Francisco Gerardo Zepeda Moran
Expediente 147/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 16 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 147/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 24/11/2021
Partes del expediente
- Francisco Gerardo Zepeda Moran
- Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Ensenada, Baja California, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo, del artículo 202, de la Ley de Amparo, para que la parte legitimada manifestara su inconformidad contra el proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que la parte legitimada para hacerlo no se inconformó. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido De conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, es susceptible de depuración, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido Acuerdo General. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, a la Dirección General de Archivo de Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como los dispone la fracción XXVIII, del artículo 3 del acuerdo normativo Notifíquese.
- Principal
Ensenada, Baja California, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.
- Principal
Ensenada, Baja California, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.
- Principal
Ensenada, Baja California, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por medio del cual, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, remite copia digital del oficio SA1/OF/228 de ocho de septiembre del año en curso, con el que dice haber enviado al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en el Estado en turno, el expediente burocrático 272/2020-I, de su índice, promovido por el quejoso ***, a efecto de que resuelva el conflicto competencia suscitado dentro del mismo; sin embargo, no remite la notificación personal correspondiente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la referida autoridad oficiante, para que dentro del plazo de tres días, mismo que comenzará a computarse una vez que sea recibido el oficio que derive del presente acuerdo, remita copia certificada de la constancia de notificación personal realizada a la parte actora ***, por conducto de su apoderado ***, del contenido íntegro del auto de veinticinco de abril del actual, dictado en el expediente laboral 272/2020-I. Resulta aplicable, la jurisprudencia I.3o.C. J/7 (10a.) pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2892, del Tomo IV, Enero de 2014, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, cuya sinopsis es: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. El plazo de tres días es la regla general que establece el artículo citado para cumplir una ejecutoria de amparo. Dicho plazo puede ampliarse tomando en cuenta la complejidad o dificultad para dar cumplimiento al efecto del amparo; pero siempre debe fijarse un plazo razonable y estrictamente determinado. Estas dos hipótesis se complementan y armonizan, porque es un hecho notorio que no todos los actos judiciales susceptibles de reclamarse a través de amparo directo o indirecto, tienen las mismas características de facilidad, dificultad o complejidad. En ese contexto se justifica que, al otorgar el plazo para el cumplimiento, se tenga en cuenta la realización de actos de distinta índole y grado de dificultad, que debe efectuar una autoridad jurisdiccional para dictar una nueva resolución. Otro parámetro requiere atender a que las leyes procesales que rigen la actuación de la autoridad prevén un plazo máximo para el dictado de determinadas resoluciones y que, incluso, pueden prorrogarse en atención a la voluminosidad del asunto, por lo que éste es un factor a ponderar por el órgano judicial de amparo. También debe examinarse que el plazo de tres días que, como regla general, establece la Ley de Amparo es suficiente para que una autoridad jurisdiccional dicte una nueva resolución en la que únicamente tenga que seguir los lineamientos específicos de la ejecutoria de amparo. El legislador, en las leyes procesales, estableció un plazo máximo para dictar una resolución y debe considerarse que ese plazo mínimo ordinario no puede servir de parámetro único para el cumplimiento, porque dado el efecto del amparo que declara inconstitucional el acto, éste debe dejarse insubsistente y dictar otro y no puede considerarse como otro asunto ordinario, por haber sido violatorio de garantías. Cuando el cumplimiento de la ejecutoria de amparo otorga plenitud de jurisdicción y la autoridad judicial debe realizar el estudio de agravios extensos y un gran volumen de constancias, realizar la valoración de múltiples pruebas, la elección de la norma o la interpretación y aplicación de las disposiciones legales, todo ello en forma debidamente fundada y motivada como lo exige la garantía de legalidad que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí debe ampliarse el plazo de tres días y fijarse uno estrictamente determinado. Éste será mayor de tres días y menor al que ordinariamente la legislación que rige el acto concede, porque se trata de una situación extraordinaria, ya que la resolución que se dicte será en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, por lo que no se trata de un asunto del que conoce la autoridad responsable en condiciones ordinarias." Se informa a la autoridad responsable que le subsiste el apercibimiento decretado en proveído de trece de agosto de dos mil veintiuno. Notifíquese.
Quedan 12 actuaciones en este expediente
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