Francisco Gerardo Padilla Aceves

Expediente 187/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
187/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
13/04/2021

Partes del expediente

  • Francisco Gerardo Padilla Aceves

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, en que se hace constar que no se interpuso el recurso de queja previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el proveído de uno de marzo del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, archívese el asunto como concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes Judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por tratarse de un asunto en el que la resolución emitida no tiene trascendencia jurídica; por consiguiente, procédase a su cumplimiento una vez que haya transcurrido el término de TRES AÑOS, que será a partir del catorce de abril de dos mil veinticuatro, aunado a que el expediente en que se actúa carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de garantías que promueve ***, por propio derecho, contra actos que reclama del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades, por considerarlos violatorio de los artículos 1, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número 187/2021-IV y fórmense los expedientes que refiere el artículo 3 de la ley de la materia. ESTUDIO DE PROCEDENCIA. Es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. De ahí que se proceda a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de 1998, página 899, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". La jurisprudencia en cuestión explica que manifiesto es cuando de la lectura de la demanda, escrito aclaratorio y anexos se advierta de forma patente y absolutamente clara la causa de improcedencia; e indudable, que se tenga certidumbre y plena convicción que es operante. En el caso que nos ocupa, el acto reclamado consiste en: El cual el quejoso bajo protesta de decir verdad, manifestó que tuvo conocimiento del acto el diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Por su parte, el artículo 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17, ambos de la Ley de Amparo, prevén lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Dicho de otra manera, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, considerando como aquellos, a los no impugnados dentro de los plazos que prevé el artículo 17 de la ley de la materia. En ese tenor de ideas, cabe señalar que del numeral 18 de la ley en comento, se advierte que el legislador estableció tres criterios para determinar a partir de cuándo se debe empezar a computar dicho lapso, a saber: 1. Desde el día siguiente al que surta efectos la notificación hecha al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado conforme a la ley que rija el acto; 2. Desde el día siguiente al que el quejoso tenga conocimiento del acto reclamado; o, 3. Desde el día siguiente al que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Con relación a los tres criterios que deben tomarse en cuenta para comenzar a computar el plazo de quince días para la interposición de la demanda de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que son excluyentes, por lo que no debe seguirse un orden de prelación para tomar cualquiera de ellos como referencia para empezar a contar dicho término. Una vez precisado lo anterior, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 17 del mismo ordenamiento legal, al haberse consentido el acto reclamado, pues como quedó precisado en los párrafos que anteceden, el quejoso manifestó tener conocimiento del acto reclamado desde el diecinueve de enero del año en curso. De ahí que el término para promover la demanda de amparo que nos ocupa transcurrió del veintiuno de enero al doce de febrero de dos mil veintiuno, sin contar los días veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de enero y, uno, cinco, seis y siete de febrero de la presente anualidad por haber sido inhábiles conforme lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Amparo, de lo que resulta inconcuso que la demanda de mérito es extemporánea, al haber sido presentada en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, hasta el veinticuatro de febrero del año en curso. Asimismo, se hace del conocimiento del promovente que de conformidad con lo establecido en Circulares SECNO/29/2020, SECNO/30/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/8/2021 emitidos por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, los órganos administrativos del Consejo de la Judicatura Federal determinaron, en síntesis, suspender las labores jurisdiccionales, por el periodo comprendido del cinco de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno, con el fin de proteger al personal de los órganos de dicha demarcación territorial. En ese sentido y tomando en consideración que, durante dicho plazo, los documentos antes descritos prevén que únicamente: (I) se daría trámite a los asuntos considerados "urgentes", (II) se tramitarían los juicios que se hayan promovido en el formato denominado "en línea" y, (III) se dictarían las sentencias de los asuntos que se encontraran en estado de resolución; asimismo, del escrito de demanda se advierte que se reclama en síntesis el oficio número 110/F/B/562/2021 de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, emitido por la Directora General Adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del cual el promovente tuvo conocimiento del acto el pasado diecinueve de enero del año en curso, así como la persistencia y continuidad del bloqueo de cuentas bancarias a nombre de la parte quejosa, del cual de la lectura de la demanda de garantías, el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad tuvo conocimiento del bloqueo en el mes de agosto del dos mil diecinueve, acto que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó se tramite con el carácter de urgente. Lo anterior, pues como se desprende del análisis de este juicio constitucional, la litis constitucional encuadra en uno de los supuestos considerados como "urgentes" y, por tanto, lo que tuvo como consecuencia que el plazo de quince días para la interposición de la demanda de amparo, comenzara a computarse a partir del veintiuno de enero de la presente anualidad, como ya se precisó en párrafos que anteceden. Por tanto, el quejoso consintió el acto reclamado pues desde que se tuvo conocimiento del acto, a la presentación de la demanda de amparo que se trata, ha transcurrido en exceso el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, actualizándose en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia. Ante tales consideraciones, con fundamento en los mencionados artículos, así como en el diverso numeral 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse, de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia invocada. Resulta aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia XI.1o.A.T. J/1, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, visible en la página 699, del tomo I, noviembre de dos mil trece, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo." DOMICILIO. Con fundamento en los artículos 3°, 24, 26, fracción IV, 30, fracción II y 31, fracción III de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones del presente asunto de manera electrónica. AUTORIZADOS. Se tiene por autorizada a la persona que indica únicamente para oír y recibir notificaciones en términos de lo previsto por el artículo 24 de la Ley de Amparo. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en lo previsto en la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza el uso de medios electrónicos que permitan la digitalización de las actuaciones de este sumario, siempre y cuando se avise previamente al encargado del área de actuaría. CONSULTA ELECTRÓNICA. Se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, únicamente al usuario "chimi" toda vez que se encuentran debidamente registrados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa.

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