadas al pago de los gastos y costas de este asunto, previa su regulación y aprobación judicial". También debe señalarse que, por razón de la cuantía, la sentencia pronunciada en el juicio ejecutivo mercantil no es apelable y, por ende causó ejecutoria por ministerio de ley; por tanto, como la parte condenada no dio cumplimiento a la ejecutoria, por auto de once de diciembre de dos mil trece dio inicio el procedimiento de ejecución mediante el remate del bien inmueble que fue embargado en el juicio (foja 209, tomo de pruebas), hasta culminar con la diligencia de remate en primera almoneda, adjudicación (diez de diciembre de dos mil dieciocho) y escrituración. De lo anterior se sigue que la acción ejercida en el juicio ejecutivo mercantil es de carácter personal, por ende, si bien el inicio del juicio mercantil, su substanciación y sentencia no le ocasiona perjuicio al quejoso, lo cierto es que sí le afectó a éste la diligencia de embargo, toda vez que -como ya se explicó- el interés jurídico para impugnar el embargo de un bien inmueble desde la perspectiva del tercero extraño "autentico" surge a partir de que se produce la afectación en un derecho sustantivo como lo es el de propiedad, ya que si en el planteamiento del debate no se involucró ese derecho, tampoco fue objeto de las pruebas aportadas den el juicio, sino únicamente con el hecho mismo del embargo, sólo éste y el procedimiento de ejecución legitiman al quejoso para promover el juicio de amparo indirecto y si el apuntado embargo se practicó de forma posterior a que el quejoso adquirió el dominio pleno del bien inmueble embargado, como en efecto así sucedió, ya que el embargo data de trece de agosto de dos mil trece, en tanto que el contrato de donación se remonta al nueve de febrero de dos mil diez, el embargo resulta ilegal porque se practicó en un bien que es propiedad de persona diversa la deudora en el juicio ejecutivo mercantil. V.3. Decisión Establecido lo anterior, una vez que quedó acreditado que el quejoso tiene interés jurídico para la promoción de este juicio de amparo, ya que para efectos exclusivos de este proceso constitucional, demostró haber adquirido, el nueve de febrero de dos mil diez, el bien inmueble identificado como Solar Urbano o ******************** que tiene una superficie de ********************, mismo que se encuentra registrado a favor de la ********************, bajo el registro ********************del Libro de Propiedad correspondiente al Distrito de Morelia; y también demostró la afectación a ese derecho de propiedad, pues la diligencia de embargo se llevó a cabo el trece de agosto de dos mil trece (foja 130, tomo de pruebas), esto es, con posterioridad a que aquél adquiriera la propiedad, siendo que con dicho embargo se afectó su derecho tutelado en el artículo 14 constitucional. Ello es así, dado que el artículo 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho, es factible concluir que en perjuicio del quejoso se violó en derecho humano a la seguridad jurídica, únicamente en lo que respecta al embargo del bien inmueble descrito, así como con el procedimiento de ejecución que respecto de él se llevó. Lo anterior, porque dentro las garantías que la porción normativa fundamental invocada establece para la protección del derecho humano a la seguridad jurídica, se encuentran las formalidades esenciales del procedimiento, que son aquellas que garantías de forma mínima una adecuada defensa previa al acto privativo y que consisten en (1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; (2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (3) La oportunidad de alegar; y (4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Lo anterior se establece de esa forma, porque no existe dentro de las copias certificadas del procedimiento natural, constancia alguna que revele que el quejoso haya sido oído y vencido en el juicio, lo que resulta lógico porque no figuró como parte formal del procedimiento ya que no ejerció ni se ejercieron en su contra acciones, por tanto, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión Solicitada. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". SEXTO. Concesiva. Con base en lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, el que dispone que los efectos de la sentencia en la que se otorgue la protección constitucional solicitada, el efecto será restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; concesión que se hace extensiva a las consecuencias de dicho embargo (procedimiento de remate, adjudicación, protocolización e inscripciones), toda vez que con base en la tesis 112/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo que resulta aplicable al caso, se estableció que cuando el procedimiento de ejecución es el que se ve afectado por la concesiva, éste y todos sus actos conexos deben quedar sin efectos. Al respecto la tesis en comento establece: "SENTENCIA DE AMPARO. NO EXISTE EXCESO EN SU CUMPLIMIENTO CUANDO EL EFECTO DE LA CONCESIÓN FUE EMPLAZAR A LA PARTE DEMANDADA Y DEJAR INSUBSISTENTE TODO LO ACTUADO A PARTIR DE ESA DILIGENCIA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENA RESTITUIR AL DEMANDADO LA POSESIÓN DE UN INMUEBLE, AUNQUE ELLO NO FUE MATERIA DE PRONUNCIAMIENTO EXPRESO EN LA EJECUTORIA DE GARANTÍAS. Cuando se otorga la protección constitucional por la falta o el indebido emplazamiento al juicio del demandado y como consecuencia se ordena dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio natural a partir de esa diligencia, deben dejarse sin efectos todos los actos procesales realizados durante el procedimiento, no sólo hasta el dictado de la sentencia definitiva, sino también los efectuados en la etapa de ejecución, lo que incluye el remate y las adjudicaciones que pudieran haberse llevado a cabo. En ese tenor, si la autoridad responsable, al dar