Francisco Gerardo Ruiz Belausteguigoyta

Expediente 128/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
128/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
01/10/2021

Partes del expediente

  • Francisco Gerardo Ruiz Belausteguigoyta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, uno de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Lo anterior, comuníquese a las partes, glósese el cuaderno de antecedentes y En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que, se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  2. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 128/2021, promovido por Francisco Gerardo Ruiz Belausteguigoyta, por conducto de su apoderada legal Reyna Belem Mena Acosta, contra actos del Presidente de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Francisco Gerardo Ruiz Belausteguigoyta, por conducto de su apoderada legal Reyna Belem Mena Acosta, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: Presidente de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Acto reclamado: ".la omisión por parte de la autoridad responsable, al no acordar la promoción presentada el 14 de Octubre de 2020, registrada bajo el número de folio 0013494, en la cual solicitamos se despache auto de ejecución en contra del patrón sustituto, se comisione al actuario de la adscripción a efecto de requerir el pago y dar cumplimiento al laudo, proporcionando nuevo domicilio para tal efecto." SEGUNDO. El veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, esta autoridad radicó el asunto con el número de expediente 128/2021, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que dispone: Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar el escrito registrado con el número de folio 0013494, mediante el cual solicitó la emisión del auto de ejecución, para que se diera cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral 863/12, del registro de la autoridad responsable. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así se advierte del contenido del informe justificado. En efecto, si bien la autoridad responsable manifestó que a través del acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitido en el juicio de origen, se acordó lo relativo a la petición del quejoso, esa afirmación es incorrecta, en razón de que en ese auto, la autoridad responsable no dio respuesta a la solicitud del quejoso. Por tal motivo, debe tenerse por cierto el acto que se le atribuye a la autoridad responsable. CUARTO. Improcedencia del juicio. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia y en consecuencia, el sobreseimiento a que se refiere el artículo 61 fracción XXII y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En el primero de los numerales referidos, se prevé que el juicio biinstancial es improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Por su parte, en el segundo de los artículos mencionados, se contempla que el sobreseimiento del juicio de amparo ocurre cuando durante su tramitación sobreviene alguna causal de improcedencia prevista en la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió. Ante ese escenario, aún de concluirse que el acto reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria del amparo, debido a la situación jurídica que surgió con motivo del acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, lo que impide que ese acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Ahora bien, en el presente caso se estima que se está en presencia de la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61 fracción XXII de la Ley de Amparo, pues de las constancias que exhibió la autoridad responsable, se desprende que el veinticuatro de marzo del año en curso, la parte demandada en el juicio laboral, dio cumplimiento al laudo dictado en ese juicio, y al convenio celebrado por las partes de ese juicio el doce de marzo de dos mil veintiuno, para dar cumplimiento al fallo. Para tal efecto, exhibió un cheque por la cantidad de $2'650,000.00 (dos millones seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), en favor de la parte actora -ahora quejoso-. En consecuencia, al haberse cumplido con el laudo dictado por la junta responsable, se archivó el expediente laboral como asunto concluido. Bajo esa óptica, es indudable que se actualiza la causal de improcedencia invocada por este juzgado de distrito, pues la parte demandada dio cumplimiento al laudo, aunado a que de las constancias exhibidas por la responsable no se desprende que la parte actora -aquí quejosa-, se haya inconformado con ese cumplimiento. Así, al dejar de existir la materia del laudo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, pues los efectos de la omisión reclamada dejaron de existir con motivo del cumplimiento de la resolución definitiva de la responsable, y, por tanto, a ningún fin práctico llevaría conceder el amparo solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 19/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita a continuación: "AMPARO DIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO LA JUNTA RESPONSABLE INFORMA QUE TUVO POR CUMPLIDO EL LAUDO IMPUGNADO, AUN CUANDO QUIEN SE HAYA OSTENTADO COMO REPRESENTANTE DE LA PARTE DEMANDADA EN EL JUICIO LABORAL DE ORIGEN PARA CUMPLIR TAL RESOLUCIÓN NO HAYA ACREDITADO SU PERSONALIDAD. Cuando durante la sustanciación del juicio de amparo directo promovido por la parte demandada en el juicio laboral de origen, la Junta responsable informa al Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento que tuvo a la demandada dando cumplimiento al laudo impugnado y a la actora conforme con él, y remite las constancias que así lo acreditan, la materia del referido laudo deja de existir y, en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento del juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que sea obstáculo para lo anterior que la persona que se ostentó como representante de la parte demandada para cumplir con el referido laudo no haya acreditado su personalidad ante la Junta responsable, pues el tribunal de amparo no puede pronunciarse sobre la legalidad de actos que no fueron materia de impugnación a través del juicio de garantías y, por ende, las decisiones emitidas por la Junta responsable en ejecución del laudo reclamado deben estimarse válidas para los efectos legales conducentes, en tanto no exista resolución emitida por autoridad competente que decida lo contrario, máxime que el quejoso no queda en estado de indefensión ante el evento de que el tercero perjudicado pretendiera la ejecución de dicho laudo y se abriera a trámite el procedimiento respectivo, ya que los actos emitidos durante él son impugnables a través del recurso de revisión establecido en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con la asistencia de Manuel Alejandro Peñafiel Salazar. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte, que mediante acuerdo de veintitrés de marzo actual se señaló fecha para audiencia constitucional para las diez horas con once minutos del veintitrés de abril del año en curso, la cual se deja sin efectos, toda vez que en acuerdo de veintiséis de marzo del año que transcurre, se señalaron las diez horas con veintidós minutos del veintiocho de abril de dos mil veintiuno, fecha que prevalece. Por otra parte, del estado que guardan los autos, específicamente del escrito de desistimiento del juicio de amparo de la parte quejosa; se instruye a uno de los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para que lleve a cabo el acto procesal encomendado en auto de uno de diciembre de dos mil veinte, de manera personal con el directo quejoso, en el lugar donde se encuentra recluido; lo anterior, para proveer lo que en derecho corresponda. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62,219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Germán Andrés Ballesteros Cotero, Delegado de la autoridad responsable Junta de Administración, Vigilancia, Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual acredita haber notificado al Director General de Administración de esa Institución y Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de la Contraloría, para que procedan a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo Al respecto, ténganse por hechas la manifestaciones de la autoridad oficiante para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos, Director General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas y del Director General de Administración del Tribunal Superior de Justicia de del Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente acuerdo, dé cumplimiento a lo siguiente: Proceda a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos indicados, en atención a la nueva determinación dictada por la Junta Administrativa, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, dentro de la queja administrativa 418/2019; la cual alude la autoridad ordenadora ya les hizo de su conocimiento. Se apercibe a las autoridades responsables que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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