cumplimiento a la sentencia de amparo, ordena restituir al demandado en la posesión de un inmueble que ya había sido rematado y adjudicado a la parte actora, e incluso transmitido a un tercero, no incurre en exceso en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, aun cuando ello no se haya establecido expresamente en la resolución, pues esa determinación obedece a las consecuencias lógico-jurídicas de dicha ejecutoria de garantías, siendo innecesario que en el fallo constitucional se mencionen específicamente todos los actos que deben quedar insubsistentes, ya que la expresión "todo lo actuado" abarca cualquier diligencia o actuación llevada a cabo en el procedimiento". Por tanto, una vez que cause ejecutoria esta sentencia o sea confirmada por un tribunal superior, el Juez Cuarto Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia del poder Judicial del Estado de Michoacán deberá: Dejar insubsistente la diligencia de embargo practicada el trece de agosto de dos mil trece, única y exclusivamente por lo que respecta al Solar Urbano identificado como ******************** que tiene una superficie de ********************, mismo que se encuentra registrado a favor de la ********************, bajo el registro ********************del Libro de Propiedad correspondiente al Distrito de Morelia. Dejar insubsistente el procedimiento de ejecución, en todo lo relacionado con el bien inmueble descrito, incluyendo la audiencia de remate de diez de diciembre de dos mil dieciocho, la adjudicación, y orden de escrituración. Ordenar la cancelación de la escritura pública ********************, expedida por el notario público número ciento cinco, en que se protocolizó la adjudicación en pública almoneda en favor de ********************. Por su parte, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Michoacán deberá: Cancelar las inscripciones ********************, del tomo ********************, del libro de Gravámenes, relativo al embargo trabado sobre el bien inmueble descrito, así como la diversa ********************, del tomo ********************, del libro de propiedades relativa a la inscripción de la escritura pública ********************, expedida por el notario público número ciento cinco, en que se protocolizó la adjudicación en pública almoneda en favor de ********************. En el entendido que el resto de las actuaciones realizadas en el juicio ejecutivo mercantil ******************** del Juzgado Cuarto Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia del poder Judicial del Estado de Michoacán, permanecerán intocadas, lo que incluye desde luego la sentencia, las resoluciones interlocutorias y demás inconexas a lo que es materia de la concesiva, lo anterior en virtud que al ser el quejoso un extraño puro o natural, tales actuaciones no le perjudican. Al respecto se comparte el criterio sustentado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la tesis I.12o.C.24 K (10a.) que establece: "TERCERO EXTRAÑO TÍPICO O AUTÉNTICO Y POR EQUIPARACIÓN. LOS EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO SON DISTINTOS, DEPENDIENDO DE SU CALIDAD. Existen dos tipos de tercero extraño: típico o auténtico y por equiparación. El primero es aquella persona física o jurídica colectiva, que no siendo parte material (actor o demandado) del juicio natural de donde deriva el acto reclamado, se ve afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad que emana de aquel procedimiento. Por su parte, el segundo es el sujeto que siendo parte formal de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio, o bien, que fue defectuoso el emplazamiento y que, por ello, no pudo comparecer al procedimiento en defensa de sus intereses. En el caso, los efectos de la concesión son distintos, dependiendo del supuesto en el que se ubique el quejoso que se ostenta con esa calidad. Cuando se trata del tercero extraño en sentido estricto, como su posición es distinta a la de los sujetos de la controversia de origen, los efectos del amparo no son que se le llame a ese juicio natural, pues no es parte, sino que la finalidad es reintegrarlo en sus derechos afectados, que son los bienes en litigio, pero sin que ello implique que en el sumario de origen deba declararse la nulidad de todo lo actuado para que se le llame a juicio. Por tanto, al no ser partícipe de esa relación procesal no puede verse favorecido ni perjudicado por los actos que se lleven a cabo en la contienda. De ese modo, la concesión no implicará la nulidad de todo lo actuado en el juicio natural en el que se es tercero extraño, en mérito a que al acudir al juicio de amparo indirecto, su única intención es extraer de aquella controversia sus derechos, es decir, no le interesa una declaratoria de nulidad total porque es ajeno a la relación jurídica en él ventilada; por el contrario, cuando se trata de la persona extraña por equiparación, como su posición es la de parte formal de la relación procesal, pero no fue llamada a juicio, o lo fue en forma defectuosa, lo cual impidió acudir en defensa de sus derechos, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación. Por lo expuesto, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** en contra del acto que reclamó al Juez Cuarto Menor de lo Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán consistente en la orden de embargo dentro del juicio ejecutivo mercantil número ********************; por virtud de la improcedencia analizada en el apartado IV.1., de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en contra de los actos que reclamó al Juez Cuarto Menor de lo Civil del Distrito Judicial de Morelia, Actuario y Director del Registro Público de la, Propiedad y Raíz todos del Estado de Michoacán de Ocampo, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia.

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